La dictadura y sus “listas negras”

Las sucesivas Juntas Militares se encargaron, desde 1976, de llevar adelante la confección de “listas negras”

El jueves 7 el ministerio de Defensa dio a conocer los documentos originales de las "listas negras" de personalidades de la cultura elaboradas por la última dictadura militar. El lunes habían anunciado su hallazgo.
Según un informe emitido por el ministerio de Defensa, las sucesivas Juntas Militares se encargaron, desde 1976, de llevar adelante la confección de “listas negras”. Para ello crearon un organismo destinado a coordinar la tarea: el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI) donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de cada una de las tres fuerzas. “El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, decidía quién entraba y salía del máximo nivel de prohibición”, afirma el comunicado de prensa emitido.
La Junta Militar, según los documentos dados a conocer, detallaba cuatro "fórmulas" para catalogar a las personas. La 1 agrupaba a aquellos individuos "sin antecedentes ideológicos marxistas". La 2 a quienes "no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista". La Fórmula 3 englobaba a los que registraban “algunos antecedentes ideológicos marxistas pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc.”. La más “peligrosa” era la Fórmula 4 que quedaba reservada para aquellos que registraban “antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración, sea auspiciado por el Estado, etc.".
Si bien en los documentos originales sólo se explicitaba una prohibición de contratar a las personas incluidas en las listas en la administración pública, desde Defensa sostuvieron que “en la práctica, esto no funcionaba así: ningún medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado como ‘Fórmula 4’ por la dictadura”.
Los listados hallados dados a conocer son tres. El primero está fechado el 6 de abril de 1979. Son 12 páginas que agrupan un total de 285 nombres, todos con la calificación “Fórmula 4”. La lista incluye también la profesión: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes, titiriteros, médicos pediatras y psicólogos. En esta nómina se encuentran, entre otros, Eduardo Astesano, Osvaldo Bayer, Antonio Berni, Luis Brandoni, Abelardo Castillo, Roberto “Tito” Cossa, Julio Cortazar, Osvaldo Dragún, Leonardo Favio, Rogelio García Lupo, Eva Giberti, Horacio Guarany, “Nacha” Guevara, Fanny Edelman, Víctor Laplace, Tomás Eloy Martínez, Hugo Midón, Rodolfo Puiggrós, Marilina Ross, Gregorio Selser, Fernando “Pino” Solanas, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Jacobo Timerman, Francisco “Paco” Urondo y Atahualpa Yupanqui.
El segundo data del 31 de enero de 1980 e incluye a 331 personas en la “Fórmula 4”. En su encabezado brinda una serie de recomendaciones en relación a los antecedentes consignados, entre ellas que esos documentos “no deben ser copiados” y que "deben ser incinerados". En este listado se encuentran nombres como Héctor Agosti, Norma Aleandro, Héctor Alterio, Norman Brisky, Griselda Gambaro, Gino Germani, Víctor Heredia, César Isella, Noé Jitrik, Virginia Lago, Cipe Lincovsky, Federico Luppi, Julio Maharbiz, Juan Carlos Portantiero, Osvaldo Pugliese, Jorge Abelardo Ramos, David Viñas y María Elena Walsh, entre otros.
Según detalló Defensa, sobre esta “lista negra” trabajó el ECI hasta septiembre de 1982. “La situación post-Malvinas cambió el escenario y fue necesario un replanteo en el manejo de las ‘listas negras’”, explica el comunicado elaborado por la cartera a cargo de Agustín Rossi. Una nota de la Secretaría de Información Pública fechada el 21 de septiembre de 1982 destaca la directiva del gobierno de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país”. Por ello, propone “evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación”. En ese momento, la dictadura militar pretendía abrir paso a un gobierno democrático a más tardar en marzo de 1984, por lo que la SIP recomendaba “permitir trabajar en los medios de comunicación social administrados por el Estado” a los incluidos en listados como “Fórmula 4”.
La SIP, entonces, con información de la SIDE, diseñó una estrategia (con dos variantes) para normalizar “la situación de dichas personas en forma gradual y armónica”. La misma Junta Militar trató el tema el 14 de octubre de 1982. El acta N° 236 (también encontrada su original en el hallazgo reciente) da cuenta de que la Junta decidió “proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP”.
La opción implementada consistía en el armado de cuatro sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban dentro del listado de "Fórmula 4". La intención era que 41 de ellas sean “contratables” a fines de 1982; que otras 60 personas dejen el listado en el primer semestre de 1983; y que 52 personas lo hagan en el segundo semestre de ese año. Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 personas, bajo ningún punto de vista, salgan del listado de “Fórmula 4”. Entre ellas se encontraban el actor Norman Brisky, el escritor Julio Cortázar, la actriz y cantante Nacha Guevara, los periodistas Ernesto Jauretche y Jacobo Timerman, la directora del periódico “Combate” del PRT, Giomar Schmidtt de Klachlo y el abogado y oficial del ejército cubano Rafael San Martín.
Sobre la información dada a conocer, Graciela Rosenblum, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) opinó que “corrobora lo que siempre hemos dicho, que los archivos estaban y había que buscarlos porque, más allá de la orden de Leopoldo Galtieri de quemarlos todos, estábamos convencidos de que no lo habían hecho”. En el aire de Radio Sur, explicó que aún no tuvieron acceso a la totalidad de los archivos y que solicitaron “que las organizaciones de derechos humanos podamos acceder y seamos como su ‘custodia’ para poder utilizarla en los juicios”. “Hasta el día de hoy los juicios, de lesa humanidad todavía están circunscriptos fundamentalmente a todo el material que han producido a lo largo de los años los organismos de derechos humanos y las víctimas”, afirmó la presidenta de la LADH.

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