sábado, 5 de octubre de 2024
viernes, 4 de octubre de 2024
La lucha universitaria, viejos-nuevos desafíos
Después de las movilizaciones multitudinarias de este miércoles y del inmediato veto presidencial posterior, la hoja de ruta del conflicto universitario anuncia dos pasos que parecen descontados. En primer lugar, se convocó a una sesión especial del Congreso para rechazar el veto presidencial. Milei no solo no contaría esta vez con los votos radicales que lo apuntalaron en el caso de la ley jubilatoria -tampoco con al menos una parte de la bancada del PRO. En Senadores, y después de las 150.000 personas que marcharon en Córdoba, hasta el mileísta Luis Juez se ha acordado súbitamente de sus “deberes con la universidad pública”.
Pero si los cómplices de Milei se preparan para rechazar el veto, lo hacen a sabiendas de lo que ocurrirá a renglón siguiente: el gobierno va a desconocer la ley promulgada, remitiendo cualquier discusión sobre los recursos universitarios al presupuesto 2025, por un lado, y a las paritarias con los gremios docentes y no docentes, del otro.
El previsible ninguneo de la ley de “financiamiento” tiene un fuerte y reciente antecedente en el incumplimiento, por parte de este gobierno, de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología de 2021, que prevé un escalonamiento de gastos “hasta que el rubro represente en 2031 el 1% del Producto Bruto”. Interrogado por los recortes impuestos por el gobierno a esos gastos, Guillermo Francos y la Secretaría del área señalaron que “su texto (el de la ley de la Ciencia) no prevé sanción alguna al Poder Ejecutivo en caso de incumplimiento” y que “simplemente faculta al jefe de gabinete a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos”.
Con este u otros argumentos, el gobierno desconocerá a la ley que “encomienda” al gobierno aumentar los salarios universitarios. En cuanto a la remisión del punto al presupuesto 2025, el proyecto presentado por el gobierno consolida el brutal recorte a las universidades. Aunque el debate parlamentario modificará en algo esa situación, ello sólo valdrá para los recursos generales de las universidades y no para establecer aumentos salariales, que continuarán dependiendo de la paritaria.
Parlamentarización
Así las cosas, la lucha universitaria se ha metido en una encerrona que no es nueva, y que ha caracterizado a otros grandes conflictos educativos. En el cuatrimestre pasado, la gigantesca movilización del mes de abril le impuso al gobierno un aumento de recursos universitarios que fue a parar a los gastos generales que manejan los rectores. Pero los salarios docentes y no docentes quedaron hundidos en una pérdida del orden del 50% respecto de noviembre de 2023. El segundo cuatrimestre comenzó con una enorme inquietud salarial y un fuerte paro de tres días. La lucha, sin embargo, quedó supeditada a la ley de financiamiento aprobada por los Diputados con la anuencia de los rectores, la oposición dialoguista, el FITU y las burocracias sindicales de las federaciones docentes y no docentes. La perspectiva de una huelga por el salario quedó supeditada a los vaivenes parlamentarios del proyecto de “financiamiento”. La “segunda marcha federal”, largamente anunciada, se fue postergando semana tras semana. Una vez concretada, no buscó la Plaza de Mayo para reclamar por los aumentos salariales, sino que se dirigió al Congreso a pedir la “insistencia” de una ley que el gobierno va a ningunear.
Así, lo que había arrancado como una vigorosa lucha salarial terminó encapsulada en una tramitación parlamentaria, en favor de una ley de redacción difusa y resultado incierto. Es el camino que ya recurrieron en innumerables oportunidades las burocracias docentes, con resultados más o menos similares. En los años 90 y 2000, se votaron leyes de “financiamiento” que, con similares exhortaciones a las de la ley actual, establecían porcentuales del PBI para la educación “como un todo” o “encomendaban” al Ejecutivo recomposiciones de presupuestos. Después de todas estas leyes de financiamiento, la situación de los salarios docentes de todos los niveles -y no sólo ahora- nos exime de todo comentario. En la misma línea, las burocracias estatales y docentes suelen disimular la ausencia de una lucha por las consabidas movilizaciones al Congreso cuando se discuten “presupuestos”, que jamás incluyen una pauta salarial concreta.
En esta historia de maniobras contra los salarios, la única novedad en este conflicto es la complicidad del FITU y del aparato del PO en la operación distraccionista. En el pasado, el PO las denunciaba, y llamaba a la docencia a levantar un pliego claro y una lucha por el salario docente como el primer planteo de una defensa de la educación pública.
Al tiempo que anticipa que ninguneará la ley de financiamiento, el gobierno reiteró que derivará la cuestión de los salarios universitarios a la paritaria. Allí, se servirá del empantanamiento legislativo para ofrecer alguna “salida” ruinosa, que cristalice la confiscación salarial operada en estos meses. En definitiva, la propia ley de “financiamiento” ofrece a la paritaria como “alternativa” para fijar los salarios de docentes y no docentes. Moriñigo, el secretario del consejo de Rectores, adelantó que el 5.8% ofrecido a los docentes es “insuficiente”, pero las cosas cambiarían si se reiterara esa cifra durante tres meses sucesivos. Descontando la inflación esperada de esos mismos meses, la “contrapropuesta” implicaría un aumento real del 10% frente al 50% de pérdida salarial incurrida.
Las centrales sindicales universitarias, mientras tanto, juegan a no ver lo que tenemos por delante -insistencia, ninguneo, “salida” salarial miserable. Es necesario que este escenario político y sindical se discuta abiertamente en las asambleas docentes. Para salir del atolladero legislativo, hay que recuperar nuestro pliego: en lugar de ambiguos “financiamientos”, reclamar el 50% de aumento salarial para todas las categorías; ningún cargo simple por debajo de la canasta familiar; recomposición similar para las becas estudiantiles y reinstalación de todos los cursos y cargos caídos por los recortes. Este programa, que es también una estrategia antagónica a la encerrona de estos meses, debe ser la base para un plan de lucha y una huelga educativa que arranque los reclamos planteados.
Marcelo Ramal
03/10/2024
Lousteau y los rectores quieren discutir el ajuste universitario con Milei
El martes 1 de octubre, el senador Martin Lousteau estuvo en La Nación+, donde fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann.
Allí Lousteau planteó que el problema central es que el gobierno no los llama -a los ´opositores´- para debatir una política universitaria. ¿Cuáles serían los ejes de esa política universitaria? Lo deja en claro el mismo Lousteau: “Hay cosas para mejorar?, seguro que sí, como en todo el Estado argentino; ¿Se podría debatir acerca de los extranjeros? Sí. ¿Acerca de cobrarle un impuesto a los graduados? También. ¿Se podría debatir acerca de reorientar carreras, de acortarlas? ¿De darle incentivos para que aquellas carreras que son importantes para argentina estén más nutridas de alumnos? (…) ¿[El gobierno] quiere que los post grados cuesten el triple? Todo se podría debatir”.
Lousteau dice sin pelos en la lengua cómo llevar adelante el ajuste en la universidad, como ya lo viene aplicando hace años las camarillas privatizadoras que dominan las universidades, como el recorte de carreras y el pase de materias a los post grados pagos. Pero va más allá: está dispuesto a poner fin al ingreso irrestricto, a que los estudiantes paguen un arancel (los extranjeros son solo una excusa) e incluso crear un impuesto a los graduados y mucho más ya que “todo se podría debatir”. En septiembre de este año el Consejo Superior de la UBA ratificó por unanimidad las reformas planteadas por los Consejos Directivos de las facultades de Ciencias Médicas e Ingeniería, que significaron una reducción de 1.000 horas de cursada en Medicina y otras 600 en Ingeniería, en las carreras de grado. Las materias que se sacan van a parar a los post grados que son pagos, y así las carreras se van privatizando. Esta es la hoja de ruta que Lousteau quiere discutir con Milei.
No es solo la opinión de un senador. Lousteau responde a Emiliano Yacobitti, ex diputado nacional por la UCR y vice rector de la UBA, quien además encabeza el sector de radicales cuya base política se encuentra en las universidades públicas.
Yacobitti fue uno de los puentes esenciales -junto con Pichetto- para aprobar la Ley Bases: “ el asesor presidencial Santiago Caputo mantuvo conversaciones con Yacobitti, a quien conocía por su paso fugaz por la Facultad de Sociales. Pese a que la masividad de la marcha universitaria era inevitable, antes de la movilización ellos hablaron de destrabar los fondos para las casas de altos estudios. El asesor presidencial pidió el apoyo de los legisladores de la UCR porteña a la Ley Bases...” Es decir, ofreció la lucha universitaria como moneda de cambio para sus acuerdos políticos y económicos.
La ley que promueve el dúo Lousteau-Yacobitti no establece obligación alguna para el ejecutivo, es solo una exhortación, un llamado a aumentar el presupuesto universitario. Recordemos que en el presupuesto 2025 las universidades tienen presupuestado 3.8 billones de pesos mientras que los rectores pidieron el doble. Motosierra no, sintonía fina SI, sería la consigna que sintetiza sus intenciones. Está claro que esta camarilla no tiene intenciones de frenar ningún ajuste y menos que triunfe la lucha universitaria, su objetivo final es discutir con Milei “la manera, el método, el cómo” ese ajuste debería llevarse a cabo.
