En el mismo día en que quedaban a oscuras en plena tormenta más de 200.000 hogares de Capital y el Conurbano bonaerense, 71.000 en Mendoza y 21.000 en Bariloche, se difundía un informe de la consultora Econometría que registra que las boletas de gas y electricidad se llevan el 4,5% del ingreso promedio de los trabajadores privados registrados (es decir de quienes no están en negro). Sumado el resto de las tarifas de servicios públicos el costo escala al 26% del salario mínimo, según un estudio de la UNDAV.
Vaciamiento y superganancias
Es evidente que las causas de los cortes de luz no se reducen a los efectos del temporal y las nevadas, sino al cuadro deplorable de las concesionarias del servicio. Lo muestra que entre fines de junio y lo que va de julio proliferaron los piquetes de vecinos para reclamar la restitución del servicio en La Plata, Pilar, Berazategui, Ezeiza y Lomas de Zamora, solo reflejando el cuadro en la Provincia de Buenos Aires tras el apagón histórico del Día del Padre.
Esta precariedad del sistema de energía eléctrica sigue siendo adjudicada, por las empresas y hasta por el gobierno, al denominado atraso tarifario, es decir a que el precio de las boletas no cubriría los costos reales de generación y distribución, motivo por el cual no quedaría margen para la inversión. Se trata de un fraude de proporciones, siendo que el tarifazo eléctrico fue de 3624% desde 2016 según el Observatorio de Políticas de la UNDAV, que también publicó que las privatizadas gozaron de un boom en sus ganancias, las cuales crecieron de 2017 a 2018 un 674% en el caso de Edelap, un 437% en el de Edenor y un 175% en Edesur.
A estos tarifazos en la luz se suman los del resto de los servicios, que le siguieron el paso. Metrogas, en tres años y medio, implementó aumentos que superan el 2000%. Según un informe reciente de Ecolatina, el promedio de incrementos en el total de las tarifas asciende a un 550% durante el gobierno de Macri, mientras los salarios arañan un 200%. Es un esquema que premia a los vaciadores a costa de la confiscación a los ingresos de las familias trabajadoras, al punto que la demanda de energía eléctrica cayó un 8% en lo que va del año, según Clarín (22/7).
Los que se vienen
No obstante todo esto, hay en carpeta un nuevo shock en las tarifas para después de las elecciones. Es que para pilotear la campaña y montar una sanata acerca de la baja de la inflación a partir de junio, el gobierno pateó los aumentos para los meses siguientes, e incluso dispuso la llamada “tarifa plana” del gas -que establece un tarifazo que corre a partir de abril pero que se pagará recién en el verano.
En su último reporte, el FMI reclama que Argentina reduzca a la mitad el monto de los subsidios que el Estado transfiere a empresas de energía y de transporte, lo cual indudablemente será trasladado a los precios contra los usuarios. En el caso del transporte público, que promedia incrementos del 68% el último año, el Fondo reclama reducir a un quinto las compensaciones que reciben las empresas. Vuelve a asomar la exigencia de importantes lobistas del rubro que plantean llevar el boleto urbano de colectivos a 1 dólar en todo el país.
En la medida en que los Fernández aseguran que no romperán con la tutela del Fondo Monetario sobre la economía del país, preanuncian un compromiso en este rumbo de tarifazos permanentes. Esto porque, tras haber rescatado a las privatizadas menemistas a fuerza de subsidios multimillonarios –en 2015, el gobierno de CFK destinó tres veces más presupuesto en transferencias a las empresas de electricidad que a las universidades públicas-, es claro que buscarán preservar las superganancias que se embolsan los vaciadores. Kicillof ya desmintió cualquier intención en rescindir contratos, aún en el megacuestionado caso de Edelap (Perfil, 21/7). En ese sentido, independientemente del resultado electoral, el cronograma de tarifazos para los últimos meses del año y para el 2020 debe poner en alerta a los trabajadores.
Derrotemos el tarifazo
La bronca popular contra esta confiscación ha generado ya movilizaciones en todo el país, desde los mencionados piquetes contra los apagones, las marchas de las frazadas por los aumentos del gas, hasta las movilizaciones contra las subas del boleto, sobre todo estudiantiles. Es una respuesta elemental, siendo que tomando los datos del INDEC de abril, la comparación entre la inflación anual (55,8%) y la evolución de los salarios (37%) arroja una pérdida de un quinto del poder adquisitivo de los ingresos de los asalariados.
Para explotar esta bronca en pos de desarrollar una movilización popular para derrotar esta confiscación contra los trabajadores, es necesario luchar por involucrar a los sindicatos en esta pelea. Contra los vaciadores y sus socios estatales, organicemos la lucha por la anulación de los tarifazos y la apertura de los libros contables de las privatizadas, en dirección a la estatización sin pago y bajo control obrero para reorganizar todo el sistema de servicios públicos.
Iván Hirsch
No hay comentarios:
Publicar un comentario