Deuda argentina: la continuidad neoliberal

Argentina cayó en cesación de pagos (default) en diciembre de 2001, y conmocionó al mundo con su crisis. Tras más de una década de negociaciones, el gobierno kirchnerista se ufanaba de logros históricos con su política de “desendeudamiento” mediante la extraña estrategia de hacer del país un “pagador serial”. El pasado mes quedó firme el fallo a favor de los “fondos buitres”, obligando a negociar en condiciones de marcada desventaja, quedando al borde de un nuevo default. Creemos que la ausencia de una revisión integral de la deuda es lo que explica su permanencia como problema irresuelto, lo que deja enseñanzas para varios países de la Europa actual. Explicamos brevemente aquí el derrotero de la deuda del país austral.
En junio pasado, quedó firme el fallo contrario a la Argentina del juez norteamericano Thomas Griesa, que obliga al país a negociar y pagar con fondos dedicados a especular con la deuda (“buitres”). El principal error del argumento oficial está en adjudicar todo el problema a una arbitraria decisión de un juez foráneo. Aunque ciertamente su decisión es cuestionable, asumir que resolvería en relación a una cierta racionalidad sistémica que protegiera el futuro de todas las renegociaciones es simplemente desconocer las normas más básicas de funcionamiento del capitalismo: Griesa, igual que Obama, están pendientes de que el capital financiero imperialista que representan cobre su cuota, no de que el futuro de la humanidad tenga lógica.
En este sentido, el oficialismo pretende desconocer una tendencia de continuidad que contribuye a desembocar en esta situación. Se trata de la estrategia de negociación oficial establecida desde el gobierno de Duhalde y continuado por el matrimonio Kirchner-Fernández: pagar hasta donde se pueda. El gobierno se ha encargado de difundir la idea de que esto sería asegurar la soberanía nacional, extraño argumento defendido desde todas las trincheras del oficialismo. La idea de hacer a los acreedores “socios del crecimiento”, suponiendo que así todos ganaban representa la ilusión de límites a la voracidad del capital. Mientras los fondos alcanzaban, no fue notable la magnitud del ajuste real que ocurría. Pero ahora los fondos escasean.
Tal como la propia presidenta se ufanó, Argentina se tornó en una “pagadora serial”, a la que cualquier demanda merecía honra. Así, desde 200, la deuda pública se pagó completa y un 25% más, y aún así, ésta creció en más de un 50% según la última estimación oficial. Esto no sació la sed de los especuladores, que ahora reclaman nuevos pagos. A cambio, el país prácticamente no recibió fondos, lo que constituye una posición absurda. ¿Cómo se llegó aquí, si la política oficial era de “desendeudamiento”?

Pequeña historia de la deuda argentina

El crecimiento exponencial del endeudamiento externo es una de las directrices básicas de la etapa que conocemos como neoliberal, abierta en Argentina con la última dictadura (1976-1983). A pesar de las diferencias entre los proyectos económicos de esa dictadura, el alfonsinismo (1983-1989) y la Convertibilidad (1991-2001), la trayectoria de endeudamiento marca una de las continuidades básicas de más peso. La deuda aparece como formato específico de sujeción: un Estado que debe, está bajo la presión de los acreedores. Al reducir las fuentes de impuestos, por la desgravación casi total del comercio externo y la exención tributaria de múltiples sectores del capital, el mecanismo de endeudamiento se promovió como fuente de alternativa de recursos de capital: para ello se quitaron las trabas a la movilidad de capitales.
La deuda ha crecido desde entonces de modo constante: y eso no ha cambiado con el esquema de políticas del kirchnerismo. Las renegociaciones no son una novedad: la dictadura se fue en medio de un default, que Alfonsín negoció hasta 1984, para volver a caer en él pocos años más tarde. Menem negoció este default en el marco del plan Brady, que fue el marco de acuerdos para completar las reformas estructurales. La dinámica explosiva de la deuda llevó a numerosas renegociaciones en los últimos años de la Convertibilidad. En cada caso, a pesar de eventuales logros (incluyendo quitas y rebajas en las tasas de interés), lo que prevaleció fue la continuidad de la lógica de endeudamiento: se pueden negociar montos mientras no se discuta la relación de subordinación.
En ese contexto, el gobierno de De la Rúa (1999-2001) completa 3 negociaciones de la deuda pública. En diciembre de 2000 se cierra el Blindaje financiero, que comprometió fondos de organismos y de los países del Club de París (España entre ellos). En junio de 2001 llegaría el Megacanje, una operación que roza lo faccioso, pues los mismos tenedores de bonos operaron como colocadores, y la deuda canjeada creció unos US$ 40.000 millones (García, 2001). En noviembre de ese año se realiza el canje de deuda en manos de tenedores locales a cambio de bonos garantizados por la recaudación fiscal: ¡el ministro de economía Cavallo había hipotecado hasta lo que aún no existía, los impuestos por venir! Cerrado este canje, el FMI niega su aprobación y el país se queda sin acceso a fondos externos. Es en ese momento cuando una fracción de la gran burguesía (el Grupo Productivo) demanda públicamente cesar los pagos de deuda para renegociar. Así, la declaración del presidente por una semana Rodríguez Saá no fue más que blanquear un hecho ya acontecido, y bajo los términos de la gran burguesía. Nada de soberano ahí.
Todos estos canjes están investigados en la justicia por sus flagrantes irregularidades (Olmos Gaona, 2011). Los ilícitos cometidos para sostener esta lógica no han sido pocos, según muestra la información reunida por el periodista Alejandro Olmos (padre). Con base en estas pruebas es que el juez federal Ballesteros falló en el año 2000 sobre el carácter ilegal, usurero e ilegítimo del proceso de endeudamiento, y envió al Congreso el fallo para que éste se ocupara. Nada ha ocurrido desde entonces: el Congreso omitió toda acción al respecto, a pesar de estar constitucionalmente el poder responsable de decidir en materia de deuda. En el año 2003 la Central de Trabajadores de Argentina organizó una consulta popular, donde el 88% de los más de 2 millones de votos se expresó contra el pago de la deuda. Estos contundentes resultados se le alcanzaron al entonces presidente Kirchner, quien prefirió negociar los montos a pagar.

