¿Matar a Perón? -mentir que algo queda.

Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CXLIX)

Al día siguiente de la conferencia de prensa en la que el Presidente se había confrontado duramente con nuestra compañera Ana Guzzetti, a la que le anuncio que le iniciaría una querella criminal por “difamar a las fuerzas del orden”, de la que dimos cuenta en nuestra nota anterior, decidimos llevar adelante una serie de acciones para garantizar la libertad de aquella y, al mismo tiempo, defender la sobrevivencia del diario.
Como, además, estábamos convencidos que más allá de las medidas legales que apuntarían a silenciar nuestra voz, estaban las operaciones ilegales de la Triple A acordamos duplicar la autodefensa, sobre todo por la noche, de las oficinas en las que funcionaba la redacción, en la calle Sarmiento, para lo cual el equipo de dirección y la Jefatura, nos turnaríamos en las guardias.
Al mismo tiempo que recibíamos adhesiones de diferentes organizaciones populares y de personalidades de todo el arco político, como así también de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, el personal, reunido en asamblea, expresó su solidaridad con Ana.
En todos los casos se repudiaba la conducta intolerante del titular del Ejecutivo que rebelaba, una vez más, su compromiso con el partido militar y su respaldo implícito al “Somaten” criollo; constituido por su iniciativa.
Para tener claro cuál era la posible decisión del Gobierno con respecto a los medios opositores le pedí una entrevista al Secretario de Prensa de la Presidencia Emilio Abras, a la que concurrí acompañado por el abogado del diario, Aldo Comotto.
En la misma, el funcionario nos aseguró que el “General” no tenía una animosidad especial con “El Mundo” ya que, según sus propias palabras, “hay que dejar que estos zurditos digan lo que quieran, ya que nuestro Movimiento está sólidamente respaldado por los sindicatos y en los mismos no lograrán generar ninguna fisura con su prédica”.
Salimos, sin estar muy convencidos, pero con la seguridad que por el momento no se dictaría decreto alguno de clausura y que debíamos persistir en nuestra política editorial; dándole cabida a las agrupaciones obreras de base y al sindicalismo clasista y de liberación.
Los compañeros del Frente Revolucionario Peronista protegieron a Ana para evitar que fuera detenida y la alojaron en la casa de nuestra querida compañera: Stella Caloni.
Aldo interpuso un habeas corpus preventivo para poder establecer en que Juzgado tramitaba la querella iniciada por el “Viejo”.
En esos días se produce en Córdoba un ataque directo al domicilio del vicegobernador Atilio Lopez.
Un grupo, no identificado, copa la guardia policial evidentemente con claros designios criminales pero, al ser repelido por los amigos del “Negro”, sus integrantes huyen sin lograr su objetivo.
La explicación de la Jefatura de Policía, que estaba enfrentada con el ejecutivo provincial y respondía a la fracción burguesa del peronismo, era que se trataba de delincuentes que “pretendían cambiar sus viejas armas por otras nuevas, como las que tienen las ‘fuerzas del orden’”.
No sólo que hay impunidad para los ataques de la reacción sino que, además, había un descomunal abuso de la credulidad pública.
Frente a este escenario, el Movimiento Sindical Combativo de la docta, formula una convocatoria a la unidad y a la movilización entendiendo que “sólo de esta forma y sin distinciones de ningún tipo, se podrán frenar y derrotar los planes de la derecha y abrir nuevas perspectivas para los derechos de la clase obrera y para un efectivo proceso de liberación”.
Al respecto Agustín Tosco, en la editorial que publicaba semanalmente en “El Mundo”, señalaba:
“Nosotros defendemos la institucionalidad y luchamos para que en este terreno se dé el contenido que marcó el pronunciamiento popular”.
“Esta no es una oposición de naturaleza global, porque estamos en el campo sindical, en todo caso corresponde más al campo político”.
“Es una oposición terminante a toda una serie de medidas que ha impuesto la derecha, que hegemoniza, que marca el rumbo en importantísimos problemas económicos, sociales y políticos que afectan a nuestro pueblo”.
Y concluía señalando “…denunciamos las medidas reaccionarias y convocamos a una gran movilización popular incluso a quienes, desde el interior del gobierno o desde afuera del mismo, estén por rescatar el contenido de ese pronunciamiento popular y avanzar hacia la Liberación”.
En ese contexto, de agravamiento de la represión estatal y para estatal y de fuerte reacción popular, los comisarios generales Luis Margaride y Alberto Villar, en conferencia de prensa, dan a conocer supuestas investigaciones realizadas por la Policía Federal y el Servicio de Informaciones del Estado, por las que se habría “descubierto” un plan para atentar y sesgar la vida del Presidente.
Serían sus “ejecutores”, Julio Troxler y Envar El Kadri. Luego, en un comunicado posterior, lo sumaron a Carlos Caride.
