Los argumentos, remanidos, son que la IVE se contradice con la Constitución provincial, que reconoce la vida desde la concepción. Trotti responde a una presentación cautelar que firman seis personas, y el fallo es casi un intercambio de correspondencia entre fascistas amigos. La primera de las firmantes es la abogada Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino). Fasta es una “comunidad de sacerdotes y laicos” que tienen una universidad con sede en Mar del Plata. La UFASTA, desde los años 90, educa en varias provincias sobre la base de supercherías religiosas, el pensamiento anticientífico y la militancia contra los derechos de las mujeres y la disidencia sexual, entre otras aberraciones.
Otra de las impulsoras es la ex diputada radical Clelia Ávila, una evangélica referente del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. “En 2017, Ávila fue señalada como responsable de instigar el ataque que sufrieron participantes del 32 Encuentro Nacional de Mujeres” (Página/12, 29/1). Patotas clericales “las persiguieron como si fueran perro en las calles y las apalearon”, según dijo entonces la denuncia policial.
También firma el pedido la médica Gabriela Monzón, jefa de Consultorios Externos del Hospital de Alta Complejidad “Julio Perrando”. Gravísimo. La llave de la puerta de entrada a la demanda de IVE -los consultorios externos- la tiene ella.
Es el primer fallo con respuesta positiva de la ristra anunciada por las autoridades de la Iglesia Católica y Evangélica contra la legalización del aborto. Algunos constitucionalistas dicen que el argumento es falaz. En Salta, una presentación similar fue rechazada.
“El gobernador Capitanich tiene que salir públicamente a respaldar una ley que fue aprobada por el Congreso nacional y no puede ser detenida por una jueza", dijo la diputada provincial Tere Cubells, dirigente de la Campaña por el Aborto Legal de la provincia. Triste reacción. Capitanich es un militante provida, guarda silencio sepulcral desde la aprobación de la ley y en el frente con el que ganó la gobernación conviven en alegre coyunda una docena de agrupaciones y el Partido Pro Vida. Ni un gramo de confianza en él. Hay que torcerles el brazo.
La respuesta del movimiento de mujeres no puede basarse ni en argumentos leguleyos ni en la confianza a los mismos gobiernos que andan el bracete con el clero y los evangélicos.
Es necesario apoyar activamente a los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres. Hay que formar comisiones de mujeres en los lugares de trabajo, de estudio y barriadas que acompañen a quienes necesitan la IVE.
No se puede bregar por la separación de la Iglesia y el Estado sin denunciar a sus agentes enquistados en todas las esferas del poder político, la Justica, la Educación y el sistema de salud.
La autonomía política de las variantes religiosas y patronales es el único camino para garantizar este derecho.
Olga Cristóbal
29/01/2021
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