El personaje-símbolo de la última y feroz dictadura militar, Jorge Rafael Videla, murió. Falleció de muerte natural, como otros torturadores genocidas (Massera).
Indultado por Menem a mediados de los ‘90, y condenado hace unos años a cadena perpetua, en su última aparición pública, en la causa por el Plan Cóndor (el plan de “articulación represiva-desaparecedora” de las dictaduras del cono sur), lanzó una vez más su reaccionario “relato” de que habría sido un luchador “contra la subversión” (en realidad, se dedicó a masacrar a una generación de luchadores obreros, juveniles y populares que, con diferentes estrategias, combatieron contra dictaduras previas, contra la explotación y el imperialismo), y se negó a declarar.
Ahora que falleció (aunque con tantos años de impunidad es raro que nadie hubiera “actuado” para acelerar este “proceso natural” –una película, de mal final, planteó la idea–) hay festejos, e incluso muchos kirchneristas se vanaglorian por las condenas a los represores –a cuentagotas– que hubo los últimos años, y que son… ¡apenas 407!
Me explico: hubo más de 500 campos de concentración y exterminio entre 1976 y 1982, donde cientos y miles de milicos, curas, policías, jueces, burócratas sindicales y funcionarios (en su mayoría del PJ y la UCR), además de industriales (que pusieron a disposición partes de sus centros de explotación como instalaciones para detención y torturas), protagonizaron un verdadero genocidio de clase. Y son todos ellos, la mayoría, quienes se mantienen hoy impunes, gracias a los mecanismos de esta democracia de clase, para ricos, y a todos los gobiernos capitalistas, de Alfonsín a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se puede hablar entonces, como pretenden los “relatos K”, de “justicia”?
Y si a esto sumamos las represiones que “terceriza” el gobierno y el Estado (las patotas de la burocracia sindical –como la que asesinó a Mariano Ferreyra–, las bandas parapoliciales y paramilitares –como las que reprimen y asesinan a los Qom en Formosa–), y a sus mecanismos de espionaje funcionando a pleno (los “proyectos X” de Gendarmería y las policías; y la actuación permanente de la ex SIDE, hoy Secretaría de Inteligencia –por más que José Pablo Feinmann nos hable una y mil veces maravillas del “chango” Icazuriaga, su titular–), podemos –y desde ya lo hacemos– alegrarnos por la muerte, tardía pero justa, de este represor asesino, que usó todo ese aparato de dominación y represión durante la dictadura, al mismo tiempo que señalamos cómo el actual gobierno nacional permite la impunidad ante las desapariciones (sí: leyó bien: de-sa-pa-ri-cio-nes), en “democracia”, de Luciano Arruga y Jorge Julio López.
Por todo ello, la lucha –en la calles, como fue históricamente: la izquierda y las organizaciones sociales, estudiantiles y combativas acompañando a los organismos de Derechos Humanos– contra la represión del Estado capitalista y sus aliados continúa.
Demian Paredes
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