Canjes kirchneristas

El presidente Eduardo Duhalde (2002-2003) comenzó de inmediato a gestionar la renegociación de la deuda en default, sin dejar de pagar a los organismos internacionales. Ésta fue la misma estrategia seguida por Néstor Kirchner (2003-2007): pagar a los organismos y a la deuda canjeada antes del default. El problema era negociar con los acreedores restantes.
La oferta a los bonistas llegaría en Dubai en 2004, incluyendo la famosa quita. Tras una negociación de cerca de un año, el canje sería completado casi sin modificaciones. La reducción del valor de la prima de riesgo de los bonos de otros países periféricos como Brasil y de la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano hicieron más atractiva la propuesta argentina. Fueron clave para el éxito del mismo el ingreso de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (que tenían un quinto de los bonos elegibles) y la aprobación de la llamada “ley cerrojo” (n° 26.017), que impedía la reapertura del canje: quienes no entraran en esta oferta, se quedarían con papeles sin valor. Se redujo la cantidad de bonos involucrados (de 152 a 3), el número de monedas y jurisdicciones, facilitando la gestión posterior de la deuda. Algunos bonos fueron emitidos en pesos y ajustables por inflación, además de prometer un rendimiento atado al crecimiento del PBI: hacer a los acreedores “socios del crecimiento” de la Argentina fue la intención (Damill, Frenkel, y Rapetti, 2005; Datz, 2009; Macías Vázquez, 2008).
Se ha buscado mostrar esta negociación como un épico enfrentamiento al capital especulativo. Según el gobierno ha difundido, la quita habría sido del 75%, pero estimaciones más precisas (usando cifras oficiales), que contabilizan la capitalización de los intereses caídos hasta el momento del canje, señalan una quita era de un 60% respecto del monto involucrado, y de un 35% respecto de la deuda total (Vázquez Valencia y Cantamutto, 2013). Si además se toman en cuenta los valores actualizados del rendimiento del premio atado al PBI y las promesas de pagos de nuevos intereses, la quita resulta nula (Cafiero y Llorens, 2004; Lo Vuolo y Seppi, 2008). Si, como el ministro de economía Lavagna dijera “que hablen los mercados”, podemos decir que “el mercado” avaló el canje, dado el elevado porcentaje de aceptación (76%).
Debe aclararse que tanto el FMI como el gobierno de Bush fueron fervientes defensores de este canje, porque: 1) volvía a cerrar las puertas a una auditoría; 2) no cambiaba la jurisdicción de aplicación; 3) prometía grandes rendimientos; y 4) emulaba el formato de acción de una convocatoria de acreedores privada. Tres cuartas partes de los bonos entraron al canje: el mercado claramente encontró tentador el negocio que Argentina ofreció. En cambio, Kirchner omitió completamente que dos millones de personas votaron en consulta popular no pagar la deuda e investigarla: en lugar de revisar los fundamentos de una deuda que se encuentra repleta de vicios legales (incluyendo falta de registros y atribuciones no constitucionales de los involucrados, entre otras), se dedicó a prometer pagos hasta el límite de lo que fuera posible pagar. De esto se trató la gran innovación: no prometer pagar más de lo que se podía pagar. Y esto es exactamente lo que han hecho desde entonces. De esta forma, volverían a crecer los pagos de intereses y capital de la deuda, tal como ocurría en los noventa. Sin embargo, los fondos no ingresaron a Argentina, que se volvía así un pagador en regla sin recibir ningún beneficio.
El gobierno enunció su política como de desendeudamiento (decretos 49/05 y 1601/05) y avanzó en la lógica de pagos. A través del decreto 1599/05 se propone el uso de las “reservas de libre disponibilidad” para realizar pagos anticipados a los organismos multilaterales. Se entendería por este tipo de reservas aquellas que exceden las necesarias para garantizar el 100% de la base monetaria. Utilizando esta definición, cerca de US$ 10.000 millones de reservas resultaban de libre disponibilidad a fines de 2005: una cifra que permitía cancelar justamente los US$ 9.810 millones adeudados al FMI. En enero de 2006 se realiza el pago (decretos 49/05 y 1601/05), como parte de este brío de normalizar los pagos de deuda, lo que supuestamente ganaba libertad de decisión para el país: “Concretamos, con esta medida, nuestra estrategia de reducción de deuda, a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando, además, grados de libertad para la decisión nacional” (discurso Néstor Kirchner, 5 de diciembre de 2005).
Gran parte de los bonos que no entraron al canje, supuestamente ya perimidos, fueron comprados por tres de los más grandes bancos del mundo (Barclays, Citigroup y Deutsche Bank) a cerca del 20% de su valor nominal. En 2008, estos bancos acercarían a la presidenta Cristina Fernández (2007-2015) una propuesta de reapertura de canje bajo la promesa de fondos frescos. La presidenta, entusiasmada, anunció esta intención y la de pagar al Club de París. Mientras que esta última promesa demoraría hasta 2014 para arreglarse, por desacuerdos en los montos, la primera lo haría más rápidamente: en abril de 2010 el Congreso se desdice derogando la ley cerrojo, y permitiendo el ingreso de esos grandes bancos. Haber mantenido esta ley y haber definido un cambio de jurisdicción en los bonos válidos, hubiera evitado parte de los problemas actuales. No se trató de un nuevo canje, sino de la reapertura del antiguo canje de 2005, bajo condiciones semejantes, que permitieron a los acreedores litigiosos obtener los mismos derechos que aquellos que ingresaron al canje en el momento original: sin tomar el riesgo, aceptaron una propuesta vieja, y obtuvieron pagos en efectivo. No hubo pequeños bonistas aquí: fue un negocio a la medida de grandes especuladores. Una vez realizada la segunda parte del canje, quedó normalizada el 93% de la deuda defaulteada. El gobierno mostró que estaba dispuesto a cambiar su propia legislación a pedido de los grandes especuladores.

