El 8 de julio se concretó la audiencia pública contra la impunidad en Tucumán. La iniciativa había surgido en el marco de una audiencia realizada el 10 de junio en el Congreso Nacional, por iniciativa del bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda del Partido Obrero en conjunto con Alberto Lebbos y la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad.
A la audiencia del PO asistieron Jorge Altamira; el diputado nacional Pablo López; el legislador porteño, Marcelo Ramal; la diputada por Santiago del Estero, Andrea Ruiz; la senadora provincial de Salta, Gabriela Cerrano. Del PTS, el diputado nacional Nicolás del Caño. De la UCR estuvieron el diputado nacional José Cano, Juan Casañas, Ernesto Sanz, la senadora nacional, Elías de Pérez, y el legislador por Tucumán, Fernando Valdez. Estuvieron también el legislador del Unen de la Ciudad, Gustavo Vera; la diputada nacional de Libres del Sur, Victoria Donda, y el dirigente Humberto Tumini. Del MST estuvo presente Vilma Ripoll, además de la presencia destacada de la dirigente de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Elia Espen. También estuvieron presentes varios dirigentes de la CTA nacional y local, y personalidades de los más variados sectores.
De Santiago del Estero, Jujuy y Salta concurrieron delegaciones de familiares de comisiones de lucha contra la impunidad.
De Tucumán se hizo presente un sector de la directiva de la Unión Docente de Tucumán y de Adiunt (sindicato docente universitario).
A las 15 horas, y con la presencia inicial de unas 200 personas, se dio inicio a la audiencia que duró más de cuatro horas. Sin cuarto intermedio, se fueron sucediendo las denuncias. Fueron más de 70.
Las mismas abarcaron un universo de situaciones: casos de gatillo fácil, el accionar de los narcos y la cuestión de los chicos adictos, la situación en las comisarías y los reformatorios, los accidentes viales, los abusos y violaciones, los atropellos de los funcionarios y los hijos del poder, la corrupción en la Justicia y la policía, la represión a los reclamos, etcétera. Los relatos de los familiares en muchos casos crearon un clima desgarrador. En todos ellos se denunció la responsabilidad política del gobierno.
Las denuncias no se limitaron exclusivamente a casos individuales. Los jubilados de la plaza denunciaron el cuadro de situación del sector, al igual que los docentes universitarios en huelga desde hace semanas. En este caso, se destacó la importancia de la lucha por la recuperación del Canal 10, un medio que, perteneciendo a la universidad, está usurpado y usado por el gobierno como un instrumento para atacar los reclamos y censurar a toda la oposición.
En dos momentos, el desarrollo de la propia audiencia se transformó en asamblea popular. Fue, entonces, cuando se pusieron a votación dos mociones: la de impulsar la sanción de una ley para que se declare la emergencia de los derechos humanos en Tucumán y el repudio a la presencia de Boudou el 9 de julio.
Al culminar la audiencia, se dio inicio a la marcha con más de 2 mil manifestantes, que recorrió varias cuadras del microcentro de la capital.
La conclusión generalizada fue que la jornada significó un éxito, que va a reforzar la lucha contra la impunidad que está en curso en la provincia y cuya onda expansiva se traslada a toda la región. Como testimonio de ello quedó el planteo de un dirigente de la Comisión de Familiares contra la Impunidad de Salta, de reproducir la audiencia el 12 de agosto en su provincia.
Daniel Blanco
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