Luego de más de 30 horas fueron liberados los 5 delegados de ATE-Educación detenidos desde el lunes. Ahora van por la renuncia de las autoridades que los denunciaron y los acusan de secuestro.
El juez de garantías platense, César Melazo, concedió este miércoles al mediodía el recurso extraordinario para la excarcelación de los cinco delegados de la Junta Interna de ATE de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires detenidos el lunes en un bochornoso operativo policial.
Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos y Miguel Ciappina habían sido arrestados en las primeras horas de la tarde, por orden del mismo Melazo, en un operativo conducido por efectivos de la bonaerense de civil, sin identificación y a la salida de una reunión con los mismos directivos que los denunciaron. Iban a exigir ayuda para los empleados de la DGCyE víctimas de las inundaciones del 2 de abril, y al concluir el encuentro fueron interceptados por los autos sin patente de la policía provincial y llevados por la fuerza a la Dirección Distrital de Investigaciones. Allí se encontraron con Marcelo Arditti, otro delegado emboscado con la misma práctica a la salida de su trabajo, en la Torre II de la Administración de la Provincia, en un operativo que, grabado y subido a la red por un trabajador de la torre, ya ha generado indignación en todo el país.
Los pedidos de captura dictados por Melazo responden a una causa por “coacción agravada”, comenzada por las autoridades de la DCGyE tras la toma que los empleados protagonizaron en octubre pasado de la sede central de la dirección en La Plata. Allí se reclamaba el blanqueo de las sumas en negro percibidas por los trabajadores, y la incorporación de las compensaciones por viáticos y horas extras al salario de los empleados, parte, de hecho, del salario que las autoridades provinciales querían recortar.
Durante una agitada reunión el 31 de octubre pasado, los directivos de educación firmaron una acta acuerdo donde concedían los pedidos de los trabajadores, que mantuvieron tomada la sede en un plan de lucha que duró varios días. La dirección alegó luego que habían sido “obligados” a firmar ese acuerdo “por la fuerza”, motivo por el cual, levantada la toma, se desdijeron de parte de lo acordado y comenzaron la causa que llevó a las detenciones.
“La sociedad tiene que entender que estas cinco detenciones, tienen que ver con un hecho de violencia física, amenazas y daños en la Dirección General”, se había justificado la directora general de Educación bonaerense, Nora De Lucía, que acusó a los gremialistas de “agresiones físicas y verbales”.
Ante la denuncia efectuada por los directivos de la DGCyE, el fiscal Tomás Morán pidió las detenciones al juez Melazo que dictó la orden. Se trata de dos personajes conocidos por gremios y organizaciones sociales platenses.
El fiscal fue el que quiso archivar la causa por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, mujer violada y asesinada en las instalaciones de la actual Agencia Recaudadora de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Melazo, por su parte, ya había ordenado siete detenciones violentas en el caso del conflicto de los trabajadores de YPF de La Plata en 2003, en el desalojo de los asentamientos del barrio de Gorina en 2010, e inclusive había declarado tener “muchas ganas de romperle la cara a los quebrachines”, luego de intervenir en una causa contra militantes de Quebracho -una de las delegadas apresadas pertenece a esa organización-. Tanto en Gorina como con los trabajadores de YPF, los operativos policiales fueron llevados a cabo por efectivos armados y de civil con extrema violencia.
Si a eso se le suma el clima fuertemente caldeado por la inoperancia oficial ante las inundaciones en La Plata y sus consecuencias, y el reavivarse de los conflictos sindicales por aumento de salario de docentes y estatales -los médicos bonaerenses ya llevan más de 35 días de paro-, no es difícil entender la reacción inmediata de organizaciones sindicales y sociales de toda la provincia.
Desde el momento en que los detenidos fueron llevados a los tribunales provinciales, la manzana entera fue rodeada por miles de personas que impidieron el traslado de los cinco delegados hacia los penales de Olmos. Allí se organizó una vigilia que se mantuvo toda la noche a pesar del frío y la lluvia hasta ayer al mediodía, cuando Melazo dictó la excarcelación. Una medida extraordinaria de la que pocos tenían esperanza, ya que la “coacción agravada” prevé penas que van de 5 a 8 años de prisión y no es excarcelable, salvo raras excepciones.
“La liberación de los compañeros es un éxito de la lucha de los trabajadores pero ahora vamos a ir por el desprocesamiento y por la denuncia de la criminalización de la protesta”, resumió el secretario de ATE, Oscar de Isasi. Los delegados liberados hoy denunciaron en las escalinatas de las fiscalías que el operativo en que los apresaron fue un secuestro, enmarcado en una política de criminalización de la protesta a cargo del gobernador Daniel Scioli y el Ministro de Seguridad Ricardo Casal. Anunciaron que iniciarán una denuncia penal contra los responsables de su detención.
“El funcionario Claudio Crissio nos denunció y Daniel Montes de Oca nos entregó”, denunció la sexta delegada buscada por la policía y prófuga desde el lunes, Giselle Mendoza, en una carta publicada ayer en su blog personal. “Lo peor de esta situación es traer a la memoria las peores épocas de nuestra historia como país, donde uno tenía que esconderse, donde uno no podía expresar libremente sus ideas, cuando uno militaba y era apresado encarcelado o desaparecido”, concluyó Mendoza.
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