La nueva coyuntura

El año 2014 inició como un año de sistemática regresión social en las políticas del gobierno argentino. En el ámbito interno, se inició con un aumento de tarifas de servicios públicos, una fuerte devaluación que intensificó la inflación, y la presión por cerrar negociaciones paritarias por debajo del aumento de precios. Estas medidas se complementaron por una sumisión abierta por todas las vías al capital extranjero (Katz, 2014). Ante la perspectiva de nuevos pagos por venir, el gobierno se lanzó a una batalla sin cuartel… por prometer nuevos pagos.
Consecuente con su “pagar hasta donde se pueda”, este año abrió con la compensación de US$ 5.300 millones a REPSOL por vaciar las reservas de petróleo del país. Se trataba de la continuidad del arreglo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, prometiendo pagos por US$ 500 millones a las empresas trasnacionales que allí denunciaron al país. Tras más de una década de litigios, un conjunto de empresas extranjeras logró que el gobierno acepte cumplir la sentencia de pago del CIADI. Este órgano se encarga de resolver conflictos legales internacionales ligados a inversiones, y su trayectoria ha sido de claro favor a las trasnacionales. Por esta razón, Bolivia, Ecuador y Venezuela decidieron retirarse del mismo, bajo una reivindicación de soberanía nacional. El camino elegido por Argentina no ha sido el mismo: además de permanecer bajo la órbita del órgano, acepta sus fallos como extorsión para acceder a nuevas líneas de crédito. El gobierno aceptaba su subordinación ante el capital extranjero de las trasnacionales que vaciaron el país, prometiéndoles pagos por sus fechorías. Hasta ahí, sin embargo, la excusa era que a cambio de esto se lograría el ingreso de nuevos fondos en forma de inversión extranjera, de nuevos socios del crecimiento como “ambientalicida” Chevron.
Pocos meses más tarde, el ministro de economía Kicillof viajó al exterior a sellar el acuerdo con el Club de París para el pago de una deuda contraída en la dictadura y en los fraudulentos canjes de Cavallo en 2001. Llamativamente, la deuda con el Club pasó de US$ 6.089 millones al momento del default a US$ 9.700 millones del arreglo final: un aumento de casi el 60% de la deuda. A diferencia del canje de 2005, esta vez ni siquiera hubo un intento de quita: se negoció más bien una “quita” a la inversa, de soberanía para el país. Orgulloso, el ministro descartó que, como resultado del acuerdo, se registrara un “aluvión” de inversiones extranjeras. Es decir, reconoció abiertamente que se trata de una entrega de recursos a cambio de… nada. A diferencia de los acuerdos anteriores, en este caso la sumisión al capital extranjero no tiene ni siquiera la expectativa de impulsar el crecimiento de la economía nacional.
Al mismo tiempo, en las cortes de Estados Unidos se complicaba la situación argentina. Un escaso 7% de los bonos originales en default que sin ingresar, pero ya sin incentivos para hacerlo: el gobierno nacional había mostrado que no tenía inconvenientes en cambiar la legislación a la medida de los acreedores. Grandes fondos buitres (MNL Elliott, centralmente) compraron a precio vil esos bonos y se encargaron de demandar a Argentina en todos los tribunales extranjeros que pudieron. El embargo de la fragata Libertad en Ghana a fines de 2012 fue un episodio asociado a esta dinámica. Finalmente, consiguieron los fallos favorables del juez neoyorkino Thomas Griesa, obligando a Argentina a pagar el valor nominal más intereses caídos. El gobierno, que esperaba por un fallo a su favor a la vista de cierta racionalidad agregada (se jugaba la posibilidad futura de éxito de cualquier canje), se quedó expectante. En sus considerandos, el juez no tomó en consideración la compra especulativa de bonos por parte de los fondos de inversión, algo que la propia legislación norteamericana prohíbe.
La reacción no se hizo esperar: haciendo gala de su propia trayectoria, el gobierno nuevamente se reabrió el canje de 2005. De esta manera, los fondos buitres pueden negociar para cobrar el 100% o cobrar de inmediato la jugosa oferta de 2005. Habiendo comprado los bonos a precio de remate, incluso la oferta de 2005 es un negocio millonario. El gobierno argentino nombró además al ex procurador general del gobierno de Bush, Paul Clement, como representante legal en el juicio que Argentina enfrenta con los fondos buitres en Nueva York. Se presentó un escrito donde el gobierno se atendría a cualquier decisión, prometiendo el pago de cualquier cifra que se le impute. Así, no sólo acepta la cesión de soberanía, sino que además la proclama en el epicentro de la economía financiera mundial.
El pasado mes se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó tratar la sentencia sobre el conflicto entre los fondos buitres y Argentina por los bonos del default. La desestimación implica convalidar la decisión del juez Griesa y la ratificación de la Cámara de Apelaciones, y de esa forma, resulta en una resolución favorable a los acreedores espurios de Argentina. La reacción oficial no se demoró, y la presidenta Fernández dijo en cadena nacional que nuestro país “acatará el fallo” pero no aceptará “extorsiones”. Algunos analistas interpretan la definición como ambigua, excepto en un punto: Argentina negociará.
La desestimación de tratamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia del fallo contrario a la Argentina convalida la decisión en primera instancia del juez Griesa. Aunque esta decisión cosechó repudios de diversos tipos, incluso en la reciente cumbre del G77, queda firme y obliga al país a negociar con los fondos buitres, abriendo la puerta a nuevas demandas que pueden ir de los US$ 20.000 en juego actualmente hasta el conjunto de la deuda total canjeada en 2005 y 2010. Así, Argentina se encuentra en una situación no tan distante de la de 2001 en materia de deuda: la política oficial de “desendeudamiento” se enfrenta sus propios límites y estalla en la cara del gobierno.
Este incremento, incluso considerando sólo las cifras oficiales, implica un aumento de los pagos en los años por venir: en el próximo año y medio hay que pagar unos US$ 30.000 millones. La mala noticia es que el país tiene aproximadamente US$ 27.000 de reservas en el Banco Central: no es necesario ser economista para saber que las cuentas no cierran. El gobierno estaría obligado, en su lógica, a renovar deuda, al costo que sea.

