Se ha conocido un borrador del proyecto de ley con el cual el gobierno pretende realizar una nueva modificación en la movilidad de jubilaciones y pensiones. Se trata, de conjunto, de una nueva confiscación junto a la que tuvo lugar en el 2017 con el macrismo y que termino en una rebelión popular el 18 de diciembre de 2017 en un Congreso Nacional rodeado por una masa enorme de organizaciones obreras.
El gobierno pretende volver a la fórmula que combina la movilidad a partir de la variación de los salarios y de la recaudación fiscal en seguridad social, en dos mitades iguales y con un techo representado por la recaudación total que tenga el sistema previsional. Esto es, sin dudas, la combinación más perjudicial para el cuadro económico actual, caracterizado por una profunda recesión y caída en la recaudación; moratorias y rebajas en los aportes patronales; la utilización de fondos del Anses para el pago de los subsidios a las “pymes” (ATP); el cuadro enorme de despidos y suspensiones.
Así las cosas, la Anses tiene un déficit registrado de $815 mil millones en el mes de Julio de 2020, el 90% de sus activos está conformado por títulos del Estado y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) sólo alcanza para financiar dos meses de déficit del organismo (perfil.com, 31/8).
La fórmula macrista planteaba una movilidad atada un 70% a la inflación y un 30% a la variación de salarios, la cual se aplicó con un retraso de 6 meses y durante 2018 y 2019 significó una pérdida de las jubilaciones de casi el 20%. En su debut, Alberto Fernández derogó esta ley y realizó aumentos por decreto en detrimento del nivel inflacionario; con el último aumento que se cobrará en unos días y tomando como punto de partida un haber mínimo mensual de 16.864 pesos, los jubilados percibirán entre 400 y 4.950 pesos menos.
La restitución del 30 al 50 % de la movilidad vinculada al salario no modifica la separación brutal e histórica de las jubilaciones con los salarios ya que esta nueva movilidad dejaría de ser trimestral para pasar a ser semestral. Por otra parte, las paritarias están congeladas y buena parte de los aumentos que se están discutiendo incluyen cifras no remunerativas, como es el caso de los docentes de la provincia de Buenos Aires. El proyecto anticipa una nueva crisis en la justicia, en donde van más de 40 años acumulados de demandas y litigios previsionales, precisamente por este desenganche que viola lo establecido por la constitución nacional en el artículo 14 bis; una confiscación alternada entre todos los que gobernaron en la Argentina.
La CGT y la CTA le han dado el visto bueno al proyecto. West Ocampo, de la CGT dijo que “aumentar la base permitiría mantener un ingreso distinto al que tienen los jubilados hoy, con cualquier fórmula que podamos acordar”. “Cualquier fórmula” le sienta bien a una burocracia que firma acuerdos sin mandatos para congelar salarios y con montos “no remunerativos”. Yasky, de la CTA, se limitó a reclamar “que ningún jubilado quede en situación de pobreza” lo cual significa liquidar la movilidad en su totalidad siempre y cuando se mantenga una pensión universal a la vejez (parlamentario.com, 31/8).
El gobierno pretende que esta nueva ley salga cuanto antes para otorgar una señal clara al FMI que exige esta contrarreforma previsional para asegurar los recursos fiscales necesarios para el pago de la deuda con el organismo y con los fondos internacionales, como Black Rock, con quienes se ha sellado un nuevo acuerdo usurario e incluso con quienes prepara las posibilidades de una vuelta al negocio de las pensiones privadas.
Es necesaria una campaña de todos los sindicatos para rechazar este ataque que se está pergeñando contra una conquista histórica de la clase obrera. Por un salario mínimo igual a la canasta familiar, actualizado en forma automática por la inflación. 82% móvil. Reapertura de paritarias.
Emiliano Fabris
02/09/2020
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