Provincia de Buenos Aires: servilismo vernáculo por la planta de GNL no tiene fin

La guerra por la localización de la planta de GNL sigue a flor de piel. Mientras se espera la presentación del “RIGI Kicillof” en la legislatura bonaerense -una gambeta para no tener que adherir al RIGI de Milei- el gobernador rionegrino Weretilneck, apuntalado por el gobierno de Milei, fue, si se quiere, más servilmente frontal en los beneficios que otorgaría a las empresas. Anunció que haría de Punta Colorada un puerto exclusivamente privado “sin consorcios, gremios, municipios ni cámaras empresariales”. Una “patria” aparte, exclusiva para los capitalistas. El consorcio de gestión que opera el puerto en Bahía Blanca es, no obstante, autónomo y es en la práctica completamente privado. Si se suma esto a la catarata de beneficios fiscales, cambiarios y de una eventual plena libertad para disponer del recurso exportado y las ganancias generadas no hay duda alguna que se debate la instalación de un emporio económico de características coloniales. 

 Milei se inclina por instalar la planta en Punta Colorada (Rio Negro) y por Weretilneck, que ganó las ultimas elecciones con apoyo de todas las vertientes del peronismo. El libertario dijo que los inversionistas no confiarían en Kicillof por ser un “expropiador serial” en relación a la semiestatización de YPF que hoy es objeto de una disputa legal en EE.UU. Clarín recordó que, sin embargo, el gobierno actual sigue apelando la sentencia de la jueza norteamericana Loretta Preska que obliga a resarcir al fondo buitre Burford con u$s16 000 millones amparándose en la “soberanía nacional” de tal decisión. Sucede que detrás de esta operatoria esta el grupo Ezkenazi, antiguos kirchneristas favorecidos por el Estado. El nivel de endeudamiento que catapultó el libertario tampoco admite un engrosamiento mayor. En el mismo sentido, el gobierno ha declarado un *default *con las generadoras de energía. 

 El RIGI “sovietico” que presentaría Kicillof no es en esencia diferente al votado en el congreso nacional ni tampoco algo novedoso, porque este paquete de prebendas económicas y fiscales fue inaugurado con el pacto secreto con Chevron, precisamente por el gobernador de Buenos Aires, y otorgando finalmente garantías judiciales con sede en Washington. Es puro palabrerío lo que en los diarios se anuncia como “objeciones ideológicas” de Kicillof al RIGI, que dice que su régimen de incentivos es un complemento perfecto del RIGI. Se ha desatado, no obstante, una extensa agitación respecto a una adhesión al RIGI nacional como condición necesaria para el desembarco de la inversión. En rigor, ese paquete de beneficios es nacional y no ha sido reglamentado todavía. El intendente de Bahía Blanca, de la UxP, ha afirmado que lo haría prontamente e incluso declaró que Milei y Kicillof “quieren lo mismo a pesar de sus diferencias”. La UCR y el PRO bonaerense ya presentaron sus proyectos para adherir al RIGI nacional y también para presionar por la instalación de la planta en Bahía Blanca, a contramano de sus pares rionegrinos. La multimillonaria inversión ha abierto una disputa feroz en todos los partidos patronales, bajo prédicas chauvinistas como la “patagonia” versus “buenos aires” cuando se trata de la defensa a ultranza de los intereses capitalistas sectoriales, más alla de los capitales extranjeros asociados a YPF y Petronas.

 Kicillof esperaría a abroquelar a todos los partidos de la Legislatura para sacar su RIGI y no quedar pedaleando en el aire. También quiere que se confirme que la planta se hará en territorio bonaerense. Clarín informó, incluso, de una reciente reunión “secreta” entre autoridades nacionales de YPF y del gobierno bonaerense, que debió ser desmentida inmediatamente por las autoridades de YPF. El “secretismo” para pactar todos los beneficios reclamados por los bancos y las empresas vinculadas a la construcción de la planta es una cualidad que Kicillof ha reivindicado en cada oportunidad que tuvo, bajo el antecedente del nefasto pacto con Chevron. 

 Los beneficios otorgados en todos los casos plantean eximir del pago de impuesto inmobiliario, impuesto al sello, ingresos brutos y toda carga tributaria en general. Lo mismo se pretende para actividades vinculadas como almacenamiento, transporte e instalación. En Bahía Blanca, en donde una parte sustancial de sus trabajadores no tiene tierra ni gas natural, se expropiarán 1500 hectáreas y se eximirá del pago de tasas municipales.

 El nivel de entreguismo no ha alcanzado, sin embargo, su máxima expresión. Horacio Marin, el presidente de YPF, dijo que “no alcanza solo con el RIGI” y que “Hay que demostrar que a bajos precios el proyecto es rentable, sustentable y que puede pagar la deuda. Cobrando un precio de u$s 8 por millón de BTU de valor de reposición para el gas de Vaca Muerta, en promedio, el proyecto sería rentable”. Para lograr este precio, se someterá a los trabajadores tanto de Rio Negro como de Buenos Aires a un regimen de superexplotacion laboral, lo cual ya está potenciado por la ignominiosa “Ley de Bases”. Además, Marin exigió “establecer mecanismos ágiles para otorgar permisos y habilitaciones ambientales, hídricas y territoriales con licencia social amplia”. Esto es más extractivismo y piedra libre para la contaminación.

 Mientras el oro se alberga en los sótanos del Banco de Londres y las grandes fábricas despiden a mansalva, este proyecto de licuefacción del gas extraído por *fracking *en Vaca Muerta está exponiendo el grado irremontable de vasallaje histórico de la “casta” antigua y la que habita transitoriamente hoy la casa rosada. Deja en ridículo al “anticolonialismo” de la vice Villarruel y del lema “la patria no se vende” del kirchnerismo. Es un llamado a luchar por defender auténticamente el patrimonio y los recursos del país, que solo puede tomar en sus manos la clase obrera. 

Emiliano Fabris 

 27/07/2024

Fahrenheit 451

La Cámara Argentina del Libro organizó el miércoles pasado un homenaje a José Boris Spivacow y con ello un recordatorio de lo que fue “el día de la vergüenza del libro argentino”, cuando el 30 de agosto de 1980 la Policía de la Provincia de Buenos Aires quemó un millón y medio de libros y fascículos pertenecientes al Centro Editor de América Latina (CEAL, fundado por Boris Spivacow), mientras otra gran cantidad quedó incautada. Al mismo tiempo, la dictadura militar iniciaba un juicio contra Spivacow, quien antes del CEAL había sido director de Eudeba en su época dorada y uno de los fundamentales actores en la renovación y consolidación del público en las décadas del sesenta y el setenta. 

 Con este merecido homenaje a Spivacow y el recuerdo de la bárbara quema de libros se pretendía además recordar la larga persecución (secuestros, clausuras, amenazas y todo tipo de presiones) de la que fueron objetos las personas que trabajaron en la industria del libro durante la última dictadura militar. El ataque al CEAL no fue un hecho aislado. Numerosas editoriales y librerías como Siglo XXI, Fundación Constancio C. Vigil de Rosario, Librería To Be de Omar, entre otras, debieron enfrentar los embates de la represión estatal, convencida de la necesidad de “depurar” la cultura argentina. La represión llevada a cabo no sólo afectó a las empresas productoras y distribuidoras de libros (sospechados de “subversión”) sino que se materializó en desapariciones y asesinatos de las personas que significaran una “amenaza” para el proyecto dictatorial. Alberto Burnichon, Carlos Pérez, Héctor Fernández, Horacio González, Isabel Valencia, Roberto Santoro, Enrique Alberto Colomer, Claudio Ferrari, Maurice Geger, Silvia Lima, Conrado Guillermo Cerreti, Enrique Walker, Daniel Luaces, Graciela Mellibovsky, Pirí Lugones, Héctor Abrales, Diana Guerrero e Ignacio Ikonicof son los nombres de las personas que la Cámara del Libro decidió homenajear en este fúnebre recordatorio en memoria de Boris Spivacow y de la cultura del libro. 

 Rogelio Fantasía, actual director de la Cámara Argentina del Libro, reclamó a la Fundación El Libro y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (mediante una resolución firmada por el Consejo Directivo de esa institución) una serie de medidas destinadas a brindar el reconocimiento que José Boris Spivacow se merece, junto con las demás víctimas de la dictadura. Una de las iniciativas de la Cámara del Libro convoca a un premio anual de narrativa para autores inéditos, que llevará el nombre de quien logró ser un ejemplo de excelencia y dedicación en la historia de la industria del libro. Spivacow trabajó en la sección infantil de la mítica editorial Abril, fue gerente general de la naciente editorial Eudeba entre 1958 y 1966, que se convirtió bajo su gestión en la mayor editorial universitaria en el mundo, y finalmente fundó y dirigió el CEAL, cuyas colecciones marcaron a varias generaciones de argentinos. 

 Otro de los reclamos de la Cámara del Libro se dirige a la rancia Fundación El Libro para que designe con el nombre José Boris Spivacow algún sitio destacado de la Feria del Libro de Buenos Aires como un homenaje general a todas las víctimas de la dictadura militar, a cuya sombra la Feria fue creciendo año a año. Al mismo tiempo se propone que todos los años, al inicio de la Feria del Libro, se encienda una llama en recordatorio de la quema de libros llevada a cabo en 1980. 

 Con la misma intención, se sugiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que designe con el nombre de Boris Spivacow algún lugar de la ciudad (calle, plaza, paseo o biblioteca). Estas propuestas surgidas desde la Cámara Argentina del Libro son, como afirma Rogelio Fantasía, “una manera de dar a conocer un lamentable hecho que todavía no había sido denunciado”. Fantasía se esforzó por dejar bien en claro que la institución cuyos destinos conduce defiende por encima de todo, la libertad de expresión (de prensa y de ideas). “Aquel suceso llevado a cabo en plena dictadura militar violó y avasalló esos derechos fundamentales. Fue un fuerte atentado contra la cultura nacional y estos homenajes son una manera de condenar aquellos actos que oscurecen la memoria de los argentinos”. 

