El narcotráfico se ha instalado en la crisis política. Solamente en Rosario, ha provocado más de mil homicidios desde 2004, y más de cien asesinatos por año en la Ciudad de Buenos Aires. La descomposición de las fuerzas de seguridad y de los aparatos políticos, y su asociación con los narcos.
La dictadura militar incorporó a la Argentina al mercado moderno del tráfico de drogas a partir de 1980, cuando el régimen de Jorge Videla anudó un acuerdo con los narcotraficantes bolivianos que dieron en su país el golpe de aquel año, dirigidos por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez, quien cumple hoy una condena a 30 años de prisión por tráfico de drogas. Según acordaron entonces, la Argentina sería un país de tránsito para la cocaína boliviana que se dirigía a los mercados de Europa y los Estados Unidos. También por esos años, los represores argentinos que actuaban en la contrainsurgencia centroamericana establecieron fuertes vínculos con narcotraficantes de aquella región.
Aquello del “tránsito” no duró demasiado, por varias razones. Una de ellas, inherente a las características del negocio, son los pagos en droga, que obligan a venderla en el mercado local para obtener el dinero en efectivo que, luego, irá a los circuitos de lavado. Ahora, y desde hace mucho, la Argentina es, definitivamente, un centro de producción y consumo, amparado por la policía, por jueces y funcionarios políticos.
Como en Ciudad Juárez, como en Medellín
Es común que la derecha hable de la “permisividad” del gobierno argentino en contraste con la represión exitosa que se aplicaría, por ejemplo, en Colombia; el narcotráfico en ese país goza, sin embargo, de perfecta salud. En estos días, para no ir más lejos, llega la noticia de que Buenaventura, el principal puerto colombiano del Pacífico, está sencillamente tomado por los narcos. Se trata de bandas vinculadas con distintas facciones paramilitares, como Los Urabeños y Los Rastrojos. Ambas fueron parte de la organización terrorista de ultraderecha Autodefensas Unidas de Colombia.
El narcotráfico internacional aprovecha la permisividad argentina -que en efecto existe y es evidente- no porque se vea expulsado de otras latitudes, sino porque sus mercados se expanden: el consumo de cocaína y de marihuana, en Argentina, se ha duplicado en la última década.
Un negocio de Estado
Días pasados, el fiscal Luis Angelini, de San Isidro, vinculó el crimen de dos narcos colombianos en el estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez, cometido en 2008, con las actividades de Gustavo Juliá -hijo de un ex jefe de la Fuerza Aérea-, detenido en el aeropuerto El Prat, de Barcelona, en 2011, cuando aterrizó allí con un avión cargado con casi una tonelada de cocaína. Esa droga había sido cargada en el aeropuerto de la ex VII Brigada, en Morón. A su vez, dice Angelini, un caso y otro se vinculan con el triple crimen de General Rodríguez, en 2008, cuando fueron asesinados tres empresarios que contrabandeaban efedrina para el cartel de Sinaloa. En este último caso, los traficantes estaban íntimamente vinculados con el aparato financiero de la campaña del Frente para la Victoria y, también, con los medicamentos adulterados que se daban a los pacientes de varias obras sociales sindicales.
En cuanto a la efedrina -un precursor químico utilizado para elaborar metanfetaminas y otras drogas sintéticas- la Argentina importaba en 2004 menos de una tonelada anual para la producción de medicamentos anticongestivos. Tres años después, en 2007, ya se importaban más de veinte toneladas. Según las Naciones Unidas, eso equivale a cinco veces la cantidad de efedrina usada por toda la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Se trata de un negocio de funcionamiento imposible sin la participación activa de laboratorios medicinales y la complicidad de funcionarios aduaneros y de las fuerzas de seguridad, de parte del Poder Judicial y de los partidos patronales.
En la Argentina, además, se produce cocaína en su última etapa de elaboración. Ingresa pasta base y con ella se elabora cocaína en laboratorios locales. La presencia de paco, basura de la cocaína, denuncia por sí esa elaboración. El narcotráfico infesta las villas y los barrios pobres, donde recluta los “soldaditos” -casi niños que matan y mueren a cambio de droga o dinero. Ellos son el último eslabón, el más débil, de una cadena oprobiosa. Los dueños del negocio, entretanto, viven en Puerto Madero o en countries del Gran Buenos Aires.
El narcotráfico no puede ser erradicado bajo el régimen de la burguesía porque ha pasado a formar parte integrante de los poderes del Estado y, además, porque cumple una función de primera importancia en el capitalismo en crisis: provee dólares, acumula capitales. Los dólares que pierde el Banco Central para pagar deuda reingresan, multiplicados, gracias al narcotráfico. Ayudan, por un lado, a contener la cotización de las divisas y, por otro, son la sangre que circula por las venas de un sistema bancario en bancarrota. En la última década y media, todos los regímenes y gobiernos del país -de los K a Binner, de De la Sota a Aníbal Ibarra- promovieron hasta el cansancio la proliferación de casinos privados, un mecanismo fundamental para el lavado de dinero. Lo mismo vale para la especulación inmobiliaria, que gozó de las amplias facilidades brindadas por la privatización del suelo. El régimen político y social que se declara víctima del narco ha diseñado, por lo tanto, los instrumentos fundamentales de su penetración.
Los partidos políticos de Estado, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad encuentran en el narcotráfico cajas negras abundantes y oxígeno financiero para los bancos lavadores. El narcotráfico es una expresión mayor de la descomposición terminal de todo un régimen social.
A. Guerrero
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