Al recibir la información, a través de un cable de Telam que ingresó en el teletipo, ratificamos nuestra idea que no había límite alguno en la necesidad de justificar el accionar represivo y que, siguiendo las enseñanzas del Ministro de Información de Hitler Josehh Goebbels, sabían que “de la mentira, siempre algo queda”.
Alicia Eguren, que había escuchado por radio la rueda de prensa de estos dos funcionarios policiales directamente vinculados a la Triple A, me llamó al diario y acordamos reunirnos en la Confitería “Ideal”, de la calle Suipacha, con Bernardo Alberte y Jorge Di Pasquale, una hora más tarde, para elaborar un plan para desbaratar la maniobra y proteger a nuestros queridos compañeros y amigos.
Resultaba absurda la imputación.
A Envar lo había conocido en un Congreso de la Juventud Peronista, a mi vuelta de Cuba en 1963 y, en largas conversaciones, luego que evitara una agresión física que intentaran contra mi persona dos personajes de la derecha del Movimiento, que he relatado en una nota anterior de esta saga, me expresó su absoluta lealtad a Perón.
Para él no sólo era el Lider del Movimiento sino que, además, era el máximo exponente de la Revolución en la Argentina y del “socialismo nacional”.
Con esa concepción había organizado la guerrilla de Taco Ralo, en la Provincia de Tucumán, que fuera detectada antes de empezar a operar y por la cual había estado en prisión hasta el 25 de mayo de 1973.
Por su parte con Julio compartí la cárcel en 1970. Su relato de como sobrevivió del ilegal fusilamiento en el basural de José León Suarez en Junio de 1956 y su postura de absoluto acatamiento a las “órdenes” que llegaban de Puerta de Hierro, ratificaban la falsedad de la acusación.
En cuánto a Carlos lo conocía menos pero admiraba su coraje y la forma como había enfrentado a la represión, en innumerables ocasiones, desde que fundara la Juventud Peronista con Gustavo Rearte, Felipe Vallesse y Jorge Rulli; entre otros…
En la reunión, decidimos confiarle a Alfredo Carballeda, la misión de ubicar en un lugar seguro a nuestros compañeros, para evitar que fueran asesinados por la represión.
Por su lado Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña interpusieron sendos habeas corpus preventivos y este último, junto con Miguel Zavala Rodriguez, elaboró un pedido de informes y el urgente tratamiento del mismo, en la Cámara de Diputados de la Nación.
En la misma dirección y, en el Senado, Hipólito Solari Yrigoyen, que se recuperaba del brutal atentado perpetrado por la Triple A, instruyó a sus colaboradores para que plantearan en el bloque radical la idea que este impulsara la convocatoria al Ministro del Interior Benito Llambi. para que compareciera en el recinto e informara cuál era el origen de este supuesto complot.
En la tapa del diario, del día siguiente, en ambas ediciones, publicamos declaraciones de los compañeros falsamente imputados y su trayectoria política, al mismo tiempo que enviamos a varios periodistas a entrevistar a diferentes funcionarios del gobierno obteniendo informaciones que demostraban que la imputación era absolutamente fantasiosa y que se trataba de una operación de los “servicios” que apuntaba a justificar el accionar represivo.
El Ministro del Interior, en un comunicado difundido en los medios y en su comparendo en el Congreso Nacional, le quitó verosimilitud a la denuncia; restándole importancia.
Por su lado, los oficios del Juez que entendía en los Habeas, fueron respondidos, vagamente, por los organismos de seguridad del Estado, incluso el SIDE manifestó, que no había intervenido en la supuesta investigación; como lo mencionaran en el comparendo ante la prensa Margaride y Villar.
Al mismo tiempo que centenares de personalidades políticas se solidarizaban con los injustamente acusados, entre ellos los gobernadores de Salta, Mendoza, Santa Cruz y Córdoba, e históricos luchadores del Movimiento como Andrés Framini y Armando Cabo, la maniobra se fue desbaratando, hasta que, finalmente, perdió toda actualidad, reconociéndose, desde la Casa Rosada, que se había “actuado con suposiciones” no fundadas en la realidad.
No sé cuántos días habían pasado desde aquella infausta conferencia de prensa pero habíamos logrado desenmascarar la mentira.
Pero como diría Goebbels “siempre algo queda”.
El paso siguiente del oficialismo, en la guerra declarada a la “subversión” y a los “infiltrados marxistas” estaba dirigido a desplazar a los gobernadores y uno de los primeros objetivos era la dupla que gobernaba la provincia de la Reforma Universitaria y del “Cordobazo”.
¿De qué forma respondía el movimiento sindical de base estos ataques? ¿Cómo se preparó el golpe policial denominado “el Navarrazo” que tuvo el respaldo del “General”? ¿Cuál era el universo de los medios de prensa combativos? Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota.

Manuel Justo Gaggero. Ex Director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.