 Mauricio Bachetti

03 -09-2000

La emisión descontrolada de Milei - Dato Mata Relato. Jonathan Bastida

Conferencia de prensa del Polo Obrero contra los procesamientos

"El procesamiento es parte de una campaña contra las organizaciones sociales" // Belliboni en Net TV

Ciberpatrullaje y “predicción del delito”

   La liberticida Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, ha emitido una resolución admistrativa por la que se crea la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). El engendro viene a fumigar libertades democráticas elementales, incluidos unos cuantos derechos constitucionales. 

 La nueva unidad tiene como misión “la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”. Entre sus funciones, se le asigna “patrullar las redes sociales”, “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real” y “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos”. También “procesar grandes volúmenes de datos” para “crear perfiles de sospechosos” y “patrullar mediante drones áreas extensas”. 

 Alguien definió esto como “una gran excursión de pesca”, pues pretende formar causas criminales a partir de una pesquisa sin orden de un juez ni contralor. El procedimiento significa, por sobre todo, colocar bajo sospecha al conjunto de la población que utiliza redes o aplicaciones cotidianamente. El "ciberpatrullaje" incluye sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, “en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente”. La incompatibilidad de la resolución con la Constitución ha sido señalada inmediatamente por numeroso constitucionalistas. Para Andrés Gil Domínguez, especialista en Inteligencia Artificial y profesor de Derecho Constitucional, ciberpatrullar para detectar “conductas de hipotético riesgo”, es inconstitucional (Clarín 30/7). Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, cita Página/12 (30/7). A ello se debe añadir que la experiencia indica que la IA aplicada en materia de seguridad -incluso en combate- produce muchos “falsos positivos”. La recolección de “información” entre los usuarios de las redes sociales implica la clasificación de delicuentes ´potenciales´, creando perfiles de “sospechosos” a partir de las opiniones y preferencias de los usuarios de la web. Que una mesa de ´especialistas´ se dedique luego a separar la paja del trigo no cambia nada. Bullrich no aplica el principio de inocencia sino el de sospecha sobre todo el mundo. Es un atropello monumental: a partir de su actividad en la web, aunque la persona no haya cometido ningún delito, su conducta delictiva futura será “predecida” por este sistema informático. 

 En cuanto al reconocimiento facial en espacios públicos, en muchas ciudades del mundo está prohibido. De hecho, en nuestro país, el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial. Uno de los cuestionamientos a su utilización es, sin ir más lejos, el criterio de ´construcción´ de perfiles supuestamente sospechosos, un procedimiento de reminisencias lombrosianas (1). Otra de las funciones que se le atribuyen a la flamante “unidad” es detectar transacciones financieras sospechosas, tarea que se superpone con la función de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). De todos modos, si se quieren detectar “transacciones financieras sospechosas”, la lupa debería estar en el circuito que forman el sistema bancario, el negocio inmobiliario y el juego, que es el más recurrido para el lavado de dinero. Otras críticas señalan la vaguedad de la resolución respecto de los instrumentos que se utilizarán. La ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advierte sobre la posible utilización del sistema Pegasus, de origen israelí, capaz de invadir dispositivos móviles sin ser detectado. 

 Pero lo más importante de la resolución tiene que ver con lo siguiente: la nueva “unidad” tendrá a su cargo “analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios”. Fuera de toda la hojarasca y fraseología, el propósito central es utilizar la IA para la detección temprana de protestas –un procedimiento que la política bullrichista comparte con la doctrina de ´seguridad democrática´, presuntamente antitética- basada en la ´prevención´ antes que la represión, por la vía de la infiltración, la delación y el control de "zonas calientes".

 En sus fundamentos, Bullrich cita su aplicación en otros países, como Estados Unidos y Francia, donde el "policiamiento" de la sociedad es característico. Pero a la par de las naciones "democrática", se menciona a China, donde una autocracia capitalista encabeza un gobierno totalitario, bajo el cual es perseguida cualquier opinión opositora o crítica. Los libertarios la fustigan sin razón como una “dictadura comunista”. A Bullrich se le antojó citarlo entre los países “pioneros en la utilización de la Inteligencia Artificial en sus áreas de gobierno y Fuerzas de Seguridad”. Nadie pondría en duda de que la autora del "protocolo antipiquete" sabe de qué habla. 

 Jacyn 

 30/07/2024

El gobierno liberticida prepara la destrucción de las jubilaciones

El gobierno liberticida prepara la destrucción de las jubilaciones

 Para cumplir con las pautas del FMI, el gobierno tiene que poner en marcha una reforma jubilatoria estructural. Es decir, no basta con modificar los índices de actualización para que las jubilaciones sigan bajando a niveles de miseria, sino que debe lograr que contingentes enteros de trabajadores se queden sin cobrar el beneficio, accedan lo más tarde posible o cobren de conjunto prestaciones a niveles de indigencia. La intención en el Senado de apoyar una ley que establezca varios índices de indexación de las jubilaciones ha acelerado los proyectos de privatización previsional del oficialismo 

 Para esto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el titular de la Anses, Mariano de los Heros, están trabajando en un borrador que plantea una batería de reformas: subir la edad para las mujeres, volver al sistema de capitalización semejante a las AFJP que funcionó durante el menemismo, desarticular los regímenes especiales y hasta reconfigurar las pensiones por viudez. 

1. Desde hace tiempo que desde todos los sectores patronales esgrimen pérfidamente el argumento de la igualdad de género para equiparar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres y así posponer la incorporación de un gran contingente de jubiladas. 

2.El sistema de capitalización -lo que fueron las AFJP- no solo implica la destrucción del sistema de reparto como lo conocemos hasta ahora sino que elimina cualquier garantía de cobrar la jubilación entendida como un ingreso que solventa la subsistencia. Esto es porque, en primer lugar, las comisiones que se le reconocieron a las empresas del sector en la Argentina y en el resto del mundo siempre tuvieron un carácter confiscatorio –un verdadero acto de pillaje– que diezman los ingresos a futuro de cada trabajador. Pero además, el sistema de capitalización es en sí mismo disfuncional al objetivo que manifiesta –ser un sistema previsional. Los rendimientos que puede generar el capital financiero no alcanzan a cubrir el costo de vida de un jubilado por toda su vida -lo que genera rendimientos es la explotación, no la usura- pero además, los movimientos y resultados de su actividad es completamente imprevisible, lo que lo convierte en inviable.

 3.Terminar con los regímenes especiales de trabajadores que cobran ingresos más cercanos a lo que debería ser una jubilación igual al costo de vida es necesario para lograr el achatamiento total. Algunos sectores, como judiciales por ejemplo, cobran más a razón de aportar un porcentaje mayor, y otros, se jubilan antes por dedicarse a actividades insalubres, como los mineros. Los partidos patronales siempre se plantean el desafío de hacerse con estos ingresos y para desarticular cualquier oposición organizada, se plantea una eliminación por etapas, graduada, o incluso un sistema mixto que reconozca derechos adquiridos en un porcentaje acorde a lo aportado para, a partir de ahí, desconocerlos por completo.

4. Las pensiones por viudez significan a los ojos del gobierno el cobro de un doble beneficio por parte de una misma persona, si es que está jubilada. La realidad es que con el cobro de los dos ni siquiera se cubre el costo de la canasta de pobreza. La intención del gobierno es eliminarlas pero también es posible que imponga limitaciones para acceder al beneficio o, como sucede en Córdoba, imponga un aporte solidario a quienes los cobran, qué en la realidad implica una quita. 

Mientras el gobierno delinea este gerontocidio que consiste en transformar a las jubilaciones en un ingreso de indigencia, la oposición hace su aporte con otro proyecto que maquilla porcentajes pero que de fondo tiene como único objetivo evitar que los jubilados vayan a juicio en reclamo de lo que les corresponde. Al perpetrar la reforma de los índices por ley en vez de por decreto, pretenden derribar un posible argumento en la corte. Osvaldo Gordiano, uno de los autores de este proyecto, fue el armador en Córdoba del desfalco que sufrieron los jubilados con Schiaretti, a los que les quitaron el 82% móvil y les rebanaron un 20% de jubilación mediante “aportes solidarios” compulsivos. 

 Estas discusiones se dan al mismo tiempo que, en las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Anses -como Buenos Aires, por ejemplo- están planificando sus propias reformas previsionales para transferirles a sus trabajadores provinciales el ajuste de Milei, que se acentuó con la eliminación del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, el cual solventaba el déficit de esas cajas provinciales. 

 En todos los casos, se trata de un ataque a las condiciones de vida futura de los trabajadores. Para lograr una lucha conjunta es necesario plantear las jubilaciones atadas al salario en actividad -el 82 % móvil- unida a la pelea por salarios iguales a la canasta familiar.

  Aldana González

30/07/2024

Milei en La Rural

Al mediodía de este domingo, el presidente Milei se dirigió a las patronales del campo en el discurso de cierre de la Exposición Rural. Hace cuatro años que la Exposición no contaba con la presencia del primer mandatario, la última fue la de Mauricio Macri, en 2019. Sí es cierto que siempre contó con importantes funcionarios de la cartera ejecutiva durante los gobiernos kirchneristas. El año pasado, el mismísimo Massa fue parte de una “pasarela de candidatos”, que fueron a rendir pleitesía en plena campaña electoral. Concentrados en la frialdad del saludo entre el mandatario y su vice, los medios olvidaron observar un detalle más interesante, que incluso el plano tomado por las cámaras libertarias -que quitaron del centro a Villarruel- no pudieron ocultar: las caras de la cúpula patronal del campo, detrás del atril del locutor, denotaban una visible desconfianza, solo atenuada por la creencia, por ahora, de que este es "su" gobierno. 

