Balance de la asamblea de Ademys

El viernes 18, tras las 72 horas de paro contra el retorno a las escuelas de CABA, se realizó una nueva asamblea virtual, con aproximadamente 280 participantes. En varias intervenciones se expresó la violencia patronal que está ejerciendo el gobierno porteño sobre el cuerpo docente: quite de las dispensas por hijos a cargo -lo que está llevando a muchos compañeros y compañeras a renunciar-, irregularidad de los actos públicos, docentes embarazadas, de grupos de riesgo o con familiares en esta condición a los que no se les da respuesta, precarización laboral en programas como el Plan Fines, salarios devorados por la inflación. Todo esto en el marco del regreso a las aulas de la docencia y el estudiantado a como dé lugar. 

 Posturas en la asamblea 

Todas las agrupaciones tuvimos un punto de encuentro en reivindicar el paro, independientemente de su adhesión, como un hecho político importante frente a la inacción de la burocracia de UTE-CTERA ante tamaño ataque. Sin embargo, el balance necesario sobre el que se asienta una orientación, una intervención y el método de trabajo dio lugar a una polémica entre todas las fuerzas allí presentes.

 Desde la Comisión directiva, en parte haciendo un balance negativo de la concurrencia a la asamblea (250 asistentes frente a los 500 de la del jueves 11 y baja adhesión a las medidas de fuerza) propusieron diferentes medidas para visibilizar el conflicto: la conformación de comités de seguridad e higiene, concentrar frente al Ministerio de Educación porteño en el marco de la mesa salarial y un nuevo paro el 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha nacional con diferentes seccionales opositoras de CTERA, incluidos los Suteba multicolores. Esas medidas de lucha, propuestas por la directiva del sindicato, se encuentran encorsetadas bajo el programa de “las 10 condiciones para un retorno seguro”, que no es más que la aceptación de la presencialidad, dejando atrás la consigna de “en pandemia no volvemos” agitada a fines del año pasado.

 En contraposición a lo planteado por la CD, sostuvimos la necesidad de profundizar el balance. Si bien es cierto que la burocracia, completamente integrada al estado, pavimentó el terreno “atando de pies y manos a la docencia” a la apertura de las escuelas fogoneada por el capital (nativo y extranjero), señalamos que debíamos ver los problemas en la orientación del sindicato durante el conflicto. Ademys, lanzó “las 10 condiciones seguras para el retorno seguro”, en el momento que la burocracia de UTE planteaba “necesitamos un retorno seguro”. Las distintas corrientes agrupadas en el FIT-U que forman parte de la directiva de Ademys, han planteado esa consigna como un “cambio de táctica”. Sin embargo, esto se trata del abandono de una estrategia. No hay retorno seguro posible en el marco de una pandemia, que está a las puertas de una segunda ola y sin vacunas, mientras las mismas son prenda de disputa entre los laboratorios, los estados y entre los políticos y sus amigos, que levantan sus propios vacunatorios a espaldas del pueblo trabajador, mientras éste es arrojado al matadero en fábricas y escuelas. Frente a este viraje, la docencia no encontró una perspectiva clara para organizarse de conjunto contra la presencialidad pandémica y volvió a las escuelas a tratar de garantizar que el gobierno mandara alcohol en gel o mascarillas sabiendo, inclusive, que eso no resuelve la cuestión de fondo, que es que la presencialidad es un pasaje seguro al contagio. 

 Ese cambio en la orientación fue desarrollado a pesar de las enormes reservas de lucha que tiene la docencia, que ha logrado ´pinchar´ las burbujas que se pretendieron implementar a fines del 2020 y ha acumulado una experiencia muy valiosa junto a las familias en la lucha contra el estado y el capital en el intento de hacernos volver a las escuelas, para que los trabajadores tengan dónde dejar a sus hijos y así garantizar la ´nueva normalidad´. 

 Por esta razón, desde Tribuna Docente (Tendencia) sostuvimos la necesidad de orientar nuestra actividad por el rechazo rotundo a la presencialidad en pandemia y sin vacuna, por la entrega de equipos y conectividad para el estudiantado y la docencia, de modo de garantizar una virtualidad para no enfermar. Algunas agrupaciones, como Docentes en Clase y la Corriente Conti-Santoro, así como un sector del activismo independiente, acordaron con este planteo general. Sin embargo, la conclusión que sacaron fue otra. Ambas agrupaciones mocionaron un paro de 48 horas como “medida de agitación” (sic), sin importar la adhesión que ésta tenga. Ninguno de los que hicieron este planteo pudo presentar un mandato de sus lugares de trabajo donde se exprese la voluntad de paro. La moción fue sostenida con todo tipo de argumentos, pero con un mismo problema metodológico: partir de la idea de que una acción impulsada por un sector atraerá a otros sectores. Es decir, una versión de “foquismo sindical”, que se expresa en la propuesta de realizar un paro sólo de agrupaciones sin discutir con los trabajadores y haberlos ganado al planteo. 

 En este sentido, entendemos que en esta etapa del conflicto (en la cual la mayor parte de la docencia ha retornado a la presencialidad) es de primer orden abrir un marco de deliberación en las escuelas y en los distritos, conformar cuerpos de delegados y comités de seguridad e higiene con poder de veto, en rechazo a la presencialidad criminal, ya que cada día que pasa redunda en más compañeros infectados. También debemos discutir la necesidad de un aumento de emergencia de nuestros salarios del 50% y la reapertura de la paritaria: por un salario básico igual al costo de la canasta familiar para un cargo de jornada simple y su equivalente en horas cátedras. 

 Darío Molinari y Ana Belinco 

 22/02/2021