Círculo social: Alejandra López Camelo, presidenta de Nuestra Huella; intendente de Pilar, Humberto Zúccaro; titular de Uatre Pilar, Jorge Herrera, y Sergio Bivort, ex intendente y abogado de NH. A la derecha: Ezequiel Ferreyra, el niño de 6 años que era esclavizado por NH y murió por manipular agrotóxicos.
El infierno hecho realidad. En las granjas de la empresa avícola Nuestra Huella S.A. ningún cartel advierte: “¡Perded toda esperanza, los que entráis!” como señala Dante Alighieri en la Divina Comedia. Este infierno terrenal en la localidad de Pilar es gracias a la mayor empresa productora de huevos del país, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), área que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Nacional.Miradas al Sur tuvo acceso exclusivo al lapidario dictamen del Inadi presentado en la Justicia respecto a la empresa donde murió Ezequiel Ferreyra, a los seis años, luego de ser explotado laboralmente desde los cuatro.
“En tres oportunidades estuve en las granjas de Nuestra Huella. La situación era terrible. Nunca había visto una cosa así. Era medieval”, señaló a este medio Analía Mariel Mas, directora de Asistencia y Asesoramiento a Personas en Situación de Discriminación en el Inadi.
“El olor es nauseabundo y nos vemos envueltos en una nube de moscas. Por todo el predio se observan en el piso, cada dos metros, envases de plástico conteniendo veneno para moscas (mezclado con un líquido que pareciera ser sangre). Las casas cercanas a la entrada son precarias y están a pocos metros de los galpones de gallinas, sin ningún tipo de protección, por lo cual la gente convive en sus casas con ese olor insoportable y con la gran cantidad de moscas. Una vez en el galpón se observan larguísimas estanterías de metal conteniendo a una gran cantidad de gallinas y por debajo un colchón muy alto de guano; resultando intolerable el olor del lugar, al igual que la presencia de las moscas. Al salir, y caminando por el predio, se observa que son siete los galpones que se hallan en las mismas condiciones de insalubridad ya descriptas.
Asimismo, muy cerca de los otros galpones se observan cinco casas más, siendo éstas más precarias aún que las ubicadas cerca de la tranquera”, describió la funcionaria del Inadi, quien observó que los trabajadores, en su mayoría bolivianos, “visten pobremente, sin ropa adecuada de trabajo, algunos, incluso, descalzos o con ojotas”.
Hasta las formas en que comen se refleja en el informe. “Al momento que se ve una gallina muerta, nos manifiestan los trabajadores que cuando no tienen más alimentos ni dinero les ofrecen comer estos animales muertos y soja sin procesar”. Y agrega una escena dantesca: “En la casa cercana a la tranquera se observa una familia comiendo en el suelo, no habiendo mobiliario alguno”.
La libertad estaba limitada. “Yo vi los alambres de electricidad”, contó a este semanario la funcionaria del Inadi, y se ratifica con los dichos de los trabajadores. “Mi esposa y yo no podíamos salir libremente, aprovechábamos los domingos que no venían los supervisores y nos escapábamos dos horas por la mañana”. Mientras que a la hora de dormir, lo hacían en los maples.
Esta situación llegó al punto que la empresa Nuestra Huella S.A. proveía a los trabajadores, a través del encargado Sergio Nuñez, “pastillas para que los empleados se mantuvieran despiertos”. Tiempo después la fiscalía N° 2 comprobaría que eran anfetaminas.
Analía Mas recorrió las granjas Nuestra Huella a mediados de abril del 2008, junto con una comitiva de funcionarios encabezada por funcionarios del consulado de Bolivia. En ese momento empezaron las primeras denuncias sobre esclavitud y explotación infantil contra Nuestra Huella. Aunque el informe deja en claro que esta situación persistía en el 2010.
Lo descripto no sólo es un relato estremecedor, dado a conocer por primera vez en este medio, sino que es un dictamen no vinculante que recibió el juzgado federal N° 2 de Zarate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien aún hoy jamás llamó a indagatoria a las titulares de la firma Nuestra Huella acusados de violación a las leyes sobre trata de personas y régimen de residuos peligrosos.Sangre estancada. Por lo que supo este medio, al juez González Charvay no le cayó en gracia el informe presentado por el Inadi. El magistrado es temeroso de actuar contra la empresa avícola con facturaciones de 400 millones de pesos al año y que cuenta con respaldos políticos y gremiales, ya que la presidenta de Nuestra Huella, Alejandra López Camelo, es la prima hermana del intendente Humberto Zúccaro y además cuñada del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Pilar, Jorge Herrera. Sumado a que el ex intendente de Pilar, Sergio Bivort, es abogado de la empresa.
El dictamen N° 650/10 nace por la denuncia de los propios trabajadores de Nuestra Huella. Es un hombre y una mujer de los cuales se señalan sólo sus iniciales. Estos denunciantes ante el Inadi, entre otras instituciones a las que recurrieron, viven con su familia en la granja La Mimosa III, junto con otras siete familias de nacionalidad boliviana. “Trabajamos entre doce y dieciséis horas diarias, de lunes a lunes. Donde trabajaba toda la familia y sólo los hombres cobraban el sueldo de 800 pesos (mucho menos que el bajísimo convenio del peón rural). En tanto que elementos de seguridad jamás estuvieron para recolectar huevos, colocar agroquímicos o quitar el guano”, figura en el dictamen que hoy descansa en el juzgado federal N° 2 de Zárate-Campana.
Agregaron los trabajadores que “en ningún caso se les permite consultar a un médico, y que incluso cuando E.R. estuvo embarazada y perdió el bebé, ni siquiera le permitieron asistir a una consulta médica y que a cambio le ofrecieron una píldora, ‘que con eso se le iba a pasar’”, sumado a las intimidaciones. “Núñez, el encargado de la granja, nos dice ‘los bolivianos no tenemos por qué exigir el sueldo’”. Mientras que el oficial de apellido Carbonel (entonces custodio de Carlos Luaces, el fundador de la empresa, ya fallecido) los atemorizaba con armas de fuego y hasta “dos representantes de la agrupación 2 de septiembre del Pilar, Oscar Caiguara y Contreras, que dijeron venir en representación del cónsul, dijeron que si nosotros seguíamos con los abogados la empresa nos iba a echar como perros”, figura en la investigación del Inadi.
Quizá lo más terrible, y fue comprobado por el propio fiscal Juan José Maraggi en una causa que el juez federal González Charvay se niega a solicitar, es que “desde que hemos contactado a abogados (por Pablo Sernani y Rodolfo García) han electrificado la cerca, y la semana pasada mi hijo recibió una descarga eléctrica”.
En el informe se aportaron copias de dos denuncias ante el Ministerio de Trabajo Nacional, en las que se señala que en la granja La Escondida, el personal sin registrar carecía de documentación persona, además sufrían faltas y atrasos en los pagos de los salarios, entre muchas otras.
Analía Mas, quien entonces coordinaba la oficina de denuncias del Inadi, requirió copia de la investigación de la fiscalía especializada contra la trata de personas conocida por la sigla Ufase, que determinó que las promesas laborales a las familias migrantes y en situación de extrema vulnerabilidad configura el delito de tráfico de personas.
“En todo este proceso ningún trabajador tuvo asistencia alguna, las granjas continuaron funcionando de manera similar a la inicial, y la causa penal, luego de más de dos años, aún no ha tenido sentencia”, concluye el dictamen que tanto le pesa al juez federal Adrián González Charvay.
Lucas Schaerer /La Alameda
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