 Independientemente de la protocolar pleitesía inicial que se dedicaron mutuamente ambos locutores, Nicolás Pino, el Presidente de la Sociedad Rural, dejó expresamente planteado el reclamo de la baja de retenciones y el levantamiento del cepo: “los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando es porque confiamos en su palabra”. El presidente de la SRA llamó a la especulación del sector agropecuario con la retención de los granos listos a fin de exportar “sana administración”, para marcar a continuación que debía señalarse “la existencia de diferentes tipos de cambio, que deben ser unificados, así como debe ser eliminado el cepo cambiario”. El "campo" no ha abandonado el reclamo de la devaluación, en medio de un frente comercial internacional adverso, con sobreproducción de materias primas, una fuerte competencia de Brasil y Estados Unidos y una tendencia a la caída en los precios de los granos. Tampoco abandonó la exigencia de la quita de retenciones. Fue interesante, sin embargo, una coincidencia de caracterización marcada por Pino y por Milei: “las retenciones son un impuesto distorsivo, discriminatorio y confiscatorio”; quizás sea este el motivo por el cual las patronales han elegido, de momento, “el camino de la paciencia”.

 Las exigencias de “certeza” por parte del "campo" fueron respondidas con evasivas y justificaciones. Milei planteó que su gobierno está decidido a quitar las retenciones… hasta que vino el pero. El presidente se extendió en un choclo de números y estadísticas para justificar que no levantará el cepo ni las retenciones hasta que no esté resuelto el problema de la inflación porque la situación que hereda “es catastrófica” y no va a hacer “promesas demagógicas”. Es notable que Massa haya hecho el mismo comentario en ocasión de su visita a la Rural el año pasado, en la cual acusó a los otros candidatos de hacer “promesas fáciles” de quita de retenciones cuando lo que correspondía era “solucionar el problema de fondo”. El problema de fondo es la monumental deuda pública de la Argentina, que hoy supera holgadamente los 600.000 millones de dólares y que el gobierno de Milei ha aumentado con la emisión de más deuda para saltar los pagos a las productoras de energía, a los importadores y a los bancos que son acreedores del BCRA y el Tesoro. Al problema de la deuda el presidente ha venido a sumar uno de su propia cosecha, la recesión, que promete profundizar pisando la emisión monetaria. Algunos economistas ya han planteado que esta política es inviable cuando todavía no se han corregido los precios de las tarifas y, por tanto, mientras la inflación se sostenga en el orden del 4 %. En este cuadro, la recaudación fiscal no va a subir, como promete el presidente: va a caer, lo que redundará en la profundización del “cuadro catastrófico” que justifica la existencia de las retenciones. 

 A la exigencia del "campo", Milei opuso otra cuando planteó que “cuanto más exporte el sector agropecuario, mejor le va a ir al país” y que “si no apoyamos con todo nuestro esfuerzo los cambios que todos los argentinos estamos emprendiendo, el destino es ser la villa de miseria más grande del mundo.” En otras palabras, los intimó a vender los granos retenidos a la espera de la devaluación. Milei atacó nuevamente la lucha ambiental y desvirtuó el problema ecológico-sanitario que implica, fundamentalmente, el desmonte y la contaminación de ríos, suelo y aire por el uso indiscriminado del glifosato. Esto cuando las denuncias por la incidencia del uso de pesticidas en las enfermedades cancerígenas son cada vez más fundamentadas en la investigación científica. También cuando en nuestra región el desmonte es indicado como uno de los factores que colaboran en el desarrollo en extensión y agresividad de la enfermedad del Dengue. Cerca suyo, aplaudía el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, de JxC, implicado junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, y a todo el régimen político pejotista de la provincia en una megacausa de corrupción que viabilizó el desmonte criminal del bosque chaqueño. El presidente volvió a oponer la salud del medio ambiente al trabajo. Lo cierto es que quien niega el problema ambiental es el principal responsable de una recesión económica que está desencadenando despidos masivos en todas las ramas de la economía. Al atacar la lucha ambiental, el Gobierno ha mostrado la senilidad de su “visión económica”. Pretende barrer con todas las conquistas logradas en materia de cuidado ambiental para poner a disposición del capital exportador una amplia porción de recursos naturales. Pero este programa es inviable: el "campo" ya es consciente de que ha perdido la batalla por la innovación tecnológica contra Brasil y Estados Unidos y que le espera un futuro de decadencia en el mercado internacional. Por otra parte, en el marco de una economía mundial signada por la tendencia a la caída de los precios internacionales de las materias primas y el atesoramiento del capital, no su inversión, el Pacto de Mayo es simplemente inviable. 

 El cierre de la exposición de La Rural ha expresado la calma chicha que reina entre las patronales en general, unidas al Gobierno sólo por el acuerdo respecto de la necesidad de descargar la crisis en la espalda de los trabajadores. Pero como la crisis obligará a los distintos capitalistas a competir entre sí, para no caer en desgracia y ganar el favor del Estado, no tardarán en aflorar a la superficie política las diferencias. 

 Patricia Urones 

 29/07/2024

14 Toneladas #17 | Construyamos la OPOSICIÓN a MILEI, 45 días SIN LOAN, ELECCIONES en VENEZUELA

Las visitas a los genocidas y el intento de liberarlos

Funcionarios de Defensa visitaron a los genocidas en Campo de Mayo y se llevaron un boceto de decreto para indultarlos.

 Luego del escándalo suscitado por la excursión de seis diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para visitar al genocida Alfredo Astiz, Luis Petri envió a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados algunos emblemas de la dictadura como el cura Christian Federico Von Wernich, capellán de la Bonaerense y peso de pasado de la iglesia católica, o Julio Simón –conocido como el “Turco” Julián–, exintegrante de la Policía Federal Argentina.

 Esto constituye un salto en la provocación progenocida del gobierno, una afrenta a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, a todo el movimiento de lucha por los Derechos Humanos y al pueblo en general. Pero además, el estrechamiento de lazos con genocidas del clero y de la Policía Federal, garantizando la impunidad por sus crímenes de lesa humanidad, es una herramienta para preparar la profundización de un cuadro represivo hacia adelante. 

 De la visita se llevaron un boceto de decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo, lo que estaría en abierta contradicción con la jurisprudencia que sostiene que son delitos imprescriptibles. Esto se trata de un salto en la política negacionista del gobierno, que hasta el momento no se atrevía a reivindicar abiertamente la dictadura, sino que se ceñía a hablar de “excesos” por parte de los militares y de “memoria completa” en un intento de reponer la teoría de los dos demonios.

 La visita a Campo de Mayo fue realizada por el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y por el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, Lucas Erbes. Madero hizo campaña por Patricia Bullrich, pero se referencia en Villarruel. Fue el primer funcionario en negarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés que fueron robados durante los años de la dictadura o inmediatamente anteriores.

 Luego de la visita, Erbes comunicó el despido de los expertos que relevaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad, acusados de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares, metió en la dirección a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, militantes de organizaciones negacionistas, algunas presididas por la propia Victoria Villarruel. 

 Según Página 12, los represores afirmaron que quieren que Javier Milei dicte un decreto para declarar que el proceso penal no puede tener una duración mayor a 25 años y que ese plazo rige desde la comisión del delito. Beltrán Benedit, uno de los 6 diputados que visitó genocidas en Ezeiza, afirmó que está trabajando por la pronta liberación de “todos los patriotas”, como les dice a aquellos autores y partícipes de un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés y desapariciones forzadas. 

 El gobierno intenta garantizar la impunidad a todos aquellos genocidas que están tras las rejas gracias exclusivamente a la incansable lucha de víctimas, familias, organizaciones políticas y de derechos humanos. Esto reviste una nueva provocación del oficialismo contra el conjunto de los trabajadores y víctimas del genocidio, en sintonía con aquella montada durante el Día de la Independencia, donde 7.000 integrantes de las Fuerzas Armadas desfilaron por las calles de la ciudad de Buenos Aires, entre los cuales se encontraban uniformados que habían torturado a “los pibes de Malvinas”. Semejante despliegue envalentonó a los defensores de la dictadura, a tal punto que hubo una procesión de autos Ford Falcon vedes por Avenida Cabildo. 

 Esos episodios, sumado a la decisión gubernamental de proceder a un desmantelamiento de los Sitios de Memoria, apuntan a sellar un pacto de impunidad con genocidas del golpe del ´76, en función de ofrendarle una carta blanca a los militares del presente y así volver a adjudicarles a las Fuerzas Armadas la tarea de reprimir al pueblo que lucha. Se trata de un objetivo clave para un gobierno empeñado en destruir las condiciones de vida de la población trabajadora.

 En ese sentido viene protagonizando un ataque en regla contra las libertades democráticas, reprimiendo las movilizaciones, encarcelando luchadores e ilegalizando el derecho a huelga por medio de la Ley Bases. Quiere llevar adelante un cambio de régimen político para hacer pasar sus planes antiobreros. 

 Como luchamos incansablemente para llevar a la cárcel a los represores y como luchamos contra el 2×1 a los genocidas, tenemos que derribar este nuevo intento de exonerarlos por parte del poder político. Hay que volver a demostrar en las calles que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y que los 30.000 están presentes, como lo hicimos el último 24 de marzo de forma masiva.

 Camila García

Venezuela: Maduro declaró su triunfo con el 51% de los votos

Se abre una nueva crisis política. 

 El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha informado que resulto reelecto presidente Nicolás Maduro con 5.150.092 votos (51,5%), obteniendo su principal opositor, Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática ((PUD), 4.445.978 (44,2%).

 Este resultado fue anunciado unas 7 horas después de la hora oficial de cierre de los comicios, debido –según la versión oficial- a un intento masivo de hackeo informático, atribuido –difusamente- al “imperio”. 

