La sesión de la Cámara de Diputados que debía tratar dos puntos de importancia relativamente secundaria, como la emergencia turística y las multas a la pesca ilegal, se transformó en el escenario privilegiado de la crisis política nacional. En un país donde la crisis social escala con tomas de tierras, los despidos y suspensiones hacen estragos y la pobreza alcanza el 50%, la Cámara de Diputados se quebró y produjo un escándalo de proporciones, para el tratamiento de proyectos que nada tienen que ver con las necesidades urgentes de las masas obreras y populares. Sin ir más lejos, en la agenda de ambos bloques, estaba ausente la política represiva y de seguridad, cuando se estaba definiendo el análisis del cuerpo de Facundo Castro. ¿Qué hay por detrás de la crisis política?
El oficialismo busca garantizar el funcionamiento virtual para el tratamiento de la reforma judicial. Cambiemos tensa y requiere un funcionamiento presencial para la misma. Utiliza el Congreso para hacer lobby por voltear definitivamente las medidas ya raleadas de cuarentena, en el momento del pico de casos. La reforma judicial implica el nombramiento de 23 nuevos jueces federales y más de 1.600 nuevos funcionarios judiciales, en nuevos juzgados y Cámaras en todo el país. Garantiza entonces en forma vitalicia el control de gran parte de los futuros procesos por corrupción y los vinculados con fraudes al fisco por parte del actual Ejecutivo y los gobernadores e incluso intendentes asociados. La estructura nacional del PJ y los gobernadores sale reforzada, además del eventual beneficio a Cristina en sus causas. Si el interés del gobierno de copar la Justicia es manifiesto, detrás de la oposición “republicana” de Cambiemos se esconde la defensa del peso de las camarillas judiciales infiltradas por los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros de Comodoro Py y la impunidad de la propia camarilla.
La disputa por la Justicia alcanza gran voltaje por el rol que esta ha conquistado en la crisis política y la bancarrota nacional, con correlatos latinoamericanos. En Comodoro Py están las causas contra Macri y Cristina, además de funcionarios y exfuncionarios. En Brasil, la Justicia fue clave en inclinar la balanza política metiendo preso a Lula. Más ampliamente, la corpo judicial deberá definir en problemas de amplitud tan diversa como la constitucionalidad de las reformas jubilatorias o incluso (muy probablemente) el decreto sobre las telecomunicaciones. Viene de voltear la intervención de Vicentin. Si el arbitraje judicial en la crisis política y económica tiene un carácter reaccionario, la intervención del gobierno no lo es menos, porque pretende, sin desplazar a las camarillas oficiales de Comodoro Py, montarles una estructura paralela, que estará al servicio del actual oficialismo y sus gobernadores, oligarquías provinciales y punteros varios.
Crisis política y bancarrota económica
Tras estos choques por el control del aparato judicial, hay en desarrollo una crisis de alcance más amplio. El fundamento último de la misma tiene que ver con que el pronóstico del gobierno de que un cierre de la cuestión de la deuda iba a mitigar la crisis se ha revelado totalmente equivocado. La crisis se profundiza, de la mano de la depresión mundial, la guerra comercial, el derrumbe de la recaudación, la fuga de capitales y la presión en favor de una devaluación del dólar.
En este cuadro, el gobierno tiene sus prioridades muy claras: el centro es un acuerdo con el FMI, para refinanciar los vencimientos de la deuda. El pacto con el Fondo es una cuestión de Estado para todo el arco patronal, desde Cristina hasta Macri. En esa medida, la gran viga maestra en el intento de armado de un centro político, un objetivo fundamental de Alberto Fernández, pero también de un ala de la oposición.
Pero la voluntad de acuerdo no alcanza: aquí, en realidad, empiezan los problemas. En primer lugar, porque el Fondo viene con una agenda precisa: la reducción del déficit fiscal (que ya empezó con la reforma jubilatoria pero que se requiere llevar hasta el final), agudizar la devaluación para limitar la brecha cambiaria y la reducción de la inflación sobre la base de una política monetaria contractiva. El gobierno se prepara para hacer “los deberes” con el Fondo: en agosto, la emisión del BCRA fue la décima parte de mayo (40.000 millones contra más de 400.000), una expresión del ajuste que avanza con la reducción de la ATP y el IFE, y del aumento del endeudamiento en pesos. Pero el plan del Fondo implica mucha más sangre sudor y lágrimas para todo el pueblo argentino, ya golpeado por años de crisis y ahora la pandemia. El FMI, de acuerdo a los trascendidos, plantea una ampliación del impuesto al salario y a monotributistas, un avance importante en materia de flexibilización laboral y, por sobre todas las cosas, una reforma jubilatoria, que ya se está poniendo en marcha con un ajuste regresivo a la movilidad que se la haría depender de los niveles de recaudación.