Solo la lucha independiente de los Rectores (y de las camarillas de Franja Morada y La Cámpora) de los estudiantes y docentes lograra derrotar una política de Estado: Déficit 0, a como dé lugar.
Walter Sánchez
03/10/2024
Universidad: las alternativas frente a la monumental movilización del 2 de octubre
El protocolo represivo de Bullrich, como ocurrió el 23 de abril, volvió a palidecer frente a la masividad, demostrando cual es el terreno para defender el derecho a manifestar y protestar. Que se hayan reunido alrededor de un millón de manifestantes en todo el país es un golpe político tremendo a un gobierno envuelto en enormes contradicciones y en declive en la consideración popular, como se expresó antes de esta marcha con el apagón televisivo frente a la cadena nacional en el Congreso y el fracaso rotundo del acto oficialista en Parque Lezama.
El gobierno había apelado a diversos esfuerzo -en realidad, manotazos de ahogado- para intentar contrarrestar la convocatoria. Ofreció un 6,8% de aumento salarial a los docentes, que fue rechazado por los sindicatos universitarios, que denuncian una pérdida del 50% del poder de compra. Luego, funcionarios y el propio Milei lanzaron todo tipo de descalificaciones y mentiras.
La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) revela que durante este año las 61 universidades nacionales que reciben fondos públicos cobraron, en 2024, un 30,2% menos de recursos respecto del mismo periodo del año pasado. Por otro lado, los incrementos que plantea la llamada “ley de financiamiento universitario” que Milei acaba de vetar significa, en términos de porcentaje del PBI, apenas el 0,14% del PBI, de acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Estos porcentajes son muy inferiores a los denominados “gastos tributarios”, es decir los ingresos que, por excepciones o rebajas tributarias a la burguesía, el Estado deja de percibir. Según Clarín (3/10), en 2025, “el Estado dejará de percibir según el propio proyecto de Presupuesto, $27,02 billones, lo que equivale a 3,54% del PBI, 25 veces lo que costaría mantener vigente la Ley de fondos a las universidades”.
En abril, el gobierno y los rectores acordaron el incremento del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, pero que representan solamente el 10% de las partidas que consumen las universidades - el 90% va destinado a los salarios. Los salarios quedaron al margen, para que se resolvieran en paritarias que nunca funcionaron. El gobierno, por decreto, fue otorgando aumentos irrisorios por debajo de la inflación. La caída del salario de los profesores y no docentes es la mayor en más de 20 años.
Milei acusó que la movilización fue promovida por un supuesto “frente de izquierda populista”, donde incluyó a dirigentes de todos los sectores del arco opositor y a la burocracia sindical. Milei oculta, sin embargo, que todas esas fuerzas, con sus representantes parlamentarios y sus gobernadores y la CGT, han colaborado en la sanción de la Ley Bases, en permitir la continuidad del DNU 70 y en aplicar su política en todas las jurisdicciones sin excepción.
El veto y sus alternativas
A horas de culminada la marcha, Milei dio a conocer el veto la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de su carácter declamativo, como antes vetó una ley jubilatoria que sumaba migajas a los jubilados.
Desde el gobierno destacaron que “No estamos en contra de la financiación de la universidad pública, estamos en contra de que el Congreso sancione una ley sin partida asignada”. Desde el Gobierno expusieron la necesidad de acordar una negociación “sensata”. “Si los dirigentes políticos convocantes quieren mejorar el financiamiento de las universidades, el lugar para discutirlo es el Congreso, durante el debate del presupuesto 2025”, remarcaron.
Los “opositores” destacan que pueden alcanzar los votos para rechazar el veto, en cuyo caso la ley automáticamente quedaría promulgada. En ese escenario, se agravaría la crisis política del gobierno, pero los reclamos universitarios, en especial los salariales, no tendrían solución, pues el proyecto no “dispone”, sino que encomienda al poder ejecutivo a tomar determinadas medidas presupuestarias y salariales.
El gobierno ya adelantó que “no hay plata” – mejor dicho, la que hay se reserva para pagar la deuda externa impagable.
El gobierno pretende llevar las discusiones al terreno del debate del presupuesto del 2025. Allí, el gobierno ya dio las pautas, al fijar en poco más de la mitad el presupuesto que había solicitado el Consejo de Rectores (CIN) para que las universidades puedan funcionar el año que viene.
Frente a estas alternativas que tienen, como propósito fundamental, sacar a la gente de las calles y disipar los procesos huelguísticos, la cuestión clave es precisamente más asambleas, más autoconvocatorias, más coordinaciones, todas apuntando seguir ocupando las calles, multiplicando las iniciativas y las luchas y en ese marco poniendo en pie una nueva dirección al servicio de los trabajadores.
Daniel Blanco
03/10/2024
El Opus Dei, acusado de explotación y trata de personas
Durante más de cuatro décadas, entre 1972 y 2015, el Opus Dei, una organización ultraderechista de la Iglesia Católica, reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría niñas y adolescentes, a las que les prometió trabajo y la posibilidad de estudiar, para poder someterlas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”.
Así define la justicia federal argentina el accionar del Opus Dei, una organización a los que muchos estudiosos consideran directamente una mafia político-financiera de la Curia.
Si bien denuncias de este tipo contra el Opus hay en todos los países donde opera, incluido Estados Unidos, nunca antes habían sido citados a indagatoria por delitos tan graves los máximos responsables de una región del Opus. Los casos judiciales anteriores involucraban organizaciones benéficas o miembros que dirigen centros individuales del Opus Dei.
El informe es la culminación de una investigación, secreta y sin precedentes, que inició en septiembre de 2022 la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX), después de que docenas de mujeres acusaron públicamente al Opus Dei de explotación en los medios de comunicación.
Las mujeres, que formaron parte del grupo entre 1972 y 2015 aproximadamente, eran “numerarias auxiliares”, una categoría de miembros del Opus exclusivamente femenina que dedican su vida al trabajo doméstico en los centros de la organización.
Los fiscales describen la captación de niñas de familias pobres o migrantes como una “selección engañosa” que se aprovechaba “de su extrema vulnerabilidad”. Afirmaron que las mujeres eran “seducidas” con promesas de educación y oportunidades laborales, pero luego quedaban “atrapadas en un ciclo de explotación y abuso”, trabajando jornadas de 14 horas, sin recibir salario alguno.
El acceso de las mujeres a la atención médica y al mundo exterior estaba fuertemente controlado. “Eran sometidas a una explotación laboral extrema, con una falta total de remuneración justa y de derechos básicos, todo ello bajo el pretexto del 'sacrificio' y la 'salvación espiritual'“, afirma la Protex.
La acusación de la Protex, de 136 páginas, afirma que el Opus “creó una estructura dedicada al reclutamiento de por lo menos 44 mujeres” e imputa a la máxima jerarquía por tráfico de personas y trata. El informe del fiscal sugiere que la explotación de las mujeres es esencial para el funcionamiento de la organización. Cita a una víctima que declaró: “Éramos la base para que otros pudieran cambiar el mundo”.
Además, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas. Todo eso se pudo probar en los casos analizados.
Una de las esclavas, M.I.E., fue captada a los 17 años, en 1984, cuando viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. Iban a vivir con una tía y estudiar. Una mujer les dio charla y les dijo que conocía un lugar donde podían vivir y estudiar. Lo mismo le dijeron a la tía cuando las acompañó a conocer una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”.
Allí las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa y confesarse. La primera vez que huyeron fueron rápidamente recapturadas. En los siguientes años las fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar fugarse, pero las atraparon una y otra vez, incluso cuando MIE logró llegar a Bolivia.
En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional del Opus sin pago, seguro médico ni la posibilidad de hablar con su familia. Volvió 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Recién logró escapar a los 47 años, en 2015.
La denuncia ante la justicia federal apunta contra cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo. Hay un quinto, Mariano Fazio, responsable de la institución entre 2010 y 2014, que en la actualidad forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma. Urrestarazu cuando estalló el escándalo se mudó al Paraguay.
La investigación, entregada al juez Daniel Rafecas, menciona 44 casos de explotación y tráfico de mujeres, pero solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha. Un quinto caso está por vencer.
El Opus Dei refutó las acusaciones: “Negamos categóricamente las acusaciones de tráfico de seres humanos y explotación laboral”. Y afirmó que las acusaciones se basaban en una “descontextualización total” de “la vocación libremente elegida por las numerarias asistentes”, añadiendo que las mujeres recibían un salario por su trabajo y vivían en un “ambiente acogedor [con] instalaciones para el descanso, el recreo, la lectura y el estudio”.
Sin embargo, cuando estallaron las denuncias, el Opus Dei dijo que cuenta con un Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (sic) por donde pasaron más de un millar de adolescentes entre 1972 y 2017, sin que hubiera mayores problemas. De todos modos, admitieron “probablemente en algunos casos no se cumplió estrictamente con las leyes laborales”. Según el diario Público de Madris, el OPUS tiene “escuelas de mucamas” en por lo menos medio centenar de países.
Actualmente forman parte del Opus Dei alrededor de 93.600 personas, de las cuales 2.122 son sacerdotes. Del total de fieles, el 60% son mujeres y 40% hombres. La distribución por continentes es la siguiente: África 4%, América 36%, Asia 4,5%, Europa 54,5%, Oceanía 1%.28 jun 2024
A principios de este año, una investigación del Financial Times descubrió acusaciones similares en Europa y Estados Unidos. Ahora, el periódico británico opina que “las graves acusaciones suscitarán nuevas preguntas sobre el funcionamiento interno del grupo católico, estrechamente vinculado a movimientos políticos conservadores en Estados Unidos”.
