Al cierre de esta edición se discutía en la Cámara de Senadores la modificación del Código Civil. Pese a las fuertes criticas recibidas dentro y fuera del recinto, el kirchnerismo se preparaba para otorgarle media sanción. Las polémicas por el artículo 19, la función social de la propiedad privada y el agua como derecho humano.
Al cierre de esta edición el kirchnerismo se preparaba para darle media sanción en la Cámara de Senadores al proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial. Tras haber obtenido dictamen en comisión parlamentaria el miércoles de la semana pasada, y a pesar de las críticas levantadas, el oficialismo cuenta con los votos necesarios para sacar adelante el proyecto. Será convertido en ley recién el año que viene, después de ser debatido en la Cámara de Diputados. Por otro lado, durante todo el día se debatió en la Cámara Baja la ley de responsabilidad del Estado, que fue eliminada del Código Civil y se trató de manera separada.
En lo que fue definido como un “súper-miércoles” por la intensa actividad en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo llevó al recinto el proyecto de reforma del Código Civil. El mismo había obtenido dictamen de mayoría en el plenario de comisiones la semana pasada. Allí el oficialismo, en soledad y bajo las criticas de todo el arco político opositor, había realizado más de 100 modificaciones al proyecto original, diseñado hace mas de 2 años por los jueces del la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, junto con la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci.
Las criticas más encarnizadas las habían levantado, por un lado, la eliminación del agua como derecho humano, las responsabilidad del Estado y sus funcionarios -delegadas a fueros provinciales y municipales- y el polémico artículo 19. Este articulo, referido al momento en el cual comienza la vida humana, había sido modificado por el kirchnerismo a raíz del lobby de la Iglesia Católica, lo que determinó finalmente que para el nuevo código la vida humana comienza desde la concepción, eliminando cualquier tipo de mención a las técnicas de fertilización asistida y, por lo tanto, a las diferencias entre un embrión antes y después de ser transferido. Por otro lado, el Código incluye también la imprescriptibilidad de las acciones civiles vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El debate en el recinto de la Cámara Alta, al momento de ser tratada la reforma del Código, siguió un camino similar al que sufriera en el plenario de comisiones: de un lado el kirchnerismo realizando una defensa cerrada del mismo y del otro el conjunto de la oposición criticándolo con extrema dureza.
En defensa del nuevo Código se pronunció primero el senador por la provincia de Neuquén Marcelo Fuentes, al afirmar que “esta reforma es el recupero del concepto de la libertad”. Luego, apuntando contra la oposición, sostuvo: “Querían presentar a esta tarea como un capricho del gobierno. El tratamiento de este Código es distinto al de Vélez Sarsfield: no miramos hacia afuera, sino hacia adentro”. Algo similar sostuvo el senador Aníbal Fernández, al señalar que el “Código Civil del Vélez Sarsfield expresaba una filosofía individualista que responde a la clases dominantes de la época”.
Desde la oposición primero replicaron sobre el tratamiento que se le iba a dar durante el debate al proyecto de reforma, ya que el kirchnerismo buscaba aprobarlo a libro cerrado, sin discutir cada artículo particular, lo que generó la respuesta del senador Miguel Pichetto quien afirmó: “Sean honestos intelectualmente: ningún código se vota artículo por artículo. Se pueden lesionar o modificar los institutos de los nuevos tiempos que requiere la sociedad”.
Por otro lado se cuestionó la modificación de artículos claves, que habían sido considerados en el proyecto original. Así, el senador radical Ernesto Sanz criticó la eliminación de la responsabilidad del Estado, con lo que “se rompió el concepto de la igualdad”, según sostuvo el legislador mendocino. También se opuso a la eliminación del agua como derecho humano. “Estuve a favor de respetar el anteproyecto de los juristas, porque el agua es, efectivamente, un derecho humano”, indicó el senador por el radicalismo. La crítica fue acompañada por otros senadores, entre ellos Adolfo Bermejo, quien afirmó que “hay suficiente legislación internacional, hay protección en tratados y en la Constitución para que el agua sea considerada derecho humano, esté o no en el Código Civil”. La respuesta del senador por el FPV, Marcelo Fuentes se limitó a señalar “esto es un Código Civil, no una Constitución”.
La reforma del Código Civil no solo levantó fuertes críticas dentro del Parlamento sino que también fue cuestionado fuera del mismo por organizaciones sociales y de derechos humanos. Aparte de las críticas a la injerencia de la Iglesia Católica en el mencionado artículo 19, con todos los límites que impone para discutir la legalización del aborto, se sumaron cuestionamientos a la eliminación de la función social de la propiedad privada y la regulación de las diferentes formas de propiedad.
El punto de estas críticas radica en que no da cuenta de las dificultades que sufren las familias campesinas e indígenas en el campo para acceder a la vivienda y a la propiedad de las tierras que habitan, donde muchas veces ni siquiera se reconoce la propiedad veinteñal, por lo que terminan por ser sometidas a todo tipo de violencias judiciales y también físicas. Algo similar ocurre en las ciudades, donde la falta en el acceso a la vivienda con servicios elementales no deja de aumentar.
El reconocimiento de la función social de la propiedad, y una serie de medidas que permitiesen la adquisición de bienes inmuebles por parte de sectores dedicados a la agricultura familiar, así como el acceso a servicios básicos en las ciudades, podría haber sido la piedra de toque para un Código Civil de carácter inclusivo y sostenido en el reconocimiento de los derechos hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.
Como señalábamos al comienzo, junto con la discusión que se daba en la Cámara Alta sobre el Código Civil, en la Cámara de Diputados se debatía la ley sobre responsabilidad del Estado, que el kirchnerismo había decidido tratar de forma separada.
El proyecto que contempla el oficialismo sostiene que cualquier demanda contra el Estado debe dirigirse al fuero administrativo, sea este de carácter provincial o municipal, y no al fuero Civil, como ocurre hasta ahora. La defensa realizada por el kirchnerismo sostiene que con esto se busca preservar al “Estado frente a la 'patria pleitera'”.
La oposición sin embargo entiende que “esta Ley es un enmascaramiento de una autoamnistía”, según afirmó Elisa Carrió. Por su parte, Laura Alonso, diputada del PRO, denunció: “Debemos evitar caer en la trampa, con este proyecto no buscan proteger al fisco y al Estado de los juicios de terceros. Lo que buscan es su protección personal y lograr una garantía de impunidad”.
Marcha
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