En 2022, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, rectores de todas las universidades nacionales de la Provincia de Buenos Aires y más de 100 municipios bonaerenses firmaron el Programa Federal “Construir Ciencia”, que prevé el desarrollo y construcción de cerca de 200 parques tecnológicos en todo el país. Hasta ahora han sido puestos en marcha 70 convenios específicos. Entre otros, se anunciaron obras en el parque ubicado en el distrito de Berazategui, de 4.000 metros cuadrados, que involucra a las universidades Arturo Jauretche de Florencio Varela (UNAJ) y la de Quilmes (UNQ) para la articulación con empresas del Conurbano Bonaerense y el incentivo a nuevos parques industriales asociados a dichos centros tecnológicos. El objetivo es “generar desarrollos innovadores en las áreas de salud, informática, robótica, alimentos y biotecnología” (Perspectiva Sur, 28/08). Las obras en el parque ubicado en Berazategui cuentan con una inversión del Estado Nacional que asciende a 1.700 millones de pesos destinada, principalmente, a la infraestructura.
Los funcionarios públicos y de las universidades involucradas destacaron el propósito de “fortalecer la transferencia de tecnología al sector privado” y lograr desarrollar una ayuda a las PYMES para que logren competir en el mercado. Así lo sintetizó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires: “Con este proyecto, el Estado nacional, provincial y municipal está garantizando la sinergia entre las empresas privadas y las universidades” (agenciaunq.com, 16/08).
Las multinacionales son las principales promotoras de estos convenios. Las universidades hace años que han subordinado sus desarrollos técnico-científicos a los intereses patronales, lo que ha conducido a una creciente privatización de la universidad pública, que la hace depender crecientemente de los convenios con el capital privado. En el presupuesto de la UNQui son cada vez más gravitantes los fondos “autogenerados”, relacionados con esos convenios. Estos acuerdos tienen graves consecuencias para el sistema universitario: por un lado, constituyen una transferencia de recursos de la universidad pública a las empresas, es decir, un subsidio al capital. Por el otro, deforman la posibilidad de una formación de carácter científico y universal, al adaptar los contenidos formativos según las necesidades particulares de los grupos privados.
Las advertencias de las camarillas universitarias sobre los planes privatistas de Milei y compañía esconden la labor que han realizado en dicho sentido los planes “nacionales y populares” en las últimas décadas. Las condiciones de precarización laboral que sufren investigadores, docentes y estudiantes los asocia a las paupérrimas condiciones que viven los trabajadores de los parques industriales donde finalizan sus estudios. La tendencia privatista en la educación ha asumido el carácter de carreras cortas (tecnicaturas y diplomas) que recortan contenidos fundamentales en pos de una rápida inserción laboral. La precarización del trabajo necesita la precarización de la educación y de la vida en su conjunto. Un régimen social decadente es incapaz de sostener las bases progresivas de la ciencia mientras promueve una degradación máxima de la condición humana y su ambiente, es decir, de los protagonistas de esos avances sociales. Como se ve, la defensa de una educación científica está ligada a una lucha del conjunto de la clase obrera, comenzando por el derecho al trabajo y al trabajo con derechos.
Necesitamos un programa contra la privatización educativa, comenzando por el financiamiento integral e incondicional de la Universidad Pública a partir del presupuesto nacional, y un proceso formativo científico, universal y ligado a las necesidades de la población laboriosa. Por la publicación de todos los convenios privados existentes hasta la fecha, por comisiones electas de estudiantes, docentes e investigadores con facultad de revisión de tales convenios.
Joaquín Antúnez
01/09/2023
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