El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre. Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.
El juez aún no se ha pronunciado sobre la petición de indagatoria. En la Argentina son connotados miembros del Opus desde Gustavo Béliz y Rodolfo Barra hasta el pediatra Abel Albino -el de los espermatozoides que atraviesan la porcelana-, encargado de distribuir los alimentos de Capital Humano con la precondición de que las beneficiarias asistan a cursos contra el aborto.
Entre los hombres de negocios sobresalió como cooperador Gregorio Perez Companc, que murió este año. Algunas fuentes dicen que donó más de 50 millones de dólares para el formidable campus y el hospital que la Universidad Austral tiene en Pilar. “Lo que sumado al IAE -su instituto de finanzas, considerado una de las mejores escuelas de negocios del mundo- confirma la potencia local del Opus Dei”.
Olga Cristóbal
03/10/2024
jueves, 3 de octubre de 2024
Milei, un gobierno de la barbarie capitalista al desnudo
La brutalidad del veto de Milei contra las universidades, ejecutado tan solo dos horas después de que millones de estudiantes y docentes ganaran las calles en todo el país, bastaría por sí sólo para que su gobierno fuera revocado, si tal derecho estuviera contemplado en el régimen constitucional argentino. Además de en Congreso, la movilización fue masiva en todo el interior, con grandes epicentros en Rosario y Córdoba. El ataque a la universidad es una patada contra la juventud y especialmente contra la juventud trabajadora que busca una salida de la mano de la educación pública. Esta juventud que copó el Congreso estuvo ausente del acto oficial apalancado por micros con financiamiento público en Parque Lezama el último sábado. El 9, cuando se trate el veto en el Congreso, será ocasión de una nueva movilización masiva para quebrar al gobierno.
En los fundamentos del decreto que veta la recomposición del presupuesto se defiende sin tapujos un aumento salarial para las universidades del 87% contra el 144% de inflación para el mismo período. El motivo, de acuerdo a Milei, sería la injusticia de reconocerles a los docentes universitarios un aumento inflacionario en el momento en el cual se impone al resto de los sectores de la administración pública una brutal desvalorización salarial. A Milei le viene como anillo al dedo el discurso del radicalismo, que defiende el presupuesto universitario mientras avala privatizaciones y recortes de todo tipo que golpean todas las áreas del Estado. Pero la comparación del gobierno es tramposa, porque la desvalorización del presupuesto educativo y social tiene su contrapartida en la revalorización del único ítem del presupuesto estatal que crece sin freno, que son, por supuesto, los intereses de la deuda externa. La contradicción entre una desvalorización general, no ya solamente del presupuesto público sino también de los activos, la producción y el consumo, por un lado, y el crecimiento de los intereses (y el capital) de la deuda externa, fue siempre el embrión de crisis explosivas en el país.
El sacrificio de la educación, la salud pública, las fuentes de trabajo, los salarios, en aras de recomponer la capacidad de pago de la deuda externa es una expresión de barbarie capitalista, pero por ahora no logra su objetivo de recomponer el acceso al crédito por parte de la Argentina. El veto es la manifestación de que el dominio de estos intereses sociales lleva incluso a violentar los mecanismos institucionales básicos de división de poderes, mal que le pese a Máximo Kirchner, para quien “hay que dejar de patalear” porque se trataría de una facultad constitucional. Pero con los vetos no alcanza, porque el FMI insiste con una nueva y pesada carga devaluatoria que haría volar por los aires el esquema antiinflacionario de Milei. El capital internacional desconfía de la capacidad del gobierno de establecer un régimen estable: muestra de ello es el retiro de la inversión de Petronas de la planta de GNL en Río Negro, que deja la “lluvia de inversiones” de Milei en igual grado de tentativa que la de Caputo con Macri.
Alineamiento internacional
La búsqueda desesperada de financiamiento lleva a la prostitución inclusive de las más firmes convicciones de los liberales libertarios. Así, después de ir a denunciar a las Naciones Unidas la capacidad de veto de Rusia y China, Milei prepara nada menos que un viaje a China para mendigar inversiones porque, dice, tienen menos condicionamientos. Es una expresión de un empantanamiento de fondo. Sin embargo, el viaje no altera los lineamientos fundamentales de la política del gobierno: como lo remarcó Milei en la ONU, la ruptura de la llamada “neutralidad” argentina es para alinear al país en el bando guerrerista de respaldo a la intervención de la Otan contra Rusia y fundamentalmente del expansionismo genocida del sionismo.
Que Argentina haya sido hasta ahora “neutral” en los conflictos internacionales es parte de las fantasías de un gobierno que vio “comunistas” hasta en el gobierno de Larreta. Sin irnos a hablar de Menem, inclusive el archicriticado acuerdo con Irán de Cristina Kirchner formó parte de una maniobra dialoguista del imperialismo yanqui hacia el régimen (el acuerdo con Obama), y no abandonó nunca la acusación a Irán de haber volado la Amia, construida por los servicios de inteligencia a los que nunca se investigó por su rol en el atentado. Ningún gobierno de la burguesía nacional rompió este alineamiento con el imperialismo norteamericano. Las recepciones en la embajada forman parte de los pactos fundantes a ambos lados de la grieta.
Pero el alineamiento militante en un momento en el cual se viene produciendo un genocidio sobre la población de Gaza, en el cual el sionismo amenaza a todos los pueblos de Medio Oriente con el respaldo norteamericano, en el cual la Otan redobla la apuesta contra Rusia, en el marco de contradicciones sociales y nacionales explosivas y de una crisis mundial que acentúa estos choques; ese alineamiento coloca al Estado nacional como gendarme de esta escalada guerrista y como corresponsable de los crímenes y masacres de la Otan y el sionismo en todo el mundo.
La causa contra Vanina Biasi, que deberá prestar indagatoria el 15 de octubre, por su denuncia implacable del Estado de Israel, muestra que para imponer esta orientación el sionismo, el gobierno y el Poder Judicial no renunciarán a intentar amordazar a quienes levantan la voz en defensa del pueblo palestino. Estaremos enfrentando esta línea en las calles el próximo 7 de octubre, cuando concurriremos a Plaza de Mayo a denunciar nuevamente las masacres en la franja de Gaza y la escalada guerrerista del sionismo.
Oposición cómplice
Esta barbarie a la cual el gobierno está arrastrando al país tiene un punto de apoyo en la oposición complice. La masividad de la movilización universitaria contrastó con los discursos adocenados de la burocracia y las fuerzas patronales convocantes, que evitaron a todo trance plantear la necesidad de una continuidad de las acciones para torcerle el brazo a un gobierno que va a recurrir a la compra de votos en el congreso para asegurar el tercio que le permita blindarse. Mientras se anuncian despidos masivos, la CGT se reunió con el gobierno para avanzar en un pacto cada vez mas abierto, que tiene como punto de partida el respaldo del gobierno al unicato sindical, para que la mayor “casta” de este país siga apoltronada negociando con las patronales a costa de los trabajadores. Sólo este sustento opositor explica que el gobierno haya podido hacer pasar el veto a los jubilados, la Ley Bases, el DNU 70, los golpes al salario y las fuentes de trabajo.
Pero los fracasos económicos del gobierno, la inestabilidad política y sobre todo el descontento popular que crece hacen que se empiece a agitar la cuestión de si Milei podrá finalizar su mandato. Lo pone en discusión Guillermo Moreno cuando plantea un juicio político, que vienen rechazando todas las fracciones “oficiales” del PJ. Pero también lo agita Patricia Bullrich, cuando preventivamente y para criminalizar y reprimir acusa de “golpistas” a las movilizaciones populares. En realidad, quien está dando un golpe contra la soberanía popular es un gobierno que impone a fuerza de vetos la enorme confiscación social que estamos viendo. El mismo contenido tienen el protocolo represivo -que otra vez fue arrollado por las masas el 2- y las detenciones y causas a organizaciones y militantes populares. Al advertirle a quienes defienden la universidad, la salud pública o los puestos de trabajo que no van a prosperar en ningún reclamo con este gobierno, empuja a una amplia masa de la población a madurar la idea de que el gobierno debe caer para obtener una respuesta a las necesidades populares más elementales.
Intervenir en la crisis
Este escenario abre un desafío enorme para la izquierda revolucionaria. Por un lado pone a prueba la capacidad de llevar adelante una agitación y un respaldo de las luchas en curso que pueda superar el corset de la burocracia sindical y piquetera, y poner en pie una lucha a fondo por cada uno de los reclamos. Es lo que vienen haciendo los trabajadores del Hospital Garrahan cuando salen masivamente a las calles en defensa del presupuesto para la salud pública. Lo que viene planteando la AGD UBA cuando para y se moviliza junto a los sectores estudiantiles combativos llamando a librar una lucha a fondo contra el gobierno. Está en juego la defensa de las libertades democráticas, contra la escalada represiva y criminalizadora.
Pero al mismo tiempo la situación exige intervenir en la crisis con un planteo capaz de hacer visible a los ojos de la población la necesidad de una lucha a fondo para terminar con este gobierno entreguista y poner en pie una alternativa que reconstruya a la Argentina sobre nuevas bases sociales, oponiéndole al sacrificio en el altar de la deuda externa el no pago y la investigación de la misma, y al ajuste y el hambre una salida propia de la clase trabajadora en defensa del trabajo, el salario, la salud y la educación. Planteando también, frente al alineamiento con las masacres del sionismo y el imperialismo, la unidad internacional de la clase trabajadora y la solidaridad con los pueblos oprimidos.