 Los candidatos del PUD salieron a denunciar “irregularidades” y sospechas de “fraude”, anunciando que un recuento parcial de datos recogidos por ello, le habría dado un triunfo general del 70%, ganando en todos los Estados. Reclama que se hagan públicas las actas de todas las mesas de votación y se haga un nuevo recuento con presencia de sus fiscales que, afirman, han sido bloqueados de participar en muchos casos. 

 No hay, hasta el momento, grandes manifestaciones impugnando el resultado electoral. Y el propio PUD, en forma contradictoria, no ha llamado a la “acción directa”.

 Se abre una nueva crisis política

 Horas antes del cierre en una actitud cauta Kamala Harris, actual vicepresidenta yanqui y candidata a presidente por el Partido Demócrata, “pidió respeto a los resultados y reconoció que en el futuro seguirán trabajando por la prosperidad” de Venezuela. Antony Blinken desde Japón, planteó que ”tenemos la seria preocupación de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

 El resultado dando triunfador a Maduro no ha sido reconocido internacionalmente, salvo por los gobiernos de Bolivia, México, Cuba, Nicaragua, Honduras, China, Siria e Irán. Otros como Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, España, Portugal, Alemania, Brasil, Colombia y el Reino Unido han exigido un “conteo transparente y verificable”, a la vez que reclamaron “observadores internacionales independientes” (La Nación, 29-7). 

 El que ha salido a la vanguardia de una intervención directa (y hasta golpista) es Milei. Los diarios del mundo destacan que promovió una concentración de emigrados venezolanos frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires, donde concurrieron durante toda la jornada los ministros Bullrich, Mondino y Petri, azuzando a luchar “contra el socialismo”. A su vez en un comunicado “los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela y exigen la revisión completa de los resultados”. 

 Hay, evidentemente, muchos hechos que apoyan las tesis de manipulación electoral por parte del madurismo. Desde la proscripción de candidatos, como el de la ultraderechista Corina Machado, reemplazada al frente del PUD, por el conservador González Urrutia, hasta la proscripción lisa y llana de cualquier oposición de izquierda (el Partido Comunista que fue intervenido por el régimen, un intento frentista de partidos que se reclaman trotskistas, la Alianza Popular Revolucionaria que se presentó a las elecciones parlamentarias del 2020), hasta trabas e irregularidades varias, especialmente en el conteo de los sufragios. 

 Una incógnita es cómo intervendrán las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB). Hasta ahora, aparentan mantenerse firmes en torno al gobierno de Maduro. Cuando Corina Machado fue a votar quiso saludar dándoles la mano a los soldados que custodiaban las urnas y estos, públicamente, se negaron a ello.

 Las Corina Machado y los Milei proclaman vencedor a González Urrutia. ¿Quieren repetir la experiencia de Juan Guaidó, que fue “nombrado”, arbitrariamente, presidente “interino” de Venezuela, en el 2019, como parte de un operativo golpista/imperialista para justificar la invasión yanqui a Venezuela? 

 La situación internacional parece haber cambiado. Donald Trump salió, días antes de la elección, a contemporizar con Maduro. El expresidente y actual candidato republicano “elogió la gestión chavista en seguridad y dijo que logró bajar la criminalidad en 72 por ciento”. “Les dije a los líderes empresariales”, reafirmó, que “el año que viene iremos a Venezuela para la reunión, de la Mesa Redonda de Negocios”.

 Cuando habla de “seguridad” lo hace extensivo no solo a la criminalidad abierta, sino a los negocios. 

 En nuestra nota anterior (25/7), caracterizábamos que “en realidad, según informan medios de difusión imperialistas (Financial Times, Wall Street Journal), la convocatoria a elecciones ha sido negociada con un sector del imperialismo. Por eso se aceptó la proscripción de Corina Machado y su reemplazo por González Urrutia”. Pero, completábamos, “el imperialismo juega a dos puntas, no solo al triunfo de la derecha. El capital financiero internacional, en primer lugar de la mano de los monopolios petroleros, quiere retomar un avance y control sobre el negocio petrolero. Esencial para bajar los costos de su producción dada la cercanía para el flete y la calidad particular del petróleo venezolano. Los monopolios estarían de acuerdo en retomar a fondo los negocios en Venezuela, si Maduro se mantiene en el poder por haber ‘ganado’ las elecciones con o sin fraude, salvo que el fraude fuera alevosísimo. Protestarían, pero a… ejercer una real politik” y retomar los negocios con Maduro, al que consideran como casi el único que podría mantener a las masas quietas y regimentadas. El frente derechista es heterogéneo y correría riesgo de dividirse”. 

 El propio Trump, en un reportaje a Bloomberg, “elogió la seguridad en Venezuela y abre la puerta para negociar con Maduro”. Trump estaría revisando las sanciones económicas contra Venezuela, siguiendo la línea de conciliar con Rusia y poner fin a la guerra en Ucrania. Maduro celebró este cambio de retórica: “Es otro Trump”, afirmó, dispuesto a fortalecer las negociaciones en curso para el regreso por la puerta ancha de las petroleras yanquis e imperialistas. Como señaláramos en la nota anterior el chavismo/madurismo ha sido el instrumento utilizado para un feroz “ajuste” contra el pueblo trabajador y es el que ha reiniciado los acuerdos y negociaciones con los grandes pulpos petroleros imperialistas.

 Este curso espera ser profundizado por Maduro, que está también trabajando a dos puntas: girar más abiertamente hacia una política de asociación con el imperialismo yanqui/europeo y/o abrirse, en su defecto, a su incorporación al grupo Brics, apoyándose en Rusia y China. 

 El primer mensaje de Maduro, después de su autoproclamación como ganador electoral, fue el llamado a un “gran dialogo nacional”, profundizando también un curso de asociación con las comunidades religiosas. 

 La evolución de esta crisis poselectoral dependerá de varios factores: la actitud final que tomara el imperialismo (¿sanciones económicas?), la conducta de las Fuerzas Armadas, transformadas como nunca en árbitro político y, fundamentalmente, la movilización de las masas. Hasta el momento, este último factor es poco evidente: tanto por el lado de la derecha, como de la escasa intervención de masas en apoyo al régimen. Lo cual indica un escenario de descomposición de la confianza de las masas en el gobierno madurista. 

 Un frente de la izquierda venezolana no ha llamado, en esta oportunidad, a votar por Maduro. Los trabajadores necesitan constituir una alternativa política independiente. Esto solo se realizara sobre bases firmes, realizando un balance de la subordinación de la izquierda durante un largo período al chavismo y luego coqueteando con la oposición derechista/proimperialista con un programa formal democratizante. 

 La lucha antiimperialista está unida a la del combate por las libertades democráticas y las reivindicaciones obreras: basta de persecución y represión a las luchas obreras, no a la regimentación sindical: libertad de organización y movilización de los trabajadores, aumentos de emergencia salariales y previsionales. Marchar a un Plenario Nacional antiburocrático, por la defensa del movimiento obrero independiente del gobierno y la oposición burguesa. Los trabajadores necesitan de su propio partido de clase. 

 Rafael Santos

Ciberpatrullaje: el “Gran Hermano” de Bullrich

El gobierno creó un organismo para vigilar las redes sociales.

 Hay que disolver todos los organismos represivos y de espionaje del Estado capitalista. 

El gobierno de Milei acaba de crear una unidad de ciberpatrullaje con inteligencia artificial para controlar las redes sociales. Con este nuevo instrumento de persecución y vigilancia, los libertarios se aprestan a atacar la libertad de expresión y podrán ejercer una suerte de terror ideológico. 

 El organismo fue creado por Patricia Bullrich y será un complemento de la agencia de ciberseguridad de la Side de Santiago Caputo. Estará a cargo de especialistas de la Policía Federal, Gendarmería, Policía Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario General –las mismas fuerzas e instituciones que amparan el gran delito en Argentina–; y tendrá la potestad de “patrullar las redes sociales”; de controlar aplicaciones, sitios web y la deep-web para detectar “situaciones de riesgo grave para la seguridad”; de analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real; y de proporcionar vigilancia aérea mediante drones. 

 La unidad podrá hacer un análisis predictivo, recopilando datos (imágenes, antecedentes, etc.) y a través de ciertos algoritmos de aprendizaje automático, para “predecir” futuros delitos. La actividad en las redes sociales, asimismo, se controlaría para “prever disturbios”. ¿El gobierno hará algo con los trolls libertarios que amenazan de muerte a opositores en internet? Estamos ante una política totalitarista, con la que el gobierno puede vigilar qué opinan, qué dicen y qué hacen millones de personas; debido a dicho monitoreo, muchísimos usuarios de las redes sociales dejarán de emitir comentarios sobre ciertos problemas (políticos, ideológicos, etc.) por miedo a sufrir una represalia por parte del gobierno. 

 En un cuadro de reforzamiento de la persecución del gobierno contra la oposición política, que una unidad de vigilancia que está a su cargo pueda saber por ejemplo dónde milita una persona crítica del oficialismo y tomar medidas al respecto constituye un nuevo antecedente peligrosísimo contra las libertades democráticas. El gobierno refuerza sus atribuciones represivas y regimentadoras para mejor hacer pasar los ataques de la clase capitalista contra los trabajadores.

Ya hubo situaciones en las que los gobiernos aplicaron este tipo de políticas, solo que ahora se pretende llevarla más allá. Bajo el gobierno de Mauricio Macri y desde su lugar como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ordenó el apresamiento de un joven que twitteó una canción de cancha de repudio contra el expresidente. Gerardo Morales, el déspota que detentó el poder en Jujuy hasta diciembre pasado, apresó a dos personas por twittear contra su gobierno. En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad allanó la casa de un joven que habría amenazado a Milei a través de las redes sociales; en el informe de Seguridad se decía que el joven tenía un pensamiento apegado a la propaganda política de la Unión Soviética.