Pagadores seriales

¿Cuáles son entonces los logros de esta política de “desendeudamiento” que una década más tarde sigue estancado en la situación de 2001? El oficialismo esgrime dos logros: la reducción del peso de la deuda en el PBI y la reducción del componente externo. Sobre el primer argumento debe señalarse su baja capacidad explicativa (antes del default en 2001 rondaba el 65%), al comparar una obligación exigible con un flujo de valor contable. El segundo argumento merece más atención, porque representa un cambio de política más interesante y relevante. Así, tal como argumentan allegados al gobierno, esta tendencia produciría un alivio de la restricción externa, aplacando las necesidades de obtener divisas para los pagos.
A pesar de este efecto positivo, existen dudas sobre otros elementos de este cambio de composición. Primero; en gran medida, el cambio es resultado de la imposibilidad fáctica de obtener financiamiento externo, y no de una política deliberada: el gobierno no logró resolver la reestructuración de la deuda a la fecha, resultándole imposible acceder al crédito disponible antes del estallido de la crisis. Segundo; el cambio también se orienta por el pago de tasas de interés internas más elevadas: hasta que comienza la política de devaluación paulatina en 2009, los bonos de deuda en pesos pagaron tasas de interés elevadas en dólares, gracias al ajuste por CER y al bono atado al PBI. Tercero; dada la elevada extranjerización de la estructura productiva, especialmente en el sector financiero, entre los compradores de deuda interna se encuentran las filiales de grandes trasnacionales, es decir, los mismos acreedores que supuestamente se evadieron. En cualquier caso, los capitalistas que reciben recursos a través de la posesión de títulos de deuda, tras los procesos de desregulación y apertura, suelen fugar los recursos que obtienen por distintas vías. Es decir, que aumente el peso relativo de la deuda interna no implica necesariamente: ni un cambio en los acreedores, ni un freno a la salida de recursos .
Sin embargo, el principal destino de colocación interna de deuda pública ha sido el propio Estado. Para garantizar los pagos de deuda a acreedores espurios, el gobierno colocó bonos de muy dudoso cobro en organismos estatales: principalmente, el Banco Central y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), pero también el Banco Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Lotería Nacional, entre otros. El oficialismo recupera las facilidades de negociación de este cambio, que son en efecto reales, pero omite otros efectos.
Por ejemplo, debido a que ANSES presta sus fondos para pagar deuda (más de la mitad de sus activos son bonos del gobierno), casi tres cuartos de los jubilados cobran el haber mínimo, que está por debajo de la canasta de pobreza (Lozano, Raffo, Rameri, y Haimovich, 2014). Es decir, la pobreza de los adultos mayores garantiza el pago de la deuda a fondos buitres. Éste es un llamativo olvido cada vez que se enfatiza el uso de estos fondos para solventar otras políticas sociales progresivas, como la asignación universal por hijo. En un sentido diferente, el Banco Central –recuperada su capacidad de avalar y propiciar la política del gobierno- ha prestado sistemáticamente divisas para el pago de deuda. Este mecanismo de pago ha deteriorado el respaldo de la base monetaria, favoreciendo el actual proceso de devaluación del peso: más allá de ataques especulativos al peso (que los hay), la fuente estructural de pérdida de valor del peso está en la permanente salida de dólares en concepto de pagos.