Una perspectiva de este tipo no se construye mediante una anticipada disputa electoral 2025/27, sino con una izquierda entrelazada en cada lucha obrera y popular como factor organizador en la lucha de clases; o sea, fundando la proyección política de la vanguardia como superación y ruptura de la contención de los fuerzas políticas capitalistas, en particular del peronismo y el kirchnerismo que pretenden polarizar con el facholibertario.
Juan García
Se multiplican las denuncias por circulación de material pedófilo
El Estado protege a las redes de pedofilia.
Nos encontramos frente a un dato estremecedor: solo en la Ciudad de Buenos Aires, en dos años creció 33% la cantidad de denuncias por difusión de imágenes y videos de menores en situación de abuso sexual. Esto significa que crecen las redes de pedofilia al amparo estatal, revistiendo un verdadero peligro para nuestras infancias.
La información fue publicada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic) de la Universidad Austral, en base a datos del Ministerio Público Fiscal de CABA. Las denuncias recibidas por el organismo aumentan año tras año: en 2021 ingresaron 71.797 casos; en 2022 escalaron a 86.867; y, en 2023 se contabilizaron 95.600. En lo que va del 2024, ya van 70.000 hechos denunciados.
Como vemos, hay un salto en la producción, distribución, comercialización y consumo de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en representaciones digitales. Sucede que si bien la policía realiza allanamientos esporádicos por este motivo, donde incauta dispositivos electrónicos, nunca se desmantela ninguna red de pedofilia. Las mismas actúan a sus anchas gracias a los vasos comunicantes que mantienen con las altas esferas del poder político y judicial.
El caso del diputado libertario de Misiones, Germán Kiczca, ilustra perfectamente esta connivencia. Al igual que la reciente detención del diputado correntino Sixto Omar Fernández por tenencia de material pedófilo. Se trata de un dirigente del Partido Liberal, el cual que integra el frente oficialista en la provincia gobernada por Gustavo Valdés, quien, cabe recordar, forma parte de la trama de encubrimiento que está detrás del secuestro de Loan.
Es evidente que la “Ley Antimafia” que impulsan Milei y Bullrich no tiene por objetivo combatir el tráfico de menores para fines de explotación sexual, ya que son aliados políticos de los mismos tratantes. Incluso, les otorgan un blanqueo de capitales para que puedan ingresar al circuito legal el dinero obtenido en estas actividades ilícitas.
Ni qué decir que se trata de un gobierno que quiere reponer a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, cuando llueven las denuncias de pedofilia sobre dichas instituciones. Desde Prensa Obrera hemos dado cuenta de numerosos delitos de esta índole cometidos por miembros de la Armada Argentina y del Ejército.
“El material de abuso sexual contra las infancias producido por adultos, traducido en videos y fotografías, abarca desde bebés hasta adolescentes, y es distribuido, facilitado, vendido y consumido entre personas que integran redes internacionales de explotación sexual de chicos” (Clarín, 3/10). Semejante aberración configura un negocio capitalista que mueve cifras multimillonarias: se estima que genera U$S 31 mil millones a nivel mundial y U$S 250 millones en Argentina. Por lo tanto, ningún gobierno que defienda este régimen de acumulación tendrá en sus planes eliminar tamaña fuente de ganancias.
Muchas veces las víctimas son captadas a través del grooming o ciberacoso, donde un adulto pedófilo obtiene las representaciones sexuales de los menores por vía digital, apelando a engaños y extorsiones (por ejemplo, amenazando al niño o adolescente de que va a publicar las imágenes provistas él si decide no enviar más). Por lo tanto, la ESI que Milei quiere erradicar es sumamente necesaria para prevenir estas situaciones, ya que desde muy temprana edad los chicos están expuestos a las redes sociales y al uso del celular.
La proliferación de estas prácticas muestra a todas luces el grado de decadencia de este régimen social, que legitima la violencia hacia las niñeces para infundir pautas de sometimiento sobre la mayorías, y, a su vez, convierte a la circulación de contenido pedófilo en una vía de reproducción del capital. La lucha por el socialismo se vuelve, entonces, una tarea urgente para terminar con esta barbarie.
Sofía Hart
La crisis capitalista recrudece la pelea por la producción de autos eléctricos
El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, durante una visita a la planta de Volkswagen VW en Emden, advirtió: “Hay límites a lo que el gobierno puede hacer para apoyar a Volkswagen en su actual crisis”. Y añadió que “la estructura y la viabilidad de un negocio dependen de la política de la empresa”.
En cuanto a los informes sobre la inminente pérdida de miles de puestos de trabajo en VW, Habeck dijo que no podía confirmar tales cifras. Por un lado, pidió a Volkswagen que mantenga sus centros de producción, pero, por otro, declaró: “No puedo involucrarme” en la política corporativa concreta.
Martin Sander director de ventas de VW, afirmó que “lo más importante es que recibamos una señal clara de los políticos a favor de la movilidad eléctrica”.
A la sombra de esta crisis de VW, el ministro de economía Habeck convocó esta semana a una cumbre del automóvil para el próximo lunes 30 de septiembre, en la que se reunirá con los fabricantes, proveedores y sindicalistas más importantes, para tratar de llegar a un acuerdo productivo que permita competir directamente con la producción china de vehículos eléctricos. Esta solución no traerá condiciones favorables para los trabajadores.
El avance de la industria automotriz china por sobre la tradicional fabricación de vehículos en occidente no solo perjudica a la terminal alemana, también genera muchísima preocupación en las demás terminales.
Un ejemplo de esta situación es la declaración del CEO de Ford, recién llegado de China, quien comentó en una entrevista con el Wall Street Journal que la empresa se enfrenta a un momento crucial. Señaló que Ford debe avanzar rápidamente en la transición hacia los vehículos eléctricos o, de lo contrario, no podrán competir con los fabricantes chinos en cuestión de meses.
Según palabras de Jim Farley “la empresa se enfrenta a un riesgo existencial, debido al rápido avance de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos (…) Los fabricantes chinos están avanzando a una velocidad que supera con creces las capacidades de respuesta de los productores occidentales”.
Farley también advirtió que si los fabricantes occidentales no actúan rápidamente o empiezan a colaborar con los chinos “corren el riesgo de desaparecer del mercado”.
Ford ha comenzado a considerar la posibilidad de fabricar coches en México, lo que podría ser una “puerta trasera” para acceder al mercado norteamericano, pero esto también pone en peligro a la industria automotriz en Estados Unidos y Europa. El rápido ascenso de los fabricantes de vehículos eléctricos en China ha dejado desconcertados a los ejecutivos industriales. Marcas como BYD, respaldada por Warren Buffet, han ganado una importante cuota del mercado. En 2023, BYD vendió más de tres millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que representa un aumento significativo en comparación con los años anteriores.
El impacto de esta expansión ha comenzado a preocupar a gobiernos de todo el mundo. La Unión Europea, por ejemplo, ha revelado planes para imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos, mientras que la administración de Biden en Estados Unidos ha elevado los aranceles a un 82,5% para limitar la entrada de estos vehículos en el mercado estadounidense. Sin embargo, algunos analistas sugieren que estas medidas proteccionistas pueden no ser suficientes para detener el avance de los gigantes asiáticos. Durante el periodo de 2018 a 2023, la fabricación de coches eléctricos en China superó los 13 millones de unidades, una cifra que triplicó la producción de Alemania, que ocupa el segundo lugar.
Sin dudas, estas disputas empresariales que solo representan intereses de países imperialistas generan grandes problemas en países periféricos como el nuestro. Teniendo 11 terminales automotrices nuestros trabajadores no saldrán beneficiados con estas políticas productivas. Muy por lo contrario, los obreros metalmecanicos sufrirán las consecuencias de los cambios productivos. Toda esta situación es observada por los sindicatos correspondientes a la industria, tanto el Smata como la UOM no solo acompañan el proceso sino que dejan a la deriva a las y los trabajadores, permitiendo despidos y “retiros voluntarios” para garantizar y demostrar a las empresas orientales que la burocracia sindical está dispuesta a entregar todos los derechos adquiridos a favor de las patronales (de cualquier origen) en desmedro de los obreros.
Cabe señalar que las patronales buscan poder implementar cuanto antes la reforma laboral proporcionada por el gobierno de Milei, y respaldada tácitamente por todo el arco político, desde la traición al pueblo con los radicales votando contra los jubilados, el acompañamiento de los bloques dialoguistas y lo discursivo por parte del “peronismo opositor”, con CFK a la cabeza, junto a Máximo Kirchner y Axel Kicillof, diciendo “basta de quejarse” busquemos una salida “dentro de la ley y el orden”, “esperemos a las elecciones y elijamos bien”. Es evidente que todos los representantes de los intereses burgueses buscan avasallar los derechos de la clase trabajadora.
A las empresas no les alcanza con los beneficios obtenidos y, buscando mejores condiciones de estabilidad financiera, deciden hacer grandes inversiones en el país vecino. En Brasil las terminales automotrices que también están radicadas en nuestro país ya han invertido en lo que va del 2024 más de 10 mil millones de dólares.
