Al término de la maratónica sesión del jueves pasado en la Cámara de Diputados, la diputada por el PRO Silvana Giudici solicitó la formación de una comisión de investigación del caso del Fentanilo contaminado, que, al día de hoy, y según las afirmaciones del Juez Kreplac que lleva adelante las investigaciones, contabiliza 76 muertes. La votación, que había sido acordada por el conjunto de los bloques al inicio de la sesión, no fue realizada, puesto que la mayoría de los diputados, incluidos los propios de la LLA y el PRO, se levantó de su silla. La crisis sanitaria provocada por el Fentanilo contaminado, se había hecho pública en mayo; el intendente de Rosario declaró haber hecho denuncias a la ANMAT en febrero.
La diputada Giudici ha denunciado la omisión del kirchnerismo para formar esta comisión. Uno de los dueños de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, Ariel García Furfaro, tiene una trayectoria en el kirchnerismo. Desde sus lazos políticos con el agrupamiento Kolina, dirigido por Alicia Kirchner García desarrolló importantes negocios en el rubro de los medicamentos. García Furfaro acompaño la comitiva de Alberto Fernández a Rusia durante la crisis sanitaria de la Pandemia por Covid, y estuvo a punto de ganar el derecho de producir y comercializar la vacuna Sputnik V en Argentina, derecho que le fue disputado por otros laboratorios. Sus conexiones dentro del kirchnerismo, le abrieron las puertas de la comercialización de los medicamentos a varias provincias, y a municipios de la provincia de Buenos Aires. Hace unos meses, García Furfaro fue filmado en los tribunales de Morón en pleno ataque de ira contra un juez, que había dictado una condena blanda al agresor de su hijo. En estado de furia hacía referencia a los narcotraficantes Alvarado y Segovia como si fueran personas conocidas. Alvarado y Segovia, son dos narcotraficantes de la zona del litoral, que operan todavía, aún estando en la cárcel.
A la causa del Fentanilo contaminado se ha sumado el intendente de Rosario, Pablo Havkin, apoyado en las PASO de 2023 por Carolina Losada y activo colaborador del ala de Patricia Bullrrich. El intendente, que busca presentarse como querellante de la causa, denunció hace semanas la ligazón entre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo con su antecesor, el laboratorio Apolo, investigado por desviar Efedrina hacia el circuito ilegal de producción de drogas. En 2016, ese laboratorio explotó en circunstancias sospechosas, en medio de la investigación. Esa explosión trajo a la escena pública la discusión sobre el rol de la Argentina en la cadena internacional de producción de drogas. Argentina es productora e importadora de una importante cantidad de precursores químicos - una materia prima fundamental en la producción de drogas.
Es conocido, y corroborado por organismos internacionales como la ONU, que la producción de drogas ilícitas como por ejemplo las metanfetaminas, la cocaína o la heroína, se producen mediante el desvío hacia el circuito ilegal de precursores químicos fabricados por laboratorios, que tienen habilitaciones del mismo estado. El estado, de la mano de la ministra Bullrich, intervino en el circuito ilícito de estos precursores. Cuando se produjo la explosión del laboratorio Apolo en 2016, el Ministerio de Seguridad de Bullrich evitó llevar la investigación a fondo, lo que hubiera sacado a la luz las redes de traficantes de estos precursores, y tal vez, hubiera evitado las muertes de hoy.
El laboratorio HLB Pharma, ubicado en San Isidro, había conseguido la habilitación municipal para importar y producir Fentanilo, a pesar de las reiteradas denuncias y clausuras del grupo empresario por incumplimiento de las normas de buenas prácticas de producción de medicamentos. San Isidro se encuentra gobernado desde 2023 por Ramón Lanús, un intendente de Patricia Bullrich. La municipalidad desconoce haber extendido la habilitación mencionada y denuncia que la misma es apócrifa. El intendente Lanús probablemente crea que esta situación exime a su gestión de culpa y cargos, pero es al revés, porque habría permitido que un laboratorio sospechado desde sus inicios, sin ningún tipo de control ni inspección, produjera y comercializara drogas sin autorización. Con el agravante de que hablamos nada más ni nada menos que de Fentanilo, que es el responsable de más de 50.000 muertes de adictos, por año, en Estados Unidos, la crisis sanitaria más importante en ese país, luego de la Pandemia.
En un distrito, como San Isidro, y en la misma zona norte, el caso del Fentanilo Contaminado es solo la punta del Iceberg de una cadena de producción y comercialización más amplia, que abarca la complicidad de todos los estamentos del Estado. En la zona norte del conurbano, existen fuertes denuncias de los vecinos por instalaciones de cocinas de drogas en los barrios. Es una zona territorial estratégica, que forma parte de un circuito internacional de circulación de las mismas. Allí, la colaboración es desde todos los segmentos del régimen capitalista: desde las fuerzas de seguridad que (des)controlan los circuitos logísticos; pasando por los municipios, que alojan los laboratorios legales e ilegales; la Justicia cuyos jueces vitalicios construyen intereses comunes con estas bandas delictivas y las grandes entidades financieras y puertos que actúan como blanqueadores y puertas de entrada y salida tanto de la mercancía ilícita como del dinero.
El tamaño de la tragedia y el reclamo de los familiares ha obligado a todos los partidos patronales a firmar un pedido de informes al Ejecutivo. Tanto de LLA y el PRO como de Fuerza Patria (PJ) se preparan para transformar el caso en una plataforma de denuncias cruzadas y carpetazos, que terminaran en la impunidad de unos y otros. Es necesario poner en pie una comisión independiente de familiares de víctimas afectadas por el flagelo de la droga que tenga poder sobre el procedimiento de las investigaciones.
Patricia Urones
13/08/2025
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