 La resolución gubernamental con la que se anuncia la creación de la unidad destaca la utilización de la IA para tareas de “reconocimiento facial”, una política aplicada por el PRO en la Ciudad que recibió denuncias y sentencias de inconstitucionalidad. Además, subraya que países como Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia e India han implementado este tipo de sistemas de ciberpatrullaje IA. Se trata de regímenes ultrarrepresivos, que no solo utilizan la IA para espiar individuos sino también para promover la guerra y aniquilar pueblos (pertrechos militares que funcionan con IA). Los gobiernos usan los avances tecnológicos para robustecer sus aparatos de represión y coerción y así sostener y defender mejor el modo de explotación capitalista todo. 

 Los libertarios se mostraron rápidamente como unos de los mayores enemigos de la libertad. La Side de Neiffert y Caputo, que está compuesta por elementos como Alejandro Colombo (elemento vinculado al espía Jaime Stiuso) y Juan Bautista “Tata Yofre (exsecretario de Inteligencia del Estado y defensor de genocidas), tiene como objetivo colaborar en este reforzamiento del despotismo gubernamental. El PRO, que integra el gobierno, tiene un historial importante en materia de espionaje represivo; uno de los grandes arquitectos de su política en ese plano fue el policía “Fino” Palacios, acusado de encubrir el atentado a la Amia. El PJ-kirchnerismo también dio cátedra de conspiración e inteligencia, por ejemplo con la Side menemista y el Proyecto X (espionaje sobre las organizaciones populares) de Cristina Kirchner, Nilda Garré y Sergio Berni. Sin ir más lejos, el gobierno de Alberto Fernández y CFK quiso avanzar en una política de ciberpatrullaje.

 Hay que disolver todos los organismos represivos y de espionaje del Estado capitalista. 

 Nazareno Suozzi

El ejército de trolls “libertarios” para amenazar y hostigar a los críticos del gobierno

Daniel Parsini (Gordo Dan), Federico Gorga y Juan Pablo Carreira (Juan Doe) Doxing y troleo al servicio de la motosierra antiobrera. 

 Al gobierno nacional le gusta mucho utilizar herramientas como el doxing (difusión de información sensible de una persona en redes para acosarla y silenciarla) y el troleo (fomentar el enfrentamiento entre usuarios) en las redes sociales para amedrentar opositores y regimentar la vida política en general. El presidente Milei formó un ejército de trolls, utilizando fondos públicos, que ataca personas por pensar distinto y divulga propaganda gubernamental a mansalva. 

 La revista Crisis publicó un estudio sobre el tema titulado “Las milicias digitales de la ultraderecha”, que lleva la firma del Equipo de Investigación Periodística y contiene información valiosa al respecto. Además de “doxearlas”, los trolls libertarios amenazan de muerte, acosan y a veces amedrentan físicamente en la calle a sus víctimas, etcétera. Ya ha habido bastantes denuncias en la Justicia sobre ciertos elementos que llevan adelante estas prácticas.

 Uno de los armadores de los grupos de trolls es Santiago Caputo, asesor presidencial que viene ganando peso en el gobierno (Justicia, Inteligencia, YPF). Hace poco habría amenazado desde una cuenta anónima a otro libertario por defender a Victoria Villarruel en la interna con Karina Milei y mostrado en X que posee una pistola Glock 45. 

 El actual director nacional de comunicación, Juan Pablo Carrera, conocido en X como Juan Doe, es otro de los capos del clan de trolls. Daniel Parisini, a quien se lo conoce como Gordo Dan y también por haber anticipado por X el despido de los asesores presidenciales Teddy Karagozian y Julio Garro, es también un insoportable provocador al servicio del gobierno. Otro importante armador es Fernando Cerimedo, implicado en la causa por el intento de golpe de Estado de Bolsonaro; este personaje también participó de las campañas del expresidente brasileño y del ultra chileno José Antonio Kast. Con Cerimedo se codearon el Gordo Dan y Agustín Romo (diputado-troll libertario bonaerense).

 La propia Villarruel fue acusada de practicar el doxeo. En el marco de la campaña por las elecciones presidenciales de 2023, publicó en su cuenta de Twitter los users de personas que polemizaban con el programa de La Libertad Avanza, dándole manija al ejército de trolls libertarios para que doxeen a los críticos. 

 Estos grupos retroalimentan las publicaciones que mantienen entre sí para influir en la agenda y atacan periodistas, opositores políticos, sindicalistas y a toda persona que ose cuestionar la política de Milei. Alejandro Lipcovich, militante del Partido Obrero y secretario general de la Junta Interna ATE Garrahan, fue doxeado (publicaron su dirección y DNI, entre otros datos personales) por ser parte de una lucha en el hospital contra el ajuste presupuestario. 

 Constanza Moragues, integrante de la Cámara de Diputados de la Provincia Buenos Aires, fue acosada brutalmente por las tropas mileístas: tras romper con el bloque libertario comenzaron a llegarle, como forma de amenaza, videos de torturas y muertes violentas; ahora vive con custodia. La astróloga Ayelén Romano, después de ser doxeada por el Gordo Dan, fue amenazada de muerte y recibió el video de un hombre masturbándose mientras sonaba su voz; asimismo, colocaron pasacalles amenazantes en la cuadra de su casa y le tiraron piedrazos. 

 Por otro lado, los trolls también se dedican a esparcir odio contra las diversidades sexuales y de género. Son propagandistas del pensamiento clerical-oscurantista, cuyos predicadores primarios, las iglesias y los colegios que están en manos del clero, tienen garantizados sus negocios y su influencia bajo el régimen libertario. Los trolls libertarios ceban a elementos atrasados y reaccionarios de la sociedad a impulsar ataques contra la comunidad LGBT y contra las mujeres, así como también crímenes de odio.

 Todo esto se combina con un recrudecimiento de la persecución y represión contra el movimiento obrero en general. En esta línea se anotan los allanamientos a los locales de las organizaciones sociales que batallan contra el avance del hambre en los barrios, el allanamiento al local del Partido Obrero, la apertura de causas contra luchadores como Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, entre otros avances reaccionarios. Milei y su tropa también atacan a los periodistas y a la libertad de expresión, como se ve en su intento por restringir el acceso a periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada y en el copamiento de la propaganda gubernamental en distintos medios del país. 

 El gobierno despótico del facho Milei no va a lograr intimidar a un pueblo que sigue acumulando bronca y terminará por salir a las calles para derrotar su política procapitalista de hambre y saqueo. 

 Nazareno Suozzi

🔴 Fernando Rosso | Correlación de debilidades

Milei le prende una vela a Trump y el peronismo lo quiere ayudar

Las patronales, luego de amasar fortunas, sortean la recesión despidiendo trabajadores

Los trabajadores tenemos que organizarnos para no pagar la crisis. 

 Crecen los despidos y suspensiones en el sector privado fruto de que las empresas descargan el peso de las políticas recesivas del gobierno sobre las espaldas de los trabajadores. Sin embargo, sus balances muestran que muchas de ellas tienen recursos de sobra como para preservar las fuentes laborales, pero optan por reducir su plantel en función de flexibilizar las condiciones de trabajo. 

 Ya ha sido señalado en estas páginas la impostura del grupo que lidera Madanes Quintanilla -dueño de Fate, Aluar, Futaleufú e Infa- de presentar un recurso preventivo de crisis (PPC) por la fábrica de neumáticos Fate, cuando los últimos tres balances contables registran ganancias por U$S 190 millones. Sin embargo, procedió a despedir a 97 trabajadores en dicha planta y pretende avanzar con 380 nuevos despidos. Lo mismo podemos decir de otra empresa del mismo rubro, la multinacional Bridgestone, que también presentó un PPC para deshacerse de 452 trabajadores, a pesar de que obtuvo ganancias récord en los tres últimos años, y, en 2023, se dedicó a endeudarse en dólares con otras filiales del mismo holding para con la devaluación. 

 El sindicato de los trabajadores del neumático (Sutna), de dirección clasista, viene luchando de forma implacable en defensa de los puestos de trabajo, al punto que llamó al conjunto de la clase trabajadora a concentrarse en Plaza de Mayo contra el reguero de despidos que acontece tanto en el sector público como privado. Ese accionar contrasta con el de los sindicatos burocratizados, que dejan pasar las cesantías en sus gremios sin tomar una sola medida de lucha. 

 Tomemos por caso la situación de Acindar, un monopolio siderúrgico que tiene seis fábricas instaladas en distintos lugares del país, que, frente a la caída de la producción (atribuida a la parálisis de la obra pública, la caída de la industria automotriz, etc.) paralizó el funcionamiento de sus plantas entre el 18 de mazo y el 15 de abril, suspendiendo al personal. En el segundo semestre, la empresa producirá solo dos de los seis meses y los trabajadores suspendidos cobrarán el 83% de su salario en julio, el 80% en agosto y el 75% a partir de septiembre. 

 Los obreros deben sufrir recortes en su salario, cuando se trata de un conglomerado que viene amasando fortunas hace años. Según el reporte de Acindar, en 2022 (último dato disponible), el valor económico retenido (ganancia) fue de $22.330 millones y $31.241 millones en 2021. A esto se suman subsidios estatales por $43.353.078 a través de Crédito Fiscal. 

 Por su parte, la empresa Tenaris Siat -perteneciente al grupo Techint- despidió a 205 trabajadores de su planta ubicada en Valentín Alsina. Esto, cuando en el primer trimestre 2024 Tenaris obtuvo ganancias por U$S 750.225.000. Además, hizo enormes negocios a instancias del Estado, como por ejemplo, fabricar los tubos para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Ni qué decir de los ingresos exorbitantes que percibe el grupo a través de su petrolera Tecpetrol. 

