Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, Petersen había comprado el 25% de la petrolera sin colocar un centavo –aportó su parte con un crédito de Repsol y de un grupo de bancos, a pagar con los futuros dividendos de la compañia. Esa operación había sido avalada por Repsol, que controlaba el 51% de la empresa: habilitaba, en definitiva, a que la propia petrolera española retirara la totalidad de los dividendos que correspondían a su parte. Las consecuencias de este retiro de fondos “a cuatro manos” fue la completa descapitalización de YPF.
Aunque la decisión de reestatizar de Kicillof-Cristina fue justificada tardíamente por ese vaciamiento, lo que la disparó fue otro hecho. En aquel momento ya estaba en danza el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, pero sus posibilidades de explotación excedían a los vaciadores españoles y locales. En esas condiciones, el gobierno expropió el 51% de las acciones de Repsol en YPF y armó un modelo de compañía mixta –con un 49% de las acciones en poder de privados. Enseguida suscribió un acuerdo secreto con Chevron para iniciar la explotación del yacimiento neuquino. Cuando el grupo Petersen no pudo continuar pagando su participación con los dividendos, la operación en YPF –que los Eskenazi separaron de sus otros negocios- fue a la quiebra.
La expropiación de YPF no se apartó un milímetro de una matriz de carácter entreguista –apenas relevó a una fracción agotada del gran capital a manos de otra. Repsol fue generosamente indemnizada, con una ley de expropiación sancionada por el Congreso con el voto del peronismo y de una fracción de JxC-el radicalismo. Kicillof y Cristina abandonaron rápidamente sus amenazas de resarcimiento cero a Repsol en función de la descapitalización incurrida o, también, por los inmensos pasivos ambientales que dejaron. Tampoco se demandó a Petersen-Eskenazi. Es que los nuevos acuerdos con Chevron y otros pulpos, con un régimen off shore de repatriación de divisas, obligaban a los nac & pop a no sacar los pies del plato de la “seguridad jurídica” del capital.
La operación YPF fue un retrato clásico de las nacionalizaciones burguesas –un rescate del capital. En este caso, para poner en marcha una reprivatización.
Juicio internacional
A todas estas tropelías “nacionales y populares”, se agrega ahora el fallo Preska, que le da la razón a Bulford y Petersen. La jueza alega que el Estado argentino debió realizar una oferta pública por las acciones de Petersen e invoca para ello al estatuto de YPF, que prevé ese camino para el caso en que algún accionista –en este caso el Estado- se quede con la mitad más uno del control. Al establecer un resarcimiento leonino para Bulford, la jueza tomó la vara del pago generoso que recibió Repsol con la ley de expropiación. El fallo coloca al estatuto de la compañía mixta - y con participación de accionistas internacionales- por encima de la ley de expropiación votada en el Congreso. Es que la YPF “reestatizada” no salió del marco supranacional en el cual se encuentra inscripta también la deuda pública externa, cuyos litigios están sujetos a los tribunales de los países acreedores. El gobierno que ha refrendado el acuerdo con el FMI podrá regatear la megamillonaria suma impuesta por Preska en su fallo, pero no se moverá un milímetro del tablero político y jurídico del capital financiero internacional.
Vaca Muerta
Los medios oficialistas han celebrado que el fallo recaiga sobre el Estado argentino, y no sobre YPF – que quedaría “exenta” de embargos o pagos. En realidad, lo único que hizo Preska fue procurarle las mayores garantías al buitre litigante: es que su fallo plantea un resarcimiento de hasta 16.000 millones de dólares, cuando el actual valor de mercado de la petrolera no supera los 12.000. Por esa razón, para Preska “el Estado es -y será- responsable”. Sin embargo, la clave del litigio son los recursos petroleros de Argentina. Esto fue reconocido por el propio Kicillof, cuando respondió a las acusaciones de la oposición asegurando por “X” que “si me dan Vaca Muerta, pago el juicio y también la deuda con el FMI”. El gobernador les explicó a macristas y libertarios que la operación Vaca Muerta, puesta en marcha desde 2012 con la reprivatización de YPF, debe operar como garantía para el repago de los 500.000 millones de dólares de deuda pública, sucesivamente acrecentada por los Macri y los Fernández en los últimos diez años. Pero el gran capital, petrolero y financiero no sólo reclama por los activos petroleros o mineros del país - exige también un régimen cambiario y de movimiento de utilidades “libre” para avanzar en ese propósito. El fallo Preska está colocado en esa ruta estratégica, a la que están subidos por igual los dolarizadores, bimonetarizadores y actuales devaluadores que se disputan la elección de octubre.
Marcelo Ramal
10/09/2023
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