La atención principal acerca del acuerdo con el FMI ha sido dirigida hacia un compromiso, por parte del gobierno de Macri, de reducir el déficit fiscal (“primario”) del 2,7 al 1,3% del PBI, o sea de u$s14 mil millones a u$s7 mil millones. La poda supone una caída del gasto público del orden del 4% del PBI, de u$s20 mil millones, dado que el acuerdo mantiene la reducción de impuestos a la exportación y del impuesto de ganancias a empresas – además de revalúo de activos. Se trata de un nuevo ‘ajuste’ contra una población varias veces ‘ajustada’, que ha redundado en un nivel de pobreza que afecta al 35 por ciento de los habitantes activos. Se trata de un derrumbe social sin precedentes desde la dictadura militar hasta el presente – que atraviesa a todos los ‘gobiernos democráticos’. El corte de gastos afectará la obra pública, los salarios, los créditos hipotecarios y los gastos sociales –una receta recesiva impecable. Las patronales, en cambio, recibirán una reducción mayor de los aportes jubilatorios. Los subsidios a empresas privadas, equivalentes al 7% del PBI, o u$s35 mil millones, seguirán en pie. Con este esquema presupuestario, el acuerdo impone un cese del financiamiento del Banco Central al Tesoro, cuyo único recurso extra pasará a ser un mayor endeudamiento.
El ‘ajuste’ comprometido no da cuenta, sin embargo, de la magnitud que alcanzará la masacre social comprometida. La función real del acuerdo es hacer frente a una nueva corrida cambiaria, que podría transformarse en bancaria si provoca una salida de depósitos del sistema. La deuda pública, mucha de ella a cortísimo plazo, ha crecido en u$s150 mil millones desde que asumió el gobierno ‘racional’, y en otros u$s20 mil millones la del Banco Central, conocida como Lebac, cuyo total es de $1.2billones – el 65% con vencimientos mensuales. Una y otra deuda rinde tasas de interés estrafalarias, algo que raramente tienen en cuenta los comunicadores de temas económicos. El bono a cien años emitido por los ‘racionales’ cotiza un poco arriba de 82 centavos de dólar y ofrece un retorno del 10% anual – una usura. Las Lebac pagan un 40% anual, una tasa fijada por el Banco Central, que se mantiene inconmovible en las transacciones diarias de este título. La Argentina del capital se encuentra sentada sobre un volcán guatemalteco. Si esta masa de dinero, que supera varias veces a la base monetaria (billetes más depósitos a corto plazo), se desplazara al dólar, el único recurso a disposición del gobierno será el tan mentado helicóptero.
Nueva deuda pública
Ante esta situación, el FMI decidió seguir la salida ofrecida por Cavallo, que hemos discutido en Prensa Obrera en mayo, pero que cuenta entre sus promotores iniciales a Miguel Bein, quien fuera asesor principal del candidato frustrado, Daniel Scioli. Consiste en que el Tesoro recompre, en forma progresiva, la deuda que tiene con el Banco Central, del orden de los u$s70 mil millones, mediante la emisión de nueva deuda pública. La llamada “deuda intra-estatal” (“letras intransferibles”), que no era negociada en el mercado ni era contada para el cálculo de la deuda externa, mientras rendía un interés del 0.25% anual, formaba parte del relato del ‘desendeudamiento’ (pagar a acreedores internacionales con reservas del Central, Anses y Banco Nación). Ahora recuperaría el status de “deuda externa”, a cargo del Tesoro, pero no al 0.25% de interés, sino al 8/10%, en dólares -o al 40%, si es en pesos. Una deuda ‘muerta’ se convierte en ‘viva’, respaldada por el FMI, con un costo gigantesco para el contribuyente de Argentina (los trabajadores). El déficit fiscal, con esta carga financiera, subiría al 10/12% anual, lo cual equivale a 60 a 70 mil millones de dólares – alrededor de $350 mil millones. Así es cómo el macrismo y la burguesía entienden el slogan “gastar menos de lo que producimos”.
