La burocracia sindical, involucrada en la desaparición de Marita Verón

La causa por el secuestro y desaparición de Marita Verón dio un giro en estas últimas semanas. Nuevos testigos se presentaron informando sobre la presencia de una carpeta que contenía imágenes del cuerpo sin vida de Marita Verón en la clínica Luz Médica, administrada por el sindicato de Luz y Fuerza. La carpeta habría sido utilizada en una interna del gremio. 

 Estos nuevos indicios dieron lugar a medidas y allanamientos y la imputación por encubrimiento a dos dirigentes sindicales, Norberto Manzano secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (Apjae) y Carlos Rojas dirigente de Tucumán. Estos habrían tenido en su poder la carpeta, luego de sacársela a Julio Luna, ex secretario general de Luz y Fuerza, fallecido en 2020. La utilizaban en contra de Luna en una puja por los afiliados. 

 El fiscal de la causa sostiene la hipótesis de que el cuerpo de Marita Verón podría haber sido trasladado desde La Rioja, donde era víctima de explotación en una red de trata, hasta la sede del gremio de Luz y Fuerza, donde funcionaba la morgue de la clínica Luz Médica, perteneciente al sindicato. 

 La burocracia de Luz y Fuerza, con el ex secretario general Antonio Luna a la cabeza, tiene un largo prontuario delictivo bajo el amparo del poder político. A cambio de no ser molestado en sus negociados (Luz Medica, terciarización del cableado en Tucumán y el NOA), aportaba su banda de matones al gobierno de turno para apoyar sus campañas. El sanatorio Luz Médica, conocido como “el sanatorio de la muerte”, nada menos, tiene numerosas denuncias de desatención y precarización laboral a sus trabajadores. El año pasado fue cerrado temporalmente por un brote de legionella que tuvo varias víctimas. En declaraciones públicas, Susana Trimarco y su abogado vincularon a Luna con el clan Ale, principal responsable del secuestro y desaparición de Marita y organizadores del lavado de activos proveniente de actividades como la usura, el juego clandestino y la explotación sexual de mujeres. 

 Este avance de la causa de Marita Verón no hace más que demostrar la profunda descomposición del régimen político donde el delito organizado está entrelazado con el poder político y la burocracia sindical. La lucha por justicia por Marita y para que caigan todos los responsables sólo puede ser desenvuelta con la movilización independiente del Estado para llegar hasta las últimas consecuencias y plantea también la lucha por barrer la burocracia sindical agente directo de las patronales y organizadora del delito organizado.

 Alejandra del Castillo 

 02/09/2023