Cuando se conoció días atrás que el índice de inflación de enero superaba las previsiones oficiales, el impacto negativo generado en el gobierno fue automático. Las causas ahora están a la vista. La mini corrida de esta semana, la suba del dólar y nuevamente del riesgo país, que volvió a superior los 700 puntos, muestra que la promocionada ´estabilidad cambiaria´ lograda con el segundo acuerdo con el FMI es un espejismo. Incuba contradicciones potencialmente explosivas en el corto plazo que de desatarse, hundirían definitivamente las posibilidades de reelección de Macri.
Todos los analistas coinciden que la causa principal que desató esta mini corrida radica en la reducción de la tasa de interés de las Leliq que el Banco Central implementó en el último mes. Esta reducción puso en jaque el carry trade que se había armado con el ingreso de fondos del exterior y que ganaron entre setiembre y enero un 40% en dólares. Para ello bastó que cambien sus dólares por pesos, y aprovechen una tasa que durante semanas estuvo por encima del 60%. Luego podían volver al dólar sin que éste haya variado su precio. Pero el Banco Central no podía mantener en el tiempo este esquema no sólo porque profundizaba la recesión y enemistaba a una parte importante de la clase capitalista con el gobierno, sino porque los intereses que acumulaban las Leliq se estaban transformando en una bomba de mecha corta. Es que el stock de Leliq ya se va acercando peligrosamente al billón de pesos, a lo que hay que agregarle los intereses demenciales que debe afrontar el Banco Central. Por la vía de las Leliq, la “emisión cero” pactada con el FMI fue vulnerada y con creces, pues se sabe que equivalen al compromiso de una emisión futura, que más temprano que tarde deberá ejecutarse para afrontar su cancelación. Precisamente, uno de los factores que ha contribuido a desatar la crisis fue el intento del Banco Central de limitar la tenencia de Leliq por parte de los bancos.
El argumento del gobierno de que las Leliq no generarán la misma crisis que las Lebac porque las primeras están en manos de los bancos a diferencia de las segundas que podían adquirirlas directamente los ahorristas, es una paparruchada. Sucede que el negocio de las Leliq se basa en que los ahorristas ponen sus pesos en los bancos a cambio de una tasa de interés alta, que supera tanto a la inflación como a la tasa de devaluación. Luego los bancos entregan esos pesos al Banco Central a cambio de Leliq con vencimiento de corto plazo, y reciben un adicional importante. Por este pasamano, los bancos se han embolsado una diferencia extraordinaria, sin arriesgar nunca capital propio. Pero la baja de la tasa de las Leliq que comenzó a ejecutar el Banco Central conllevó a que de inmediato se produzca una reducción de la tasa que los bancos le pagan a los ahorristas por sus plazos fijos. Esta tasa en los últimos días se ubicó por debajo del 40%, comenzando a ser neutra en relación con la inflación, y hasta negativa. Con la inflación de enero del 2.9%, la acumulada en los últimos 12 meses ya supera el 49%. Para febrero se espera un 3.5% y ahora podría subir como resultado del ajuste del tipo de cambio. Todos los analistas financieros hablan de que al menos hasta mayo, la inflación anual rondará el 50%. Bastaría que una parte importante de estos plazos fijos se cancelen y se pasen al dólar para transformar la mini corrida de esta semana en una verdadera estampida. A diferencia del pasado alcanzaría también a los bancos, que han quedado expuestos por el aumento exponencial de los plazos fijos. Esta corrida se agravaría porque alcanzaría también a los fondos de inversión que ingresaron al país para beneficiarse del carry trade. Según algunas informaciones, estos fondos ya han comenzado a retirarse, por temor a que una devaluación les haga perder las ganancias siderales de los últimos cuatro meses.
Los índices de inflación superiores a todas las previsiones no sólo marcan el fracaso de toda la política pactada con el FMI, sino que echan más leña al fuego de la crisis, al potenciar una corrida contra el peso por la baja de la tasa de interés. Sin embargo, el gobierno mismo termina acelerando la inflación al autorizar nuevos aumentos de las tarifas y el transporte público, que luego derrama sobre toda la economía de modo directo e indirecto. Estos aumentos son para el gobierno inevitables, si quiere cumplir con la pauta de déficits primario cero pactado con el FMI. Pero la recesión económica, generada en buena medida por los aumentos de precios que deprimen el consumo y aceleran la crisis industrial, impacta negativamente sobre la recaudación y obliga a nuevos ajustes. Como se ve, estamos ante una política condenada al fracaso, que a lo máximo que aspira es a llegar hasta las elecciones. Si a estas contradicciones explosivas se le sumara algún efecto de la crisis mundial, este esquema precario saltaría por el aire. El gobierno parece tener conciencia de que esta política no va a ningún lado. Macri ya encargó a López Murphy, Cavallo y compañía un nuevo plan económico para el caso de que logre su reelección. De más está decir que implicará un ajuste aún más brutal que el actual.
Mientras se siguen reuniendo las condiciones para una nueva corrida de envergadura, se profundiza la crisis industrial y la caída del consumo. Los capitalistas quieren descargar esa crisis sobre las espaldas de los trabajadores, y echan mano a los despidos, las suspensiones, y hasta el cierre directo de plantas. En los últimos días varios grupos empresariales de peso han presentado recursos preventivos de crisis como antesala de despidos masivos y reorganizaciones empresariales que incluyan reformas laborales profundas, que permiten incrementar la tasa de explotación de la clase obrera. Es lo que está sucediendo en FATE, Coca Cola y Avianca, entre otras. Detrás de estas presentaciones existe también un choque entre los capitalistas y el gobierno, que disputan en torno al tipo de cambio y el reclamo de subsidios.
La oposición pejotista-kirchnerista se candidatea a ser la expresión de este sector capitalista. Su programa se reduce a una renegociación de los términos del acuerdo con el FMI, para obtener un margen de maniobra más amplio que le permita sostener a la burguesía con subsidios del Estado. Es un plan ultra-conservador, que busca llevarse a cabo en acuerdo con el propio FMI. Lo dejó en claro Kicillof en su reunión con la misión del Fondo, cuando se comprometió a no defaultear la deuda.
Argentina es un país en bancarrota que deberá elegir un síndico de la quiebra que decida quien paga la crisis. El programa de las distintas formaciones capitalistas, sean macristas o del pejota-kirchnerismo, conduce a que sean nuevamente los trabajadores los que carguen con el peso de la quiebra nacional. La salida para la mayoría trabajadora reclama un programa de ataque directo al capital: no pago de la deuda, principal fuente de la fuga de capitales; nacionalización de los recursos energéticos y de las privatizadas para terminar con la dolarización de tarifas; nacionalización de la banca y del comercio exterior; apertura de los libros de las empresas que despiden o suspenden; control obrero general; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por un plan de obras públicas financiado por impuestos al capital.
Este programa de salida a la crisis es defendido exclusivamente por el Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
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