En los últimos días se filtró un audio donde el titular de la Dirección Provincial de Infraestructura escolar (DPI), Mateo Nicholson, le señala a una empleada “inventar los presupuestos que nos faltan” para las obras de construcción de 79 cocinas en escuelas.
El funcionario admite en ese audio haber inflado los presupuestos previos y le indica a su interlocutora continuar en esa línea: “pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras 17 el promedio daba 700 mil pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”. Una cuenta sencilla arroja sobreprecios totales cercanos a los 25 millones de pesos.
Antes de este escándalo, Nicholson ya venía siendo cuestionado por los trabajadores de la DPI por reiterados aprietes y persecución contra la actividad gremial de los delegados y empleados que denuncian despidos, atraso en el pago de salarios, precarización laboral, malas condiciones laborales, entre otros reclamos. La persecución llegó al extremo del traslado a un trabajador y el inicio de un pre-sumario a otros tres trabajadores del sector, entre ellos un delegado de ATE. Estos atropellos vienen siendo enfrentados con movilizaciones y ruidazos por parte de empleados del sector y la Junta Interna de ATE Educación Sede La Plata.
La corruptela, por otra parte, tampoco es un dato novedoso. De las pocas obras que sí se adjudicaron, la mayoría fueron asignadas a la constructora SES, que controla en un 50% la familia del ministro y amigo de Macri, Nicolás Caputo. Esto en un cuadro de absoluta parálisis en la construcción y reparación de establecimientos educativos, que está agravando las ya precarias condiciones edilicias que se viven en escuelas, colegios e institutos de la provincia. El vaciamiento de las áreas de infraestructura escolar, que implicó también el desmantelamiento de la UEP (el otro organismo a cargo de las obras de la DGCyE), tiene como contracara el desvío de fondos y los sobreprecios que embolsan funcionarios y la patria contratista.
Este vaciamiento y su consecuente crisis edilicia no son, a su vez, potestad exclusiva del área de educación. Al estado deplorable de los hospitales y centros de salud se le suman las precarias condiciones de trabajo que se viven en las dependencias del Estado -en las Torres Administrativas de La Plata la situación es insostenible, con caída de ascensores, clausura de baños, falta de calefacción, etc. En la última sesión, la Legislatura bonaerense aprobó un pedido de informes presentado por el diputado provincial del PO-FIT Guillermo Kane para que informen con qué plazos piensan solucionar todos los reclamos de los trabajadores.
La banca del Frente de Izquierda peleará ahora la aprobación de un pedido de interpelación al ministro provincial de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, para que rinda cuentas por el robo de Nicholson y por el estado calamitoso de las escuelas. A su vez, volveremos a presentar nuestro proyecto de ley que declara la emergencia edilicia en el ámbito educativo, para que se fije un plan de obras inmediato que se ejecute bajo el control de los sindicatos docentes, centros de estudiantes y trabajadores de la educación. El ajuste tienen que pagarlo los ajustadores.
Ivan Hirsch
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