El escándalo por la vacunación VIP que derivó en la eyección de Ginés González García es un retrato de todo un régimen de atropellos contra la población, ya que la inyección de dosis a personeros del palo oficial de manera clandestina en el propio Ministerio de Salud revela un aspecto esencial: ni los propios funcionarios y sus allegados se comen el verso de que habrá vacunas para todos.
El propio Ginés venía de anunciar que para septiembre estarían inmunizados contra el coronavirus todos los argentinos, sin reparar en el fiasco con que arrancó este 2021 receptando apenas un cuarto de las dosis que había prometido para enero. Si en ello incide la especulación capitalista de un puñado de laboratorios con la producción de las vacunas y la carrera imperialista por abastecerse de ellas, es inocultable que el gobierno de Alberto Fernández apenas pudo garantizar la aplicación del 32% de las dosis que llegaron al país -menos de 11.000 por día. De ahí el tráfico de influencias en las altas esferas del Estado que sacó a la luz Horacio Verbitsky, al contar cómo accedió a vacunarse tras pegar un tubazo al ahora exministro.
Pero este escándalo estalla además cuando oficialismo y oposición han cerrado filas en una ofensiva furiosa para imponer a la docencia la vuelta a las aulas, a pesar de que ni siquiera empezaron a vacunarse, y no hay condiciones epidemiológicas, laborales ni edilicias para que no redunde en una nueva crisis sanitaria y por ende suspensiones.
Como denunció Romina Del Plá en su informe de apertura al XIII Congreso Nacional de Tribuna Docente, fue la comunidad educativa la que peleó para reclamar la entrega de dispositivos y que se brinde conectividad a estudiantes y docentes, es decir la que exigió las condiciones para una continuidad pedagógica en la virtualidad. Ahora quienes negaron esos recursos buscan imponer la presencialidad a como dé lugar, pero se topan con la resistencia de una docencia que se organiza en todo el país para que se garanticen las condiciones de un regreso seguro a las escuelas, como demostró el paro de Ademys en la Capital o la votación de un no inicio de cinco días por Aten en Neuquén, entre otros procesos en distintas provincias.
La preocupación del gobierno nacional y la oposición patronal -una motivación común graficada en la sintonía entre los ministros Nicolás Trotta y Soledad Acuña- no es por supuesto pedagógica sino económica: presionan por una apertura completa de las actividades sin restricciones por medidas sanitarias. Es un ataque a la población que de nuevo pone al desnudo la orientación capitalista de la gestión de la pandemia, cuya mayor expresión fue la negativa a meterse con los negocios de la medicina privada y los laboratorios, lo cual bloqueó cualquier avance en una centralización de todo el sistema sanitario para hacer frente a la situación. El clasismo que libró una lucha a brazo partido por la imposición de medidas de bioseguridad en los lugares de trabajo y hasta protocolos elaborados por los obreros (como en el Inti y en el neumático), es el que ahora motoriza la organización de la docencia contra esta presencialidad sin condiciones.
La crisis política que queda abierta con el despido de Ginés González García no se subsana fácilmente, porque se cuela en la interna general dentro de la coalición oficial. Estos choques se agudizan al calor del fracaso del rumbo gubernamental, que si es incontrastable en cuanto a cifras de contagios de Covid-19 y fallecimientos, también lo es en materia de carestía y empobrecimiento de las masas.
La difusión de los datos del Indec sobre la medición del costo de la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria mostraron no solo que los rubros donde más pronunciada es la inflación son los de consumo popular, sino la pauperización del conjunto de la clase obrera. La mayoría de los trabajadores en blanco no llega a los 56.458 pesos que marcan la línea de pobreza, mientras que la línea de indigencia en 23.722 pesos supera por bastante a la jubilación mínima que cobran millones de adultos mayores y al salario mínimo fijado por el Estado -que además es tomado como referencia por el sector informal y en negro.
En este cuadro, el Consejo Económico y Social no podía ser más que un taparrabos de una crisis rampante, en medio de un intento de presentar en sociedad un falso acuerdo de precios y salarios que imponga topes paritarios en línea con el 29% fijado como pauta por el ministro Martín Guzmán en el Presupuesto 2021, cuando la tendencia inflacionaria de los últimos meses supera (anualizada) hasta los pronósticos de las consultoras que la ubican en torno al 50%. Esto, cuando la «imputación» de la Secretaría de Comercio a diez grandes empresas alimenticias por desabastecimiento revela la impotencia oficial para combatir la especulación capitalista en toda la cadena de valor.
Este es el telón de fondo de la impresionante jornada piquetera que se desplegó el jueves 18 literalmente desde Ushuaia hasta La Quiaca, con epicentro en una marcha multitudinaria que partió desde el Puente Pueyrredón para arribar al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar trabajo genuino, aumentos en los programas sociales y alimentos para los comedores. El ascenso del movimiento que lidera el Frente de Lucha Piquetero -con un rol protagónico del Polo Obrero-, y se expresa además en la crisis del operativo de contención de numerosas organizaciones sociales, es indisociable de la pauperización a que condenan a las masas trabajadoras.
Es esta profunda crisis social lo que asoma también con las alarmantes cifras de femicidios en todo el país. La movilización que se gestó a lo largo y ancho de la Argentina tras la indignación popular que desató el crimen de Úrsula Bahillo -y en particular la responsabilidad directa de la policía y la Justicia, así como la posterior represión- puso en el banquillo de los acusado al propio Estado, lo cual golpea en la línea de flotación del discurso oficial de cooptación en torno a la creación de ministerios de las mujeres que quedan en evidencia como tapaderas de la responsabilidad estatal en este flagelo. Si faltaba otro indicio, terminó por confirmarse que el femicida de Ivana Módica en Córdoba fue su pareja, el militar de la Fuerza Aérea Javier Carlos Galván, quien también había sido denunciado previamente por parte de su futura víctima.
Como dijimos al inicio, el régimen de la vacunación VIP es una condena para las masas trabajadoras del país. Los sucesivos fracasos del gobierno de Alberto Fernández deberán abonar a la experiencia del movimiento obrero y los luchadores, para intervenir contra la tentativa de encorsetarlos tras un pacto social mientras negocian un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional.
Como muestran las combativas organizaciones piqueteras, las movilizaciones de las mujeres, y la deliberación y voluntad de lucha de la docencia, son los trabajadores quienes tendrán la última palabra. Buen domingo.
Iván Hirsch
editor de Prensa Obrera.
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