Esta semana, el Gobierno Nacional volvió con su ofensiva xenófoba contra las y los migrantes y principalmente contra las mujeres, tal como revelan las órdenes de expulsión de una mujer de nacionalidad paraguaya y de otra de nacionalidad peruana. Desde La campaña “Migrar No Es Delito” cuestionaron la medida.
Hay historias que vienen a concretar la crueldad de lo anunciado por el gobierno nacional a principios de año, cuando se conoció que contaba con un listado de mil personas extranjeras para su expulsión. Estas decisiones son, el resultado de una serie de medidas que el gobierno viene impulsando de forma arbitraria contra los y las migrantes, como el DNU 70/2017, y que buscan rédito político en un año de campaña.
Entre las historias está la de una mujer paraguaya a la que la Dirección Nacional de Migraciones decidió expulsar del país pese a estar internada en el hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, debido a su delicado estado de salud, lo que motivó que se le dictara la prisión domiciliaria. Otra es la de Vanessa, una joven mujer peruana que pese a haber cumplido su condena, estudiado y estar trabajando como enfermera también fue objeto de expulsión el pasado lunes, a pesar de ser madre de tres hijos/as.
Vanessa no tuvo tiempo siquiera de despedirse de su hija e hijo y explicarles la situación, solamente pudo llevar consigo a su nene de dos años. El gobierno expulsó a una madre separando toda a una familia. Tal como expresó su abogado: “la separación de esta familia es inconstitucional desde donde se lo mire. La reunificación familiar está contemplada no sólo en la Ley de Migraciones sino que también en la Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del Niño”.
Estamos frente a una situación de criminalización que sufren las y los migrantes y que se extiende por la región. Gobiernos que salen “en defensa” del pueblo venezolano pero que sin embargo tienen políticas dirigidas a la estigmatización, segregación y criminalización de las y los migrantes pobres. Un contrasentido que desnuda los discursos embusteros que persiguen otros fines.
La migración internacional ha formado siempre parte de la historia de la humanidad, como una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor.
Cifras contra el sentido común
Tal como revela la Procuración Penitenciaria de la Nación, “las cifras muestran que el total de personas extranjeras presas en Argentina representa un 6% de la población encarcelada, y para el caso del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en la última década el porcentaje de incidencia del colectivo extranjero se ha mantenido sin grandes oscilaciones en torno al 20%, alcanzando un pico máximo de 23% en el año 2015, para luego estabilizarse. Esta sobrerrepresentación del colectivo extranjero al interior de las cárceles del SPF se explica por el carácter federal de los delitos de drogas, más del 50% se encuentra detenido por esos delitos. A su vez, más del 60% de estas personas no tienen una condena firme, lo que en el caso de las mujeres significa que 7 de cada 10 están procesadas”.
Migrantas
Ambas mujeres migrantas y pobres tuvieron que dejar atrás sus países de origen y marchar a un exilio económico obligadas por una difícil situación de existencia. Una situación que viven miles de personas en nuestra región y el mundo. En Argentina, cada año se registra un número superior de migrantes mujeres que de hombres y es sobre ellas que primero recae el endurecimiento de las políticas migratorias.
A.F.R., siglas usadas para proteger su identidad e integridad, es una mujer paraguaya que padece cáncer de mama desde 2017, lo que obligó al Poder Judicial a rever su situación de encarcelamiento sustituyéndola por el arresto domiciliario. La situación de salud en la que se encuentra impulsó a que la Procuración Penitenciaria se dirija a la Dirección de Migraciones para rever el criterio expulsatorio ya que pone en riesgo su vida, tal como lo afirman los médicos que la evaluaron.
La posible expulsión de A.F.R no solamente da cuenta del poco sentido humanitario de un gobierno que prefiere defender policías que asesinan a pibes por la espalda o a impulsar el perdón de genocidas durante la dictadura sino que además violenta el derecho superior de los niñas y las niñas y su derecho a una crianza acompañada, pues de concretarse, estos perderían a su madre. Al igual que Vanessa, que estuvo detenida en uno de los penales de Ezeiza de 2011 a 2014 por ingresar estupefacientes al país, motivo por el que cumplió su condena, lugar donde un alto porcentaje de las mujeres migrantes detenidas están cumpliendo una pena por el mismo delito, no casualmente los más bajos de la escala penal.
Ambas mujeres comparten su condición de madres y a la desigualdad de género y de clase se suma la de la responsabilidad por el cuidado de sus hijos/as. A ambas mujeres además intentan expulsarlas junto a sus hijas/os, una situación arbitraria, selectiva, de abuso de poder y por demás irregular y violatoria del derecho a migrar.
No se trata de grandes narcotraficantes ni de personas que pongan en riesgo la “seguridad de los ciudadanos”. ¿O será que el gobierno busca chivos expiatorios para justificarse de cara a sus votantes y para contrarestar sus desastrosas políticas económicas sembrando el odio?
Desde la campaña nacional “Migrar no es Delito”, cuestionaron el uso innecesario de recursos públicos para expulsar a alguien que hacía su vida en el país con total normalidad luego de cumplir una condena. Llamaron a poner fin a la persecución y a devolvernos a Vanessa y a su hijo, porque éste también es su país.
Cesar Saravia y Vivian Palmbaum
Marcha
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