Como el gobierno se encuentra en dificultades para seguir tomando fondos de estos organismos, entonces debe reducir gastos por otro lado: por eso se ha incrementado la dureza de las negociaciones salariales con los docentes, por eso el salario de los empleados públicos se mantiene un 35% por debajo de su nivel real de 2001. Seamos claros: para pagar deuda, hay que recortar derechos.
El año pasado, la presidenta Cristina Fernández festejaba en sus discursos que su gobierno había vuelto al país un “pagador serial”, habiendo desembolsado US$ 173.000 millones desde 2003. Sin embargo, la deuda pasó –según cifras oficiales- de US$ 145.000 millones en 2001 a US$ 201.000 millones en septiembre de 2013. Es decir, el “logro” de haber pagado deuda ilegal ha sido… más deuda. Vale la pena remarcar que este cálculo oficial excluye múltiples conceptos, entre ellos, las deudas de provincias y municipios (aquellas que en 2001 llevaron a la emisión de las cuasi-monedas que tantos malos ratos nos hizo pasar), las provisiones de gastos por intereses y premios de PBI, las deudas de las empresas públicas (Giuliano, 2013). Además, el cálculo no incluye la deuda generada por los pagos a REPSOL, a las empresas que litigaron en el CIADI, los pagos al Club de París y ahora, a los fondos buitres estadounidenses.
La contracara de este proceso ha sido la tantas veces denunciada legitimación de la deuda. Una deuda contraída con todos los vicios legales posibles, como ha sido establecido en diversas instancias. Aceptar la legalidad y legitimidad de la deuda de los acreedores, así como su estructuración normativa bajo legislación y jurisdicción extranjera ha sido la línea de continuidad de la política kirchnerista. Insistamos: no hay pura responsabilidad extranjera, el kirchnerismo se encargó de facilitar la tarea de llevarnos a esta situación.
¿Hay alternativas? Claro que las hay, a pesar de que el arco de los partidos del establishment quiera negarlo, e insista en someterse a la negociación, que sólo puede llevar las de perder. La alternativa más obvia es la que todos quieren evitar, como si fuera un problema: declarar el default. O sea, declarar la imposibilidad de pagar, suspendiendo todos los pagos, y forzando a nuevas negociaciones. Sólo que esta vez habría que auditar por completo la deuda, poniendo a la luz su completa fraudulencia. Para hacerlo, el país bien podría apoyarse sobre UNASUR o CELAC, que bien podrían funcionar como espacios políticos de impulso a estas propuestas, siendo que varios gobiernos de la región (Bolivia y Ecuador, por ejemplo) señalaron su apoyo a una estrategia de este tipo, aunque hasta ahora no pasaron de buenos gestos (Katz, 2014). Se podría crear un frente contra el pago de la deuda a nivel internacional. Claro que para esto habría que desafiar realmente a las estructuras de poder nacional y mundial, y el gobierno argentino no parece mostrar señales de querer tal cosa. La disputa está puesta sobre la mesa: o las necesidades del pueblo argentino, o los intereses de los acreedores.

