Martín Iturburu Moneff, abogado patrocinador de la firma Benetton, en diálogo con FM del Lago, confirmó con beneplácito que el juez Magallanes resolvió a su favor el interdicto presentado para recuperar la posesión. Por su parte Edgardo Manosalva patrocinante de los Mapuche enfatizó, en declaraciones a radio Kaleuche, que “el derecho indígena brilló por su ausencia y se aboca exclusivamente a aplicar el derecho civil”.
Manosalva sostuvo que siente un “profundo estupor por el fallo”, lo calificó de defectuoso en cuanto su contenido y aseguró que en breve se presentará la apelación.
A fines del año pasado la comunidad Mapuche Santa Rosa Leleque presentó en los Tribunales de Esquel un recurso de casación y otro de inconstitucionalidad con el objetivo de que la justicia se pronuncie por la suspensión del juicio que se sigue por las más de 500 hectáreas. En tanto Iturburu Moneff, indicó que a su entender, si bien la medida puede ser apelada a instancias superiores, "debe ser cumplida" a favor de la multinacional demandante.
La comunidad está ubicada 80 kilómetros al norte de Esquel, a la vera de la ruta 40.
El antecedente privado
A principios de febrero los estancieros de Chubut iniciaron una campaña donde descalificaron a las comunidades Mapuche-Tehuelche por recuperar tierras, a la vez "solicitaban" a la justicia tener en cuenta el sagrado derecho civil: la propiedad privada. Los terratenientes ven como un problema lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana".
En declaraciones al diario El Patagónico, Ernesto Siguero, presidente de la Federación de Sociedades Rural del Chubut consideró que “pseudo comunidades aborígenes” se han instalado en campos de algunos de los asociados de esa entidad ruralista. Según su denuncia, se trata de “gente que dice ser de pueblos originarios”, pero no lo sería.
El dirigente ruralista confesó públicamente que habían mantenido reuniones con el Gobierno de Das Neves. Además manifestó su intención de “tener alguna reunión con gente de la Justicia para poder analizar este tema y ver que todo sea dentro del marco de la ley”. Siguero señaló que el problema se registra en lugares como Leleque, Gan Gan y la zona cordillerana del sur de la provincia.
Días después y en la misma sintonía, la presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Digna de Blanco, reforzó las "indicaciones" afirmando –en declaraciones al diario Jornada- que existe preocupación respecto a un derecho consagrado en la Constitución que es el de la propiedad privada y que no implica ninguna discusión sobre derechos de otros”. De esta manera los estancieros de Chubut dejaban en claro que hay que "aplicar la ley" desconociendo toda la legislación vigente que reconoce los derechos a los Pueblos Originarios.
Estos derechos están consagrados y establecidos en el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en el artículo 34 de la Constitución de Chubut.
Una percepción
A mediados de febrero, antes de conocer el fallo, Rosa Rua Nahuelquir señaló a el diario El Chubut que "más allá de que la justicia huinca diga que le pertenece a Benetton, nosotros vamos a seguir ahí, porque es una tierra ancestral de nuestros antepasados y ahí viviremos. Esperamos que una vez en su vida la justicia determine que es una causa justa para el Pueblo Mapuche. Si dicen lo contrario una vez más vamos a seguir creyendo que la justicia no existe, porque lamentablemente si llegaran a fallar en contra: la justicia no existe, existe la injusticia”.
Cabe recordar que también a finales de febrero, técnicos de la Universidad Nacional de la Patagonia realizaron el relevamiento territorial en la comunidad de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional 26.160, normativa que frena los desalojos y ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la realización del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.
Avkin Pivke Mapu-Komunikación MapuChe
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