Paradójicamente, el gobierno de Alberto Fernández observa con total impotencia dos fenómenos ansiosamente anhelados: la distribución de la vacuna contra el coronavirus y la suba de los precios internacionales de las materias primas.
En el primer caso, el relegamiento de Argentina en el reparto mundial se agrava a pasos acelerados al compás de los choques internacionales que se han abierto ante la confesión de las farmacéuticas de que no llegarán a producir la cantidad de dosis que se comprometieron por contrato con los distintos Estados. Se ha revelado el acaparamiento de las vacunas por parte de las potencias imperialistas que compiten entre sí (como muestra el conflicto entre la Unión Europea y AstraZeneca por la exportaciones al Reino Unido), pero también la monopolización por un puñado de laboratorios que se niegan a vender sus patentes para que puedan fabricarse vacunas en otras plantas y lo leonino de los contratos confidenciales firmados con los gobiernos. En conclusión, una vez más el capital se erige como un límite para el desarrollo de las fuerzas productivas en función de las necesidades sociales.
La frustración de las expectativas oficiales en torno a la llegada de dosis a nuestro país -cuando apenas lograron traer el 10% de lo anunciado- saca a relucir el fracaso sanitario de un gobierno empecinado en recortar el presupuesto a la salud y evitar cualquier restricción, o más bien se congracia con los reclamos patronales con una feroz ofensiva para imponer la vuelta a clases sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, como revelan los protocolos presentados en las distintas provincias. La única «prevención» que se ha registrado en estos días es la desastrosa política de aislamientos a punta de pistola del gobernador formoseño Gildo Insfrán, cuya repercusión nacional ameritó la puesta en escena de la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para desestimar las denuncias sobre los atropellos contra la población.
En este marco de fracaso sanitario se aprecia mejor también la propuesta kirchnerista de reforma del sistema de salud, cuyo objetivo es meter la mano en la caja de las obras sociales y disputar con la medicina privada para recaudar más fondos fiscales a costa de abarrotar el hospital público y recortar aún más las prestaciones. Si bien fue descartada de plano por Alberto Fernández, es cierto que la política del gobierno de seguir subsidiando a las prestadoras de salud replantea un problema de fondo: los incentivos que reclaman todos los sectores de la clase capitalista chocan a su turno con la necesidad de profundizar el ajuste fiscal para firmar un acuerdo con el Fondo.
Otra pelea se libra también en el terreno de la salud, en torno a la entrada en vigencia del aborto legal, cuya sanción conquistó la marea verde a fuerza de movilizar a millones en todo el país en los últimos años. Si ya la reglamentación vino con la concesión de dejar en manos de los gobernadores los procedimientos para su aplicación, cobró cuerpo la ofensiva clerical con el aval de una jueza chaqueña a una medida cautelar para bloquear su implementación. La batalla que se viene para garantizar que rija en todo el país la interrupción voluntaria del embarazo mostrará nuevamente la injerencia de la Iglesia en el Estado, y la justeza del reclamo por su separación.
Por el lado del alza en la cotización internacional de las commodities, es más ilustrativo aún de las contradicciones mortales de la política económica. Resulta que toda la estrategia oficial se reduce a recaudar divisas mediante la exportación agraria y así cumplir con el repago de la deuda externa al FMI y los bonistas. Pero este rumbo colonial se evidencia de movida como un mazazo contra las masas trabajadoras, porque reaviva el infierno de la inflación nada menos que sobre los alimentos.
El «hot sale» de la carne que anunció el presidente es apenas una oferta de descuentos de temporada de las grandes cadenas de supermercados luego de un año se subas promedio del 75%, y que en el mejor de los casos cubrirá el 3% de un consumo mensual ya en caída. La impotencia del gobierno para contener los precios de los alimentos, que explican buena parte de la deriva inflacionaria, se evidencia cuando ni siquiera comenzaron los tarifazos en los servicios públicos. El pretendido «desacople» entre los precios de materias primas clave (como el trigo para las molineras o el maíz para los ganaderos) no puede garantizarse improvisando subsidios a las patronales. Haría falta la apertura de los libros de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, como parte de un plan económico que apunte a un desarrollo nacional y a romper la subordinación al mercado mundial.
Digamos de paso que esta situación deja en ridículo también a las variantes más derechistas del espectro político nacional. El pretendido «antisistema» José Luis Espert formuló recientemente una receta para salir de la crisis que incluye una apertura indiscriminada al capital extranjero, lo cual se muestra ya como socialmente inviable. Por lo demás, parece no haber tomado nota de que los capitales se fugan, como parte de la crisis mundial y la guerra comercial. Por otro lado, poco puede reprochar a Alberto Fernández tras su viaje a Chile para limar asperezas con el represor Sebastián Piñera, en el marco de los acercamientos a los reaccionarios Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou, y como demostración de que las presiones del imperialismo yanqui no cambiarán de sustancia por el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca, ya que el demócrata señaló que fundará su política exterior en el propósito de devolverle a Estados Unidos su rol de liderazgo mundial como primera potencia capitalista y como gendarme mundial.
La profunda crisis política ha dado lugar al intento de evitar las Paso, como estrategia de los oficialismos para esquivar medir el humor social en pleno invierno que se avizora como pandémico y recesivo, y zanjar la disputa de aparatos por las listas utilizando los resortes del Estado. Juntos por el Cambio se rehúsa (y haría naufragar el proyecto en el Congreso, en Capital y la provincia de Buenos Aires), surcada por un cuadro de choques internos por el liderazgo y de sus dificultades para aglutinar al resto de la oposición.
El gobierno nacional tiene así muy poco de lo que jactarse. La prórroga del decreto antidespidos pero con cepo fue redactado a medida de los empresarios, así como ni siquiera dio publicidad a la promulgación tardía del pobre «aporte solidario», mientras anunciaba la eliminación del IFE. Sí ha dejado ver su preocupación ante las negociaciones las paritarias venideras, operando por un pacto social para alinear a la burocracia sindical en torno a aumentos salariales que no superen el 29% fijado como pauta en el Presupuesto 2021, cuando la inflación se pronostica en un 50%.
El contraste, como tantas veces, vino de las organizaciones piqueteras combativas, que montaron una jornada de lucha en 40 puntos del país, desde Ushuaia a la Quiaca, para reclamar la entrega de alimentos a los comedores populares y por trabajo genuino, entre otros puntos. Expresa un tendencia a la ruptura de la contención, como mostró también el fuerte paro de los trabajadores del neumático en Bridgestone contra despidos. Muestran cuál es la cancha en la que se va a definir el partido de la crisis: la lucha de clases.
Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera.
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