Sumado a los grandes aumentos en expensas y gastos de servicios, la incidencia de los alquileres representa para muchos argentinos más de la mitad de sus ingresos. En la ciudad de Buenos Aires, el 40% de los inquilinos dice no llegar a juntar el dinero para pagar cada mes.
En cuatro de cada 10 hogares porteños viven una o varias personas que deben pagar todos los meses para tener un techo, la renta, las expensas por el mantenimiento del inmueble y los gastos de servicios básicos, que no dejan de aumentar debido a las políticas de ajuste del Gobierno.
En un país donde la inflación de los precios llegó al 48% en 2018 (la más alta en 30 años) y en el que los salarios perdieron una enorme parte de su poder adquisitivo, cada vez son más los argentinos que deben rescindir los contratos y bajar su calidad de vida, según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El elemento más alarmante de esta situación es que los alquileres tienen la incidencia más alta de la historia en los ingresos de los inquilinos, y las consecuencias inmediatas son tener que bajar la calidad de hábitat por tener que mudarse a barrios más alejados, modificar la vida teniendo que vivir en un hotel familiar o inquilinato o una vivienda familiar que alquila camas”, dijo a Sputnik Fernando Muñoz, el director del área de Inquilinos de la Defensoría.
El informe muestra que en los últimos meses aumentaron drásticamente las consultas que reciben de parte de los inquilinos con dificultades para seguir pagando el alquiler, que preguntan cómo hacer para terminar el contrato anticipadamente o para solicitar una intervención del organismo para poder continuarlo. Uno de cada tres de estos consultantes termina por rescindir el contrato.
El resto de las consultas tienen que ver con la retención indebida de los depósitos, por problemas en el mantenimiento edilicio y el mal estado de muchas viviendas, que conlleva una discusión sobre obligaciones que tiene el propietario de conservar y de invertir para que el inmueble pueda tener el uso que corresponde como vivienda digna, explicó Muñoz.
Los contratos de alquiler en Argentina se limitan a dos años y, desde hace 10 años, por el continuo efecto de la inflación en los precios, tienen cláusulas que aumentan el valor de las mensualidades cada seis meses, aplicando el porcentaje de ajuste sobre el semestre anterior y no sobre el original. Además, la renovación del contrato implica confeccionar uno nuevo, que puede estar atado a nuevas condiciones, nuevos precios y mayores gastos.
En Buenos Aires, debido a la explosión demográfica, la búsqueda de independencia de los jóvenes solteros y el desarrollo inmobiliario de edificios de departamentos chicos de uno o dos ambientes, 36% de las viviendas están ocupadas por una sola persona, y en 26% viven dos. Las dificultades económicas han hecho que muchos recurran a compartir la vivienda para repartir gastos o tener que regresar al hogar familiar. La situación crítica la viven las familias numerosas o de bajos recursos que se encuentran verdaderamente con la soga al cuello.
Muñoz explica que existen dos corrientes que predominaron en la Argentina en los últimos 100 años respecto del alquiler de vivienda: una a favor de la regulación, “que plantea reglas de juego, normas y leyes para ir progresando hacia un alquiler justo”, y otra desreguladora, “que propone libre mercado, absoluta libertad para contratar, para poner las condiciones que debe tener un inquilino para iniciar un alquiler, o restringir el ingreso de menores a un inmueble alquilado”.
“El Estado tiene que ordenar, fijar las reglas, unificar criterio para más de un 40% de hogares que no tienen otra alternativa que alquilar vivienda para no terminar a la intemperie. Las consecuencias próximas serán de lo contrario los desalojos cada vez más numerosos o el mayor hacinamiento en las condiciones de vivienda”, dijo.
Sputnik
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