La policía porteña recibió instrucción de una consultora colombiana ligada al ex presidente Uribe y vinculada al escándalo de las fuerzas parapoliciales. Incremento de gastos y modelo militarizado.
No son días fáciles para el cuestionado ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Al pedido de renuncia que le realizó la oposición por la feroz represión que la Policía Metropolitana ejecutó en terrenos del Hospital Borda a fines de abril, se le sumó, el 13 de mayo pasado, un pedido de informes por la contratación de la consultora colombiana en seguridad Angel Total Solutions SAS. La firma caribeña –a la que se vincula con un político uribista– le brindó un curso de “asesoramiento y capacitación” a personal de la cartera que conduce el ex juez federal.
De acuerdo con el legislador porteño por el MST Alejandro Bodart –quien presentó la requisitoria–, Montenegro estuvo dos veces en Colombia y allí cerró el acuerdo. La última estadía fue en febrero pasado. “Guillermo Montenegro viajó a Medellín y, en la casa del ex presidente Álvaro Uribe, se reunió con este y con el dirigente uribista Federico Gutiérrez Zuluaga –expresó el diputado en un comunicado–. Al regreso contrató a la consultora de Zuluaga, que ya le dio un primer curso a la Policía Metropolitana dos días antes de la represión en el Borda”. Por los servicios de la firma caribeña, el Ejecutivo de la ciudad pagó 66.200 dólares, divididos en tres cuotas. Así se desprende de la resolución 202/MJYSGC/13 publicada el 29 de abril de este año en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
El Boletín Oficial es contundente: “El 15 de abril de 2013 se suscribió el contrato de locación entre la empresa citada precedentemente con el objeto de fin de prestar el servicio de asesoramiento y capacitación en materia de diseño de políticas de seguridad, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad habiéndose acordado la suma total de dólares sesenta y seis mil doscientos (U$S 66.200) como contraprestación de los servicios”. Los fondos se extrajeron, según la misma publicación, de una “Caja Chica Especial” destinada “a afrontar los gastos que demandara la organización y desarrollo de una serie de talleres de capacitación y reuniones técnicas de trabajo a llevarse a cabo entre los meses de abril y septiembre del corriente año por la consultora Angel Solution SAS de Medellín”.
Bodart destacó que, curiosamente, “esa caja se aumentó de 50 mil pesos a 235 mil pesos en dos trimestres consecutivos. Fue un aumento del 300 por ciento. Es muy llamativo”, dijo a Veintitrés.
El legislador del MST explicó que en el Registro Único Empresarial y Social de Colombia la firma Angel Total Solutions SAS “figura sin empleados. Hasta hace poco se dedicaba al rubro inmobiliario”. Por tal motivo elevó un pedido de informes en el que le solicitó al gobierno porteño: que remita a la Legislatura el contrato celebrado con la consultora cuestionada; que explique los criterios que utilizó para pagar por sus servicios de “asesoramiento y capacitación” en el diseño de políticas de seguridad; que especifique la trayectoria de la firma; que describa el plan de trabajo que la consultora realizó hasta el momento. Y que detalle cuál fue el personal “destinatario de los mencionados talleres de capacitación y reuniones técnicas” y “la razón por la cual este contrato se hizo mediante la Caja Chica Especial del ministerio y no a través de los procedimientos de selección de proveedores establecidos por la ley 2.095”.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la ciudad había ensayado una respuesta que fue publicada en el diario La Nación: “‘Estos asesores colombianos trabajaron en el proceso de transformación urbanística de Colombia y de una Medellín más segura. Han tenido gran éxito con acciones destinadas a reducir la violencia. Por ejemplo, una de las especialistas que vinieron a la Argentina a estas capacitaciones es Paola Olguín Moreno (sic), asesora de Uribe y actualmente encargada de asuntos políticos en la embajada de Colombia en México. Son verdaderos especialistas en seguridad’, dijo un vocero de Montenegro”.
Paola Holguín Moreno fue asesora de seguridad del gobierno colombiano, Alta Consejera Presidencial de Álvaro Uribe y brinda seminarios sobre “Diseño de políticas de seguridad”. El 8 de mayo pasado fue una de las ex funcionarias que firmó una solicitada en la que se le pidió al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, que se pronuncie contra “las calumniosas y temerarias afirmaciones” del presidente venezolano Nicolás Maduro contra Uribe, a quien acusó de urdir un plan para matarlo.
Por su parte, Federico Gutiérrez Zuluaga es un ingeniero que fue candidato a la alcaldía de Medellín en el 2011y concejal en la misma ciudad entre 2004 y 2011. “Gutiérrez Zuluaga fue candidato por el espacio de Uribe cuando el presidente de su partido –Partido de La U– fue preso por estar involucrado en un escándalo relacionado con los paramilitares –aseguró Bodart–. ¿Quiénes vienen a dar cursos de seguridad a la ciudad de Buenos Aires? –se preguntó–. Desde el Ejecutivo porteño dicen que vino gente de mucha experiencia. La empresa no tiene nada de experiencia en seguridad. ¿Es una pantalla? Holguín Moreno no tiene ninguna relación con la firma”, dijo.
El legislador concluyó: “La policía de Medellín está altamente militarizada. Venimos de una feroz represión en el Borda. ¿Qué modelo de seguridad queremos? Colombia tiene miles de muertos por los paramilitares, que tienen vínculos con el partido de Uribe. ¿A quién vino a formar esta firma? ¿A los ex militares que integran la Metropolitana? Es todo muy turbio”.
Acaso, algunos de estos interrogantes sean develados en un lapso de 30 días.
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Un DNU a medida de Clarín
El 14 de mayo pasado, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció en conferencia de prensa que firmó un decreto de necesidad y urgencia para “la protección de la libertad de prensa y expresión” en la ciudad de Buenos Aires. Resulta llamativa la preocupación del alcalde en esa materia ya que menos de un mes atrás la policía de la ciudad hirió a camarógrafos, fotógrafos y movileros durante la brutal represión en los terrenos del Borda. Por tal motivo, y dada la particularidad de su articulado, desde la oposición porteña no dudó en calificar el DNU –cuyo contenido intentará ser traducido en ley en la Legislatura– como un favor al Grupo Clarín.
Entre los artículos más polémicos del decreto se destacan aquellos que resguardan las propiedades y “licencias de comunicación audiovisual” domiciliadas en la ciudad, ya que se podrían contraponer con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque recibió críticas porque también podría damnificar el derecho a huelga (artículo 11 del DNU).
El legislador del Frente para la Victoria Francisco “Tito” Nenna aseguró: “Con este decreto, el macrismo apuesta a blindar la corporación mediática con la corporación judicial. Macri quiere poner a la ciudad por encima de la Nación”, concluyó. Por su parte, el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, afirmó: “Es una grosería jurídica que no resiste el menor análisis. Macri quiere derogar la Ley de Medios, que es una ley nacional de carácter federal, con un DNU local, violando la Constitución nacional que define en su artículo 31 la supremacía de las normas”.
Ante este escenario, se descuenta que habrá una ardua batalla jurídica para determinar la constitucionalidad del decreto.
Franco Mizrahi
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