Francisco J. Cantamutto

Referencias

Cafiero, M., y Llorens, J. (2004). “‘O juremos con deuda morir’. Análisis de la propuesta de reestructuración de la deuda pública argentina post-Dubai y sus consecuencias financieras económicas y sociales”. Buenos Aires.

Damill, M., Frenkel, R., y Rapetti, M. (2005). “La deuda argentina: historia, default y reestructuración”. Desarrollo Económico , 45(178), 53.

Datz, G. (2009). “What life after default? Time horizons and the outcome of the Argentine debt restructuring deal”. Review of International Political Economy, 16(3), 456–484.

García, A. (2001). “Estudio. El megacanje de los acreedores”. Realidad Económica, (180), 22–32.

Giuliano, H. (2013). “Argentina: Deuda pública y déficit fiscal”. Argenpress, 19/02/2013.

Katz, C. (2014). “¿Cuántos buitres acosan a la Argentina?” VIENTO SUR, 02/07/2014.

Lo Vuolo, R., y Seppi, F. (2008). “La falacia del desendeudamiento del sector público en la Argentina. Evolución de la deuda post-default y sus impactos fiscales”. Documento de trabajo Nº 61, Centro Interdisciplinario para el Estudios de Políticas Públicas, Buenos Aires.

Lozano, C., Raffo, T., Rameri, A., y Haimovich, A. (2014). “Un breve repaso sobre los recientes aumentos anunciados por la Presidenta de la Nación: Jubilaciones y Pensiones y Ayuda Escolar Anual”. Informe del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas. Buenos Aires.

Macías Vázquez, A. (2008). “La reestructuración de la deuda soberana: multilateralismo, acción colectiva y canje”. Problemas del Desarrollo, 39(155), 53–76.

Olmos Gaona, A. (2011). “La deuda argentina como delito: un aspecto no tratado por el derecho penal”. Rebela, 1(1), 51–71.

Vázquez Valencia, L., y Cantamutto, F. J. (2013). “El poder empresarial en Argentina: la negociación de la deuda”. En L. Vázquez Valencia y J. Aibar Gaete (Eds.), Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo. México: FLACSO México.