La caída de Sturzenegger y su reemplazo por Luis Caputo en el Banco Central muestran que el acuerdo con el FMI no ha servido para superar la corrida contra la Argentina. Luego de que el directorio del Fondo aprobada el acuerdo, el peso se devaluó en más de un 11%, llegando el dólar a los $ 28.50. Peor le fue, sin embargo, a las acciones y bonos de la Argentina. En Wall Street las acciones de las empresas argentinas cayeron un 14.5% durante el día jueves y los bonos también fueron para abajo, llevando el riesgo país hasta un 6.7%. Los lectores de Prensa Obrera no podrán sorprenderse: ni bien se firmó el acuerdo señalamos que los u$s50.000 millones de dólares en cuotas no alcanzaban a cubrir las necesidades de financiamiento de la economía, una vez que se sumaban los pagos de capitales e intereses de la deuda hasta finales del 2019, el déficit de cuenta corriente y el agujero fiscal. El pacto no pasaba de ser un reaseguro al pago de la deuda, es decir, un blindaje a los banqueros.
La aceleración de la corrida contra los activos argentinos se dio simultáneamente a que se diera a conocer el texto del acuerdo suscripto entre el gobierno y el FMI, que paradójicamente tiene como uno de sus firmantes al ya renunciado Sturzenegger. La lectura atenta del acuerdo muestra que el FMI está empeñado en llevar a fondo una devaluación aún más pronunciada. La exigencia de lograr para fin de junio un piso de reservas netas del BCRA de u$s28.600 millones de dólares, cuando éstas una vez sumados los u$s7.500 millones que ingresarán del FMI superan apenas los u$s30.000 millones, revela que el objetivo es dejar subir el dólar sin que medie intervención alguna. Una devaluación mayor del peso serviría al propósito de ir desarmando el stock de Lebac del BCRA y transformarlas en deuda externa del Tesoro. No es casual que luego de la lectura del texto de acuerdo varios economistas anticipen que el dólar superará los $30 en el corto plazo.
En el acuerdo suscripto se establece que los otros u$s7.500 millones del FMI serían usados para cubrir el déficit, desmintiendo de paso la afirmación de Luis Caputo de que estaba cubierto el 80% del financiamiento necesario hasta diciembre del 2019. Ahora sabemos que ese cálculo se había realizado sobre la base del pronóstico de que las Letes del Tesoro serían renovadas en su totalidad al momento de su vencimiento, cosa que, crisis mediante, no ocurrió. Pero como esa cifra tampoco alcanzará, el ajuste que prevé el acuerdo es simplemente brutal. La reducción del déficit en el 2019 a 1.3% del PBI equivale a un recorte de unos 250.000 millones de pesos. Anticipándose al hecho de que el impacto recesivo de estas medidas generará una retracción económica, el texto abre la posibilidad de que el recorte porcentual del PBI podrá ser aún mayor. La reducción de la inversión pública, estimada en unos 80.000 millones de pesos, significará lisa y llanamente la parálisis de la obra pública. Otra reducción importante será del rubro subsidios, lo que supone mantener incólume el esquema de tarifazos en los servicios públicos. En relación a las provincias, se prevé un ajuste de envergadura, ya sea por la reducción de partidas o por el traspaso de gastos que deberán ser afrontados por los quebrados estados provinciales o municipales. Un capítulo importante es el jubilatorio, ya que el acuerdo prevé no sólo insistir sobre el aumento de la edad jubilatoria sino también rematar el Fondo de Garantía de la ANSES para hacer frente al pago de juicios y al recalculo de haberes que surgieron de la llamada Reparación Histórica.
Bien visto, se puede afirmar que el préstamo del FMI es de u$s15.000 millones y no de u$s50.000 millones. Esto porque las cuotas trimestrales de u$s2.900 millones que complementarían el cronograma del préstamo estarán condicionadas en su ejecución al cumplimiento de las metas previstas. Según la letra del acuerdo, bastaría con que la inflación supere el 32% en el 2018 para dar por cancelado los desembolsos restantes. A partir del acuerdo Argentina se ha convertido en una economía tutelada; y el gobierno, en una marioneta del FMI. Por eso de manera explícita el gobierno se compromete a que “si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019”. En otra parte del texto se aclara que esas medidas serán “consultadas con el FMI”. Argentina corre el riesgo de entrar en un espiral de ajuste y recesión, que llevarán a nuevos ajustes justificados en nombre del incumplimiento de las metas anteriores. Esto en un cuadro de crisis internacional que se agudiza, con mayor devaluación de las monedas empezando por el Real brasilero, nuevas subas de la tasa de interés de los EEUU y mayor guerra comercial que agrega trabas adicionales a las exportaciones.
En estas condiciones, el nombramiento a las apuradas de Luis Caputo al frente del Banco Central parece demasiado poco para detener la corrida. Se echó mano al recurso de poner frente al Banco Central a un hombre directo de los grandes fondos de inversión para ganar confianza. Caputo, ex J.P. Morgan y Deutsche Bank, fue titular de una sociedad offshore radicada en las Islas Caimán y recientemente fue imputado por favorecer al empresario Marcelo Mindlin en detrimento de la ANSES. Caputo ganó reputación como hábil negociador al lograr la renovación de las Lebac, pero se omite el alto costo que pagó por ello al darle a los banqueros un negocio espectacular: usar los fondos de los encajes, que casi no rinden interés, para renovar los vencimientos de Lebac a una tasa del 40%.
Según varias versiones, el gran capital no se contentaría con el nombramiento de Caputo e iría por más cambios en el gabinete. Apuntan bien arriba, buscando desplazar a los que denominan los responsables del fracaso, empezando por el jefe de gabinete Marcos Peña. Las balas empiezan a pegar cerca del propio Macri. La salida del jefe de gabinete habilitaría un gobierno de coalición, pero habrá que encontrar a candidatos a este tipo de ensayos condenados al fracaso. Por lo pronto el peronismo mantiene la tregua con el gobierno, permitiendo que el pacto con el Fondo eluda al Congreso. En un juego de cálculos se puede caracterizar que el pejotismo está interesado que el macrismo lleve adelante el trabajo sucio del Rodrigazo para limpiarle el camino a un futuro gobierno.
Toda crisis económica de envergadura plantea fracturas en las filas de la clase dominante. Es lo que ya está ocurriendo, como lo prueba las declaraciones del capo de la Cámara de la Construcción alertando con 400.000 despidos si el gobierno paraliza la obra pública, o las reuniones clandestinas del ministro Cabrera con los banqueros reclamando una tasa de interés preferencial para la industria mientras el BCRA sube la de las Lebac al 43% en el mercado secundario.
La quiebra de los de arriba plantea mejores condiciones para una intervención de los trabajadores. A tomar nota de esta situación, como lo hicieron las mujeres, que conquistaron un triunfo rutilante gracias a una lucha implacable y sistemática.
Gabriel Solano
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