Se reveló que Gustavo Zanchetta había dejado la diócesis por múltiples denuncias de abusos, siendo reubicado en el Vaticano. Su prontuario contra las luchas obreras y las mujeres.
La crisis de la Iglesia católica por denuncias de abusos suma un nuevo episodio, ahora en el marco de la rebelión #NoNosCallamosMás. Esta vez cayó el ex Obispo de Orán Gustavo Zanchetta, soldado del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, de Jorge Bergoglio y de la patronal de El Tabacal, tras revelarse que el desplazamiento de su cargo hace un año y medio –supuestamente por problemas de salud- respondía en verdad a la acumulación de denuncias por abusos de poder, entre ellos sexuales, hacia curas y seminaristas dentro del Seminario que él mismo creó hace 5 años (y que ahora se trasladará a Tucumán), así como por desmanejos económicos. Se habla de al menos diez seminaristas abusados.
La investigación periodística fue publicada en El Tribuno, el 28 de diciembre. El prontuario de Zanchetta se remonta a sus servicios en la Diócesis de Quilmes, pese a lo cual fue nombrado Obispo de Orán y, una vez retirado de ese obispado por estas graves denuncias, bendecido por el Papa con el cargo de asesor en la Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostólica (APSA), el organismo que maneja el patrimonio del Vaticano. El diario informa que “además de poner bajo la lupa los motivos del cierre del seminario local, se ponen en duda los traslados de los sacerdotes que denunciaron a Zanchetta, e incluso la remoción del nuncio Emil Paul Tscherrig, quien elevó las denuncias. Se señala que todos estos cambios tienen una misma raíz: un pase de facturas por las denuncias contra Zanchetta que involucrarían incluso al arzobispo de Salta, Mario Cargnello”. La crisis raja las paredes al interior del Clero. Sumemos los casos del cura Lamas de Rosario de Lerma, el cura Rosa Torino en Capital y el cura Balbi en J.V. González: la cúpula de la Iglesia Católica de Salta es acusada de abuso sexual y encubrimiento.
El obispado de Orán ha emitido un comunicado donde señala que se pone a disposición para que se hagan las denuncias y se lleve adelante el juicio canónico: si bien “recuerda” que las víctimas pueden ir a la justicia ordinaria, no hay dudas que se trata de un intento de encubrir nuevamente a Zanchetta.
El sucesor al Obispado de Orán, el franciscano Luis Antonio Scozzina, asegura en una entrevista al diario (ídem) que “el clero quedó herido” e incluso polemiza con el arzobispo salteño Mario Cargnello, quien defiende el tratamiento de los abusos puertas adentro de la Iglesia: “ante un delito, a la persona que viene y me trae una cosa, le digo que vaya a la Justicia. Y yo haré el proceso que me corresponde, claro”. Pero ante todo, busca lavarle la cara al Vaticano –según Scozzina, la reciente multiplicación de denuncias de abusos “se trata de una campaña en contra de la Iglesia”- y a Bergoglio, afirmando que “el Papa no toma la decisión sin que le lleguen elementos reales” (ello pese a los conocidísimos casos de encubrimiento y ascensos de abusadores probados).
Un aliado del régimen político de Urtubey y la Seaboard Corporation
Obispo abusador, con vínculos políticos, Zanchetta fue siempre un mediador a favor de El Tabacal contra los obreros. En diciembre de 2016, fue clave para que la empresa azucarera y el gobierno forzaran el levantamiento de una huelga de casi 70 días contra los despidos y el cuarto turno (que implicaba la extensión de la jornada laboral y la rebaja salarial): en las reuniones paritarias y mesas de negociación de esos días, el ex obispo tenía su lugar junto a la patronal de la Seaboard Corporation, el Sindicato, la Gendarmería Nacional, los intendentes de Orán, Hipólito Yrigoyen y Pichanal y el Ministerio de Trabajo. Luego de la represión desatada por la policía de Urtubey, Zanchetta llamaba a los obreros a la “paz social” -es decir “a poner la otra mejilla”. En sus misas festejaba el inicio de la zafra como símbolo de una reconciliación imaginaria entre los obreros y la empresa. Su rol fue muy apreciado por la patronal y los funcionarios.
En 2017, Zanchetta fue clave para dar fin a una verdadera rebelión de los bagayeros (trabajadores que pasan mercadería desde Bolivia y cuya persecución se agudizó por una decisión del gobierno nacional a pedido de las cámaras de comercio) que puso en vilo al departamento Orán. Las medidas de fuerza fueron levantadas luego de que el obispo y el intendente de Orán, Lara Gros, intermediaran para que el gobierno nacional establezca un acuerdo con los bagayeros -que resultó un verdadero fraude. Era el gran momento de Zanchetta, presentado ante la población casi como un héroe. A los pocos días se anunció su partida.
Cuando declararon la emergencia en violencia de género, Urtubey le entregó a Zanchetta la administración y fiscalización del hogar refugio de mujeres de Tartagal –así, la Iglesia que encubre abusadores y hasta los coloca en su cúpula, recibía millones de pesos por parte del Estado salteño para “contener” a las víctimas. En ese entonces el funcionario clerical declaraba que “la participación de la Diócesis es de carácter subsidiario, nos ponemos al servicio de la gente pero no en materia confesional, venimos a sumar a este proyecto y ofrecer una alternativa para las víctimas de violencia” (La Gaceta, 20/3/15). Tres años después, el Refugio cerró sus puertas: Zanchetta, luego de su salida imprevista, había dejado una deuda salarial de cuatro meses a las operadoras que manejaban el hogar. Después el refugio pasó por diferentes fundaciones.
El caso de Zanchetta es un claro ejemplo de para qué necesita el Estado a la Iglesia católica. Al actuar como intermediaria de la patronal contra los obreros, o como tercerizada del Estado en materia de políticas de género, cumple un rol político. Sostiene un régimen de opresión, explotación y, naturalmente, violencia, basado en las garantías económicas que le ofrece el poder político y la clase social para la que opera.
Basta de impunidad: juicio y castigo
Conocido el caso, Zanchetta amenazó desde Roma a los sacerdotes que reconocieron la validez de las denuncias realizadas por las víctimas. Esto revela, como dicen los familiares de las víctimas, que el ex obispo aún goza de muchas protecciones.
Hay que terminar con toda la impunidad de una institución que juega un rol decisivo para evitar el desarrollo de una lucha a fondo contra el brutal ajuste en curso.
Desde el Partido Obrero llamamos a las víctimas y sus familiares a que lleven las denuncias a la justicia ordinaria y convoquemos de manera conjunta a todo el pueblo de Orán para que derrotemos la impunidad con la movilización. Nos ponemos a disposición de esta perspectiva.
Además redoblemos los esfuerzos por construir una alternativa política de los trabajadores para derrotar a este régimen oligárquico al servicio de las patronales como Tabacal -que viene de imponer despidos masivos y el 4°turno. Hagamos que la combativa clase obrera de Orán vuelva a levantar cabeza.
Abajo la impunidad. Que Zanchetta vuelva al país y sea juzgado por la justicia ordinaria junto a sus encubridores. Separación de la Iglesia y el Estado, ya.
Flor Ruiz
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