A la derecha de Vélez Sarsfield y la Generación del 80

Cuando cerraba esta edición, el Senado se disponía a dar media sanción a la reforma del Código Civil y Comercial propuesta por el kirchnerismo. La iniciativa revela un salto cualitativo en la injerencia de la Iglesia sobre el Estado, así como legitima los vaciamientos y fraudes de los grandes capitalistas, consagrando la impunidad del Estado y sus funcionarios. Es una reforma clerical y antiobrera, cuestionada incluso por sectores kirchneristas como Horacio Verbitsky, Hugo Yasky y varias organizaciones sociales.
Si ya resultaba reaccionaria la letra del Código al considerar que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, la reforma de marras avanza más a la derecha. El reformado artículo 19 sostiene implícitamente que un embrión de probeta es una “persona” por detrás incluso de la concepción de persona desde “la implantación del embrión” en el seno materno, como rezaba en el proyecto original y en la Ley 26.862 de Fertilización Asistida. La broma de ocasión entre juristas señalaba que de caerse la probeta se cometería un asesinato culposo. Es que semejante aberración constituye un retroceso de décadas en materia de ciencia y jurisprudencia. Atenta contra las mujeres que quieren tener hijos sin una pareja masculina, y contra quienes tienen problemas orgánicos para consumar su deseo de procrear. Constituye un ataque en regla al derecho al aborto, cuestionando potencialmente hasta el aborto no punible, que a pesar de su legalidad es burlado en los hospitales todos los días gracias a la intervención de la Iglesia en la salud y la educación pública.
La eliminación de la responsabilidad civil del Estado (regulada por una ley aparte que recibió media sanción en Diputados) desenmascara abiertamente al gobierno que brega por la “ampliación de derechos”. La reforma establece que “el Estado no debe responder de manera directa, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. De ese modo deja sin efecto “la responsabilidad solidaria de la empresa principal”, por lo tanto “la sanción disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. Según la senadora K Diana Conti, el enunciado es un reaseguro contra “la ambición depredadora de la industria del juicio” de los grupos económicos en perjuicio del erario público. En realidad, quien beneficia a los grandes capitalistas es el mismo gobierno que indemniza a Repsol, una de las grandes petroleras vaciadoras, así como se subordina al CIADI, el tribunal del Banco Mundial, para pagar cientos de millones de dólares por supuestas deudas de empresas que hicieron grandes negocios y jamás invirtieron un peso.
En consecuencia, bajo la figura de “incidencia de derechos colectivos”, la reforma se propone blindar al Estado de las demandas de los trabajadores y el pueblo. Los damnificados no tendrán más opción que apelar al fuero administrativo, muy flexible respecto de los intereses del Estado y apoyado sobre una legislación tan heterogénea, que oscila según la provincia y el municipio, ya que están facultados para dictar normativas.
Adoptado en 1871, el Código Civil de Vélez Sarsfield era parte de las tareas para constituir el Estado nacional (superando las legislaciones de la provincias), así como la creación del Registro Civil en 1884 y la sanción de la Ley 1420 de Educación obligatoria y gratuita, que desencadenaron un enfrentamiento con la Iglesia, llegando hasta la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano tras la sanción de la Ley de Matrimonio civil. A la derecha de Vélez Sarsfield y los liberales de la Generación del 80, el kirchnerismo concede gran parte de los reclamos reaccionarios de la Iglesia, restringiendo derechos adquiridos. De conjunto es un proyecto reaccionario que se da de patadas con los intereses populares.

Miguel Raider