Además de las oprobiosas imágenes de fuerzas de seguridad reprimiendo a jubilados y personas con discapacidad, se suma la miseria salarial de los prestadores, el cierre de instituciones especializadas y la eliminación directa de pensiones.
En la provincia de Río Negro, se enfrenta una grave situación en la Junta de Discapacidad, situada en el hospital de Villa Regina, que atiende a personas desde Chimpay hasta Cervantes, abarcando un área geográfica de 165 km. Al iniciar el trámite de renovación de mi certificado de discapacidad (tengo secuelas de poliomielitis), me informan que no hay médico auditor disponible, lo que ha causado una acumulación de más de 300 expedientes. Hace un año, la médica encargada dejó de percibir sus honorarios, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, dirigido por Juan Muena, quien también ha negado la entrega de alimentos e insumos para comedores y merenderos. Irónicamente, ahora es candidato de JDRN (Juntos Defendemos Río Negro).
Esta situación coincide con la línea de ajuste del gobierno de Milei, que conduce a la vulneración de derechos tan básicos como el de recibir una pensión. Al no emitirse la renovación del certificado, se pierde el derecho a una pensión, que, por cierto, es de un monto exiguo y no contempla el lucro cesante de quienes actuaron como cuidadores.
Es muy grave y requiere con urgencia la designación de un médico que atienda las auditorías. Esto ocurre en muchos puntos del país, se conocen situaciones terribles relacionadas con la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y las auditorías para seguir percibiendo la Pensión No Contributiva (PNC).
El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha lanzado la obligatoriedad de auditorías para casi un millón de beneficiarios de la PNC. Los medios informan que el 60% de las personas no se presentaron a verificar su situación. Sin embargo, la realidad es que muchos no lo hicieron porque no reciben las notificaciones en sus domicilios, quedando así sin efecto el CUD por no presentación. Esta información llega a quien se entera, lamentablemente, solo después de que se les da de baja las prestaciones.
Esta situación se alimenta de una campaña de estigmatización hacia las personas con discapacidad, donde funcionarios las describen como mentirosas y argumentan que a la mayoría no le corresponde la pensión ni el CUD, obligándolas a someterse a “auditorías” en las que son tratadas de manera displicente.
Recibimos relatos de personas a las que ni siquiera se les examinan sus análisis y diagnósticos médicos, siendo despedidas con un degradante "usted no tiene el 66%". Cabe aclarar que todas estas personas ya habían obtenido su CUD de manera correcta a través de Juntas Evaluadoras formadas por tres médicos especialistas en la materia, designados por el Gobierno.
Las auditorías están a cargo de profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es fundamental señalar que los beneficiarios de la PNC reciben un monto que no alcanza ni a la cuarta parte de la canasta básica. Actualmente, se trata de alrededor de $384.000, sumando un bono extraordinario de $70.000, y en el caso de la PNC por invalidez o vejez, es de aproximadamente $220.000.
Hasta la fecha, se ha suspendido el beneficio a más de 100.000 personas y se busca alcanzar las 250.000. La cuestión de fondo es que jubilados y personas con discapacidad somos considerados “la variable de ajuste”.
Es imperativo redoblar la lucha para imponer la aprobación de leyes en el Senado y derrotar al gobierno de Milei. La salida para los trabajadores es un paro general con continuidad hasta la huelga general, para derrotar a este gobierno antiobrero y a todos los gobernadores del ajuste.
Con ese objetivo estratégico, el Plenario de Trabajadores Jubilados y Tribuna Disca se unirá al Plenario del Movimiento Obrero Combativo del clasismo y los sectores antiburocráticos el 16 de agosto.
Norma Dardik
Silvia Gabay
Plenario de Trabajadores Jubilados y TribunaDisca
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