Se difundió la “Carta de Intención” que se envió al Fondo. Ajuste con reducción de subsidios, y de salarios de trabajadores estatales. Se congelan nuevas contrataciones y quieren “eliminar las posiciones redundantes” del sector público.
El Gobierno difundió la "Carta de Intención" que envió al FMI, la letra chica de las negociaciones con el organismo. Se confirma el ajuste con el recorte del déficit fiscal, congelamiento de ingresos al sector público, reducción de los salarios de los trabajadores estatales y despidos. Disminución de los subsidios (más tarifazos), postergación de la obra pública, cambios en las jubilaciones, cambios en las metas de inflación y déficit, además de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
La Carta sostiene que "uno de los ejes centrales de nuestro plan económico es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el déficit primario del gobierno nacional desde 2016. Reafirmamos nuestro compromiso con alcanzar el equilibrio fiscal y llevaremos a cero el resultado primario del gobierno nacional en 2020".
La "Carta de intención, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico entre Argentina y el FMI", tiene 33 carillas, y fue enviada a la directora del FMI, Christine Lagarde.
La nota está firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y solicita al Fondo el "apoyo al plan económico" del Gobierno y vuelven a aclarar que "el plan ha sido diseñado por el Gobierno argentino y consideramos que es el adecuado teniendo en cuenta nuestra situación política, económica y social actual".
El Gobierno pactó un crédito de U$S 50.000 millones en modalidad stand by, de los cuales el primer tramo, de U$S 15.000 millones, se espera el desembolso los próximos días. Finanzas anunció ayer que la mitad de ese monto será para satisfacer la demanda de dólares en el mercado local.
Los principales puntos de la Carta de Intención:
-Inflación y crecimiento: este año se espera un crecimiento entre 0,4 % y 1,4 % interanual, y el Gobierno admitió una inflación del 27 %. La Carta señala "esperamos que el crecimiento se sitúe este año entre 0,4 por ciento y 1,4 por ciento interanual. Como ha sido característico de esta administración en el momento de planificar el desempeño fiscal, preferimos ser conservadores en términos de proyecciones, por lo que estamos trabajando con un supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento al realizar nuestras proyecciones fiscales".
-Cambios en las metas de inflación: “La meta será igual o inferior a las expectativas actuales del mercado (REM) para el final de 2018 (27 por ciento), y luego 17 por ciento, 13 por ciento y 9 por ciento para diciembre de cada uno de los siguientes 3 años”.
-Cambios en las metas de déficit fiscal: déficit primario de 2,7 % del PBI para 2018, “y haciendo importantes esfuerzos adicionales en el presupuesto de 2019”. Para el año próximo se prevé un déficit primario de 1,3 % del PBI en 2019.
-Reducción de subsidios a los servicios públicos, es decir más tarifazos: disminución de los subsidios a la energía y el transporte. El Gobierno afirma que buscará “aumentar la proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 % en 2017 hasta 90 % en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60 % en 2017 hasta 90 % en 2020, en promedio, para la electricidad”.
- Ajuste empleados públicos: la carta afirma que no renovarán cargos “en puestos no prioritarios”, se congelarán las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y se eliminará “las posiciones redundantes”. Además, señala que el objetivo es “que el gasto en personal caiga de 3,2 % del PBI en 2017 a 2,7 % hacia el final del programa”. Esto significa que habrá más despidos de trabajadores estatales y una mayor caída del poder adquisitivo.
-Dólar: el documento sostiene que el Gobierno está comprometido con mantener "un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado". Las ventas de reservas internacionales se limitarán a períodos en que haya "una clara disfunción del mercado".
- Salvaguarda social: como un reconocimiento que la situación económica será más grave para los sectores con menores ingresos. La Carta indica que “estableceremos un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB”, se garantizará “la implementación de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla el aumento de los beneficios según la fórmula de indexación existente”.
Se contemplarán los programas como Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. Así como también, Asignaciones Contributivas por Hijo (incluidas las asignaciones a "monotributistas").
El Gobierno reconoce que “dada la incertidumbre económica existente, contemplamos asignar más recursos a las "Asignaciones Universales para Protección Social" (programas de asistencia social de alta calidad específicamente diseñados para proteger a los más vulnerables) en caso de que las condiciones sociales empeoren. Por lo tanto, tenemos la intención de incluir en nuestro plan una salvaguarda para permitir un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2 por ciento del PIB por año en estos programas altamente focalizados y bien administrados”.
-Cambios BCRA: “se suspenderá la financiación directa o indirecta del Banco Central al Tesoro y reducirá la exposición crediticia del Banco Central al gobierno de manera predecible y por etapas” como pidió el FMI.
-Obra pública: el Gobierno ya había anunciado previo al acuerdo con el Fondo $ 30.000 millones menos para gastos en infraestructura. La Carta afirma que “continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean”. Esto implicará un freno a la economía ya que la obra pública impulsó el crecimiento el año pasado y despidos en la construcción.
Los monitoreos y revisión por parte del FMI comenzarán el 15 de septiembre de este año, en la Carta se mencionan 12 revisiones hasta el 2021.
Si bien el Gobierno volvió a aclarar que el plan fue diseñado por ellos y no el FMI, el organismo revisará si se cumplen las metas que fijó Cambiemos. En caso que la situación empeore, como advierten en la misma Carta de Intención, no se puede descartar que las condiciones del organismo sean más duras y receten (como es habitual) una profundización del ajuste. El Fondo llevó a una gran crisis social a Grecia con sus planes. En Argentina el 2001 fue otro ejemplo de los planes del organismo y sus “consejos”.
Contra el saqueo que prepara el Gobierno y la oposición patronal, es necesario rechazar el acuerdo con el FMI y no pagar la fraudulenta deuda.
La Izquierda Diario
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