Las elecciones presidenciales chilenas del domingo 17 arrojaron un revés enorme para Michelle Bachelet y, por sobre todo, para el intento de la Concertación y el Partido Comunista de recrear una Unidad Popular sobre las bases sociales creadas por el pinochetismo. El 46% de los votos que obtuvo Bachelet representan un 25% del padrón, dado que la abstención alcanzó un 48%, en el marco de una votación no obligatoria; en 2012, en las municipales, en plena lucha estudiantil, la abstención había llegado al 70 por ciento. Aunque vigorizada por la cooptación de la dirigencia juvenil del PC, la candidata a otra gestión presidencial fue repudiada por dirigentes y militantes del movimiento estudiantil, que en Chile ha ido vertebrando un creciente movimiento popular y ha sido el verdadero sepulturero de la derecha.
La llamada Nueva Mayoría ha tenido un comienzo completamente contradictorio con esa pretensión; es que de ninguna manera apunta a liquidar el sistema de educación privatizado, que la juventud chilena sufre como una hipoteca imposible de levantar. Bachelet no logró siquiera evitar una segunda vuelta. Si la UP de 1973 fue una tragedia, la de ahora es una farsa; la cooptación de un sector de la juventud ha fracasado. La actual generación obrera de Chile no puede repetir las ilusiones paralizantes del pasado, porque tiene que vivir a marchas forzadas la incapacidad irrevocable de la conciliación de clases, personificada en lo que son aún y están dejando de ser sus partidos históricos. La “nueva minoría” nace políticamente muerta. Aunque apele, por un tiempo, al freno del Partido Comunista, abre, a término, una situación revolucionaria en el país hermano.
Ni siquiera Marco Enrique Ominami, un socialista disidente de quien se especuló que podría ingresar en el ballotage, pudo capitalizar a la juventud rebelde; cosechó un magro 10 por ciento de los votos, la mitad de los que obtuvo en las elecciones anteriores. En la derecha ocurre un fenómeno similar: la extrema derecha tuvo su “disidente”, que se llevó otro 10% de los votos.
Situación social
El cuadro social de Chile es desolador. El 57% de los hogares chilenos tiene ingresos inferiores a los 780 dólares. El salario mínimo es de 400 dólares. Sin embargo, el costo promedio de la educación superior es de 3.200 dólares anuales. Unos 400 mil estudiantes tienen deudas acumuladas por un total de 2.900 millones de dólares. Frente a la enorme movilización estudiantil contra la privatización educativa, lo único que ha hecho el Estado es establecer una rebaja en la tasa de interés de los préstamos para costear la educación.
La salud pública se encuentra colapsada, en tanto que al sector que opta por la salud privada no le va mejor: una simple consulta médica de diez minutos oscila entre los 80 y los 100 dólares (Clarín, 12/11). El sistema de jubilaciones privadas (AFP) ha dejado, de un lado, una pensión mínima de subsistencia a cargo del Estado, y del otro un sistema de descuentos donde los aportes triplican a las futuras pensiones (ídem). La precarización laboral hace estragos, y la desigualdad es enorme “a pesar del avance continuo del PBI” (La Nación, 17/11).
A la derrota del gobierno contribuyó también la crisis de la actividad minera, fuente principal de ingresos del país, con el precio del cobre caído a su mínimo desde 2010 -lo que ha llevado a una paralización de proyectos.
Bachelet
La enorme crisis social impulsó las masivas movilizaciones estudiantiles de 2011, que se replicaron en 2012. En consonancia con este proceso de radicalización, se fue registrando un desplazamiento político hacia la izquierda que puso fin a la dominación del PC en las federaciones estudiantiles. También hubo luchas en el movimiento obrero. En julio pasado, un paro general de la CUT involucró a medio millón de huelguistas y hubo 100 mil personas movilizadas en Santiago. La burocracia sindical ha sido desafiada, por ejemplo, en la siderúrgica Huachipato.
En oportunidad de las movilizaciones estudiantiles de 2012, tanto el gobierno de Piñera como la Concertación sufrían una enorme desaprobación popular. Pero mientras que la derecha se despeñó, la Concertación buscó oxigenarse con el ingreso del Partido Comunista y la “repatriación” de Bachelet. Con el concurso de la dirección de la CUT, que encuadró el paro de julio en función de su candidatura, la Nueva Mayoría se ha transformado en el principal recurso del capital chileno para tratar de contener una explosión social y un desplazamiento político de los oprimidos. Casi a modo de reconocimiento, El Mercurio (18/11) observa que “los dineros de la gran empresa aportados a la Nueva Mayoría prácticamente triplicaron a los destinados a la Alianza”.
Durante la campaña electoral, Bachelet prometió modificaciones en salud y educación, y coqueteó con el planteo de una reforma constitucional. El candidato Ominami la definió como “la dueña del ‘casi’: casi matrimonio igualitario, casi aborto, casi reforma educativa” (Ambito, 14/11).
En cuanto a los planteos de reforma constitucional, estuvieron muy en boga, por la actividad del Movimiento Marca Tu Voto, que llamó precisamente a escribir la sigla “AC” (Asamblea Constituyente) en las papeletas. Los planteos de reforma constitucional se concentran básicamente en la abolición del sistema de elección binominal de diputados y senadores, que favorece un régimen de dos fuerzas electoralmente sobrerrepresentadas (en la práctica, la derecha y la Concertación). Bachelet teme que una Constituyente cuele reclamos avanzados, como la renacionalización integral de la minería y la estatización de la educación.
La izquierda
La integración del PC a la Concertación modificó el mapa político y electoral de la izquierda. El Partido Humanista, su aliado en las elecciones pasadas, conformó un frente con nacionalistas bolivarianos y algunos grupos trotskistas (MST, IC), que llevó como candidato a Marcel Claude. Logró integrar a algunos colectivos que participaron de las luchas estudiantiles. Cosechó un 2,8% de los votos. El autonomista Partido de la Igualdad, de Roxana Miranda, que se presentó como la candidata de “los ninguno, los sin pan, los sin dientes”, sacó el 1,3%. Los ecologistas de Alfredo Sfeir obtuvieron 2,3%. El sector de Eloísa González (ex dirigente de Aces, coordinadora estudiantil de los secundarios) promovió un boicot electoral que tuvo su expresión más visible en la toma del local central de Bachelet el día de los comicios. El PC-AP opuso la “lucha” a las elecciones. El POR, seccional chilena de la CRCI, convocó al voto nulo, pero no desde una posición “antielectoralista” sino criticando “la política oportunista de poner a los luchadores detrás de la pequeña burguesía”, y haciendo un llamado a “que la unidad de la izquierda sea por un gobierno de trabajadores” (Prensa Obrera de Chile, N° 11, noviembre 2013).
Cuatro ex dirigentes del movimiento estudiantil: Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Karol Kariola (PC), y Gabriel Boric (Izquierda Autónoma) ingresaron en el Congreso Nacional.
Lo que viene
Bachelet tiene la segunda vuelta en el bolsillo, aunque arriesga una abstención aún mayor. Las presidenciales han retardado la crisis chilena. Mientras Bachelet integraba al Partido Comunista a su coalición, éste perdía la dirección de las federaciones estudiantiles. El frente de colaboración de clases que lo ha reemplazado es una versión ultra degradada del pasado.
Gustavo Montenegro
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