Al igual que el gobierno nacional los gobernadores aprovechan la coyuntura político-económica y hacen ajustes en sus jurisdicciones, garantizando la gobernabilidad, resguardando a los patrones poniendo a sus servicio las policías provinciales para reprimir cualquier intento de reclamo obrero.
Es evidente que la salida para los trabajadores no puede ser esperar a las próximas elecciones o quedarse quietos, mirando como las reformas en las condiciones y en los derechos laborales dentro de la industria automotriz, en particular, pero también en la situación general de la clase obrera, van degradando nuestras vidas.
Desde la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero proponemos reforzar las organizaciones obreras combativas, para poder recuperar los sindicatos con delegados que representen los verdaderos intereses obreros y así dar una salida de conjunto organizando la movilización de las y los trabajadores para derrotar a Milei con la huelga general.
Christian Carl
¿Hacia dónde va la economía mundial?
La Reserva Federal de Estado Unidos acaba de anunciar una reducción de la tasa de interés. Las bajas cifras de creación de empleo, unidas a indicadores de desaceleración económica, encendieron las alarmas sobre la necesidad no solo de poner un freno a los incrementos que se fueron registrando estos dos años sino de empezar a revertirlos. Uno de los temores mayores es que la economía entre en una recesión incluso más severa de la que se pronosticaba.
Pero el asunto no termina ahí. No se nos puede escapar la enorme burbuja en la bolsa, con una valorización ficticia en la que las cotizaciones de las acciones no se compadecen con el desempeño real de las empresas. Muchas de las empresas son zombies, altamente endeudadas y sin capacidad para hacer frente a los intereses de la deuda que han contraído. Ni siquiera las empresas líderes que son las estrellas de la bolsa escapan a la crisis, ya que las expectativas que se abrigaban sobre las ganancias de las inversiones hechas en inteligencia artificial se han revelado infundadas. La tendencia a la caída de la tasa de ganancia, motor del capitalismo, condiciona el conjunto de la economía mundial.
El desplome bursátil de un mes atrás es un aviso y una advertencia del alcance de la crisis. Sin embargo, en el campo de la economía convencional, las autoridades y algunos analistas han intentado poner paños fríos, sosteniendo que la bolsa se recuperó y hasta retomó un curso ascendente. A lo sumo, en sus pronósticos ven la perspectiva de un aterrizaje suave. Incluso entre los economistas marxistas, advierten que no necesariamente una crisis financiera es la antesala de una recesión. La prueba de ello lo constituiría el derrumbe bursátil del ’87 que no estuvo acompañado de una recesión. Pero no podemos olvidar que a renglón seguido del crack se precipitó la disolución de la Unión Soviética y la anexión del ex espacio soviético y de China al campo de la explotación capitalista. Esto abrió una euforia en el mundo de negocios y de las finanzas que vieron en este hecho la posibilidad de un reflorecimiento del capitalismo. La apertura de las ex economías estatizadas a la voracidad del capital extranjero, y en particular el acople chino norteamericano, fue el punto de partida de una onda ascendente de la economía mundial.
Otro escenario
En la actualidad, estamos frente a otro escenario marcado por el desacople chino norteamericano y las tendencias cada vez más agravadas a escala global a la guerra comercial y a la guerra misma. La restauración capitalista, concebida inicialmente como la panacea para devolverle una vitalidad al capitalismo, se terminó convirtiendo en un factor de potenciación de las contradicciones capitalistas y de la crisis de sobreproducción y sobreacumulación de capitales. El capitalismo en estas últimas décadas se ha caracterizado por un desarrollo anémico, con tasas de crecimiento inferiores en promedio al 2 por ciento, alejadas del auge de la posguerra.
Pero, además, quienes salen al cruce desechando la perspectiva de una depresión omiten el hecho de que ya Europa está entrando o ya entró en recesión, empezando por Alemania, la principal potencia del viejo continente, que ya registra una retracción económica que está lejos de revertirse. Japón va en esa misma dirección. El país nipón es un caso muy emblemático porque desde la crisis bursátil del ’89 no pudo recuperarse y no ha logrado un relanzamiento de su economía y ha ido perdiendo peso relativo en el concierto mundial. Ni siquiera las políticas monetarias expansivas y el crédito barato ensayadas por los diferentes gobiernos de turno han logrado darle un impulso a la economía. En los años recientes, mientras las principales economías del mundo aumentaron las tasas de interés, Japón las redujo, lo cual no sacó al país de la meseta pero fue suficiente para alimentar una especulación con la divisa nipona y un cimbronazo financiero. El gobierno japonés se ha visto forzado a un aumento de apuro de la tasa de interés, con lo cual se vislumbra un freno aún mayor de su economía.
En Estados Unidos, que según muchos analistas venía escapando a este cuadro, están asomando cada vez más nubarrones que indican un enfriamiento de su economía. China, a su turno, viene sufriendo una desaceleración, jaqueada por la crisis inmobiliaria que no para y un endeudamiento que ha crecido como una bola de nieve y que condiciona la capacidad financiera del Estado para lograr un rescate del aparato productivo. Han quedado en el recuerdo las tasas de crecimiento de dos dígitos, pero lo que está en discusión no es si China puede ser una locomotora sino que las tendencias actuales terminen por provocar un desbarranque. Hay quienes señalan que las estadísticas oficiales distan de ser genuinas y el desinfle de la actividad económica es mayor. Lo cierto es que, lejos de que el gigante asiático saque la economía mundial de la crisis capitalista, ha sido arrastrado por ella.
¿Aterrizaje suave?
Pero la pregunta más importante es cuál es el panorama que se avecina Hay quienes hablan de un aterrizaje suave. Es decir, un declive sereno. Esta visón excluye un escenario catastrófico. Esta visión es sostenida por una parte de “mainstream” en la esfera de la economía convencional. En ese ámbito, se ha acuñado la teoría del “estancamiento secular”. Este enfoque que tiene adeptos en representantes conspicuos de la burguesía como Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Bill Clinton, plantea que el capitalismo ha perdido un impulso para el desarrollo de las fuerzas productivas. Según sus voceros, la economía mundial está atrapada en una impasse que se prolongaría en el tiempo, una suerte de meseta de largo aliento como ocurrió con Japón en las últimas décadas, de la cual no pudo salir hasta el día de hoy.
Esta tesis también se hace extensiva a corrientes marxistas. En nombre de que “siempre que llovió paró”, se hace hincapié en la capacidad del capital para pilotear la crisis. En lugar de una tendencia al colapso se habla de “desequilibrios”, de “tendencias y contratendencias” en el marco en el cual históricamente vino operando el capital. En definitiva, como el capitalismo tiene un comportamiento cíclico, las caídas son la antesala de recuperaciones.
A la hora de hacer los anuncios sobre el recorte de la tasa de interés, las autoridades de la Reserva Federal han hecho hincapié en que la inflación ha bajado y estaría bajo control, pero este relato oculta problemas que se han vuelto explosivos. En primer lugar, la persistencia en el tiempo de las actuales tasas de interés amenaza con provocar una crisis bancaria. A las instituciones financieras se les hace cada vez más insostenible cumplir con los ahorristas cuando sus activos están conformados por valores con rendimientos muy inferiores a los actuales del mercado. Este descalce que se fue agravando en estos dos años provocó el hundimiento del Silicon Valley y del Signature Bank. Esto se trató de un aviso, pues el problema está lejos de haberse resuelto. Más recientemente, se ha anunciado que el NET York Comunita Bancorp (NYCB) estaba atravesando los mismas dificultades que los bancos nombrados. Recordemos que la Fed tuvo que salir a anunciar que extendía la garantía de los depósitos superiores a los 250.000 dólares que no gozaban de esa garantía. Pero este descalce afecta también a las compañías de seguro y al mercado de hipotecas. Agreguemos que una parte considerable de los créditos inmobiliarios están en manos de los bancos.
Las elevadas tasas de interés se han convertido en una amenaza creciente para la bolsa, que se venía sosteniendo con un gran apalancamiento. Los operadores de Wall Street venían pidiendo que se relajara la política monetaria para evitar que se produjera un estallido de la burbuja en momentos que los valores de las acciones están superinflados y la relación precio-ganancia ha llegado a récords históricos.
El financiamiento más caro, a su turno, se ha vuelto no solo una pesada carga para las corporaciones privadas sino para el propio Estado. La deuda pública asciende a los 35 billones de dólares y hoy supera al PBI, lo cual ha provocado que los intereses de la deuda se acerquen al billón de dólares. El aumento de la tasa de interés ha traído aparejado una apreciación del dólar respecto a las otras monedas, encareciendo las exportaciones estadounidenses, abaratando las importaciones y echando leña al fuego al déficit de la balanza comercial.
Bancos en la sombra
Está a la vista que detrás de la decisión de la reducción de la tasa de interés están todos estos desequilibrios explosivos. ¿Pero alcanza esta medida para a revertir este cuadro? Por lo pronto, Wall Street se quedó con el gusto a poco esperando anuncios más agresivos de la FED sobre los futuros recortes. La alta volatilidad es el rasgo que hoy prevalece en las bolsas mundiales, incluida la yanqui.
Los anuncios tampoco disipan el peligro de una crisis bancaria. Las normas que se originaron con la crisis del 2008 disponiendo aumentar el capital de los bancos para cubrir pérdidas y evitar un rescate por parte del Estado no se cumplieron. Y eso pese al nuevo aviso que significó el hundimiento de los bancos que describimos en 2023.
