Amado Boudou fue procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con su función a partir de la apropiación ilegal de Ciccone Calcográfica. También fueron procesados José María Núñez Carmona, Alejandro Vanderbroele, testaferros de Boudou, así como Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick y el ex asesor de la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Sorprendentemente no fue procesado Ricardo Echegaray, ex jefe directo de Resnick Brenner que armó la ingeniería financiera para levantar la quiebra millonaria de Ciccone Calcográfica, la imprenta más grande del país, algo que Echegaray no podía desconocer. La causa llega a mencionar a Aníbal Fernández, en ese entonces Jefe de Gabinete, y al Secretario de Presidencia Oscar Parrilli. Entrevistamos al diputado nacional Nicolás del Caño quien nos comentó sus opiniones sobre este tema.
¿Qué opinás de la causa que procesa al Vicepresidente Amado Boudou?
La causa demuestra la asociación entre empresarios y funcionarios políticos para hacer fabulosos negocios en desmedro del erario público y contra los intereses de las mayorías obreras y populares. Sencillo, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick ofrecieron a Boudou el 70% del paquete accionario de Ciccone a cambio de sus oficios para levantar la quiebra de la empresa, que tenía una deuda millonaria con el fisco, garantizando un negocio permanente con el Estado, al mejor estilo de la “patria contratista”. Resnick Brenner diseñó el plan de pagos para que pase a manos de The Old Fund, el fondo de inversión de Boudou. Para obtener el exclusivo monopolio de la impresión de billetes y bonos, Boudou bloqueó las licitaciones y créditos correspondientes al reequipamiento de nuevas máquinas de la Casa de la Moneda, desarticulando toda competencia, apropiándose de la empresa en 2011. Varios periodistas señalaron que el negociado comenzó a pergeñarse entre 2007 y 2008 tras un acuerdo entre los Ciccone y Néstor Kirchner.
¿Cuál es tu opinión sobre el Juicio Político?
Darío Giustozzi, jefe del bloque del Frente Renovador, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, Elisa Carrió del FA-UNEN y Patricia Bullrich de UNION-PRO, declararon en estos días a La Nación que “la oposición puede reunir a la comisión (para tratar el juicio político en el Congreso NdR) con un tercio de sus miembros. No importa si somos minoría y el oficialismo rechaza los pedidos de enjuiciamiento. La gente sabrá quién está de un lado y quiénes del otro”. El objetivo era claro, una campaña testimonial, sin consecuencias. Pero el oficialismo acaba de aceptar este 2 de julio en Cámara de Diputados tratar los pedidos de juicio político contra Boudou, y reunirían a dicha Comisión con el fin de rechazar el juicio ya que cuentan con mayoría. Todas maniobras, de un lado y de otro.
No se puede esperar justicia de la misma casta política que salvó a Menem, Duhalde y De la Rúa. Menem fue absuelto en las causas por el contrabando de armas y la voladura premeditada de la Fábrica Militar de Río Tercero, efectuada para tapar las pruebas. Duhalde, Aníbal Fernández y Felipe Solá siguen impunes tras los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán. De la Rúa fue sobreseído por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 así como por la causa Banelco, cuando por medio de coimas a legisladores de la UCR y el PJ votaron la Reforma Laboral antiobrera de 2001. Los que ahora impulsan una “CONADEP de la corrupción” promovieron las estafas del Megacanje y el Blindaje de 2001, incrementando la deuda externa en más de U$53.000 millones. Fíjense el caso del PRO: Macri está procesado por espionaje por las escuchas ilegales realizadas por Ciro James y el ex comisario Fino Palacios. Es un argumento que la oposición patronal esconde particularmente, como los del FA-UNEN, mientras en Córdoba avanzan los acuerdos entre el PRO y el radical Aguad.
Complicado por otros casos de corrupción y enriquecimiento ilícito como las “comisiones” cobradas por el canje de deuda 2010 y hasta la adquisición de 19 autos de alta gama, Boudou es el clásico ejemplo del político arribista de Puerto Madero, enriquecido groseramente como funcionario público, emulando la tradición de “pizza y champagne” menemista, del mismo modo que lo hacían los chetos del grupo Sushi del gobierno de De la Rúa. Boudou no es menos que toda esa camarilla que integra esa casta de políticos profesionales con ingresos por lo menos veinte veces superiores a los de un trabajador medio, cuando según el INDEC el 70% percibe menos de $6.000. Una casta de políticos profesionales al servicio de los intereses de los grandes empresarios. Con justa razón son enemigos de nuestra propuesta para que todos los legisladores y magistrados cobren un salario equivalente al de una maestra con diez años de antigüedad, y que todos los cargos sean revocables por sus electores.
¿Se tiene que ir Boudou?
Amparado en su jerarquía como Vicepresidente de la Nación, Boudou se mantuvo a salvo desde 2012 gracias a los oficios del Poder Ejecutivo, desembarazándose del procurador general Esteban Righi, varios jueces y otros seis representantes del Ministerio Público Fiscal. Obviamente su cargo fue determinante. Como mínimo, Boudou debería pedir una licencia para someterse a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano de a pie. Sin embargo, la Justicia deja mucho que desear: las cárceles están llenas de pobres mientras los poderosos y corruptos festejan. El juez Ariel Lijo fue designado por Néstor Kirchner y fue el primer magistrado que inició una causa penal trucha contra los trabajadores agrupados en ATE-INDEC que denunciaban la manipulación de los índices de precios, mantuvo cajoneada la causa por los asesinatos del Puente Pueyrredón y archivó la denuncia contra el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, integrante del Batallón 601 durante la dictadura. Lijo tiene un prontuario largo. Cualquier parecido con los jueces de “servilleta” de la época menemista no es casualidad. Este es el juez que reivindica la oposición patronal, conminándolo para que “trabaje tranquilo” apoyándose sobre esa corporación aristocrática y vitalicia de magistrados con ingresos por encima de los $100.000 mensuales que ni siquiera pagan impuesto a las ganancias, de vínculos orgánicos con terratenientes y banqueros. No estamos porque a Boudou lo juzgue la casta política ni que estos jueces similares a los de la “servilleta” sean los que decidan si es inocente o no. Promovemos que como mínimo sea juzgado por un juicio por jurados, modalidad prevista incluso en la reaccionaria Constitución Nacional que siempre estos políticos se negaron a implementar. De esta forma el veredicto sería decidido por ciudadanos comunes, elegidos por sorteo público, y, sobre todo, apelamos a la más amplia movilización popular para que Boudou vaya preso como cualquier hijo de vecino.
CLAVES
La causa demuestra la asociación entre empresarios y funcionarios políticos para hacer fabulosos negocios en desmedro del erario público y contra los intereses de las mayorías obreras y populares.
No se puede esperar justicia de la misma casta política que salvó a Menem, Duhalde y De la Rúa.
Boudou es el clásico ejemplo del político arribista de Puerto Madero, enriquecido groseramente como funcionario público, emulando la tradición de “pizza y champagne” menemista.
Como mínimo, Boudou debería pedir una licencia para someterse a la justicia ordinaria como cualquier ciudadano de a pie.
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