 Ferrum, la fábrica de sanitarios de cerámica más grande del país, despidió 100 trabajadores en lo que va del año tras el declive en la construcción. Sin embargo, es la misma patronal que, solo en el segundo semestre 2022 (último dato disponible), obtuvo ganancias por $1.686.784.620. Podemos mencionar también el caso de la compañía de electrodomésticos Whirlpool, que despidió a 60 trabajadores de su fábrica en Pilar como resultado de la caída del consumo y la quita de aranceles a la importación; no obstante, estamos hablando de una multinacional que, en 2022, alcanzó ventas anuales por U$S 2 billones a nivel global. 

 Este breve repaso demuestra que la depresión económica que promueve el gobierno de Milei no afecta por igual a los capitalistas y a los trabajadores. Ante la menor dificultad, los primeros no dudan en dejar en la calle a sus empleados, y, a su vez, aprovechar la reducción de personal para incrementar los ritmos de explotación, contratar nuevos trabajadores bajo condiciones más precarios e imponer un retroceso salarial. En ese sentido, toda la clase capitalista apoya la reforma laboral antiobrera consagrada en la Ley Bases, que, entre otros ataques, facilita los despidos al abaratar las indemnizaciones.

 Por eso, los trabajadores tenemos que organizarnos en defensa de nuestros propios intereses, sin hacer causa común con las patronales. La concentración obrera en Plaza de Mayo convocada por el Sutna constituye un punto de apoyo fundamentar para impulsar un plan de lucha en cada lugar de trabajo contra los despidos y suspensiones. Frente a la entrega de la CGT, construyamos desde abajo la huelga general para derrotar la ofensiva de Milei y los capitalistas.

 Sofía Hart

Continúan las movilizaciones por Loan mientras se destapa más podredumbre

La desaparición de Loan hace un mes y medio todavía mantiene en vilo al país. A medida que corren los días saltan nuevos datos sobre el accionar de la red de trata que lo secuestró. Esos datos surgen más por declaraciones de vecinas/os por iniciativa propia que por los resultados de la investigación que lleva adelante la justicia federal.

 Una vecina de 9 de Julio señaló a Victoria Caillava, la exfuncionaria municipal, como la encargada de hacer los papeles para la persona que quería vender o regalar a sus hijos. Expresó que esa acción delictiva tiene lugar desde hace mucho tiempo, pero que los vecinos no se animan a denunciar por miedo. Es un negocio montado sobre la base de la pobreza de las familias. 

 Un enfermero de Córdoba también salió a declarar que Caillava y su marido, el excapitán de la armada Carlos Pérez, trabajaron en una sala de primeros auxilios durante la pandemia en Córdoba. Se hacían pasar por médicos pediatras. El enfermero realizó una denuncia en 2023 sobre el accionar del matrimonio y otras personas que trabajaban en dicho centro de salud por el robo de medicamentos, leche y comportamientos indebidos. La justicia cordobesa archivó la causa. En esa misma sala, una mujer denunció hace un mes haber visto a un nene parecido a Loan. 

 Estos datos se suman al accionar del abogado José Codazzi, allegado al gobernador, y del senador provincial, Diego Pellegrini, quienes extorsionaron a Laudelina, la tía de Loan, para que declare que el niño había sido atropellado por Caillava y Perez; a la denuncia del padre del gobernador de Corrientes por abusos contra una joven; a la actuación del comisario Maciel con causas previas impunes por abuso sexual y aprietes, y la lista continúa. Claramente estamos en presencia una poderosa red criminal de trata en la que están involucrados integrantes del poder político, la justicia, la policía y que trasciende los límites provinciales. 

 Frente a este cuadro de profunda descomposición y de impunidad es fundamental el proceso de movilización que se ha desarrollado en Corrientes pero también en otras partes del país. Aquí en Tucumán familiares de víctimas de la impunidad y del gatillo fácil vienen realizando convocatorias que recogen el apoyo de los vecinos que circulan por el lugar. Este domingo 28/7 se realizarán acciones en varias provincias del país a partir de un llamado de la monja Martha Pelloni a una marcha federal por Loan y todos los niños desaparecidos. 

 La clave es sostener el proceso de movilización popular por la aparición con vida de Loan y para que caigan todos los responsables desde una perspectiva independiente del Estado y los partidos patronales involucrados o cómplices de las redes de trata. Hay que visibilizar también los casos impunes que se extienden a lo largo y ancho del país y desarrollar la organización y movilización de familiares de víctimas porque frente a la podredumbre estatal no se puede tener ninguna confianza. 

 Alejandra del Castillo 

 27/07/2024

Entrevista a Marcelo Ramal en "En Honor a la Verdad"

Acto contra los despidos / Reincorporación de todos los despedidos de la industria y el estado

Milei con Macron: la cumbre entre dos reaccionarios en crisis

El presidente argentino se reunió con el mandatario francés en París. 

 El presidente Javier Milei mantuvo este viernes por la mañana, en el palacio del Elíseo, una reunión con su par francés Emmanuel Macron. Si bien no se difundió información oficial sobre el encuentro, trascendió que los mandatarios intercambiaron, entre otras cosas, sobre defensa, la situación política y económica en Argentina y sobre el paralizado pacto Mercosur-UE; luego, Milei se reunió con algunos capitalistas galos. La cumbre estuvo protagonizada por dos defensores y promotores de la guerra imperialista, que afrontan crisis de características descomunales en sus propios países. Residentes argentinos recibieron al mandatario argentino pegando afiches que lo declaraban como “persona no grata” en varios puntos de París. 

 En el encuentro se trataron temas de bastante relevancia política. Milei le agradeció a Macron el apoyo de Francia a la Argentina en el directorio del FMI y el segundo hizo lo propio felicitando al déspota libertario por estar llevando adelante reformas estructurales reaccionarias contra la clase obrera argentina. El gobierno argentino busca implementar una reforma previsional más reaccionaria que la que impuso Macron en Francia durante 2023. En el tópico defensa, el cual se discute en todas partes porque el mundo está asistiendo a una Tercera Guerra, se abordó la posibilidad de que Francia cumpla un papel más importante en la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas. 

 Francia es el segundo proveedor armamentístico de Argentina; está por detrás de Estados Unidos. Sus empresas se quedaron en 2022 con el 23% del presupuesto que destina el Estado argentino a la adquisición de equipamiento militar. En mayo pasado, la Armada Argentina y la Marina Nacional de Francia llevaron adelante un ejercicio conjunto en el Mar Argentino. El gobierno de Milei viene estrechando los lazos militares que el país mantiene con potencias imperialistas de Occidente; esto se ha visto también con la instalación de militares norteamericanos en la Hidrovía del Paraná, y con el intento del elenco libertario de convertir a Argentina en socio de la Otan, un planteo que Macron acompañó en el encuentro.

 Milei banca a Macron por ser uno de los principales promotores de la guerra imperialista de la Otan. El gobierno galo ha llegado a plantear que la alianza debería considerar enviar soldados a Ucrania para terciar la balanza a su favor en la guerra que sostiene contra la Rusia de Putin. Su planteo en esa línea profundizó los choques en el seno de la Unión Europea. Dentro de Francia, la política guerrerista de Macron fue un factor determinante en su fuerte derrota en las elecciones, en las que finalmente ganó el Nuevo Frente Popular y la Milei francesa –Le Pen– mordió el polvo. 

Según la prensa, Macron le advirtió al mandatario argentino las dificultades que tuvieron algunas empresas francesas para operar en el país. Milei se reunió más tarde con Estelle Brachlianoff, directora general de la multinacional Veolia; Patrick Pouyanne, presidente de la petrolera Total; Xavier Niel, fundador y accionista principal de Illiad telecomunicaciones; Alexandre de Rothschild, presidente de la banca Rothschild and Co.; y Thomas Triolphe, vice del gigante farmacéutico Senofi. Se trata de empresas que hacen negocios en Argentina. Ante que compartir el optimismo del presidente argentino por la aprobación del Rigi –régimen de beneficios para los grandes capitalistas contenido en la aprobada Ley Bases– hicieron hincapié en que el levantamiento del cepo cambiario es una condición para cualquier plan de inversión. 

 Otro tópico que habrían abordado los mandatarios es el empantanado pacto Mercosur-UE. Macron, por caso, es quien había puesto reparos al acuerdo porque una reducción de aranceles a la importación de carne y lácteos sudamericanos iba a perjudicar a los granjeros franceses, que hoy son subsidiados por su Estado.

 La cumbre entre Milei y Macron fue una reunión entre dos presidentes reaccionarios y proimperialistas cercados en sus crisis.

 Nazareno Suozzi

Alice y Léonie

El viernes 9 de diciembre de 1977, poco después de las ocho de la mañana, Carlos García, un prisionero de la Esma que como muchos otros cumplía tareas para los marinos --dormía en Capucha pero no tenía los ojos vendados--, vio a una mujer tendida en un cajón al lado suyo. Estaba encapuchada y esposada de manos y pies. A través del tabique comenzaron a hablar.

 --Soy la hermana Alicia --fue lo primero que ella dijo. Era Alice Domon. Le contó que había sido secuestrada con otras personas en una iglesia, pero por el que preguntó especialmente fue por Gustavo, un chico rubio que integraba el grupo. Alice, que tenía un afecto especial por Alfredo Astiz, que se había infiltrado como Gustavo Niño, no sabía todavía que él las había entregado. 

 El 11 de diciembre, dos días después, otra prisionera, Graciela Daleo, que era obligada a hacer trabajo de oficina, antes de ser devuelta a Capucha debía lavar los platos que habían usado otros prisioneros en un pequeño comedor. Al entrar vio a una mujer encapuchada, sentada en un banco. Vio que era una persona mayor y que tenía los brazos llenos de moretones. La abrazó y le preguntó si podía hacer algo por ella, y la mujer le pidió un café. Pero entró un guardia para negárselo.

 --Hermana, ya le dije que no podía hablar con nadie --le dice a la encapuchada y hace salir a Daleo. Ella se fue de allí sabiendo que había una monja secuestrada. Era Leonie Duquet.

