miércoles, 3 de julio de 2019

El acuerdo con el FMI después de Lagarde



La renuncia de la francesa Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional, en vistas a asumir la presidencia del Banco Central Europeo, captó la atención política y mediática de nuestro país. Es lógico, siendo que el préstamo otorgado al Estado argentino por 57.000 millones de dólares –el más grande en la historia del organismo multilateral- ha enfatizado el carácter colonial del país, cuya política económica es tutelada en forma directa desde Washington.
Todos los analistas y hasta los funcionarios de Macri asignan a Lagarde un rol clave en la renegociación de los términos del acuerdo stand by, cuando tan solo tres meses después de haberlo firmado el gobierno argentino aseguró que no lo podía cumplir. Fue en agosto de 2018, mientras la corrida que llevó el dólar de $24 a $40 era acompañada por las multitudinarias movilizaciones por el aborto legal y la rebelión universitaria. En ese momento, el directorio del Fondo habilitó una flexibilización de los términos del acuerdo que habían suscrito en mayo.
Ahora, la titularidad del organismo quedaría interinamente en manos del norteamericano David Lipton, a quien los medios asignan el mote de “duro” por haber sido el principal opositor a la habilitación de la venta de reservas del Banco Central argentino para contener la corrida cambiaria de abril de este año, que amenazaba llevarse puesto todo el andamiaje electoral de Macri para pelear la reelección. El economista yanqui habría sido taxativo en la defensa del artículo 6 de la carta orgánica del FMI, que explícitamente establece que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”.
Aunque los funcionarios macristas se apresuraron en asegurar que no se modificará en nada el acuerdo, la asunción del nuevo gerente general del FMI abrió especulaciones de cara a la reunión de directorio que en los próximos días deberá evaluar la situación de Argentina para proceder al último desembolso del préstamo, por unos 4.500 millones de dólares. Si bien la mayoría descuenta que la cuota será depositada, está por verse si no será una oportunidad para colocar nuevos reclamos del FMI sobre el gobierno argentino.
Es que la fuga de divisas para contener al dólar efectivamente preocupa al capital imperialista, porque compromete la posibilidad futura de devolver el préstamo. Alberto Fernández cuestionó esta habilitación para vender reservas ante la misión del Fondo que viajó hasta el país para entrevistarse con la oposición, y puso el acento en que el gobierno debe proceder a una nueva devaluación. Con este reclamo, Fernández apostaba a un doble juego: por un lado se congraciaba con los sectores de la clase capitalista que fogonean la depreciación del peso, mientras por el otro buscaba presionar para que sea Macri quien pague el costo político de otra devaluación.
El recambio en el directorio del organismo multilateral de crédito suma una cuota más de incertidumbre a la precariedad de los pactos coloniales que sostienen al régimen político y económico argentino, y que todas las variantes patronales plantean perpetuar. Otra corrida cambiaria podría enterrar definitivamente las chances de reelección, cuando más que nunca los analistas coinciden en que la suerte de Macri está estrechamente condicionada a la cotización de la moneda nacional. Sea como fuere, lo que se pone sobre la mesa es que toda renegociación de los vencimientos después de octubre (que plantean a coro Fernández, Lavagna y hasta sectores del gobierno) no sólo traerá aparejado el condicionamiento a imponer las reformas laboral, jubilatoria y tributaria, sino además una devaluación que seguirá golpeando sobre los salarios y las condiciones de vida de las masas.
Para romper con esta dependencia ante el FMI y terminar con esta sangría de las riquezas del país, el FIT – Unidad plantea repudiar la deuda externa usuraria y nacionalizar la banca y el comercio exterior, para que la riqueza nacional sea invertida en un plan de desarrollo dirigido por la clase obrera. En estos términos, es estratégica la lucha política por la conquista del voto de los trabajadores a un programa para que la crisis la paguen los capitalistas.

Iván Hirsch

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