El conflicto que derivó en el paro de tres horas de esta mañana se inició porque Metrovías, tras convocar a regresar al trabajo a compañeros con más de 60 años de edad, dando por terminada la licencia por población de riesgo de la que venían haciendo uso (por la edad), procedió a descontarle salarios a más de 30 trabajadores que rechazaron la vuelta forzosa.
El sindicato AGTSyP denuncia la gravedad de la situación, con seis compañeros fallecidos por Covid en el ámbito del subte, de los cuales tres eran mayores de 60 años, a lo que debe agregarse que el número es aún mayor si se cuenta a los encargados fuera de convenio. Con relación a la población laboral del subte, se trata de un promedio muy superior al nacional y al del AMBA.
La incorporación con fórceps y a como dé lugar de los trabajadores del transporte, es parte de la política criminal de apertura de la actividad económica impulsada por el gobierno nacional y el de la ciudad, sin importar que esto implique enviar a la población trabajadora al matadero.
La patronal busca ampararse en la ambigüedad del DNU nacional que determina que la licencia establecida para mayores de 60 no corre si se trata de un “servicio esencial”, cuando éste plantea, explícitamente, a renglón siguiente que se consideran esenciales a los trabajadores de salud. La patronal “interpreta” que esenciales son también los trabajadores del transporte, como establece el DNU que impuso el ASPO. El sindicato lo rechaza planteando que esta excepción que pone en riesgo a los mayores de 60 solo es aplicable en el ámbito de la salud. Al margen de las interpretaciones, por encima de cualquier DNU, está la vida del trabajador, que está enfrentando una política capitalista defendida por ambos gobiernos. Como dice el propio comunicado de la empresa, los convocados han sido sólo los del sector de tráfico (conductores), lo que pone de manifiesto que estamos ante una prueba piloto; si logran imponerlo en ese sector, luego avanzarán sobre el resto. Se trata de una política criminal por parte de la misma empresa y el mismo gobierno de la ciudad que contaminaron con asbesto el subte cuando compraron las formaciones con este material expresamente prohibido.
La patronal ya venía impulsando una campaña aperturista en consonancia con la política del os gobiernos nacional y porteño, planteando que había supuestas evidencias científicas de que el subte no era un ámbito de propagación -en contradicción con todas las recomendaciones de epidemiólogos y especialistas-, reclamando en comunicados que fueron levantados por varios medios, que se habilite el viaje de varios pasajeros por metro cuadrado, y, finalmente, en el ámbito laboral, presionando para ampliar turnos, romper burbujas de trabajo e incluso promoviendo retiros voluntarios de compañeros con licencias por riesgo.
La situación que atraviesan los trabajadores del subte es parte de la política criminal que esta sufriendo toda la clase obrera, empezando por el ámbito educativo, con miles de trabajadores a los que el gobierno nacional dispuso eliminarles las licencias por cuidado de hijo, y la forzada reapertura escolar que impulsa que niños, auxiliares de escuela y docentes terminen envueltos en un foco de contagios cuando hay un intenso rebrote de la pandemia, para garantizar la “normalización” económica. En ese contexto el transporte por supuesto también es una pieza clave.
Por ello la medida resuelta por el cuerpo de delegados de tráfico con la directiva de la AGTSyP debe ser apoyada por todos los trabajadores. Una política que debiera ser tomada por los sindicatos docentes, quedando planteada la necesidad de una respuesta coordinada.
Que viva el paro del subte y sus reclamos. Defensa de las licencias en todos los lugares de trabajo. Abajo la política criminal de los capitalistas. Organicémonos y coordinemos la lucha para defender la vida.
Pablo Viñas
03/02/2021
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