La sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia, “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, por parte del macrismo. Un análisis de los artículos que contiene, y la relación entre poder mediático y poder político.
Los rumores habían comenzado la semana pasada, e indicaban que el Gobierno nacional preparaba una intervención sobre el grupo Clarín, más precisamente sobre el porcentaje accionario que el grupo tiene en Papel Prensa, por intermedio de la Comisión Nacional de Valores y apoyándose en de la ley de Mercado de Capitales, sancionada el año pasado. Luego vino la columna del día domingo, de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, donde llamó "terrorismo simbólico de Estado" al supuesto proyecto de intervención. Finalmente Mauricio Macri salió el día martes a jugar a fondo, con un Decreto de Necesidad y Urgencia “en defensa de los periodistas y la libertad de prensa” que lo catapultó al centro de la escena política.
Un DNU “flojito de papeles”
Mauricio Macri sorprendió cuando, en la conferencia de prensa del día martes, anunció la sanción de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que deberá ratificar próximamente la Legislatura porteña, cuyo objetivo manifestó es establecer un “Régimen de defensa de la libertad de expresión”. El máximo referente del PRO, y Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que "la intención de la Presidenta es que no haya más prensa libre en la Argentina, y esto dañará profundamente a la democracia". Afirmó también ante los periodistas presentes que este ataque a la libertad de prensa está acompañado por el embate que el Gobierno vendría realizando sobre “la Justicia independiente”.
EL DNU propone, frente a estos supuestos ataques a la libertad de prensa, la creación de un fuero especial en el Poder Judicial de la ciudad que actuaría como instancia resolutoria de conflictos vinculados a "atentados contra la libertad de las empresas o periodistas", como señala la normativa en uno de sus artículos.
Los artículos fundamentales del proyecto macrista se florean apelando a la Constitución Nacional, así como a tratados internacionales, para crear un “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”. Sin embargo, los efectos de tales artículos tienen carácter nulo, dado que están consagrados en leyes nacionales y pactos internacionales (como el de San José de Costa Rica) suscriptos por Argentina, es decir, terminan teniendo carácter redundante.
Por otro lado, el decreto se arroga facultades y competencias que no le son propias, como por ejemplo las señaladas en el artículo 4 acerca de la protección de "las libertades de prensa, imprenta y expresión" o, en el artículo 14, las indican que no se puede restringir la comercialización de papel. Se busca pasar por alto que las facultades de una Corte son fijadas por la Constitución Nacional, tienen carácter federal y, por ende, no pueden ser modificadas por la Ciudad. Macri estaría actuando como si la Ciudad de Buenos Aires fuera un Estado autónomo, sustraído a la ley federal por la cual está regido.
A su vez, el mayor rechazo por parte de constitucionalistas, legisladores y trabajadores de prensa lo generó el artículo 12 del decreto, que señala que los medios de comunicación quedan sujetos a leyes de defensa de la competencia, excepto que las mismas sean dictadas exclusivamente para medios de comunicación.
Con este artilugio legal se busca dilatar aun más la aplicación de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, oponiéndole nuevas obstrucciones a su aplicación definitiva. En este caso se apela a la ley de medios que se buscó sancionar en San Luis hace un año, que luego fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia por entender que la misma era insostenible en tanto una normativa provincial se arrogaba jurisdicción sobre una ley de carácter federal.
Intereses mediáticos, intereses políticos
Independientemente de lo que suceda con el DNU en su recorrido por la Legislatura, así como la batalla legal que se libre en los tribunales para terminar definiendo su inconstitucionalidad o no, lo cierto es que la jugada del Jefe de Gobierno porteño tiene más de efecto político que de cuestiones legales y normativas. Mauricio Macri vuelve al frente de la escena política en una coyuntura en la cual no la venía pasando nada bien. Basta con recordar las inundaciones que sacudieron a la Ciudad y la represión a los trabajadores del Borda. Ahora con la iniciativa del DNU se presenta, y es presentando por los grandes grupos mediáticos, como el paladín de la libertad de prensa y de empresa. Algo que tiene mucho de estrategia política, en especial porque para 2015 faltan poco más de 24 meses y Macri es ya uno de los presidenciables en una oposición sin un referente ni ideas claras.
Justamente en este caso, el macrismo, junto a los grandes medios de comunicación, no solo lograron instalar su agenda política (tarea titánica si las hay para la oposición) sino que, aun más, consiguieron que todo el arco anti-kirchnerista cerrara filas detrás del proyecto, incluyendo a sectores otrora progresistas. Tal es el caso de Proyecto Sur, desde donde señalaron: "Hoy la libertad de expresión está gravemente amenazada y a punto de ser aniquilada y en este marco reconocemos el DNU promulgado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri”. Sin embargo no todo es tan simple en el bloque parlamentario del partido comandado por Pino Solanas y ya algunos legisladores, como Pablo Bergel, anticiparon su voto negativo.
El doble estándar pareciera ser regla y ley, tanto para el poder político como para el poder mediático. Mientras Macri reprime en el Borda no solo a médicos y pacientes sino también a trabajadores de prensa, incluso del propio multimedio Clarín, éste último no suscribe las paritarias de prensa y castiga la organización sindical de los trabajadores pero mientras tanto levanta un comunicado de prensa de la comisión interna de AGEA.
Vale la pena prestar atención al desarrollo de lo que se viene en relación con el “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión”, sancionado vía DNU el martes por el macrismo.
Marcha
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