Las gestiones del gobierno nacional por alcanzar un acuerdo con el FMI no terminan de avanzar. Luego de que la gira presidencial por México tuviera este punto como prioritario, se confirmó que a mediados de marzo el ministro Martín Guzmán viajará a Washington a reunirse con funcionarios del organismo multilateral para intentar destrabar las negociaciones. Lo cierto es que, a pesar de la predisposición oficial, las cuentas no cierran y crecen las dudas acerca de la capacidad del gobierno de cumplir con sus promesas.
El apuro por sellar una reestructuración para la devolución de 45.000 millones de dólares tiene sus motivos. Las especulación acerca de que Alberto Fernández intentaría postergar la firma para después de las elecciones, de manera de contar con mayor margen fiscal para afrontar las legislativas, abren varios interrogantes.
No obstante los altos precios internacionales de la soja y las materias primas, las reservas del Banco Central continúan estancadas. De hecho, un retrato de la precariedad de la pax cambiaria -alcanzada tras la corrida de octubre pasado- es que el propio informe de política monetaria de la entidad que conduce Miguel Pesce planteó que para nutrir las expectativas de un crecimiento en la actividad económica debería suscribirse un acuerdo dentro del primer semestre. Una presión desde adentro. Es entendible, por otra parte, cuando para contener la brecha cambiaria se haya malvendiendo bonos, lo que equivale a endeudarse a tasas del 17%.
El punto que preocupa en particular es el pago de 2.300 millones de dólares al Club de París, que vence en mayo. El gobierno no tiene las divisas para hacerle frente, y un default complicaría toda la ingeniería del rescate de la deuda en la que se empeñó el gobierno desde el primer día de su mandato; pero cualquier renegociación requiere un arreglo previo con el Fondo. Esta situación es ilustrativa, o premonitoria, porque se trata de una deuda ya reestructurada en la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el entonces ministro Axel Kicillof firmó un cronograma leonino de repago con tasas al 9%.
A la presión se sumaron explícitamente los tenedores de los bonos canjeados el año pasado, enojados por el desplome sostenido de las cotizaciones de los títulos argentinos, cuando el riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos. Los aprietes llegaron incluso en la reunión con gerentes de multinacionales que mantuvo Guzmán en México, quienes reclamaron un pronto acuerdo con el FMI como condición para cualquier inversión. Los empresarios argentinos, por su parte, no dejan de señalar los altísimos costos de financiamiento para cancelar sus obligaciones. La acciones de las compañías nacionales volvieron a desplomarse hasta un 11% por la posibilidad de que se dilaten las conversaciones.
Lo que obstaculiza que las «constructivas» negociaciones arriben a buen puerto son las dudas que genera la política económica del gobierno nacional, es decir la capacidad de repago de lo pactado. Para evitar que se desencadene la latente corrida cambiaria, el Fondo exige un ajuste fiscal mayor al previsto. Guzmán dio señales de buena voluntad, pero la cuestión tarifaria sigue siendo un interrogante: si se aplican efectivamente los aumentos del 30% fijados tácitamente en el Presupuesto 2021, retroalimentarían una inflación ante la cual ya se ha visto impotente (en febrero será otra vez mayor al 3%). Es lo que sucede con los naftazos sucesivos que ya totalizan subas mayores al 11% en lo que va del año.
La inflación preocupa porque tensiona en un punto sensible como es el tipo de cambio. El ministro de Economía salió a reafirmar que el dólar subirá en todo el año apenas un 25%, pero anualizada la tendencia de enero y febrero da una devaluación del orden del 50%. La estrategia oficial ha sido recurrir a una política monetaria «ortodoxa», basada en dejar de cubrir el déficit con emisión de pesos y en su lugar tomar nueva deuda. Pero es otra bomba de tiempo, como revela que la colocación de más de 200.000 millones de pesos debió hacerse otra vez con títulos atados a la inflación. La «desindexación» que se impone sobre salarios y jubilaciones no corre para el capital financiero.
Ello refuerza la incertidumbre, porque acicatea el riesgo en caso de que la inflación siga el ritmo de estos dos primeros meses. Como compensación, Guzmán intentará sacar chapa en Estados Unidos de las buenas migas que está tejiendo con el mundo empresario, y presentar al gobierno como capaz de poner un techo a los aumentos paritarios. Otro botón de muestra es la reciente media sanción que obtuvo el Consenso Fiscal 2021 firmado con las provincias, que habilita a los gobernadores a aplicar impuestazos al bolsillo popular -especialmente en Ingresos Brutos, que se traslada a los consumidores. Pero las garantías que exige el FMI para acceder a un acuerdo de Facilidades Extendidas por 10 años son mayores.
La experiencia acumulada en programas de este tipo firmados durante los últimos años no deja margen de duda. Grecia se comprometió en 2012 a un ajuste drástico del gasto primario de 8 puntos del PBI, a fuerza de una confiscación jubilatoria y un cronograma de privatizaciones. El mismo año Portugal ejecutó «un ambicioso conjunto de reformas del mercado laboral para alinear los salarios con la productividad y reducir los costos laborales en un 15%» (en palabras del propio organismo), además de subas en el IVA y rebajas impositivas a los capitalistas. En 2015, Ucrania logró un acuerdo a base de un tarifazo en el gas para reducir subsidios, congelamiento de jubilaciones y privatización de la salud. He aquí las tan mencionadas «reformas estructurales» que el FMI exige como condición para la reestructuración. Guzmán ya abrió el paraguas, y comenzó a hablar de esquema para atar el salario a la productividad.
Las contradicciones de la política económica del gobierno argentino aumentan las exigencias por un programa rígido. Es por eso que Alberto Fernández apunta toda su política exterior a mendigar votos en el directorio del Fondo. Incluso si lograra tener éxito, se ahorraría los grandes desembolsos que le esperan para el resto del mandato pero luego quedaría una carga de 10.000 millones de dólares al año, que a los niveles actuales aparece como imposible de garantizar. En este cuadro, la simulación de que las negociaciones siguen encaminadas -a pesar de carecer de avances concretos- obedece a la intención de evitar que se esfume la pax cambiaria, que tan cara sale al gobierno.
Vale apuntar finalmente el fraude de los senadores kirchneristas, que reclamaron al Fondo una autoevaluación de los resultados desastrosos del megacrédito otorgado en 2018 al entonces gobierno de Mauricio Macri. Una investigación real revelaría que se consumieron esas divisas porque financiaron la fuga de capitales, dejando al país una hipoteca inafrontable. Pero el objetivo de los legisladores K es apenas intentar aflojar a los negociadores. Un planteo consecuente debería en cambio plantear una ruptura con el FMI y el repudio de la deuda externa fraudulenta. Por otro lado, debería implicar a su vez una investigación en nuestro propio país, para poner de manifiesto las maniobras de los capitalistas que fugan sus ganancias al exterior mientras la economía Argentina declina constantemente. Es un programa que solo puede enarbolar la clase obrera, para sacar al país del laberinto de la quiebra nacional.
Iván Hirsch
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