 Algunos datos nuevos sobre cómo fueron los martirios de las dos monjas francesas asesinadas en 1977 en la Argentina fueron conocidos hace apenas dos años, gracias a una tesis periodística que se convirtió en libro, Callar sería cobarde, de Frederic Santangelo, un escritor francés que realizó una investigación de largo aliento sobre sobre esas dos religiosas misioneras cuyos secuestros conmocionaron a Francia en 1977.

 En la Argentina, un año después del golpe, los diarios no publicaban nada sobre desapariciones. Pero a Francia la información llegó rápido porque se buscaban desesperadamente apoyos internacionales, y dar a conocer el régimen de terror que gobernaba a la Argentina. Frederic Santangelo tenía entonces ocho años, y a los nueve miró desde Francia el Mundial 78. Sin embargo, su investigación le permite afirmar que el 14 de diciembre “todos los diarios franceses hablaron del secuestro de las monjas. Notas largas y algunas de portada”. Inmediatamente, dijo en una entrevista al diario La Nación en 2022, cuando presentó su libro, el ejército se puso a presionar a la Armada para saber qué había pasado. La relación con Francia era un problema y hubo una fricción entre esas fuerzas. 

 El título del libro es una frase de Leonie Duquet, que había llegado a la Argentina en 1949, y enseguida se involucró en las Ligas Agrarias de Perugorría, Corrientes. Fueron diezmadas durante la dictadura. Cuando llegó el golpe, sabían que corrían peligro y se le ofreció el regreso a Francia. “Callar sería cobarde”, contestó. 

 No pertenecían al movimiento de sacerdotes tercermundistas, sino a la orden de las Misiones Extranjeras, que nació en 1931 en Toulouse. Al primer material de investigación que accedió Santangelo fue a las cartas que ambas habían enviado a sus familias durante los años que vivieron en la Argentina. Un material altamente sensible que lo comprometió con el objetivo de saber todo lo que se podía saber sobre ellas durante el último y atroz tramo de sus vidas.

 Algo conocido es la foto que les hicieron en la Esma para fraguar un secuestro de los Montoneros. Fue una operación que intentó deslindar al gobierno de facto de los secuestros que reclamaba Francia. Allí están las dos, juntas por primera vez desde el secuestro, poco antes de ser inyectadas con Pentotal y arrojadas al Río de la Plata. Al mismo río que devolvería sus cuerpos, junto a los de las Madres fundadoras, a fines de ese año, a las costas de Mar Chiquita. 

 Santangelo descubre algunos detalles increíbles en el backstage de esa foto, que fue tomada por un prisionero esclavizado, Marcelo Hernández. Antes de que se tomara la foto, el grupo de tareas que lideraba el Tigre Acosta le hizo escribir a Alice una carta a su familia, para que les dijera que estaba en poder de Montoneros. Ellos le dictaban en castellano y ella escribía en francés. Le hicieron escribir que para liberarla el gobierno debía liberar a 21 presos políticos. Una lectura con lupa a esa carta escrita en francés por una monja que había sido torturada con una picana en la vagina, y que fue capaz de escribir en francés lo que le dictaban, pero con sutilezas de una inteligencia desesperada. Dice Santangelo: 

 “Cuando leés la carta notás que ella da indicios de que las cosas no son como la obligan a decir. Dice: 'soy prisionera de un grupo disidente de Videla', no dice como le dictaron 'un grupo opositor a Videla'. Los opositores hubiesen sido los Montoneros. Los disidentes de Videla, en Francia ya se sabía que era la Armada”. En cuanto a los nombres de los presos políticos que debían ser liberados, no puso los que le deben haber dictado sino otros, que increíblemente no fueron revisados: Leonie puso los de sus compañeros de las Ligas Agrarias correntinas. 

 Sandra Russo 

27 de julio de 2024 - 00:01

Myriam Bregman: "Visitar genocidas les terminó saliendo mal."

Castillo: "Los empresarios del neumático quieren cambiar las condicines de trabajo y despedir."

SIDE: “Hay plata (y no debe rendir cuentas)”

El Gobierno aumentó de un plumazo el presupuesto de la SIDE en 100.000 millones de pesos -equivalentes a algo más de 100 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Además, estos fondos tendrán “carácter reservado”, es decir que se podrán usar discrecionalmente. Desde que Milei asumió la presidencia, los gastos reservados de la ahora SIDE se incrementaron en un 391 % ($3.194 millones). El presupuesto general del organismo también tuvo una suba exponencial (+136 %), totalizando $168.490 millones; tuvo un aumento promedio del 153 % desde enero pasado, a lo que ahora se suman estos 100.000 millones para su “fortalecimiento”. Los “gastos reservados” habrán pasado del 4 % al 75 % del presupuesto que maneja la Secretaría. La casa de los espías argentinos solamente debe rendir cuentas ante la comisión parlamentaria bicameral, que en este momento se encuentra acéfala. Su presidencia la disputan dos alas del oficialismo –el PRO de Patricia Bullrich y Santiago Caputo, que quiere poner al frente a un senador peronista por Entre Ríos. Caputo lleva las de ganar: designó al titular de la central de inteligencia -que pasó de la órbita de Jefatura de Gabinete a la Presidencia- y este, en la nueva estructura, sumó injerencia en las áreas de inteligencia militar y seguridad. La bicameral tiene la función primordial -así ha sido bajo todos los gobiernos- de blindar al oficialismo de turno. 

 Este “fortalecimiento” opaco de los servicios es un apresto represivo y político, preventivo si se quiere, en vistas de una gran crisis. Los "fondos reservados" servirán para aceitar el andamiaje de "la casta", como ocurrió siempre en el pasado (desde los sobresueldos y "gratificaciones" que Menem distribuía entre jueces, legisladores, funcionarios y periodistas, a las valijas del Senado durante la presidencia de De la Rúa, según Mario Pontaquarto) para asegurar la aprobación de la reforma laboral. En ese sentido, se dispondrán para apuntalar a un gobierno asediado por el fantasma del default, de un lado, y las presiones devaluatorias del otro. 

 Las provocaciones contra las manifestaciones y organizaciones populares se multiplicarán. Estamos ante un gobierno "liberticida": pretende prohibir la protesta callejera ("protocolo antipiquete") y el derecho a huelga y disolver a las organizaciones sociales, con asistencia del Poder Judicial. Caputo, según se encarga hoy de subrayar Clarín, es un “funcionario sin firma”, por lo tanto, al margen de los mecanismos "institucionales" de rendición de cuentas. El “asesor” sindicado como una figura clave del gobierno reviste como monotributista, a pesar de ostentar amplias facultades. Es el jefe de las "bandas digitales" paraoficiales que asolan las redes, hostigando a opositores y críticos. La red social de Elon Musk, X, acaba de cerrar una cuenta atribuida a Caputo, @snakedoclives, por publicar amenazas violentas contra periodistas y ex funcionarios. Los Milei son una camarilla protofascista que promueve el desarrollo de un movimiento de tales características, siguiendo los pasos de los Trump y los Bolsonaro.

 Jacyn 

 25/07/2024

Para el espionaje hay plata: Milei financia los “sótanos de la democracia”

El gobierno sumó 100 mil millones de pesos adicionales para la Side. 

 El gobierno nacional aumentó estrepitosamente los fondos destinados a la recientemente reestructurada Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) con la adjudicación de $100 mil millones (105 millones de dólares al tipo oficial) adicionales para “gastos reservados”: la caja negra de los sótanos de la democracia, utilizada para el espionaje y la manipulación interna.

 El presidente Javier Milei se asegura, de esta forma, recursos “discrecionales” en abundancia para desenvolver a fondo su política antiobrera y antipopular, profundizando métodos ya aplicados, como las “granjas de trolls libertarios” y el ensobramiento de periodistas y sectores influyentes, más el control de redes sociales e internet y el armado de carpetazos y aprietes en el medio político, y otros recursos (infiltración, espionajes, etc.) contra la población trabajadora. 

 El gobierno viene de reestructurar los servicios de inteligencia, remodelando la ex AFI para reestablecer el viejo modelo menemista –con algunos de sus viejos funcionarios adentro-, haciéndolos más versátiles a las necesidades de la ofensiva capitalista contra los trabajadores y a los intereses de la camarilla gobernante. 

 Los poco más de 100 millones de dólares actuales se suman a los 36 millones fijados por el presupuesto 2024, en lo que es una más que llamativa ampliación presupuestaria en medio de la campaña oficial de “no hay plata”. 

 Esto ha sido denunciado por varios sectores, como el caso del legislador porteño y dirigente del Partido Obrero y el FIT-U, Gabriel Solano, quien señaló que mientras el gobierno ajusta a los trabajadores y jubilados, por diversos medios, amplía los recursos para espiar a la población. 

 Los gastos reservados en los servicios de inteligencia han sido uno de los temas más polémicos, con antecedentes nefastos en el país: se ha acreditado que de esa caja salieron los 400 mil dólares pagados por la Side a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la Amia. Así como el pago de sobresueldos (el gobierno ya hizo escuela en esto) a periodistas y funcionarios. 

 Para mantener un control de esta caja discrecional y evitar operaciones en contra, el kirchnerismo redujo su influencia con la creación de la AFI en 2015 (diferenciando gastos operativos públicos de gastos reservados) –lo que no evitó otro tipo de espionaje oficial como el Proyecto X en manos de Gendarmería-, lo que luego fue revertido por el macrismo y más tarde restituido por Alberto Fernández. Ahora se estima que el 75% de los recursos de la nueva Side corresponden a esta caja negra con escaso control.

 El único organismo capaz de auditar el funcionamiento de los gastos reservados y las operaciones de la Side es la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) del Congreso de la Nación, que se conformaría por 2 radicales, 2 libertarios, 2 Pro, 6 Unión por la Patria y los ahora “oficialistas” Edgardo Kueider (peronista) y Edith Terenzi (UCR). 

