La educación, y con ella la escuela como institución, siempre ha sido una herramienta central del sistema capitalista. Ya desde fines del Siglo XIX, y para tomar el caso específico de Argentina, en conjunto con la formación del Estado Nacional que iba de la mano de la instauración plena del sistema capitalista, la educación fue una necesidad imperiosa de la clase burguesa en el poder. La tan mentada preocupación de Sarmiento por el desarrollo de la escuela tenía una doble base: la imposición desde ese ámbito de los ideales “de nación” de esa burguesía, y la preparación de la mano de obra necesaria a los negocios e intereses específicos de la burguesía en ese momento.
Otro momento histórico a citar podría ser aquel de los años ’40 – ’50, cuando de la mano del modelo fordista la demanda interna de mano de obra calificada era imperiosa, entonces la escuela cumplió la función de ser aquella preparadora de técnicos especializados y calificados para satisfacer esas necesidades del capital.
Así, frente a las necesidades del capital en cada momento histórico, la escuela vino a ser el medio por el cual el sistema intenta ejercer su dominación por el engaño y la mentira transmitiendo valores que le interesan como clase, o sea la reproducción ideológica del sistema; al mismo tiempo que ámbito de preparación de las camadas de fuerza de trabajo que precisa para la extracción de plusvalía y acumulación de ganancias.
Por ello hoy, el toyotismo, el just in time, el imperialismo extendido a todo el mundo y con él la socialización de la producción, y la marginación social que genera este sistema de explotación, requiere un tipo de mano de obra también específica: sin calificación de ningún tipo, mano de obra barata en todo el mundo que permita igualación salarial a esfera global, y por ende los mismos márgenes de ganancia también equiparados globalmente, y la escuela como contenedora social y obviamente reproductora ideológica del sistema capitalista.
Es en este contexto que debemos analizar la reforma educativa general que se inició en nuestro país ya con el Congreso Pedagógico Nacional (Presidencia de Alfonín), la Ley Federal de Educación, y la Ley Nacional de Educación, y hoy la aplicación de estas reformas al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de la ley de educación nacional (LEY N° 26.206), sancionada en el año 2006, se sentaron las bases de una reforma que viene a reemplazar la Ley Federal de los años 90’. Pero… ¿Realmente se trata de un cambio?
En 1993 el Congreso aprobó la Ley Federal de Educación (LEY N° 24195), manifestando la idea de extender la obligatoriedad de la escolarización a 10 años, descentralizar el sistema educativo (se traspasaron los secundarios y terciarios del Estado Nacional a las provincias, que ya contaban con el control de las instituciones primarias desde la última dictadura militar), eliminar las desigualdades regionales, y difundir innovaciones tecnológicas y científicas. Se planteó una nueva estructuración del sistema educativo, pasándose a una Educación General Básica (en tres ciclos), además de una Educación Polimodal de tres años como mínimo. No es necesario comentar en qué terminó aquel experimento.
La presente ley nos habla de la construcción de la Nueva Escuela Secundaria que se orienta a mejorar la calidad y asegurar la equidad de las diversas modalidades, a través del diseño de estrategias para el acompañamiento a los alumnos, la definición de cambios en la organización institucional, la mejora de la práctica docente y la formulación del curriculum para el nivel secundario. Acompañada además por la Ley de Educación Técnico Profesional (Ley 26.058), que fomenta el avance científico-tecnológico, y promueve la capacitación de los estudiantes desde el plano laboral, obligándolos a realizar prácticas profesionalizantes antes de terminar sus estudios.
Los contextos fueron distintos, y así también algunos de los objetivos. En los 90 se buscó entre otras cosas reducir el gasto público y desintegrar el movimiento docente a nivel nacional, por lo que el traspaso a las provincias resultaba propicio. En la última década los intereses de la burguesía monopolista apuntaron a generar mano de obra barata (o gratuita) desgastando los títulos y fomentando el empleo de técnicos sin recibir.
También es cierto que dependiendo de los casos (y de los puestos requeridos) para entrar a una fábrica te “exigen” “por lo menos” que seas técnico. Esta dualidad hipócrita y restrictiva del trabajo, no es otra cosa que una muestra más de cómo la burguesía maneja estos temas: al compás de sus necesidades y negocios.
Esas necesidades del capitalismo fueron llevando en cada etapa a que cada región sirva de complemento de otras, y nuestro país nunca estuvo exento: desde la creación de la educación técnica, justificada por la instauración de políticas bajo el modelo del capitalismo de Estado, denominado por el propio sistema como “Estado Benefactor”.
Sin embargo las cuestiones sociales no varían demasiado, y cada vez más las escuelas resultan ser contenedoras de adolescentes: los niveles caen, también la capacitación, y con ellos las oportunidades de los jóvenes y sus futuros salarios.
Es sabido que el aporte de quienes están día a día en el aula resulta esencial ante la falta de visión y eficiencia de planes de estudios, y medidas en general, hechas por funcionarios de oficina que responden a intereses de los monopolios. La participación de la comunidad educativa de manera vinculante, le da a las modificaciones un marco de legitimidad que no podría tener de otra forma, ya que es ésta la única que conoce las problemáticas que constantemente surgen en la educación, y puede plantear estrategias para resolverlas.
Es por eso que se proponen Jornadas de Reflexión, que tienen como objetivo promover la participación del conjunto de la comunidad educativa en el proceso de transformación. Según el material de la ley “Los equipos de conducción, docentes, no docentes, alumnos y familiares contribuirán a través de su presencia y sus aportes.”
Sin embargo estas jornadas constan de un material que de una forma pautada nos hace trabajar dentro de una temática fijada por el Ministerio, sin posibilidad de alterarla. A esto se le suma la desinformación, ya que el mismo material llega con poca anticipación, ningún funcionario se hace responsable o participa de las jornadas, y nadie da respuestas concretas a inquietudes acerca de esta forma de trabajo.
Los docentes y la comunidad educativa en general no participan en la discusión del carácter de las jornadas, ni tampoco conocen cuáles son los alcances de dichas reuniones. Ha ocurrido que devoluciones del trabajo realizado en jornadas, ha llegado a la escuela antes de que el material a ser evaluado arribara al ministerio.
Por otra parte nos preguntamos: ¿Cuándo se debatirá la naturaleza de las currículas técnicas, la pérdida del doble título de las escuelas de danza, las habilitaciones del título de construcciones, o las prácticas profesionalizantes (entre otras cosas)?
Todos estos debates parecen no ser de interés de los funcionarios, que nos dejan completando encuestas mientras los alumnos pierden más días de clases. Y la educación no mejora.
No obstante, no es a un pueblo ingenuo al que se le quiere imponer estas medidas: estamos hablando de la misma comunidad que sacó a fuerza de marchas y una lucha sostenida a la Ley Federal en Capital Federal y Neuquén hace 20 años; de la misma que toma cada vez más establecimientos en reclamo de sus derechos; de la misma que está cansada de no ser consultada en las decisiones; y de la misma que este año defenderá los espacios de participación eficiente y vinculante, con respaldo en su organización.
PRT
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