Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria presentó su renuncia al cargo luego de la denuncia por acoso sexual y laboral de una ex secretaria privada. El plenario de la Comisión, decidió aceptarla a pesar de que se reclamaba la exclusión del organismo de derechos humanos y/o una sanción sumarial.
Alejandro Mosquera, miembro honorario y ex presidente de la Cámara de Diputados bonaerense renunció en la tarde de ayer a su cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que desempeñaba desde el año 2010. Mediante un comunicado, el organismo de Derechos Humanos informó el desenlace, "ante la denuncia de acoso recibida oportunamente, esta Comisión abrió un proceso de actuaciones administrativas" en las que durante casi cuatro meses, con presencia de juristas externos a la institución, "ambas partes fueron escuchadas con las debidas garantías y la mayor discreción, de resultas de la cual se dictaminó que no quedó acreditada la inculpación" del acusado.
En el comunicado de prensa, firmado por diecisiete de sus diecinueve miembros/as de Comisión Directiva, la institución apela al "principio constitucional de inocencia -del acusado-, que sostenemos y defendemos desde hace muchos años y por el cual luchamos aun en las peores condiciones. Toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario y respetar ese criterio es fundacional del estado de derecho y de la defensa de los derechos humanos" e informa que el plenario de la Comisión Provincial por la Memoria aceptó la renuncia de Mosquera y decidió que las funciones de la secretaría ejecutiva estará a cargo de la mesa directiva, hasta tanto se designe un reemplazo.
Los derechos de las mujeres también son derechos humanos
En una carta abierta publicada la semana pasada, la Colectiva Feminista La Revuelta dio a conocer la denuncia en una clara estrategia de acompañamiento político a la valentía de la víctima y denunciante, asesorándola legalmente y constituyéndose como sus representantes ante la CPM. En ella, reclaman por el reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos.
"El 3 de julio de este año, presentamos una denuncia a la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, acusando al Secretario Ejecutivo, Alejandro Mosquera, de acoso sexual y laboral perpetuado contra quien ocupara el cargo de secretaria privada del mismo". Según denuncia la colectiva feminista, desde ese entonces a la fecha no sólo no se llegó a ninguna resolución concreta sino que además "los hechos descriptos en la denuncia y que no fueron desmentidos por el denunciado, podrían configurar, una falta de respeto". El sumariante, el jurista Beinusz Szmukler, no reconoció los hechos denunciados como de acoso laboral y sexual.
Desde la colectiva exigen que el personal directivo de la CPM les entregue copias del expediente para poder de esa manera revisar fundamentos y ejercer el derecho de la víctima a participar en las actuaciones administrativas, denunciando que la respuesta al pedido fue de un hermético silencio. "Negarle información a la denunciante sobre el desarrollo del proceso es cuanto menos violencia institucional - aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos- según la ley 26.485 de Protección Integral hacia las mujeres que rige en este país desde abril de 2009" concluyen.
A su vez, Ruth Zurbriggen, integrante de La Revuelta, alertó sobre las diferentes posturas al interior del organismo y declaró que "la asamblea –de la CPM- no dudó en ningún momento de la denuncia y exigió a la Comisión Directiva que separe del cargo a Mosquera y que se lo desvincule como representante del organismo en cualquier instancia pública" y aclaró que el objetivo de la denuncia es la búsqueda de "una reparación hacia el interior del organismo y la adopción de medidas para que esto no vuelva a ocurrir".
El acompañamiento a la victima
Yamila Balbuena es militante feminista y es quien está acompañando a la victima denunciante. En diálogo con Marcha contó que "es un día particularmente triste. Pensar que un organismo de Derechos Humanos como lo es la CPM decidió cerrar filas aceptando la renuncia de Alejandro Mosquera, es muy triste" y sentenció, "esta persona es un acosador serial. Pone a las mujeres como objetos, en situaciones de inferioridad, las acosa y ejerce abuso de poder sobre ellas. Conocemos casos de más de diez ex secretarias o ex empleadas que han sufrido sus acosos, tanto en la Comisión como en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires".
Y relató: "En el proceso interno que inició el organismo de Derechos Humanos en búsqueda de la verdad, una ex secretaria se animó a declarar en contra de Mosquera pero el organismo no le creyó. Le dijo que no ha lugar porque el acto jurídico que se estaba investigando no era el de su propio padecimiento sino el de la denunciante". De esta manera, la CPM "decidió preservar la institución a costa de una mujer que puso su cuerpo –en defensa de su dignidad- y que no es la única: hay muchas que han callado, otras que han renunciado y hasta sabemos de casos de trabajadoras que, enterándose que Mosquera iba a ser su jefe, pedían el traslado a otra área o licencias porque conocían de sus prácticas abusivas ya que éstas eran vox populi".
Lo preocupante del caso es que, mientras duró el proceso interno de investigación, en el que tanto denunciante como denunciado gozaban de licencia administrativa, al concluir el mismo ésta cesa y al no haber sanción ni exclusión del denunciado del organismo y al ser Alejandro Mosquera saliente secretario ejecutivo pero vitalicio miembro de la Comisión, ambas partes podrían volver a verse las caras. El peligro de que nada cambie podría volverse una realidad y la injusticia con color de desigualdad y la férrea asimetría de poderes podría consolidarse en una revictimización que no se espera de un organismo de larga trayectoria e históricamente comprometido con los derechos humanos.
Al momento no se presentó denuncia ante la justicia penal, ya que se priorizó la sanción que la propia CPM, pero ante el desenlace, la denunciante, junto a la letrada que la asesora están evaluando los próximos pasos a seguir. No descartan ahora proseguir la denuncia contra el organismo de Derechos Humanos que se inclinó, esta vez, por desoír el testimonio de una víctima cual tribunal que desconoce las normativas vigentes y el aporte a la institucionalidad democrática que la justicia equitativa y con perspectiva de género aporta.
Laura Salomé Canteros y Julia de Titto.
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