En lugar de un requisito de capital del 19% que se había fijado inicialmente, la tasa se redujo al 9% en medio de un enorme lobby de los bancos. Incluso no corre esa norma para instituciones con un patrimonio inferior a 250.000 millones de dólares, A esto habría que agregar el espectacular crecimiento de la llamada “banca en la sombra”. Los prestamistas no bancarios tienen la mitad de los activos financieros del mundo. Unos 240 billones de dólares que equivalen a dos veces y media el PBI mundial. Los expertos avisan del alto riesgo de esta situación dada la menor supervisión de estas instituciones.
Dentro de esta “banca en la sombra”, es materia de especial preocupación una serie de intermediarios que se distinguen por su alta exposición al riego. “Hay 67 billones de dólares en manos de intermediarios que podrían suponer un riesgo para la estabilidad de todo el sistema si se diesen retiradas masivas de liquidez. 67 billones son más de lo que generan en un año las economías de la zona euro, China y Estados Unidos juntas. Esos activos están en manos de muchos tipos de instituciones: fondos de renta fija, fondos mixtos, fondos de cobertura, fondos inmobiliarios, sociedades de préstamos al consumo, empresas de leasing y factoring, brokers, sociedades de custodia, compañías de seguros de crédito, garantes financieros, aseguradoras, vehículos de titulización o vehículos de financiación estructurada” (“Banca en la sombra”, El País, 21/3/23).
Perspectivas
Viene al caso advertir que un abaratamiento del dólar puede comprometer seriamente la capacidad de financiamiento de la deuda pública estadounidense, que ya se encuentra cuestionada, como lo revela que los bonos del Tesoro han perdido la calificación de triple A. No hay que olvidar que Estados Unidos ha actuado estos años como una aspiradora de los capitales del globo. Entre los principales acreedores figuran Japón y China. Una retracción o una huída de capitales acentuarían una falta de liquidez y hasta una depreciación de los títulos públicos estadounidenses.
Muy probablemente, un abaratamiento del dólar ni siquiera redunde en una mejora de la balanza comercial: por el contrario, puede ser el puntapié de una cadena de devaluaciones competitivas, enrareciendo más el intercambio comercial y el movimiento financiero. Un descenso del valor del dólar puede ser la señal que faltaba para provocar un golpe más rotundo a la divisa norteamericana como medio de pago internacional y reserva de valor. Esta tendencia ya se está dando: el dólar concentraba el 80% de la transacciones internacionales dos décadas atrás y ahora menos del 60%. En el contexto actual, esto llevaría a buscar refugios en activos más seguros. El oro, cuya cotización ya es record y se aproxima a superar la barrera de los 2.700 dólares, es un indicador de este fenómeno.
Visto este panorama, salta a la vista que los frentes de tormenta son demasiados y de una envergadura sideral y exceden holgadamente la capacidad de rescate de los Estados capitalistas, empezando por el de Estados Unidos. Estamos frente a un escenario convulsivo cuyo recorrido no estará exento de crisis bancarias, derrumbes bursátiles, defaults corporativos y soberanos, bancarrotas y quiebras. La guerra que se extiende y que ahora está pegando un nuevo salto en Medio Oriente es una consecuencia de la crisis capitalista y, al mismo tiempo, un factor de su agravamiento, pues excluye cualquier posibilidad de acción coordinada de los Estados y acentúa las tendencias a la fractura y dislocación de la economía mundial.
El devenir de la bancarrota capitalista que viene sometiendo a los pueblos a privaciones y sacrificios sin precedentes y a los horrores de la guerra habla por sí solo de la inviabilidad de las salidas reformistas, basadas en la regulación del Estado capitalista, y actualizan la necesidad de una salida anticapitalista que, como tal, está reservada a la acción revolucionaria de los trabajadores, que apunte a un reorganización de la humanidad sobre otras bases sociales.
Pablo Heller
Marcha educativa: el plan de lucha tiene que continuar hasta ganar
Esto se basa en situaciones objetivas. Por un lado, más del 80% de la población, según las encuestadoras, apoya la universidad pública. Por el otro, el 45% de los dos millones de estudiantes universitarios son pobres, el 85% de los docentes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, así como el 60% de los trabajadores no docentes.
En lo que hace a la investigación, que más del 50% se hace en las universidades, se produjo la renuncia de la responsable de la Agencia de Investigación nombrada por Milei, porque se ejecutaron $0 del presupuesto asignado a los proyectos aprobados. En los organismos de Ciencia y Tecnología como el Conicet, el Inta y el Inti los despidos y retiros voluntarios son la norma y no la investigación. El plan nuclear está paralizado y sujeto a privatización, por ello los trabajadores del complejo de Atucha están en lucha y cortando la ruta.
En lo que hace a la salud pública que se realiza en los hospitales escuela de las universidades públicas se atiende a menos de un tercio de la demanda que por el empobrecimiento de la población se ha duplicado, mientras los trabajadores cobran no solo salarios de pobreza sino menores a los equivalentes en los propios trabajadores del sector.
La extensión en programas sociales se ha eliminado, simplemente no hay plata.
Esta es la situación del sector: un derrumbe, que si bien viene de años se agudizó a niveles no conocidos en los últimos 40 años.
Es por esto que desde febrero de este año existe un plan de lucha de la docencia y se han realizado asambleas, plenarios, cortes, paros y dos marchas federales masivas. Las más grandes contra el gobierno de Milei.
Sin embargo, al momento no se han obtenido el mínimo de las reivindicaciones planteadas por los trabajadores docentes, no docentes y por los estudiantes: incrementar las becas en cantidad y monto para llevarlas a un mínimo equivalente al salario mínimo desde los miserables $35.000 que rigen hoy para uno de cuatro estudiantes; incrementar inmediatamente los salarios docentes desde el básico de indigencia del cargo testigo de $317.000 para recuperar lo perdido hasta conquistar que ningún docente esté debajo de la línea de pobreza; incrementar el salario mínimo no docente cuyo básico es de $476.000.
Tanto salarios como becas están debajo de la línea de indigencia. Algo intolerable.
Seguir hasta ganar
Tenemos que sacar conclusiones prácticas de esta experiencia de 8 meses de lucha. La primera de ellas es que no podemos parlamentarizar la lucha: la Ley de Financiamiento Universitario la conquistamos en las calles y la defendimos allí como una solución parcial a nuestros reclamos.
El veto, al igual que en el caso de las jubilaciones, es la única respuesta del gobierno. Una herramienta que hasta fue defendida por Máximo Kirchner y que es violatoria de las demandas populares. Cosa que se demuestra cuando se ajusta el presupuesto o la reforma laboral o la privatización de Aerolíneas por DNU. La parlamentarizacion como eje central y no como una herramienta más es un callejón sin salida.
Tampoco podemos esperar a 2025 o 2027. Los salarios y becas de indigencia no pueden esperar tres años. La recomposición debe ser ya y solo lo lograremos con un plan de lucha sostenido hasta la huelga universitaria y conquistar su mejora, como lo hicimos en 2005 y 2018.
Para obtener la triplicación del presupuesto para alcanzar el mismo que teníamos en 2012 no lo haremos juntos a las camarillas rectorales que negociaron a espaldas de trabajadores y estudiantes los ya famosos gastos de funcionamiento, que no son más que transferencias del propio gobierno a las empresas privadas que dan luz, gas y telecomunicaciones. En otras palabras, Milei da un tarifazo a favor de esas empresas, y los rectores le mendigaron unos pesos al gobierno para pagarle… a esas mismas empresas.
Pero es en nuestro terreno donde tenemos que superar a las burócracias sindicales y estudiantiles para en forma independiente del gobierno, los bloques patronales y las camarillas rectorales implementar un plan de lucha hasta ganar. Esto quedó demostrado cuando ni en el documento leído, ni en las intervenciones del acto de la marcha educativa se planteó la continuidad de la lucha, y donde incluso alguna federación enrolada en la CGT sostuvo que tenemos que seguir dialogando con el gobierno que destruye la universidad y los derechos del pueblo trabajador.
Por ello, frente a la bronca por los salarios, el presupuesto actual y el proyecto de 2025, tenemos que seguir el ejemplo de lo votado por la asamblea de AGD-UBA: llamar a un paro de repudio al veto de Milei y prepar asambleas y plenarios de docentes afiliados a una u otra federación, o a ninguna, para discutir cómo seguirla. A asambleas interclaustros. A clases públicas, paros, cortes y tomas hasta imponer un plan de lucha continuado hasta ganar.
Antonio Rosselló
miércoles, 2 de octubre de 2024
Todos a la marcha del 2 de octubre contra los salarios de pobreza y en defensa de la Universidad pública
Pero lo cierto es que, la mayoría de los docentes universitarios tiene cargos de Ayudante y Jefe de Trabajos Prácticos, que son los de menor jerarquía. A su vez, las dedicaciones exclusivas (40 hs. semanales) están en vías de extinción en las universidades nacionales, donde priman las dedicaciones simples (10 hs). Durante las últimas décadas, se ha producido un achatamiento del escalafón y las dedicaciones horarias que, sumado al derrumbe salarial inédito, ha llevado a que más de la mitad de los docentes universitarios se encuentra hoy bajo de la línea de pobreza. Lo mismo sucede con la mayoría de los trabajadores no docentes. La situación de los docentes preuniversitarios es todavía más grave. En los colegios de la UBA, por ejemplo, cobran casi un 30% menos que el resto de los docentes de nivel medio en CABA.