Los recortes fiscales afectan a la capacidad del gobierno de rescate de sectores de la burguesía. El intento bonapartista del gobierno de los Fernández es un intento de vacas flacas. En la crisis, el gobierno representa una base patronal muy definida. Una parte está constituida por sectores de bonistas y el capital financiero, a quien el rescate de la deuda está apuntalando. Pero no se reduce a ella: el gobierno promueve el rescate de sectores industriales, de la construcción o de las llamadas “economías regionales” (entre ellas, la megaminería) y la entrega de Vaca Muerta, donde operan Nielsen y Galuccio. Y tanto estos últimos como Guzmán responden al gobierno de Alberto y Cristina Fernández, por mucho que ladre la progresía K. El gobierno se disputa con la derecha el apoyo de la gran patronal, con una política de arbitraje. El éxito de esta política está extremadamente condicionado por la evolución de la crisis. Un fracaso en este armado patronal implicaría un golpe político de knock out al gobierno y podría acelerar la crisis política, abriendo paso a diferentes alternativas. Duhalde, al caracterizar la hondura de la crisis, introdujo el fantasma del Argentinazo y del golpismo para fundamentar el llamado a un gobierno de unidad nacional.
La precariedad del armado del gobierno tiene otros motivos. Los Fernández vienen de un choque con las telefónicas y Clarín en un intento de arbitraje de precios contra los monopolios del sector, con una medida limitada, pero que aglutinó en su rechazo a compañías yanquis y chinas. Mientras negocia con el Fondo, Fernández promueve a Béliz contra Trump para la jefatura del BID. China asoma la cabeza tras la negativa a la presidencia de Clever Carone, hombre de Trump, a la entidad. El gobierno también teje pactos con China en el terreno exportador (con las granjas de cerdos que rechaza el movimiento ambiental). En el mismo sector, China tercia en la disputa por la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. A esto se agrega el posible uso del swap chino para compensar las alicaídas reservas del Banco Central lo cual reforzaría la dependencia de Argentina respecto al gigante asiático. Como se ve, la guerra comercial mete la cola en las disputas al interior de la burguesía nativa y en la propia crisis política. Los dictados de la desesperación por la crisis, en particular con las reservas, complican los propios tejidos internacionales con el imperialismo que Alberto Fernández inició en su gira por Jerusalén y Europa.
El polvorín social y la izquierda
La importancia para la población del pacto con el Fondo es que traza para el gobierno una ruta de ajuste en un cuadro de depresión económica y socialmente explosivo. Tras las numerosas tomas de tierras que recorren el país se esconde la crisis habitacional monumental, que encadena a quienes ya no pueden pagar el alquiler, despedidos, suspendidos, provenientes de la clase media empobrecida, con los que viven hacinados en villas y asentamientos. La juventud hacinada y sin salida encabeza las ocupaciones, por falta de alternativas. La derecha moviliza su base de la pequeña burguesía fascistizante reclamando represión, pero el progresismo que se asusta con los “vecinos” (fachos) de Villa Mascardi debería reflexionar sobre los dichos de Massa (sacarle los planes a quienes ocupan) o Berni, que dijo haber reprimido cientos de intentos de ocupación de tierras. El gobierno carece de una política habitacional o de tierras, mal que le pese a Grabois. El triunvirato Cayetano le sigue cuidando la espalda a la paz social, mientras reclamos urgentes siguen sin respuesta. La pobreza crece mes a mes sin freno. La perspectiva de recorte de las medidas de asistencia (el IFE) agravaría el hambre que se extiende en las barriadas. El gobierno y sus gobernadores (comenzando por Kicillof) utilizan a la Bonaerense de Berni para contener a los palazos la crisis social que golpea especialmente a la juventud.
La parálisis de la burocracia sindical y piquetera, encadenada en las promesas de “pacto social” a cambio de nada, es inversamente proporcional a la actividad, muy intensa, de todos los sectores de la burguesía para defender sus privilegios, reclamar subsidios e incluso llamar a ganar la calle. Bien mirada, la gran fortaleza del gobierno de los Fernández frente a la oposición es el control de esta extensa burocracia “nacional y popular”, que ha copado ministerios y secretarías con el Frente de Todos.
Por eso, la próxima jornada nacional del sindicalismo combativo traza un camino para todo el movimiento obrero. Votada en un plenario con cientos de activistas de todo el país, la jornada va a plantar bandera contra la entrega de la burocracia sindical, por la organización de cada lugar de trabajo y la movilización por los reclamos, en la perspectiva que abren los sindicatos recuperados, que se han plantado para defender los salarios e imponer protocolos contra el Covid a las patronales.
Junto a ello, es absolutamente central la lucha contra la represión, con centro en el reclamo por justicia por Facundo Castro. Nos estaremos movilizando con el EMVyJ de Congreso a Plaza de Mayo cuando estas líneas conozcan la luz. Las organizaciones de derechos humanos independientes del gobierno preparan un plenario contra la represión y el gatillo fácil, y nuevas movilizaciones masivas con la consigna de que se vaya Berni, la denuncia de la responsabilidad de Kicillof y el reclamo del desmantelamiento de la Bonaerense asesina.
En el terreno de la juventud, la Unión de Juventudes por el Socialismo prepara su congreso nacional para reforzar las filas de la juventud que lucha, contra los burócratas juveniles que se integraron al gobierno y hoy “bancan” el “modelo” del desfinanciamiento educativo y el ajuste contra los docentes y estudiantes. Las explotadas empleadas de casas particulares, impulsadas por la Coordinadora Sindical Clasista, se han organizado para ganar la calle y plantar sus reclamos.
Por sobre todas las cosas, como lo hemos propuesto, es crucial que el Frente de Izquierda, el único sector político que puede ofrecer una alternativa a la política fondomonetarista del gobierno, gane la calle con un planteo político de salida para que la crisis la paguen los capitalistas.
Juan García
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