En los últimos días se puso de manifiesto la incapacidad del gobierno de contener la tendencia alcista de los precios. Mientras se lanzan medidas que no dan ningún tipo de respuesta al problema de la carestía de los alimentos, las denuncias en torno al programa de Precios Cuidados y Máximos empezaron a tomar revuelo. Primero llegó de la mano del Dipy, cantante y figura pública que expuso en sus redes sociales la falta de calidad de los productos, mostrando cortes de carne con enormes cantidades de grasa.
Pero también salió a la luz que 3 de cada 4 productos pertenecientes a esas listas de precios regulados tendrán un sello negro si se aprobara la Ley de Etiquetado que ya tiene media sanción del Senado. Esto significa que el 75% de los productos contienen un exceso de calorías, grasas, azúcares y/o sodio. El dato sale de un estudio del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) y de la cátedra de Economía de la carrera de Nutrición de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El alza en los alimentos y bebidas en el 2020, calculado en un 42,1%, da cuenta de que el recrudecimiento inflacionario de los últimos meses afecta principalmente a quienes tienen menores ingresos. También demuestra la impotencia del gobierno de contener los precios de los productos esenciales, que llevan a que aumente el empobrecimiento y empeoren las condiciones de vida de la clase obrera.
De esta manera, el acceso a la alimentación saludable es una de las cuestiones que parecen estar cada vez más lejos de la clase trabajadora. La inflación sobre los productos de primera necesidad lleva a que la mayoría de las familias solo acceda a los más baratos, que muchas veces son los que peor calidad nutricional poseen.
Así, vemos cómo la disminución en el consumo de algunos alimentos es ejemplificadora para toda una gama de productos de consumo popular. En el caso de la carne, donde se registró el consumo más bajo de los últimos 100 años producto del aumento promedio anual de su precio en casi un 75%.
Los propios programas del Estado llevan a que la alimentación de la población esté condenada a tener una repercusión nutricional negativa, porque no tocan los intereses ni de los agroexportadores, ni de las alimenticias ni de las grandes cadenas de supermercado, que para disminuir los costos recurren a maniobras que van desde cambios en las etiquetas hasta productos en pésimo estado.
Las respuesta que brindó en su cuenta de Twitter el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, muestra ese cinismo. Ante la viralización de las fotos que mostraban que los cortes de carne ofrecidos con descuento dejaban mucho que desear, el funcionario contestó que se “enojen con los supermercados”. El Estado es así no solo incapaz de contener la estampida de precios, sino siquiera la calidad de los productos que ofrecen los programas oficiales, todo mientras busca imponer acuerdos salariales muy por debajo de la inflación.
La exclusión de la clase trabajadora de la alimentación sana se profundiza cuando hablamos de cuantos acceden a una educación que contemple la nutrición como parte esencial de la salud o a un profesional nutricionista que pueda diseñar planes especiales para aquellos que así lo requieran. Ni hablar de la expulsión que significa para aquellas personas con enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes y que deben tener un consumo disminuido de sodio y de azúcares, y que ni siquiera son contemplados en los programas del Estado de Precios Cuidados.
Lucía Cope
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