La miseria salarial creciente está llevando a que algunos docentes abandonen sus cargos para buscar otros trabajos que les permitan sobrevivir. En varias facultades de la UBA, este fenómeno se ha acentuado en los últimos meses.
A esto hay que agregar la reducción del presupuesto para becas e investigación. Mientras la pobreza se agrava entre los estudiantes universitarios (muchos de los cuales tienen empleos precarios o lo han perdido recientemente), las becas de estudio se recortan. Tampoco hay plata para becas y proyectos de investigación. Se han paralizado trabajos de varios años por falta de recursos y no hay financiamiento para impulsar nuevos proyectos.
La situación es tan grave, que hasta los propios rectores del CIN, que pactaron con el gobierno luego de la marcha del 23 de abril, se han visto forzados a convocar a una segunda movilización. El Rector y el Vicerrector de la UBA han dejado en claro en entrevistas recientes cuál es la orientación de las autoridades: presionar para que los diputados “voten bien” en caso de que Milei vete la ley de financiamiento universitario.
Pero, incluso si la ley se mantuviera o llegara aplicarse (algo poco probable), sólo tendría vigencia hasta fin de año. El proyecto de Presupuesto 2025 promete profundizar todavía más la asfixia presupuestaria y salarial de las universidades públicas. El gobierno también ha amenazado en estos días con provincializar la educación superior. Es decir, avanzar a fondo en la destrucción del sistema universitario y científico, mediante un vaciamiento creciente, que abone el terreno de la privatización educativa.
Pero esta senda de liquidación no puede enfrentarse depositando expectativas en los mismos legisladores que han acompañado la Ley Bases, la reforma laboral e incluso el veto del aumento jubilatorio. La defensa de la universidad y la ciencia depende enteramente de la organización de docentes, estudiantes y no-docentes, en unidad con el resto de los trabajadores.
El 2 de octubre llenemos las calles de todo el país para que se hagan sentir nuestros reclamos.
Patricia Lambruschini
01/10/2024
La burocracia de la CGT transa con el gobierno y le da la espalda a los trabajadores
La CGT volvió a reunirse con el gobierno nacional, en medio del conflicto universitario y distintos frentes sindicales abiertos, en lo que parece una búsqueda por alcanzar un “acuerdo de partes” para seguir entregando a los trabajadores. La burocracia sindical, que debería estar resolviendo las medidas de acción para enfrentar al gobierno de la pobreza, fue a la Casa Rosada a negociar la continuidad de sus privilegios de casta.
Con la presencia del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el secretario de Trabajo Julio Cordero y el consultor presidencial Santiago Caputo, por un lado, y los principales referentes de la cúpula cegetista, por el otro, tuvo lugar la reunión de este lunes 30 para “limar asperezas”, sin una agenda que destacará la inminente y masiva movilización universitaria prevista para este 2 de octubre, las escalofriantes cifras de pobreza, ni los conflictos sindicales en el transporte y otros gremios.
La burocracia sindical de la CGT fue a la Casa Rosada dándole la espalda, nuevamente, a los principales procesos de lucha, a negociar cómo intervenir sobre los aspectos de la reforma laboral que más la comprometen, como es el caso de los proyectos contra los mandatos renovables indefinidamente, la caja de las obras sociales y tratamientos de alta complejidad, y el control sobre el proceso de despidos por “bloqueos sindicales”.
La sola mención de Francos de que el gobierno vetaría el 100% de la Ley de Financiamiento Universitario debería ser suficiente para que cualquier sindicalista “honesto” se retirara de la reunión. La burocracia cegetista, en cambio, aceptó la conformación de una mesa salarial futura para aceptar el ajuste.
El saldo del encuentro fue la postulación de una mesa tripartita, entre el Estado, la burocracia sindical y las patronales, para negociar la reglamentación de los artículos pendientes de la reforma laboral implícita en la Ley Bases. Entre ellos el atinente a los despidos y judicialización por “bloqueos sindicales”.
La propuesta de la burocracia sobre esta cuestión siquiera plantea la eliminación de tal disposición, cuya ambigüedad en la ley habilita a las patronales a despedir en los hechos y obligar al trabajador a penar en los estrados judiciales, sino que proponen conformar una mesa a tal fin para digitar y analizar caso por caso: una especie de filtro para, incluso, disciplinar a los trabajadores independientes y las acciones de base.
Desde el gobierno también se comprometieron a que no apoyarían ninguno de los proyectos de ley que plantean una injerencia y modificación en la estructura organizativa de los sindicatos para “terminar con la casta sindical”.
Con estas “concesiones” el gobierno busca ganar tiempo tirándole un hueso a una burocracia más que colaborativa, que no ha convocado a la huelga en apoyo a la lucha universitaria y cuyo sector del transporte amenaza con un paro para el 17 de octubre que el Ejecutivo busca desarmar.
La “predisposición” del gobierno a negociar las migajas es directamente proporcional al desarrollo de la crisis económica y política: un gobierno con más de la mitad del país en la pobreza, endeudado, con otro fuerte ajuste por delante y sin el apoyo popular en las calles.
Cuando la CGT más tendría que apretar para derrotar a un gobierno que expresa sus debilidades, la burocracia sindical al frente de la misma se sienta a negociar cómo sostener al gobierno del hambre, el ajuste y la represión. Una orientación canallesca.
Hay que barrer con estas direcciones entreguistas organizando los reclamos en cada lugar de trabajo y abriéndole paso a la lucha por las reivindicaciones inmediatas y contra la ofensiva de este gobierno antiobrero. Empezando con poner todos los esfuerzos para el éxito de la marcha universitaria de este 2 de octubre, y la derrota del ajuste educativo de Milei.
Marcelo Mache
Para Torrendell, la respuesta a la deserción estudiantil es recortar el presupuesto universitario
Pettovello y Torrendell buscan desalentar la convocatoria del 2/10.
En la antesala de la segunda marcha universitaria, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, salió al cruce de la convocatoria acusando a las universidades de “inventar alumnos” para exigir más presupuesto. Como vemos, desde el gobierno ya no saben qué más hacer para deslegitimar una movilización que despierta amplio apoyo popular y promete ser multitudinaria.
El funcionario expresó en una entrevista radial que “todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia”. Si bien utiliza ese dato para justificar el ahogo presupuestario, la conclusión que debería desprenderse del mismo es que hace falta aumentar significativamente el presupuesto universitario para combatir la deserción estudiantil.
Tal vez no se enteró y haya que avisarle a Torrendell que es secretario de Educación, y, por lo tanto, el encargado de diseñar políticas públicas para asegurar la permanencia y el egreso de los estudiantes. No es un comentarista que puede arrojar semejante cifra de deserción y eludir toda responsabilidad en el asunto.
Lo que es indudable es que las medidas del gobierno expulsan a los jóvenes de las universidades. Con Milei hay cinco millones de nuevos pobres, para quienes sostener los estudios es cada vez más difícil al no poder costear los apuntes ni el viático. O bien, muchos deben abandonar la carrera para trabajar más horas porque sino no llegan a fin de mes.
Solo alguien con mucho descaro puede animarse a decir públicamente que hay que recortar el presupuesto universitario porque los estudiantes dejan materias. Es exactamente al revés, para enfrentar esa problemática es necesario triplicar las partidas presupuestarias en función de ampliar la oferta horaria y académica, abrir más comisiones, poner en pie comedores universitarios, otorgar becas de ayuda económica y extender el boleto educativo a todas las universidades del país.
Mención aparte merece el comunicado emitido por Capital Humano que busca desacreditar el reclamo de los docentes y no docentes de las universidades, negando que cobran salarios de pobreza. Para sostener semejante afirmación, pone de ejemplo a un docente titular con máxima antigüedad, cuya realidad no es la de la mayoría de los docentes. Incluso en esos casos, se registra una caída salarial del 23% entre noviembre 2023 hasta la actualidad, según la consultora de Fernando Marull.
Lo cierto es que la situación es desesperante: solo en la UBA, el 85% de la docencia y el 60% de los no docentes están debajo de la línea de pobreza; desde principio de año a esta parte se acumuló una pérdida salarial de 55 puntos; y el salario de bolsillo de un auxiliar docente es de apenas $120 mil.
Debemos responder a las provocaciones del gobierno siendo un millón de personas en las calles defendiendo la universidad pública y continuar la lucha hasta ganar. Por eso, si Milei veta la ley de financiamiento universitario, que haya tomas.
Sofía Hart
martes, 1 de octubre de 2024
La Sociedad Rural propone un desmonte a largo plazo
La hipocresía a la que se refiere Costamagna se debe a que, contradictoriamente con la “rigidez” aparente de los discursos del gobernador, el manejo de terrenos arrasados por las quemas, desde hace años, es discrecional. El gobernador Llaryora se cansó de repetir la semana pasada que en la provincia está prohibida la reconversión de tierras quemadas. Pero es harto sabido que, a nivel municipal, esto queda librado a la arbitrariedad de los jefes comunales, que violan las normativas y otorgan permisos a productores y capitalistas amigos. A nivel provincial sucede lo mismo, y es lo que ha explotado con el escándalo de las tierras de los bosques chaqueños, otorgadas por los funcionarios de la cartera de producción local para su explotación por grandes empresas, cuando las mismas tenían la máxima jerarquía de conservación. Costamagna no propuso a este respecto una salida para las casi 100.000 hectáreas que ya se han quemado en lo que va de 2024, por ejemplo, un plan de remediación. Lo que Costamagna y la SRA quieren es “competir” legalmente por la tierra arrasada.