 La rosca por el control de esta comisión tan sensible está dando lugar a una disputa entre la candidatura del oficialismo, en cabeza del peronista amigo Kueider -quien ya mostró su valía con el respaldo de la Ley Bases- y el candidato del Pro Martín Göerling, que sería secundado por Unión por la Patria. 

 La ampliación de fondos reservados para los servicios de inteligencia no responde a ningún interés de la población trabajadora, ni a la satisfacción de ninguna demanda en medio de un ajuste sin tregua. Sino que está orientada al respaldo operacional de dichas política antiobreras, para garantizar su ejecución y profundización. 

 Ni un peso para los servicios de inteligencia enemigos del pueblo trabajador. Por la disolución de la Side y las agencias locales del imperialismo. Que se destine el presupuesto a salud, educación, vivienda, obras públicas, trabajo y las necesidades populares. 

 Marcelo Mache

La fortuna de Caputo: nadie se hace rico laburando

El Messi de la fuga y la evasión fiscal. 

 La publicación del estado de las cuentas bancarias en dólares que tiene en el exterior el ministro de Economía, Luis Caputo, puso de manifiesto que el “Messi de las finanzas” hizo enormes negocios con sus empresas y la especulación financiera y que se enriqueció aprovechando su lugar de poder en la maquinaria estatal. Mientras esto ocurría, “Toto” decía que “la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”. 

 En 2016, Caputo declaró el equivalente a 124,3 millones de dólares. 7 años después y tras haber formado parte del elenco gubernamental macrista, multiplicó sus fortunas: declaró un patrimonio de 1.666 millones. Caputo cruzó a un periodista que divulgó los datos, diciendo que su plata la ganó “trabajando en el sector privado, rompiéndome el alma” y que “no hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información”. 

 Algunos pusieron en cuestión la cifra y plantearon que es posible que la declaración de patrimonio esté subestimada. Es que los negocios de la familia Caputo tienen grandes magnitudes. Además, Luis Caputo habría incurrido en chanchullos contables. Tiene el 0,0001% de su dinero declarado en depósitos en Argentina y el resto en el exterior; y posee tres cuentas corrientes en dólares que parecen trillizas (con montos muy similares), lo que muestra que dividió algo que no se sabe qué es en tres partes.

 Entre 2018 y 2023, Caputo salió de varias de sus participaciones en paquetes accionarios, aunque mantuvo algunas importantes. Por ejemplo, declaró acciones en Sacha Rupaska, una firma denunciada por desmontes ilegales en Santiago del Estero; en Palmeral Chico; en Anker Latinoamericana, una consultora que estuvo activa entre diciembre y enero de 2024 mientras fue ministro de Milei; en Ancora Investments LP, una sociedad que figura inscripta en Canadá como fondo de inversión y en la que Caputo tiene casi 100 millones de pesos cuyo destino se desconoce. 

 El ministro no declaró fondos que tiene en Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales que los capitalistas utilizan para fugar divisas y no pagar impuestos. Caputo aparece como “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista directo” de Noctua, una empresa con sedes en Estados Unidos que administra fondos de inversión en Caimán. Asimismo, tampoco declaró que es accionista de la sociedad Princess International Group, que opera en la misma guarida fiscal. 

 Habida cuenta esto, es muy probable que haya quedado mucho más dinero sin declarar. Caputo dice que se rompió el alma trabajando pero vive del trabajo ajeno. Además, parte de su fortuna la hizo invirtiendo en Lebacs –en su declaración jurada 2018 informó que tenía inversiones por 18.617.197–, letras que muchos capitalistas e inversores utilizaron para obtener una súper renta en pesos y luego volcarse al dólar –que se encontraba planchado gracias a los dólares que el FMI le otorgó a Macri y Caputo. El propio Milei dijo en su momento que “Caputo se fumó más de 15 mil millones de dólares irresponsablemente”.

 Caputo, como secretario de Finanzas de la era Macri, fue denunciado por meter mano en la Anses para sacarle 300 millones de pesos e invertirlos en el fondo de inversión de la empresa Axis, vinculada al ministro. “La maniobra fue para suscribir Lebacs, algo que la Anses podía hacer directamente con el Banco Central. Pero al hacerlo a través de Axis quedó el pago de honorarios en el medio. O sea, le hicieron pagar de más a la Anses para que las empresas vinculadas a Caputo hicieran un negocio” (El Destape, 22/7).

 La familia Caputo, además, tiene en sus manos el grupo multinacional Mirgor, que produce componentes electrónicos, móviles y exporta productos agrícolas y también está vinculado a Mauricio Macri. Se trata de una patronal que goza de un régimen impositivo de privilegios y de tipo proteccionista y que viene de despedir a decenas de trabajadores. 

 Como se ve, el ministro que hoy es un pilar fundamental de la aplicación del plan motosierra y licuadora del gobierno reaccionario de Milei cobró sus buenas comisiones por ser un representante político de la burguesía explotadora, fugadora y parásita de la Argentina –de la que él mismo es parte. Nunca fue juzgado por sus movidas corruptas, al igual que su nuevo compañero de gobierno, Federico Sturzenegger, uno de los organizadores del turbio megacanje que benefició a un puñado de bancos y por el cual fue procesado.

 Los trabajadores tenemos que rescatar a la Argentina de los Caputo y todos los capitalistas. 

 Nazareno Suozzi

Otro caso de pedofilia en las Fuerzas Armadas, una práctica recurrente en la institución

Facundo Candiotti, detenido por consumo de material pedófilo. 

Los milicos que Milei y Villarruel quieren reponer en las tareas de seguridad interior. Salió a la luz un nuevo caso que vincula a las Fuerzas Armadas con las redes de pedofilia. En Entre Ríos detuvieron a un exjefe de escuadrón del Ejército por tenencia de videos e imágenes de menores de 13 años en situación de abuso sexual. Parece ser una práctica extendida entre los uniformados que pone en evidencia a una institución completamente descompuesta. 

 Se trata de Juan Facundo Candiotti, exjefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada N°2 “Coronel Zelaya” de la ciudad de Gualeguaychú. El fiscal Federal Pedro Rebollo ordenó revisar su celular en el marco de una investigación por haber encubierto hechos de abuso sexual cometidos por un suboficial del cuartel contra al menos tres compañeras del regimiento. “Candiotti habría cometido falso testimonio, destruido alguna prueba, habría amenazado algún testigo que vino a declarar a la Fiscalía puntualmente, entre otras cuestiones” (Página 12, 24/7).

 Así fue como se encontraron con 249 videos y 69 imágenes con representaciones sexuales de niños, niñas y adolescentes descargados de la aplicación de Telegram. Actualmente se encuentra procesado con prisión preventiva en la ciudad entrerriana de Paraná, en una causa caratulada como “tenencia en su poder de representaciones (material fotográfico y videos) con contenido sexual explícito (pornográfico) en el que participan menores de dieciocho (18) años, previsto y reprimido por el art. 128 del Código Penal, debiendo aplicarse la escala establecida en su último párrafo por ser las víctimas, indudablemente, menores de trece (13) años”. 

 Además de estos hallazgos, lo sucedido expone que en ese escuadrón el Ejército opera un entramado de encubrimiento hacia la violencia sexual en la que también está implicada la Justicia de Entre Ríos, ya que una de las víctimas declaró que no había recibido respuestas frente a sus denuncias ni en el ámbito castrense ni en la Justicia local; por eso la causa pasó al fuero federal. 

 Anteriormente, pusimos de relieve los numerosos antecedentes en este tipo de delitos que pesan sobre la Armada Argentina, a propósito del contenido pedófilo hallado en el celular Carlos Pérez, capitán de navío retirado involucrado en la desaparición de Loan. Ahora bien, la producción, comercialización y consumo del abuso sexual contra las infancias en representaciones digitales no es exclusivo de la Marina sino que envuelve al conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 En el Ejército, previo al caso de Candiotti, podemos mencionar el del militar retirado Mario Alberto Peña, que en marzo de este año fue condenado en la ciudad de Salta por ser miembro activo de una red de explotación sexual contra menores. En noviembre de 2018, detuvieron a un soldado del Batallón de Ingenieros de Concepción del Uruguay (también provincia de Entre Ríos) por almacenar y distribuir material de mal llamada “pornografía infantil”. Como ocurre en la Armada, caen individuos aislados pero no se investiga la posibilidad de que haya redes de pedofilia orquestadas desde las cúpulas militares. 

 Sus lazos con los servicios de inteligencia y la impunidad que les confiere el Estado hacen de las Fuerzas Armadas un terreno fértil para que prolifere esta trama criminal. Además, los militares están educados en imprimir violencia sobre los cuerpos de la población para imponer su autoridad y en naturalizar las vejaciones que reciben de los altos mandos para luego reproducirlas sobre aquellos que no tienen armas con qué defenderse. 

 Finalmente, este sistema concibe al abuso sexual contra las infancias como una de sus principales herramientas de disciplinamiento social y a la trata de niños para ese fin como una fuente de acumulación. Por eso no debe extrañar que las fuerzas represivas, en tanto parte constitutiva y brazo armado del Estado capitalista, sean las primeras en perpetrar estas aberraciones. Expresan de forma más nítida la putrefacción del régimen social en su conjunto. 

 Milei y Villarruel buscan reponer políticamente a esta escoria para reforzar la represión sobre los trabajadores que salen a luchar contra sus políticas de hambre. Incluso, no disimulan que avalan hasta sus métodos más atroces; ese es el significado de la visita oficial a los genocidas de la dictadura, responsables de torturas, desapariciones, violaciones y robo de bebés. 

 Exigimos que se investigue fondo el entrelazamiento de las Fuerzas Armadas con el tráfico de menores. Una complicidad ineludible que el secuestro de Loan vino a poner de manifiesto. 

 Sofía Hart