Edesur cortó la luz y se cobró la vida de un niño electrodependiente

Por la deuda de una factura, aunque tenía derecho al servicio gratuito.

Valentino, un chico de 5 años del barrio Villa Centenario de Lomas de Zamora, necesitaba del suministro permanente de electricidad para hacer funcionar el respirador eléctrico del cual dependía su vida. Sin embargo, el pasado lunes 18 fue víctima de un corte de luz programado por la empresa Edesur, contra el que combatió mientras su familia desesperada reclamaba a Edesur la reposición del servicio, hasta que no pudo soportarlo más y perdió la vida camino al Hospital Evita de la localidad de Lanús.
Lejos de tratarse de una tragedia cuyo resultado se tornaría inevitable estamos ante un crimen cuyo principal responsable es la empresa de suministro eléctrico Edesur, que no atendió al reclamo de la familia, y el Estado, que no cumple los términos de difusión e implementación de la ley de electrodependientes.
Ante el intempestivo corte de luz la familia de Valentino se habría comunicado de inmediato con la empresa para solicitar que les reposieran el servicio, pero se encontró como respuesta la negativa de Edesur a reponerlo y ni siquiera le brindaron información debido a una deuda de $60.000 que no había sido cancelada.
La familia manifestó que había concurrido reiteradas veces a la empresa con los papeles que acreditaban la condición de Valentino, y que allí se les planteó que, para ser atendidos sus pedidos, primero debían pagar la deuda.
Resulta que la ley 27.351 estableció la creación de un registro de electrodependientes, cuya inscripción da lugar al subsidio completo del suministro eléctrico y al otorgamiento, por parte de las empresas proveedoras, de una fuente alternativa de suministro, para los casos de interrupción de la provisión de energía.
Pero las empresas prestatarias son reticentes a brindar esta información a las personas que están en condiciones de acceder a este beneficio y a cumplir con la ley, para evitarse el gasto que esto supone.
El artículo 10 de la ley establece que el Estado es responsable de realizar las campañas de difusión para que este derecho llegue a conocimiento de las familias afectadas. Sin embargo, se estima que solo 300 electrodependientes acceden realmente a los beneficios de la ley, habiendo más de 2000 personas que desconocen la misma.
Estamos ante un hecho de significativa importancia que, más allá de las responsabilidades civiles y políticas, tendría consecuencias penales por abandono de persona, ya que las condiciones para que Valentino perdiera la vida fueron creadas por la empresa.
El próximo jueves 28 la familia, acompañada por la Asociación Argentina de Electrodependientes y distintas organizaciones sociales y políticas, nos haremos presentes frente a las puertas de Edesur para exigir justicia por Valentino.

Marcelo Mache