Lo más importante, sin embargo, reside en lo que el entrevistado y el comunicado entienden como “reflexión” sobre un nuevo ordenamiento territorial, a saber: la introducción de los métodos de combinación entre ganado y agricultura de un lado, con bosques nativos del otro, dentro del andamiaje legal de conservación de bosques nativos. En términos comunes se conoce a estos procedimientos como sistemas silvopastoriles y consisten en la integración de ganados y bosques nativos. Para la introducción del ganado, primero se hace un trabajo de erradicación de los arbustos y pastos nativos, con todos los insectos y animales que estos acarrean. Estos son reemplazados por forraje para ganado y lo que se deja en pie son los árboles adultos. Según una nota en Clarín, este método es un camino intermedio entre “los que creen que habría que desmontar para evitar los incendios (y, quizás, de paso aprovecharían para desplegar otras actividades en el suelo en cuestión...) y los conservacionistas acérrimos” (29-09). Pero las pasturas nativas y sus respectivos insectos y animales forman una unidad con los árboles. Es una interrelación particular que tiene resultados propios en lo que respecta a regulación de temperatura, humedad, nutrientes y minerales, que luego interactúan con los sistemas acuíferos.
Entender los ecosistemas de bosques solo como una suma de árboles nativos es una degeneración conceptual, que solo al capital desesperado por la crisis y la caída de los precios de la materia prima se le puede ocurrir. La Sociedad Rural propone la amputación de los ecosistemas de bosques. Los empresarios de la soja y de las vacas creen, al igual que la vicegobernadora de la provincia, que con este procedimiento “evitan” futuras catástrofes ambientales. Esto porque eliminan el combustible, primero con la erradicación de las pasturas autóctonas y, luego, con el consumo de los pastos sembrados y otras hierbas por parte del ganado. Con este mismo método se ha desmontado toda la zona norte de la provincia, porque los árboles autóctonos envejecen y no crecen nuevos ejemplares. Lo que redunda en un desmonte a largo plazo. Olvidan que siglos de desmontes convirtieron en tierra árida las zonas otrora húmedas y rebosantes de vegetación, como el Cercano Oriente o la misma Grecia. No hay mayor catástrofe ambiental que convertir un bosque en un desierto. Santiago del Estero, y el mismísimo norte de Córdoba, por obra del desmonte en la época de la Colonia y el desmonte actual son zonas ganadas por el “tierral”. Más cerca en el tiempo, para combatir pasturas y arbustos autóctonos se ha usado Glifosato. El desmonte conlleva también el desplazamiento de las comunidades originarias cuyo ganado se alimenta principalmente de los arbustos nativos. La prepotencia ha sido tal, que mientras las comunidades del norte de la provincia sufren la escacez de agua crónica, la burguesía disfruta de campos de golf regados artificialmente.
La “rediscusión” sobre la legislación de ordenamiento ambiental implica un nuevo paso en la privatización del patrimonio público natural. El sistema de mapa de colores, que otorga un color diferente de acuerdo a la jerarquía de conservación de un bosque, ya habilitaba la disputa por los territorios fronterizos de los bosques catalogados como de “máxima conservación”. En realidad, las zonas verdes y amarillas no son más que la habilitación para la privatización y la reconversión de terrenos que hace un par de décadas atrás eran bosques.
La introducción del sistema silvopastoril pretende avanzar en lo que queda del bosque nativo, ahora zona roja, que es patrimonio público. El ingreso de ganado, que es propiedad privada del productor, generaría un conflicto con el patrimonio público, que es propiedad del Estado ¿Qué va a primar: los tiempos y ciclos de lo que queda del bosque, o los tiempos, ciclos y lógicas de la producción ganadera, íntimamente ligada a la dinámica de los mercados? Para endulzar la píldora la Sociedad Rural ya tiene una carnada en tiempos de crisis de deuda pública, que presentó en la pasada Exposición Rural de Palermo: los créditos de carbono. Los capitalistas del campo que “es mucho más que campo” piensan en el financiamiento que podrían otorgarles los créditos de carbono por el ahorro que generaría este método ganadero más amigable con el medio ambiente, en terrenos que no son suyos… negocio redondo.
La Sociedad Rural ha llamado a no usar “políticamente” la tragedia por los incendios, pero ella misma ya se encuentra haciendo lobby en el Parlamento para reformar las leyes en el sentido de mayores concesiones. Con supuestos métodos más amigables con el medio ambiente, los capitalistas del campo proponen ante el desmonte acelerado por los incendios un desmonte a largo plazo, donde lo único que se maximiza es la renta del capital en el mismo proceso. En este sentido es que puede leerse el “cambio de timón” de los diputados de LLA para votar lo que no es más que una “declaración”. El gobierno de la negación del cambio climático y de la campaña fake para atacar al activismo ambiental no va a hacer nada para revertir el avance del capital agroganadero. Una verdadera defensa de los ecosistemas y de los bosques solo puede venir de la organización y la lucha de las comunidades que viven en y alrededor de los mismos.
Patricia Urones
01/10/2024
El recorte de medicamentos del PAMI es un crimen social
De un día para otro, sin ningún aviso a la población, según la resolución 2431, el PAMI recortó otros 44 medicamentos con cobertura al 100 % -en junio pasado ya habían hecho un recorte de 11 remedios- y ha reducido la cobertura de más de 1100. Entre los eliminados se encuentran antiparasitarios, corticoides, antirreumáticos, calmantes y antibióticos, muchos de los cuales son esenciales para tratar enfermedades crónicas y agudas. Pacientes y farmacéuticos confirman que el clonazepan y las indispensables estatinas (reducen el colesterol) pasaron a tener descuentos menores, del 50 % y del 80 %. El PAMI lo niega. PAMI confirma, además, que los prazoles (omeprazol, pantoprazol, esomeprazol) utilizados por el 25 % de los jubilados, pasaron de tener cobertura “ambulatoria” a no tener ningún tipo de descuento. Hasta diciembre de 2023, se entregaban 6 cajas de remedios con cobertura al 100 % para cada jubilado, que se redujeron a 5 cajas durante el gobierno liberticida.
Por otro lado, el PAMI pasó medicamentos del vademécum, llamados de “uso eventual”, que tenían descuentos del 50 al 80 %, a medicamentos de venta libre que ahora deberán ser pagados con un descuento del 40 % sobre el precio de venta al público.
La desinformación por parte del PAMI es mayúscula y crea enormes incertidumbres entre los beneficiarios.
Según PAMI, cualquier afiliado que precise remedios con cobertura al 100 % puede gestionar el “subsidio social” si el costo de los remedios de un jubilado es igual o mayor al 15 % de sus ingresos por medio de un trámite de “solicitud por vía de excepción” en el que se le exigirá un chequeo médico y un examen “socio ambiental”. Hay jubilados con pedidos de medicamentos especiales por vía de excepción, solicitados en el mes de marzo pasado, y sin resolución hasta el día de hoy.
Este “subsidio social” depende de una verificación socioeconómica que varios abogados coinciden en calificar como "injusta, arbitraria e ilegal" e instan a los afectados a presentar recursos legales, como amparos con medidas cautelares, para que se respeten sus derechos a la cobertura de salud. Los requisitos para obtener medicamentos al 100 % son cobrar haberes mensuales menores a una jubilación mínima y media , poseer una vivienda única y un automóvil con quince años de antigüedad como mínimo, para obtener el beneficio sobre no más de 5 medicamentos. Quedan excluídos los afiliados a las prepagas, a pesar de que a ellos tambnién se le descuenta de sus haberes el aporte a PAMI -entre 3 % y 6 %- que no se pueden transferir a la prepaga.
Este brutal ataque a la salud a los millones de beneficiarios se da en el marco de haberes jubilatorios de indigencia y pobreza. El haber mínimo jubilatorio será en el mes de octubre de $ 245.000 más el bono “basura” de $70.000, congelado desde el mes de marzo. La canasta familiar, en cambio, suma $1.700.000. Incluso la subvaluada canasta de la tercera edad supera los $900.000.
Javier Milei dejó en claro el carácter de clase de su gobierno cuando les aseguró a las patronales que continuará rebajando el “gasto” destinado a los jubilados con el objetivo de llenarle los bolsillos a los bancos y a los pulpos financieros.
Según reza la Constitución Nacional, el salario mínimo de un trabajador debe ser el valor de la canasta familiar y un jubilado debe cobrar como haber mínimo el 82 % móvil de la canasta familiar. Debemos frenar esta declaración de guerra del gobierno liberticida de Javier Milei y de todos sus aliados, los partidos de la “casta”, la burocracia de la CGT y la CTA, la Iglesia y los medios de comunicación. Jubilados, trabajadores ocupados y desocupados debemos impulsar una huelga general para frenar esta barbarie.
Todos los miércoles a las 15 hs. los jubilados nos convocamos en el Anexo del Congreso nacional.
Te esperamos.
Cristina Occhipinti - Jubilados Clasistas (Paternal) y Charly Petrillo – Jubilados Clasistas
28/09/2024
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