La salida de Sturzenegger del Banco Central fue sólo el debut de una crisis de gabinete en regla, cuyo alcance definitivo aún está por verse. Los que salieron ahora no son dos ministros menores: en primer lugar, Aranguren, el hombre de los pulpos petroleros que comandó la política de tarifazos brutales bajo la gestión macrista. Luego, Francisco Cabrera, un funcionario del riñón del macrismo a cargo de la relación del gobierno con la gran burguesía industrial. El despido de Aranguren y Cabrera revela que la desintegración del esquema económico oficial –incluso después del acuerdo con el FMI– es un poderoso factor de deliberación al interior de la base social del gobierno, o sea, del gran capital.
En el plano de la política energética, la devaluación incesante ha instalado una verdadera bomba de tiempo en la cuestión de los tarifazos. Para el gas, por ejemplo, la combinación de la devaluación con los aumentos ya programados para su valor en `boca de pozo` implicaría un aumento del 70% en el mes de octubre. Con las refinadoras, Aranguren había pactado aumentos en las naftas –también dolarizadas– del 3% mensual, para evitar un zarpazo del 40% de un solo saque. Pero este esquema también había volado por los aires en medio de la última corrida cambiaria. La inviabilidad de los tarifazos terminó con su gran ejecutor, Aranguren. ¡Pero la dolarización de tarifas es uno de los ejes del programa oficial! Incluso buena parte de las inversiones de la propiedad `pública privada` –financiada por préstamos en dólares– depende de los tarifazos, en obras asociadas a la energía o en los peajes. Según La Nación, Iguacel “será el encargado de darle malas noticias a la industria petrolera”, ya que “tendrá que sentarse a negociar con el sector privado para ir más lento en los aumentos”. Pero la posibilidad de un freno parcial a los tarifazos con mayores subsidios está cuestionada por el acuerdo con el FMI. El gobierno tendrá que compensar a los grupos petroleros con otras concesiones de fondo, desde los acuerdos entreguistas de cesión de reservas hasta las condiciones laborales de sus trabajadores. Para ello, el nuevo ministro Iguacel `acredita` una gestión de despidos y vaciamiento en Vialidad Nacional.
Por su parte, la salida de Francisco Cabrera se produce en medio de otros choques –en este caso, entre el gobierno y la burguesía industrial. Cabrera venía discutiendo con la UIA una política de tasas de interés “preferenciales`, para sortear la recesión y derrumbe industrial que plantea la persistencia de intereses anuales del 40%. El tándem Caputo-Dujovne, sin embargo, le bajó el pulgar a esas gestiones de Cabrera.
El nuevo ministro, Dante Sica, comandó la secretaría de Industria bajo los devaluadores Duhalde y De Mendiguren. En esa línea, ya anticipó que “habrá poco lugar para un nuevo atraso del tipo de cambio real” (La Nación, 17/6). La ofrenda del gobierno a la burguesía industrial es un régimen de devaluación permanente –o sea, de ataque permanente a los salarios y jubilaciones– y, desde luego, la prometida reforma laboral.
La crisis de gabinete, en definitiva, es un intento de rescate del rodrigazo oficial y del propio acuerdo con el FMI, prematuramente golpeado por una corrida que es expresión, no de una corrección cambiaria, sino de la desconfianza y el desconcierto del propio gran capital respecto del rumbo de la gestión macrista. A este régimen sin futuro, hay que oponerle una lucha en serio en defensa de todas las reivindicaciones amenazadas, y por una salida de los trabajadores a la crisis.
Marcelo Ramal
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