El monto final anunciado por el FMI como préstamo a la Argentina no debiera sorprender. Los 50.000 millones de dólares, a los que habría que sumarle unos 6.000 millones más de otros organismos de crédito internacionales, coinciden como dos gotas de agua con los vencimientos de capital e intereses de la deuda hasta finales del 2019. Veamos: la deuda pública nominada en dólares en lo que queda del mandato de Macri asciende a 18.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle los vencimientos de LETES, otros 18.000 millones, y los intereses que en promedio rondan los 1.000 millones mensuales –unos 19.000 millones hasta diciembre del 2019. La suma asciende a la friolera de 55.000 millones de dólares, lo mismo que el FMI y otros organismos anunciaron como préstamos. En resumen: tomamos deuda para pagar deuda, aunque aún resta ver cómo se hace frente a la que está nominada en pesos. El festejo por el nivel del préstamo sólo muestra las enormes dimensiones que alcanzó la crisis financiera del país.
Devaluación
Para el gobierno el préstamo del FMI despeja el financiamiento del país en el próximo período, pero esto no es así. Ocurre que además del pago de la deuda, Argentina tiene un déficit enorme de cuenta corriente, que se compone no sólo de los pagos de deuda sino también del déficit comercial, de servicios, giro de dividendos, etc. Sacando la parte que corresponde a la deuda, el déficit de cuenta corriente supera cómodo los 20.000 millones de dólares. La ´solución´ que el pacto con el FMI ofrecería sería profundizar la devaluación del peso. En este sentido hay que interpretar las declaraciones de Sturzenegger de que el BCRA ya no ofrecerá más dólares a $ 25 y que “vuelve el sistema de flotación”. Reequilibrar la balanza comercial mediante una devaluación, sin embargo, choca no sólo con la guerra comercial a nivel mundial entre las principales potencias, sino también con la devaluación del real brasileño, que afecta el intercambio con quien es hoy nuestro principal destino comercial, sobre todo de productos industriales.
Una mayor devaluación tendrá un impacto en los precios, teniendo en cuenta la dolarización de tarifas y combustibles establecidos por el macrismo, sumado al hecho de que Argentina es un país exportador de alimentos. El anuncio del presidente del BCRA de que este año no habrá metas de inflación es la confesión más evidente de que el aumento de los precios superará todas las previsiones.
Este ajuste inflacionario que sufrirán los trabajadores lejos está de compensarse con el anuncio del gobierno de un aumento de un 5% en dos cuotas para los salarios en los próximos meses. Es que las paritarias ascenderían a un 20% contra una inflación que con seguridad estará al menos 10 puntos por encima. Se trata de un golpe demoledor al salario, que a su turno impactará en el consumo y la actividad económica, que ya viene en caída. No caben dudas que la recesión que ya comenzó pero que se profundizará será usada como un arma de chantaje contra los trabajadores.
Ajuste fiscal
La otra pata del ajuste será la reducción del gasto fiscal para el año entrante, que según la imposición del FMI deberá reducirse hasta lograr un déficit primario del 1.3%. Medido en dólares son casi 9.000 millones, lo que al tipo de cambio actual equivale a unos 225.000 millones de pesos. Según se informó, el rubro que más será afectado son los llamados “subsidios”, lo cual implicará mayores tarifazos para este año y los que vienen. Otro tanto ocurrirá con la obra pública, impactando en la actividad económica y en el empleo, y en los salarios de los trabajadores estatales nacionales y provinciales (empleados públicos, docentes, trabajadores de la salud), ya que se reducirán también los giros a las provincias.
Para asegurarse la aplicación de este ajuste, el FMI ha impuesto una modificación de la Carta Orgánica del BCRA. La “independencia” que se proclama para el organismo en realidad es lo contrario: pasa a ser una dependencia del gran capital internacional y del FMI en particular. Por esta modificación el BCRA no podrá asistir al Tesoro, lo cual conllevará a que éste deberá reducir el gasto en los términos previstos por el acuerdo. La reducción del stock de Lebac y su absorción progresiva por el Tesoro derivará en un nuevo incremento de la deuda pública, que deberá ser afrontado su pago con más ajuste.
Un plan de guerra
En síntesis, el pacto con el FMI es un combo de devaluación, tarifazos, reducción de salarios y recesión económica. Se trata de un verdadero plan de guerra contra el pueblo argentino cuya aplicación supera la capacidad política del gobierno. Es por eso que el FMI reclama que este acuerdo se corporice en el Presupuesto 2019, que para su aprobación requiere del apoyo del pejotismo en el Congreso. Hasta ahora los Pichetto, Massa, Rossi y cía. parlotean contra el FMI pero acordaron con el macrismo que la aprobación del pacto pueda eludir al Congreso. Sin embargo, bajo la presión del FMI, deberán poner sus huellas dactilares en el Presupuesto 2019. En esa línea ya existen negociaciones en marcha que incluyen a la burocracia sindical de la CGT, que ha dilatado la convocatoria al paro hasta límites inimaginables, y que si finalmente lo convoca será una medida aislada para disimular su colaboración activa con el ajuste en marcha. El último favor que le hizo al gobierno fue no convocar al paro el día que se anunciaba el acuerdo con el FMI.
La colaboración del pejotismo en todas sus variantes con esta política estará condicionada a la propia crisis. Sucede que este plan ajustador deberá mostrar su viabilidad en la práctica. El ajuste que el gobierno deberá llevar adelante es un incentivo a la rebelión popular, esto en un país soliviantado, dispuesto a ganar la calle ni bien encuentra un canal para expresar su repudio. Los planes del FMI están produciendo rebeliones populares y crisis políticas en Nicaragua y Jordania. Argentina haría bien en mirarse en esos espejos.
El rechazo a este plan de guerra acelera las delimitaciones políticas en el campo de la oposición al gobierno, y plantea un programa de salida a favor de los trabajadores: abajo el pacto con el FMI, no al pago de la deuda externa, nacionalización de los recursos energéticos (extracción, transporte y distribución) bajo el control de los trabajadores, nacionalización de la banca y del comercio exterior. No a los despidos y las suspensiones, reapertura de las paritarias para recuperar lo perdido por la inflación y por un ajuste mensual de los salarios y jubilaciones.
Sobre esta base planteamos la necesidad de un paro activo nacional, que sea el comienzo de un plan de lucha para derrotar esta ofensiva contra los trabajadores. Con este programa y esta perspectiva impulsamos el Plenario Nacional de Trabajadores del 23 de junio.
Gabriel Solano
No hay comentarios:
Publicar un comentario