A lo que apuntan el FMI y el gobierno con esta estafa es a que ingresen al Banco Central unos u$s25 mil millones, en una primera etapa de tres años, para usarlos en el canje de las Lebac. Esta deuda monetaria sería reemplazada por una mayor deuda del Tesoro, cuya recaudación irá al Central. La recompra de Lebac desactivaría, a corto plazo, una corrida cambiaria, aunque a un costo enorme. Con la misma finalidad de disuadir la conversión de Lebacs en dólares, el dúo Macri-FMI promueve la retención de bonistas mediante la devaluación creciente del peso y, por otro lado, tasas de interés del 40 por ciento. El problema que enfrenta esta política es enorme: uno, porque no es claro que el Tesoro consiga mayores recursos mediante deuda nueva; dos, porque a una tasa del 40%, los dólares que ingresen, eventualmente, al Banco Central, apenas alcanzarían para pagar los intereses – u$s16 mil millones al año. El FMI ha autorizado el uso de u$s7.500 millones, en concepto de gastos presupuestarios, y se ha comprometido a garantizar el pago de la deuda externa oficial, con carácter condicional, si no se consigue la refinanciación en el mercado. El acuerdo respalda por completo la dolarización de tarifas de servicios y combustibles, lo cual tiene un impacto catastrófico sobre la marcha de la industria e incluso el agro, en especial con una devaluación que supera el 35 por ciento. Brasil experimentó, recientemente, las consecuencias de esta dolarización, con un parate gigantesco de la flota camionera.
El rescate de las Lebac por U$S 25.000 millones, con pesos, puede incrementar la demanda de dólares, en lugar de desactivar una corrida cambiaria. A los bancos, grandes tenedores de Lebac, se los ha autorizado a contabilizarlas como parte de los encajes no remunerados, liberando así la obligación de tenerlos en pesos o dólares. Un negociado que presionaría, potencialmente, a favor de una corrida cambiaria. La enorme presión que ejerce la "masa" de las Lebacs sobre el dólar se ve reflejado en la alta volatilidad de sus precios. Aunque fue anunciado el "acuerdo", la demanda no se ha detenido. Lo ocurrido con una demanda creciente del dólar refleja que el "punto de equilibrio" aún no se ha alcanzado. Los que hablan de un "desdoblamiento" alientan una megadevaluación. Melconian habla de $41 por dólar. El Banco Central vendió casi u$s700 millones, lo que implica un abandono de su compromiso de dejar ‘flotar’ el dólar.
Derrumbe económico
El mantenimiento de tasas de interés usurarias para evitar una corrida cambiaria y bancaria tendrá un efecto demoledor sobre la actividad económica. Las convocatorias y quiebras podrían dispararse en espiral. Esta perspectiva es la que va diseñando un frente opositor en la burguesía, cuyo portavoz parece ser Lavagna-Massa. Ecolatina, la consultora de este sector, caracteriza que el FMI solamente “compró tiempo”, rechaza que el problema sea el déficit fiscal sino el de cuenta corriente con el exterior, de u$s12 mil millones, alineándose de este modo con los intereses exportadores. Lavagna no abrió la boca, sin embargo, sobre la operación de rescate de las Letras Intransferibles, por parte del Tesoro, para recomprar las Lebac. El ‘saneamiento’ del Banco Central mediante el cobro de las Letras Intransferibles en su poder y el uso del dinero que reciba para canjear las Lebac, es una operación gravosa sin precedentes, que corre enteramente a cargo de los trabajadores, mediante mayor deuda pública y recorte de empleos y salarios, y opera como un beneficio gigantesco para los especuladores. Sigue, asimismo, la reducción de las retenciones a la soja, mientras ha disminuido, del 35 al 30%, el impuesto a las Ganancias a las empresas.
La salida al ‘defol’ financiero que puso en evidencia la corrida cambiaria es el eje del acuerdo con el FMI, que comporta, al mismo tiempo, un gigantesco empobrecimiento de los trabajadores y una crisis industrial. La intentona tiene lugar cuando el mercado internacional enfrenta una crisis de conjunto, que explica la suba de la tasa de interés de corto plazo, incluida una acentuación de las rivalidades capitalistas internacionales. Este choque de intereses no se refleja aún en las principales bolsas del mundo, con excepción de Italia, pero sí en un número creciente de los llamados países emergentes. Un solo ejemplo: un ’defol’ de la deuda externa privada de Turquía, del orden de los u$s250 mil millones, alcanzaría por sí sola, sin contar a la deuda pública, que es superior, para desatar un terremoto internacional. Lo mismo vale para Brasil o México. La deuda mundial por todo concepto ha sido calificada por el diario El País como una bomba de tiempo, aunque no toma en cuenta todas las operaciones financieras que tienen a esa deuda como garantía o “subyacente”.
La abolición de la deuda pública y bancaria es un paso necesario de sobrevivencia de la mayoría trabajadora.
Jorge Altamira
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