El San Martín es de todos

Desde la Asociación Argentina de Actores hace tiempo luchan en contra de la privatización encubierta del Complejo Teatral Buenos Aires. Hicieron una manifestación frente al Teatro San Martín y se presentó un pedido de informe sobre la gestión del presupuesto. Un espacio en disputa entre lo público y lo privado.

Los espacios culturales públicos están en manos del Estado justamente para que este garantice la producción artística pública y el acceso de la comunidad a dichas propuestas. Por más obvio y redundante que esto suene, los hechos demuestran que no lo es, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires.
A principios de este mes, la Asociación Argentina de Actores realizó un reclamo bajo el lema “El San Martín es de todos” con el objetivo de hacer pública la privatización encubierta que desde hace seis años se viene llevando a cabo en el Complejo Teatral Buenos Aires (CTBA), compuesto por el Teatro San Martín, el Alvear, el Sarmiento, el Regio y de la Ribera. A partir de esa manifestación, la diputada por el Frente Progresista Popular Susana Rinaldi, acompañada por miembros de la Asociación, presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo porteño sobre la gestión del Teatro San Martín, el más afectado por el proceso de privatización.
“Los problemas en los espacios culturales públicos empezaron al poco tiempo de la llegada de Macri y lo vemos no solo en el Complejo Teatral, sino también en el canal local ‘Ciudad Abierta’, el Teatro Colón y en muchos otros ámbitos donde cada vez hay menos producciones impulsadas desde el Ministerio de Cultura porteño”, explicó Luis Alí, secretario general de la Asociación Argentina de Actores, en diálogo con Marcha. “La idea del Gobierno de la Ciudad en el San Martín es sostener el teatro a cualquier costo, lo alquilan a empresarios y a privados para eventos, y se le da prioridad a directores privados para la realización de obras. En este sentido lo que nosotros pedimos es una política que defienda la cultura y no que la privatice”, agregó Alí. La palabra “privatización” es la más nombrada durante todo el diálogo, debido a que es una definición que engloba todos los conflictos y falencias que vienen viviendo hace ya seis años.
“Nosotros no estamos en contra ni de las obras privadas, ni de los actores que trabajan en ellas, porque en definitiva es su trabajo. El problema es que el Complejo Teatral es un espacio del Estado y que este debe hacerse responsable de tener un plan cultural concreto”, aclaró el Secretario General.
Según las estadísticas estudiadas por la Asociación Argentina de Actores, el 50% de las obras que se presentan y el 70% de los talleres que se brindan en el Teatro San Martín están en manos privadas. Ante esto fue que la diputada Susana Rinaldi decidió presentar junto la Asociación un pedido de informe de gestión del Teatro San Martín en la Legislatura Porteña.
En el texto presentado por la diputada se le solicita a María Eugenia Vidal, presidenta de la Legislatura Porteña, que el Poder Ejecutivo informe a partir de los 30 días de recibido el pedido (el martes 28 de mayo) sobre los siguientes puntos relacionados con el Teatro General San Martín: detalle de la programación propia prevista para el año en curso; detalle de las coproducciones previstas; las actividades que se están realizando en los talleres; si se ha tercerizado algún taller y en caso de respuesta afirmativa, explique los motivos; y detalle de los alquileres a terceros durante 2012 y 2013.
En los fundamentos del proyecto de resolución, la diputada Rinaldi expresa: “A través de varios comunicados de prensa la Asociación denunció la reducción de la programación propia, la existencia de contratos basura, la tercerización de los talleres de sastrería y escenografía, el alquiler de salas con fines no artísticos o culturales y el incremento de la co-producción de obras. De ratificarse estas denuncias, estaríamos ante una política que podría conducir a una suerte de vaciamiento del Teatro San Martín”.
Además, como se mencionó anteriormente hay dos problemas que se suman: la falta de convenio de los trabajadores con el Estado y el paulatino deterioro de las salas y los camarines. Ambas problemáticas forman parte de la lucha que se plantea hace tiempo pero que genera ciertos temores debido a las experiencias vividas en la Ciudad. “El San Martín tiene problemas edilicios hace mucho tiempo, pero cuando exigimos que lo reparen, amenazan con cerrarlo por un tiempo. Sabemos que estaría bien que lo hagan, pero la falta de convenio de los trabajadores y los antecedentes de lo que pasó en el Teatro Colón y en la Sala Alberdi generan cierto miedo a que pase lo mismo. A que lo cierren y lo reabran cambiado, tercerizado y los empleados en la calle”, afirmó Luis Alí dando cuenta no solo de la desidia laboral, sino de una política de gestión cultural, cuyos antecedentes asustan.
Aunque la página oficial afirma que “el CTBA es una organización cultural sin fines de lucro”, quienes conocen y viven su manejo aseguran que el principal problema hoy es que el Gobierno de la Ciudad ve a la cultura como un negocio y no como un derecho, y que la privatización encubierta del espacio es un fiel reflejo de eso.

Marina Sette.