En el Laboratorio Ramallo, controlado por HLB Pharma, fue donde se elaboraron los lotes de fentanilo 31.202 y 31.244, en diciembre de 2024, los que están contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii y provocaron las muertes en pacientes de edad avanzada y en personas que ingresaron en diferentes hospitales por cirugías de bajo riesgo. Los lotes en cuestión fueron puestos en circulación el 4 de enero de 2025. En el caso de Santa Fe y más precisamente en Rosario, se detectaron las partidas contaminadas en febrero pasado a raíz de intoxicaciones reportadas en el Hospital Clemente Álvarez. La ANMAT, con una dilación de más de dos meses, el 8 de mayo lanzó su alerta sobre los lotes contaminados con sustancias tóxicas y el 13 de mayo inhibió las actividades productivas de medicamentos y otros insumos a ambas empresas.
HLB Pharma Group S. A. posee su planta industrial en el partido de San Isidro, mientras que Laboratorios Ramallo (subsidiaria de HLB Pharma) tiene su sede en la ciudad de Ramallo. La primera de esas compañías está encabezada por los empresarios Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, el primero de ellos accionista de la señal de noticias IP, quien se hizo conocido en 2012 cuando puso una verdulería en Flores llamada Colina, relacionada con la agrupación política Kolina (Corriente para la Liberación Nacional), donde militaba y cuya dirigente era Alicia Kirchner. Por su parte, Salinas fue procesado en 2011 en el caso conocido como “mafia de los medicamentos”, relacionado con maniobras de sobreprecios por parte de proveedores del PAMI por 21 millones de pesos de esa época. Salinas estuvo también involucrado en el comercio ilegal desde Paraguay, donde compró un laboratorio que producía para sus empresas e ingresaba de manera ilegal la mercadería al país sin ningún control sanitario.
Como hemos señalado en estas páginas cuando García Furfano y Salinas se hicieron cargo de HLB Pharma y de Ramallo, en 2017, se constataron una seria de irregularidades. Desde Ramallo se elaboraban varios productos para HLB que no contaban con autorización ni con los controles de calidad adecuados y eran introducidos al circuito hospitalario. Existen varias actas de la ANMAT que registran las irregularidades y el laboratorio seguía sin presentar la documentación e incumpliendo normas sin que nada le pase, con las autoridades al tanto de todo. En el 2023 la ANMAT tuvo que solicitar documentación de más de 20 productos de ese laboratorio que estaban siendo elaborados de manera irregular y la empresa incumplía lo solicitado sin ningún problema. Incluso se detectaron productos inyectables producidos en envases no autorizados y prohibidos para ese tipo de medicación y el laboratorio violó la inmovilización de esos lotes. Los productos inyectables deben fabricarse en áreas especiales, aisladas del resto, para evitar contaminación, sin salidas al exterior, con ventilación de aire con filtros especiales (HEPA) y presión positiva, superficies lisas sin ranuras para evitar crecimiento bacteriano, etc., y se detectó producción de medicamentos estériles fuera del área habilitada para ello, que ponía en riesgo severo de contaminación. A pesar de estos antecedentes, por su conexión política con el poder de turno, estuvimos al borde de que le adjudicaran la producción y comercialización nacional de la vacuna de origen ruso Sputnik V contra Covid-19. García Furfaro integró la comitiva que viajó a Rusia cuando el gobierno de Alberto Fernández negoció con Putin el acceso a dicha vacuna. A último momento, denuncias por medio, por el historial de ese laboratorio, finalmente el Gobierno decidió arreglar directamente entre ambos Estados eliminando al laboratorio intermediario en la transacción. Sin embargo, consiguieron un negocio millonario con el Estado, fabricando barbijos triple capa y cofias durante la pandemia.
Ernesto Kreplak, juez federal Nº 3 de La Plata, quien va recreando la trama a partir de las historias clínicas de las personas fallecidas, afirmó que las muertes por motivos relacionados a la contaminación de fentanilo ya suman 97 personas y por la cantidad de casos sospechosos la cifra puede ir en aumento. Según se desprende de la investigación en curso, aún hay dando vuelta más de 30.000 ampollas en nosocomios públicos y privados. Anterior a esto, según la investigación del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, se habrían aplicado unas 45.000 ampollas de uno de los lotes adulterados por bacterias multirresistentes. La investigación a cargo de Kreplak da cuenta de que “las autoridades no reportan los casos graves o fatales, sino que estos se establecen a partir de medidas diligenciadas por el juzgado, por los casos en que allegados a pacientes lo informan o bien los sanatorios privados cuando se lo solicitan o bien detectan circunstancias sospechosas” (LPO, 13/8), descartando la envergadura de la crisis sanitaria en curso. Los fallecimientos relevados hasta el momento no se dieron en las últimas horas o semanas, sino que a lo que asistimos en estos días es la confirmación de que los decesos se debieron al suministro de fentanilo contaminado y “muchos de los casos aparecen porque son las familias de pacientes fallecidos (…) los que llegan al juzgado a dar cuenta de los hechos.” (Ídem) La investigación se encuentra en la punta del iceberg.
Por su parte, Sturzenegger salió a desmarcarse de la crisis sanitaria tirándole la pelota a la ANMAT y al ministro de Salud, Mario Lugones, responsable del ente de control. El inefable ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que en su momento intentó abrir la importación de medicamentos de la India sin ningún tipo de control, redobló la apuesta en el canal de streaming Deja Vú al declarar que “si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor”, tirando por la borda que la salud es una cuestión social y no de libertades individuales. Fue la gestión de Sturzenegger quien despidió a cientos de trabajadores, redujo el presupuesto e introdujo modificaciones regulatorias en la ANMAT.
La crisis sanitaria también se ha colado en el Congreso de la Nación. El PRO, por medio de la diputada Silvana Giudici, propuso la conformación de una comisión parlamentaria para investigar las implicancias sanitarias y políticas del caso, pero no logró contar con el quorum, lo que fue leído por macristas y mileistas como una protección por parte del kirchnerismo hacia García Furfaro, quien se benefició con gestiones kirchneristas, macristas y con los liberticidas. Por su parte la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, presidida por Pablo Yedlin (UxP), aprobó hoy un dictamen unificado de 26 preguntas que deberán ser contestadas por el Poder Ejecutivo.
El casi centenar de personas fallecidas da cuenta de que los liberticidas son un salto cualitativo, en relación a gestiones precedentes, en considerar a la salud como una mercancía, garantizando las ganancias de los empresarios del sector. La consideración de la salud como un bien social en toda su integridad no vendrá de la mano de los personeros de los partidos patronales, sino que, por el contrario, solo una organización socialista de la salud pondrá a esta al servicio del conjunto de los trabajadores.
Lucas Giannetti
13/08/2025
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