La Corte Suprema cuestionó la indemnización que había ordenado la justicia laboral a un trabajador que tuvieron que cortarle la pierna tras un accidente.
En 2011, un trabajador sufrió un “accidente laboral” mientras operaba una prensa enfardadora de papel. La herida se le infectó, le ocasionó gangrena y finalmente tuvieron que amputarle su pierna izquierda. El hombre reclamó en la justicia civil, para lograr una reparación integral del daño y no solo la indemnización tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo.
La Cámara laboral entendió que las lesiones fueron consecuencia de que la ART no cumplió sus deberes de seguridad y prevención. Además la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aseguró que la ART debe actuar "solidariamente con las empleadoras". Finalmente la indemnización ordenada fue de $745.000 más intereses, por lo que el monto superó los $2.000.000. Sin embargo, explica Ámbito Financiero, la Corte Suprema consideró “que la sentencia era arbitraria porque no dio a la controversia un tratamiento adecuado de acuerdo con la prueba producida y las normas aplicables”.
Para eso la Corte tomó en cuenta el informe de los médicos del centro de salud y la historia clínica que demostraría enfermedades previas, con el voto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En cambio el juez Rosatti votó en disidencia, ya que "descartó la arbitrariedad de la sentencia que impuso responsabilidad a las condenadas en un 50% respecto del 100% de la incapacidad psicofísica padecida por el trabajador, con sustento en las constancias de la causa”.
El fallo fue bien recibido, y promocionado, por el gobierno. Desde el inicio de su gestión inició una cruzada contra la “industria del juicio”, que en realidad encubre una campaña para limitar los fallos favorables a los trabajadores y avanzar con sus operadores en Tribunales en una justicia (aún) más adicta.
La Izquierda Diario
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