Los K han sufrido una derrota política con la restitución del fiscal Campagnoli. La anulación del juicio por “mal desempeño”, dispuesta por el Tribunal de Enjuiciamiento, ha sido ‘compensada’ por la sustanciación de uno nuevo, de modo que ‘la batalla’ no ha terminado.
Campagnoli había sido suspendido en diciembre, acusado por la procuradora Gils Carbó de haber desviado una causa contra el financista Elaskar, quien reconoció haber participado en operaciones de lavado del dinero del empresario K Lázaro Báez. El “mal desempeño” atribuido al fiscal jamás pudo ser probado. Campagnoli pudo probar, en su breve investigación, que una empresa denominada Helvetic Service Group había entrado al país 65 millones de dólares a través de la compra de bonos de la deuda externa argentina, depositados en su momento en las cuentas de Austral Construcciones, empresa insignia de Lázaro Báez y mayor proveedor de obra pública en Santa Cruz. Quedó en evidencia un circuito de lavado de dinero con múltiples ramificaciones. Según datos aportados por el propio Elaskar fueron constituidas entre cuarenta y cincuenta sociedades para realizar este tipo de transacciones.
Toda esta ingeniería financiera, armada a instancias de Báez, involucraría en forma directa al ex presidente fallecido y a la propia CFK, socios virtuales del “empresario exitoso” en infinidad de emprendimientos y propiedades.
Para bloquear esta causa, el gobierno llegó al punto de requerir la colaboración internacional a Twitter, para individualizar al grupo de personas que apoyaba a Campagnoli a través de la red.
El vuelco
El cachetazo al gobierno por el caso Campagnoli se produjo en paralelo a un aluvión de causas en su contra. La revelación de que el ex secretario privado de Néstor Kirchner habría encargado la creación de una empresa de aviones privados para trasladar bolsos con dinero a Santa Cruz (2008) reactivó una causa judicial ya iniciada; la denuncia de una empresa vinculada al gobierno que exportó arroz y maíz a Venezuela con sobreprecios del orden del 80 por ciento, abrió otra; le siguió el procesamiento dictado por Servini de Cubría contra un director de Enarsa y ex de Sedronar (2004/2011), hombre del riñón K, y otros por el ingreso de efedrina con destino al narcotráfico mientras avanza la causa contra Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito.
La función política del acoso
La oposición azuza las causas judiciales como parte de un programa político: levantar el cepo cambiario, arreglar como sea con los buitres, promover una nueva devaluación e imponer un aumento de tarifas. Forma parte de esta agenda el empleo de la recesión como arma contra los trabajadores y la represión a los conflictos obreros y a su organización independiente.
Cuando más llueven causas contra los K, más se aprieta la soga que tiene en sus manos el capital internacional para imponer sus designios.
Christian Rath
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